La cuerda para ahorcarnos



La cuerda para ahorcarnos

Lo que sigue resultando difícilmente comprensible es que los costos de la erradicación manual seguirán siendo pagados por el presupuesto de Colombia.

Por Antonio Caballero


Fecha: 07/28/2007 -1317


Ahora resulta que ya no va a haber más fumigaciones aéreas de cultivos de coca, sino erradicación manual. Eso, al menos, anunció el Presidente el otro día. No sigo todos los discursos y declaraciones de Uribe, de modo que no sé si ya sobre este tema ha vuelto a contradecirse, o si no, ni ante quién: pues tiene la capacidad camaleónica de cambiar de opinión de acuerdo con el público. No dice las mismas cosas, aunque trate los mismo temas, en un consejo comunitario en Chiquinquirá que ante el cuerpo diplomático, en la celebración de los 184 años de la Armada Nacional que en la de los 25 del Diario del Otún, en la presentación de un que libro en la posesión de un funcionario. Alguna vez él mismo se ha jactado de que "depone sus convicciones en aras de la Patria" cuando es necesario. Pero es más cierto que las depone en aras del oportunismo. No tiene convicciones, sino conveniencias. Para no salirnos del tema de las fumigaciones: se puede decir que las convicciones del presidente Uribe son como el glifosato: van a donde sopla el viento.


Por eso no sé si lo de abandonar las fumigaciones aéreas -o simplemente reducirlas, como aclaró luego el ministro de Defensa Juan Manuel Santos: otro que tal baila en materia de convicciones- va en serio o no. Pero me parece una medida sensata. Porque ya han pasado años y años de sobra para darse cuenta de que las fumigaciones aéreas, además de inútiles, son dañinas. Son inútiles porque no han conseguido reducir en lo más mínimo la producción de cocaína ni la superficie sembrada de coca (o de otros cultivos ilícitos); y son dañinas porque afectan también cultivos legales, envenenan las tierras y las aguas y generan problemas de salud entre la población de las regiones fumigadas. Y además son costosas en divisas. Hay que pagar el alquiler de los aviones fumigadores (a empresas norteamericanas), el sueldo de los pilotos (norteamericanos también), la gasolina de los vuelos (no sé si es de producción local, pero no lo creo), y, naturalmente, el glifosato. Porque el que produce en Colombia la misma multinacional norteamericana no es el que se utiliza en las aspersiones aéreas, nadie sabe por qué.

La erradicación manual de las matas de coca, en cambio, tiene por lo menos la ventaja de que da empleo. No tanto como el que dan los cultivos y el procesamiento de la droga, pero que se suma a este. No es un empleo productivo, desde luego, sino destructivo; tanto en el sentido directo de que acaba con las plantas, como en el indirecto de que obliga a talar otro pedazo de selva para volverlas a sembrar en otro sitio. Es peligroso. Es precario. Pero es al menos, insisto, empleo: ocupación e ingresos para trabajadores que, de no encontrarlos en la erradicación, tendrían que buscarlos en alguna de las múltiples modalidades de la violencia colombiana: como guerrilleros o como paramilitares, como sicarios del narcotráfico o como delincuentes comunes. O, en el mejor de los casos, como miembros de las Fuerzas Armadas que combaten a las guerrillas, a los paramilitares, a los sicarios del narcotráfico y a los delincuentes comunes.

Así que la decisión anunciada por el Presidente de abandonar la fumigación aérea, o por lo menos de reducirla, me parece sensata. No sirve de mucho, pero de algo sirve. Y por lo menos no hace daño.

Pero lo que sigue resultando difícilmente comprensible es el anuncio de que los costos de la erradicación manual seguirán siendo pagados por el presupuesto de Colombia, es decir, por los impuestos de los contribuyentes colombianos. Es una especie de 'Plan Colombia' al revés: es decir, de plan de ayuda de Colombia a los Estados Unidos para reducir la producción y la exportación de drogas, en vista de que ellos son incapaces de reducir la importación y el consumo. En vista de que son incapaces de hacer cumplir sus propias leyes dentro de su propio territorio.

El tráfico y el consumo de drogas sólo les causan un daño marginal y bastante insignificante a los Estados Unidos en materia de salud, y en cambio les generan toda suerte de ganancias y ventajas, tanto económicas como políticas. A Colombia, la producción y el tráfico -y sobre todo su prohibición- la están destruyendo física y moralmente desde hace ya decenios. Y sin embargo nuestros gobernantes se empeñan en que seamos nosotros quienes financiemos, no sólo con sangre sino con dinero, los costos de esa guerra ajena. Por eso hay que mirar la aparente sensatez de la decisión táctica de interrumpir la fumigación aérea dentro del marco de la colosal insensatez estratégica que es el mantenimiento de la guerra. Lo que en realidad hace el presidente Uribe (como todos sus predecesores) es obligarnos a pagar para que nos vendan la cuerda que sirve

“El Presidente ofreció sangre, sudor y lágrimas”


Defendiendo sus posiciones, el asesor presidencial José Obdulio Gaviria y el senador del Polo Jorge Enrique Robledo se sentaron a conversar.
Fotografía de Herminso Ruiz - El Espectador

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Un uribista pura sangre y un opositor a ultranza hablan, desde sus orillas, del primer año de la reelección
“El Presidente ofreció sangre, sudor y lágrimas”

José Obdulio Gaviria, asesor presidencial, y Jorge Enrique Robledo, senador del opositor Polo Democrático, se sentaron a hablar del primer año del reelegido gobierno Uribe.






sábado, 28 de julio de 2007

José Obdulio Gaviria: Se está demostrando que la reelección es democrática y progresista. Las políticas públicas deben tener continuidad, lo cual permite la consolidación de nuevos partidos, de la economía, del desarrollo social. Para quienes creemos en el progreso, el primer año de reelección de un buen presidente como lo ha sido Uribe, ha sido positivo.

Jorge Enrique Robledo: El primer año de reelección del presidente Uribe confirma que en un país de presidentes malos, este ha sido el peor. Ha sido el más neoliberal, por todas las prácticas de politiquería y corrupción. Cómo será que ya ni habla de su lucha contra la politiquería porque de pronto se lo llevan para Sábados Felices.

J.O.G.: O eso puede ser porque ya tiene superado el problema y no hay de qué hablar.

J.E.R.: También está la actitud de sumisión ante EU y el capital extranjero. Hay una concepción plutocrática del Estado colombiano. El fracaso de la seguridad democrática es evidente, si se entiende como el monopolio del Estado sobre las armas. Esto ratifica que la idea de la reelección fue pésima.

J.O.G.: Colombia mejora en todos los aspectos. Por ejemplo, la Ley de Justicia y Paz como mecanismo de desmovilización y reinserción es extraordinaria y los índices de criminalidad han bajado en todo el país. Me alegra que diga que este es el peor de los gobiernos, porque eso quiere decir que para la mayoría de los colombianos es el mejor.

J.E.R.: Eso de que la mayoría de los colombianos respaldan este gobierno está por establecerse. Ahora, en el caso de la Ley de Justicia y Paz, el Presidente tuvo que salir esta semana a decir que no servía. Hay una crisis sobre su aplicación y el Gobierno reconoce que hay 3.000 nuevos rearmados, además de los miles que nunca entraron en el proceso. Esto sin mencionar las dudas sobre qué tanto están cumpliendo los que fueron favorecidos con esa norma.

J.O.G.: En 2002, los paramilitares lanzaban obuses desde el Paramillo y mataban a dirigentes políticos, sindicales y sociales. Hoy lanzan comunicados desde la cárcel de Itagüí. Eso es un gran progreso. El Gobierno buscó que la Ley fuera creíble, equilibrada y universal. Hay más de 31.000 paramilitares y 10.000 guerrilleros esperando resoluciones; no hay impunidad pero tampoco es una ley de sometimiento a 40 años. En lo que no nos ponemos de acuerdo, y es el gran debate, es en la universalidad. Algunos piensan que los delincuentes políticos eran delincuentes filantrópicos. El Presidente ha logrado que la mayoría de intelectuales, de dirigentes sindicales y políticos, no crean más en esa tesis. La guerrilla y el paramilitarismo son dos caras de la misma moneda del crimen y del terrorismo. Ese debate se va a resolver por la vía de las mayorías en el Congreso. Si lo que cometieron los paramilitares no es sedición, estaríamos en el extrañísimo mundo de que los jueces tendrán que condenar a 31.000 sindicados, de los cuales solamente 2.700 están acusados por delitos atroces.

J.E.R.: Finalmente, quien define si un hecho es o no sedición son las leyes de la República, las cuales interpreta la Corte Suprema de Justicia. Se quiere llegar es a que la verdad no florezca. Pero hay un hecho de fondo, reconocido en las leyes, y es que si a alguien lo secuestran, para la sociedad no es lo mismo que ese secuestro lo haya hecho un ciudadano del común o un general de las Fuerzas Armadas, un ministro o un alcalde. Sería muy grave que la sociedad perdiera la posibilidad de distinguir quién comete los delitos y por qué.

J.O.G.: No creo que la víctima salte de gozo porque quien lo secuestra sea un ministro o un general.

J.E.R.: No, pero a la sociedad, a la justicia y al mundo, sí les interesa distinguirlo. Si a uno le parece que cuando el Estado delinque es lo mismo que cuando delinque Pedro Pérez, eso es muy delicado. Usted es abogado y si no lo ve así, creo que corre el riesgo de perder su título.

J.O.G.: Es que en el caso del secuestro no hay debate, porque es un delito atroz y no tiene la menor posibilidad de ser amnistiado o indultado.

J.E.R.: Para resolver el problema del paramilitarismo y hacerlos acreedores de la justicia transicional, no hay necesidad de declararlos sediciosos.

J.O.G.: Quiero aclararle que hay 18.000 desmovilizados esperando que se resuelva su situación.

J.E.R.: Hablando de seguridad democrática, el supuesto gran éxito del Gobierno, los resultados son bastante mediocres. Dicen que podemos ir a la Costa en carro, y puede ser, pero con un policía cada diez metros. El Presidente se ufana de que hay 6.000 protegidos, pero cada día uno escucha noticias de asesinatos. Dicen que disminuyó el secuestro, pero el año pasado hubo un plagio cada 32 horas. Hoy tenemos una guerrilla que puede estar replegada, pero allí está, y un paramilitarismo en el que muchos no entraron al proceso y otros se rearmaron. Y tenemos un narcotráfico boyante. ¿Cuál es el éxito?

J.O.G.: La población dice que es el mayor éxito del Presidente porque sabe analizar de dónde venía, dónde está y para dónde va. Exigirle a alguien que por ensalmo o por decreto acabe de una con la criminalidad, es absurdo.

J.E.R.: Eso fue lo que nos ofreció el presidente Uribe.

J.O.G.: El Presidente ofreció sangre, sudor y lágrimas. Ponerse al frente de un grave problema y lo está haciendo. Lo que se desprende del análisis que usted hace es que ocho años no son suficientes. El mal estaba tan enraizado, que es factible que en 2010 apenas estemos en el comienzo del fin.

J.E.R.: No sé si entendí mal, pero acaba de plantear la posibilidad de una nueva reelección, con una cosa que me impresiona y es convertir el fracaso en un argumento. Como ha fracasado en lograr que el Estado tenga el monopolio sobre las armas, hay que dejarlo más tiempo. A ese paso vamos a tener Presidente vitalicio.

J.O.G.: Su posición es la de los pesimistas. Estamos en una operación con un paciente que es Colombia y el médico es el Presidente, que está tranquilo y con el pulso firme. Por eso ha crecido la confianza de los inversionistas, la economía va bien, los indicadores sociales mejoran, hay ciudades boyantes, estamos ad portas de entrar en un TLC con EU, Chile, Canadá y con los países asiáticos.

J.E.R.: Antes de hablar de la economía, veo que un segundo argumento a favor de un tercer período para el Presidente es que es una persona de buena voluntad. No nos asegura que va a tener éxito en su política sino que lo va a intentar.

J.O.G.: La oposición tiene tan pocos temas, que insiste en uno que no existe: otra reelección.

J.E.R.: Usted fue el que lo dijo. Ahora, en lo económico, llama la atención que los indicadores empezaron a mejorar el día en que cambiaron la manera de calcularlos. Harto se ha dicho que el DANE no está siendo transparente en el manejo de las cifras. Es evidente que la economía colombiana ha crecido pero no nos han dicho que es uno de los crecimientos más mediocres de América Latina. Al Gobierno lo favoreció el boom mundial, tasas bajas en los mercados, abundancia de capitales, remesas de colombianos desde el exterior. Hay también un fenómeno de revaluación y un gasto público excesivo. Los mismos uribistas dicen que esa tasa de crecimiento no es sostenible.

J.O.G.: Todo lo del pobre es robado. El crecimiento económico es porque cayó un meteorito o le rezamos a la Divina Providencia. El crecimiento es por ahorro e inversión. El consumo popular está creciendo. La confianza inversionista hace que Colombia tenga incluso una paradoja extraña y es que el éxito nos está trayendo problemas como la revaluación. Las exportaciones no tradicionales han aumentado. El Banco Mundial ha informado que el índice de pobreza bajó al 45% y el turismo está en auge.

J.E.R.: Cuidado que el tiro les puede salir por la culata. Varios analistas dicen que muchas cosas les recuerdan los años anteriores a la crisis del 99. Este es un modelo económico que tiene como característica tiempos de crecimientos mediocres y caídas del producto. Y lo más grave es que ese crecimiento es concentrado, porque los problemas de desempleo y pobreza siguen intactos. Ese tipo de estructura económica no conduce a ninguna parte, aunque sí explica por qué los magnates colombianos quieren tanto al doctor Uribe.

J.O.G.: ¿Siete millones cuatrocientos mil magnates, los que votaron por el Presidente?

J.E.R.: Es que nunca ha habido un presidente más dedicado a manipular a la opinión pública. Es algo sistemático. Uribe ha creado un estilo y logró someter a los medios a esa lógica. Es una actitud hasta enfermiza. Es capaz de hacer cualquier cosa con tal de imponer un tema. Eso me parece dañino para el país, porque han disminuido las defensas democráticas, cosa que en parte explica su éxito en las encuestas.

J.O.G.: Eso es lo que usted viene diciendo desde hace cinco años, queriendo confundir pedagogía con manipulación. ¿Cuándo los medios han tenido las libertades que tienen hoy, desde sus dueños, directores, escritores y distribuidores? Hoy pueden decir lo que les parezca. Aquí hay una libertad que tiene expresiones brillantes como el que la oposición, encarnada en el Polo Democrático, gane elecciones en Bogotá y gobierne con propiedad.

J.E.R.: Otra cosa es la operación clientelista que ha montado el Presidente y el desastre político que está creando, porque lo que ha hecho es endiosar una personalidad a costa de hacer pedazos a sus propias organizaciones y eso es evidente porque esas fuerzas uribistas dan grima. Es el propósito propio de este tipo de caudillos: desbaratarlo todo para volverse insustituible.

A esto hay que sumarle la parapolítica. Yo fui quien acuñé el término de parauribismo y todos los días los hechos me dan la razón. Los votos que eligieron a los congresistas hoy presos por nexos con paramilitares fueron los que eligieron también a Uribe. Pero él no da ninguna explicación y además no ayuda a que se conozca la verdad. A mí me da la impresión de que una de las lógicas con que están trabajando es enredar las cosas y armar tal desorden que al final se le abra camino a una ley de punto final, sin que haya justicia, verdad y reparación.

J.O.G.: Su mamá, que era una santa y una sabia, murió siendo uribista. Todos los sectores de la sociedad entienden que en la oposición colombiana existe el síndrome de la negación psicótica: nada es bueno y lo poco bueno es malo y además lo que podría entenderse como bueno es mal entendido.

J.E.R.: Le doy un consejo: con ese Presidente que tiene no se ponga a hacer especulaciones psicológicas.

J.O.G.: Es una negación psicótica porque no reconocen que estamos viviendo un boom de la vivienda de interés social y el microcrédito; que el consumo está creciendo. No quieren ver que estamos en un momento de progreso. Y en cuanto al diablo que usted quiso crear con el llamado ‘parauribismo’, le recuerdo que en Colombia rigieron en muchas de sus zonas los paramilitares y los guerrilleros. A través de testaferros o figuras sin ética política llegaron al Congreso. Eso se llamaba parapolítica. Pero lo que ha regido desde el año 2002, con cárcel, persecución y pérdida de investidura, se llama la antiparapolítica.

“ES DE DICTADORES INTENTAR SOMETER A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA”, AFIRMA EL SENADOR ROBLEDO

Oficina de prensa Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, julio 30 de 2007

Ante la posición asumida por Álvaro Uribe, sin antecedentes entre los presidentes de la República, de infamar a la Corte Suprema de Justicia, desconocer su autonomía y romper con el principio de separación de los poderes que consagra la Constitución, el senador Jorge Enrique Robledo afirmó: “Es de dictadores intentar someter a la Corte Suprema de Justicia”.

El senador Robledo explicó que “la agresión de Uribe a la Corte tiene la desfachatez de hacerse para descalificar un fallo impecable, cuyo acierto no tiene duda para cualquiera que lea la Constitución y la ley y lo que conceptuaron los magistrados, cosa que prueba la propia decisión presidencial de redefinir, mediante una ley, qué se entiende por sedición”.

Y es notorio que el ataque del Presidente “se parapeta tras el alegato de su parte –agregó el senador del Polo Democrático Alternativo– de que el fin justifica los medios, concepción que dado su carácter inmoral es inaceptable aun cuando Uribe alegue el mejor de los propósitos”.

Al ampliar su opinión sobre las presiones de Uribe a la Corte Suprema, Jorge Enrique Robledo también llamó la atención sobre la gravedad que implica que el Presidente debilite a la Corte Suprema justo en el momento en que esta ha asumido con valor e independencia el caso de los parapolíticos y requiere del mayor respaldo de la nación. “¿O será precisamente para castigarla, para debilitarla, que el Presidente la ataca?”, se preguntó el senador del Polo, quien recordó que cada nuevo hecho sobre la parapolítica compromete a más amigos del Álvaro Uribe, “al parauribismo”, y que “es el colmo de los colmos que el Presidente amenace con utilizar el gran poder presidencial para promover entre las barras bravas uribistas una especie de linchamiento de unos magistrados a los que el país debe respaldar”.

Jorge Enrique Robledo, por último, llamó a todos los auténticos demócratas de Colombia a cerrar filas en la defensa de la separación de los poderes y la autonomía de la rama judicial y concluyó: “Así Uribe se empeñe en negarlo, lo que este busca desde hace días es sacar de la cárcel a los parapolíticos amigos suyos”.

Uribe y los medios

En este video Jaime Garzón define de forma clara la relación entre los medios y Uribe, en el año 1998

TALENTOSOS ECONOMISTAS NO PUEDEN ENTENDERLO




Tom Toles. The New York Times. Febrero 25 de 2007

* Ganancias de las grandes compañías
** Sin ganancia ***Trabajadores
**** Talentosos economistas no pueden entenderlo
[Empiecen a contratar en el extranjero los empleos de esos economistas]

Costa Rica: TLC: aseguran que se quebranta la autonomía universitaria

La resolución del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) causa el repudio en los sectores opuestos al TLC

Costa Rica: TLC: aseguran que se quebranta la autonomía universitaria

La resolución del TSE causa el repudio en los sectores opuestos al TLC

Krissia Morris Gray (PRENSA LIBRE), 25/07/2007

Eugenio Trejos, rector del ITCR, aseguró que el TSE se extralimitó en sus funciones y que la resolución dictada por la autoridad electoral contiene aspectos en quebranto de la autonomía universitaria.

La reciente resolución del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en que se aclaró la participación que pueden tener los funcionarios y el uso de los recursos públicos en las campañas a favor y en contra del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Estados Unidos (TLC) causa repudio e indignación en los sectores opositores al acuerdo, pues -entre otros- aducen que quebranta la autonomía universitaria, al tiempo que beneficia a los que están a favor.

Eugenio Trejos Benavides, rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), apuntó que las universidades han sido celosas de cuidar la autonomía dada por la Constitución Política y por leyes de la República.

Trejos manifestó que en algunos aspectos de la resolución No. 1617-E-2007 parece que el TSE se extralimitó en sus funciones pues gira instrucciones para que la auditoría investigue a la rectora de la Universidad de Costa Rica, Yamileth González, y a su persona, atendiendo la solicitud de unos ciudadanos.

Explicó que, en el caso de la rectora de la UCR, lo que se cuestiona es una publicación realizada en un periódico nacional convocando una actividad para divulgar el documento en que se detallan las inconstitucionalidades del TLC.

En lo que a Trejos respecta, se le investiga por usar el auditorio del ITCR en Zapote para realizar una conferencia de prensa donde dieron su punto de vista sobre el fallo de la Sala Constitucional que indica que el TLC no es inconstitucional y en la actividad apoyaron a los magistrados Gilberth Armijo y Fernando Cruz, que afirman que el TLC sí tiene roces constitucionales.

“Esa demarcación de la cancha que hace el TSE es violatoria a la autonomía universitaria. Demostraremos con criterios jurídicos que el TSE se extralimitó en sus funciones. La demarcación nos pone en clara desventaja con respecto a los del Sí, pues lo que se busca es acallar a las universidades públicas y nos ponen en desventaja con respecto al presidente Arias, a quien no se le acalla ni se le pide investigación, pese a que existe un recurso en este sentido. Lo que se está dando es un manejo indebido del Código Electoral”, afirmó Trejos.

Sobre el particular, Trejos instó a los rectores de las restantes universidades públicas a estudiar y realizar las valoraciones jurídicas de la resolución y que se unifiquen para la defensa de la autonomía universitaria. Añadió que en el seno del Consejo de Nacional de Rectores (Conare) se hizo dicho llamado y se le instruyó al Departamento de Asuntos Jurídicos de la entidad a efectuar los estudios jurídicos respectivos.

Convocarán a manifestaciones

De la misma forma coincidió el Frente de la Universidad de Costa Rica contra el TLC que, en un pronunciamiento, indica: “Este intento de silenciar a las universidades públicas por el TSE es una acción que atenta contra las garantías electorales, así como la transparencia que debe tener el referéndum para ser un instrumento verdaderamente democrático. En ese sentido, exigimos las siguientes garantías mínimas:

Fiscalización ciudadana, regulación y acceso equitativo a los medios estatales de comunicación, prohibición al presidente de la República y sus ministros de hacer campaña sobre el TLC y observación internacional durante el proceso”.

En este sentido, los universitarios de la UCR hicieron un llamado para defender la autonomía universitaria mediante medidas de presión y la movilización ciudadana, por lo que trabajan en la consulta respectiva, que se efectuará en agosto próximo.

Consultado al respecto, Trejos aseguró tener conocimiento de la iniciativa y, en este sentido, manifestó que la Junta Patriótica del Movimiento Patriótico No al TLC está en la elaboración del programa de actividades y no descarta la realización de movilizaciones en diversas partes del país.

Costa Rica: Pronunciamiento en torno a la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y el referéndum

Esta casa de estudios continuará con el análisis crítico del TLC y de su agenda de implementación, y seguirá poniendo a disposición de la ciudadanía toda la información producida en la Institución para que en el referéndum pueda tomar una decisión fundamentada

25-7-07

Pronunciamiento en torno a la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y el referéndum

El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1. El día 12 de julio del 2007, el Tribunal Supremo de Elecciones emitió la resolución N. ° 1617-E-2007 en la que se refiere, entre otros asuntos, a la autonomía universitaria, a la participación de los funcionarios universitarios en el proceso del referéndum relativo al TLC y a la utilización de los recursos e instalaciones de la Universidad de Costa Rica en este proceso.

2. La Universidad de Costa Rica goza de autonomía constitucional que le permite plena independencia para el desarrollo de sus funciones, así como para darse su organización y gobiernos propios.

3. Desde su fundación, la Universidad de Costa Rica siempre se ha apegado a los más estrictos principios éticos para la utilización de los recursos públicos que el pueblo de Costa Rica le otorga para el cumplimiento de sus funciones y ha estado dispuesta a rendir cuentas de forma abierta y transparente sobre sus diferentes actividades.

4. Uno de los propósitos de la Universidad es estimular la formación de una conciencia creativa y crítica en las personas que integran la comunidad costarricense, que permita a todos los sectores sociales participar eficazmente en los diversos procesos de la actividad nacional (artículo 5, del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica).

5. La Universidad está en la obligación de contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, mediante una política dirigida a la consecución de una justicia social, de equidad, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de nuestro pueblo. (artículo 3, del Estatuto Orgánico).

6. La labor académica que ejerce el personal de la Universidad no es equiparable a la de otros funcionarios públicos, sino que el desempeño de sus funciones está amparado por la libertad de cátedra, libertad que por su trascendencia ha sido consagrada y resguardada en la Constitución Política, al ser reconocida como el principio fundamental de la enseñanza universitaria.

7. Según lo ha dejado claro la Sala Constitucional, al interpretar la autonomía universitaria, la Universidad no es una simple institución de enseñanza (...) pues a ella corresponde la función compleja, integrante de su naturaleza, de realizar y profundizar la investigación científica, cultivar las artes y las letras en su máxima expresión, analizar y criticar, con objetividad, conocimiento y racionalidad elevados, la realidad social, cultural, política y económica de su pueblo y el mundo, y proponer soluciones a los grandes problemas (...); en síntesis para esos propósitos es creada (... ) y nada menos se espera y exige de ella (...) La Universidad como centro de pensamiento libre, debe y tiene que estar exenta de presiones o medidas de cualquier naturaleza que tiendan a impedirle cumplir, o atenten contra ese, su gran cometido (Sala Constitucional, Voto N.° 1313-93).

8. A la Universidad y a su personal no se les puede cercenar su facultad y obligación de analizar los problemas de trascendencia nacional o limitar su posibilidad de expresar su opinión, a favor o en contra, de asuntos que tienen un impacto en el desarrollo social, político o económico de nuestro pueblo, como es el caso del TLC. Tampoco se puede condicionar a la Universidad el uso de sus instalaciones o recursos para la presentación y difusión del resultado de sus investigaciones o análisis.

9. Como parte de la esencia misma de la Universidad, la reflexión, la investigación y la comunicación de los resultados de la labor académica, así como la libre expresión de las ideas y opiniones solo pueden estar limitadas por el respeto mutuo.

10. En un país de derecho, el TSE no debería advertir sobre lo que ya está prohibido, en relación con la utilización de los fondos públicos, sobre todo a una institución que como la Universidad de Costa Rica ha dado evidencias, a lo largo de su existencia, de un profundo respeto de la normativa y de las regulaciones establecidas por el Estado costarricense.

ACUERDA:

1. Reiterar el compromiso de la Institución con la defensa de su autonomía y de la libertad de cátedra, consagradas en la Constitución Política, y que son pilares fundamentales de nuestro modelo de universidad humanista y democrática.

2. Rechazar cualquier intento de silenciar o limitar la misión histórica de las universidades públicas de analizar de manera crítica y propositiva la realidad, de comunicar a la sociedad los resultados de sus investigaciones y reflexiones, y de utilizar sus instalaciones y recursos con esos propósitos.

3. Defender el derecho del Consejo Universitario, garantizado en el artículo 88 de la Constitución Política, de pronunciarse sobre los diferentes proyectos de ley relativos a las materias puestas bajo la competencia de la Universidad de Costa Rica, como fue el caso del Tratado de Libre Comercio y los proyectos de su agenda de implementació n, los cuales se recomendó rechazar por su impacto negativo en el Estado Social de Derecho y en la soberanía nacional.

4. Manifestar al TSE que la expresión pública, por parte de las universidades, de conclusiones contrarias a las del Poder Ejecutivo, a las de algunos diputados y diputadas, y a las de los grupos empresariales en relación con el impacto del TLC en la sociedad costarricense, no puede ser calificada apriorísticamente como tendenciosa o propagandística.

5. Garantizar que, como parte del compromiso de la Universidad de Costa Rica con el logro del bien común, esta casa de estudios continuará con el análisis crítico del TLC y de su agenda de implementación, y seguirá poniendo a disposición de la ciudadanía toda la información producida en la Institución para que en el referéndum pueda tomar una decisión fundamentada.

6. Difundir ampliamente, por todos los medios posibles, este comunicado a la comunidad nacional e internacional.

Acuerdo firme de la sesión N.º 5175, celebrada el miércoles 25 de julio de 2007

Dra. Montserrat Sagot Rodríguez DIRECTORA CONSEJO UNIVERSITARIO

Obligan a paciente a respaldar TLC en Costa Rica


Un paciente con SIDA fue obligado a firmar un formulario comprometiéndose a votar por el TLC con Estados Unidos, denunció hoy la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados en Costa Rica

Obligan a paciente a respaldar TLC en Costa Rica

27-7-07

San José, 27 jul (PL) Un paciente con SIDA fue obligado a firmar un formulario comprometiéndose a votar por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, denunció hoy la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados en Costa Rica.

Albino Vargas, secretario general del mayor gremio costarricense, aseguró que la queja está en poder del Tribunal Supremo de Elecciones y calificó el hecho como la más grave violación a los derechos humanos ocurrida en el país en los últimos años.

Lo que está ocurriendo es sumamente grave y la gente del "Sí" está rebasando toda barrera ética, señaló.

Oscar López, diputado por el Partido Accesibilidad Sin Exclusión, coincidió en la intención de llevar el caso hasta las últimas consecuencias.

"Esto se deriva de la manera macabra como el cártel de los Arias cree imponérsele al pueblo de Costa Rica para el tratado, sin considerar las enfermedades de las personas. Es una completa falta de respeto a la dignidad del ser humano", declaró.

Para el legislador esta es una de las formas utilizadas por quienes intentan privatizar los servicios médicos de la Caja Costarricense del Seguro Social y fortalecer las clínicas privadas.

El diario Extra, en su versión digital, publicó una copia del formulario entregado al enfermo en el capitalino Hospital México, el lunes 23 de julio.

La hermana del afectado interpuso ese día un recurso de amparo por lo ocurrido y culpó de ello a la doctora María Paz León, quien reconoció haber solicitado el voto al "Si" a varios pacientes.

De acuerdo con la publicación, la mujer recurrió a la Sala Cuarta para evitar que a su pariente le suspendan los medicamentos, como ocurre con quienes rechazan secundar a los impulsores del acuerdo.

Comunicado Comision de Voceros Asamblea Permanente Estudiantil UNICAUCA

La Comision de voceros se pronuncia .... La Asamblea NO se levanta, hasta que no se instale la mesa de Negociacion con caracter decisorio y se avance en el pliego de exigencias
Popayán Ciudad de Lucha Universitaria, 19 de julio de 2007


COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA LOCAL, NACIONAL, INTERNACIONAL Y COMUNIDAD EN GENERAL

La Comisión de Voceros de la Asamblea General Permanente Estudiantil de la Universidad del Cauca, luego de analizar y discutir el contenido del comunicado dirigido a la comunidad universitaria y ciudadanía en general, emitido por el Consejo Superior de la Universidad del Cauca el día 20 de junio de 2007, manifiesta:

La lógica que el Consejo Superior pretende legitimar con el discurso de la “Afectación de la Vida Institucional”, es una visión sesgada y parcializada de la realidad social y del momento político que afronta la Universidad del Cauca producto de la dilación y la negación de la crisis, por parte de la Dirección Universitaria, quién además ejecuta con beneplácito la nociva Política Educativa implementada por este gobierno fascista. Negando rotundamente la esencia de universalidad de la Universidad como los espacios de diversidad política, ideológica, análisis, debate y construcción a través de encuentros y acciones políticas, académicas y de movilización de los actores universitarios; como los generados por el estudiantado de la Universidad del Cauca (Asamblea Permanente FACNED; Desobediencia Estudiantil; Declaratoria de Puertas Abiertas en Residencias Universitarias; Asamblea General Permanente Estudiantil; Campamentos Universitarios; Ocupación Pacifica; Mítines; Marchas Universitarias, Sociales y Populares) como expresiones legitimas, ante el autoritaritarismo y la represión sistemática de la Dirección Universitaria enmarcada en la estrategia de la Seguridad Democrática

El Estado Colombiano, a través de la Dirección Universitaria, y sus demás instrumentos ideológicos y de represión ha planteado pública y demagógicamente a lo largo del proceso, una supuesta “Voluntad de dialogo”, e internamente ha desarrollado tácticas de deslegitimación, dilación y desgaste, en la cual prima el desconocimiento, la desinformación y la represión permanente en TODOS sus niveles, sobre la discusión académica y política que debe primar en una casa de estudios.

El Acuerdo No 034 del 6 de junio de 2007, mediante el cual el Consejo Superior, decidió suspender indefinidamente las actividades de docencia directa de los programas de pregrado; el cual fue rechazado rotundamente por el Estamento Profesoral en oficio dirigido al Consejo Superior. Lejos de ser un acto administrativo autónomo, en beneficio de la Comunidad Universitaria, fue una táctica que obedece a la estrategia de fraccionamiento y debilitamiento del proceso asambleario, orquestada por el Gobierno Central y orientada ideológicamente por los fundamentos fascistas del Estado Comunitario. Que niega al pueblo como actor social con capacidad de transformar las condiciones materiales que lo rige, negando las contradicciones y antagonismos que existen en la sociedad; buscando imponer a través de la fuerza, los designios de las minorías empotradas en los círculos de poder.

Denunciamos y rechazamos la decisión del Consejo Superior de:

“Comisionar al Magíster Danilo Reinaldo Vivas Ramos, Rector, para que convoque una mesa de diálogo, para atender los diversos asuntos contenidos en el Pliego de Exigencias, con participación de la Administración Universitaria, un representante de los profesores y un representante de los estudiantes de cada facultad.” y “La elección de los representantes estudiantiles y de los profesores de cada Facultad, será realizada democráticamente por cada uno de los estamentos, en elecciones convocadas por la Universidad en la fecha que así se determine”

Ya que constituye una trasgresión, deslegitimación de la autonomía del movimiento estudiantil, que desconoce las diferentes dinámicas y acciones que han surgido de los espacios asamblearios.

Es una negación de la crisis que atraviesa la Universidad, al plantear la convocatoria de una mesa de dialogo para atender los puntos del pliego, puesto que el diálogo es una plática entre dos o más personas, que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos; por lo que no conduce a transformaciones concretas ni a la resolución del conflicto. En tanto que la negociación, se ubica en el terreno de la lucha de clases, en concreto en el nivel de las luchas económicas y políticas, y busca a través del reconocimiento y la voluntad política de las partes encontrar salidas que lleven a acuerdos sobre las contradicciones existentes.

La elección de representes estudiantiles, propuesta por el Consejo Superior, violenta la autonomía estudiantil y desconoce la Asamblea Estudiantil como máximo órgano de decisión del estudiantado, en la cual se definieron los criterios de conformación y los modos de selección de los voceros legítimos del proceso. Señalamos que el mecanismo adoptado por los estudiantes respecto de la elección de los voceros que harán parte de la MESA ÚNICA DE NEGOCIACIÓN CON CARÁCTER DECISORIO; fue un proceso amplio, participativo y democrático, donde se generaron asambleas por programas, facultades, residencias y generales, para delegar a dos voceros estudiantiles por facultad y dos por residencias universitarias.

Denunciamos a la comunidad en general, que al interior del Consejo Superior de nuestra universidad el Estado Colombiano, y en particular el poder ejecutivo desplegado (Delegado del Presidente, Delegado del Ministerio de Educación Nacional y el Gobernador del Cauca), impone y desarrolla una estrategia sistemática de posicionamiento de la política de Seguridad Democrática y de Privatización y avasallamiento de las instituciones de bienestar social del Pueblo.

En vista de la negativa de la Dirección Universitaria en cabeza del rector Danilo Reinaldo Vivas Ramos de generar espacios reales que llevarían a INSTALAR LA MESA ÚNICA DE NEGOCIACIÓN CON CARÁCTER DECISORIO. Y convencidos de que este espacio viabilizaría una real solución a la problemática que aqueja a nuestra Universidad, contenida en el Pliego de Exigencias; ratificamos nuestra voluntad política de negociación y solución del conflicto actual.

Finalmente convocamos a los estudiantes y a la comunidad en general a CONTINUAR generando dinámicas de movilización que conlleven a la construcción de una verdadera universidad del pueblo y para el pueblo, en el marco de la:


ASAMBLEA GENERAL ESTUDIANTIL PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, EN PIE DE LUCHA POR LA DEFENSA DE UNA EDUCACIÓN PÚBLICA DE EXCELENCIA, PARA TODOS Y A CARGO DEL ESTADO

GIGANTES DE LA CIENCIA




Ben Sargent, The New York Times, julio 11 de 2007

GIGANTES DE LA CIENCIA
*Sir Isaac Newton: Física; *Galileo Galilei: Astronomía; *Charles Darwin: Biología; *Bush, Rove y compañía: Medicina republicana, Biología republicana, Meteorología republicana...

CINCO AÑOS DE MAL GOBIERNO

Jorge Enrique Robledo, Bogotá, julio 27 de 2007

En el quinto año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez hay que decir que en el país de las presidencias malas seguramente la suya es la peor. Porque agravó las nefastas prácticas de sus antecesores y porque su único y auténtico aporte a la manera de mal gobernar a Colombia ha consistido en convertir en sistemáticas la demagogia y la manipulación, a partir de hacerlas tan omnipresentes en los medios de comunicación que parecen salidas de alguna dictadura de novela.

En contravía de una idea cuidadosamente trabajada, lo cierto es que la “seguridad democrática” ha sido bastante menos eficaz que la propaganda oficial que le exagera sus efectos. De acuerdo con la fundación Seguridad y Democracia, que dirige Alfredo Rangel, en 2006 hubo en Colombia un secuestro cada 32 horas; los combates por iniciativa de la fuerza pública con grupos alzados en armas llegaron a 2.176, equivalentes a seis diarios, 23% más que el año anterior; los sabotajes sumaron 595 contra 435 en 2005; los paros armados pasaron de cinco a 19; y los retenes ilegales ascendieron a 119. El propio Uribe ha tenido que aceptar que miles de paramilitares no entraron en el proceso que diseñó en su beneficio y que tres mil de los que sí lo hicieron volvieron a las andadas, problemas que pretende resolver mediante una nueva definición del término paramilitarismo, truco que no sorprende viniendo de quien insiste en que “no hay conflicto”. ¿Paz de verdad sin monopolio del Estado sobre las armas?

Aunque se diga lo contrario, el crecimiento económico de Colombia –aceptando las cuestionadas cifras oficiales– no tiene como causa fundamental la “seguridad democrática”, sino el auge de la economía mundial, que disparó los precios de las materias primas, redujo las tasas de interés y aumentó los flujos de capital. Y también obedece a las remesas de los colombianos en el exterior y a los éxitos de los narcotraficantes. Por lo demás, esas tasas no son sostenibles, y siete países latinoamericanos, donde como es obvio no gobierna Uribe, crecieron en el período más que Colombia.

El crecimiento, por otra parte, se ha concentrado en monopolios y trasnacionales, porque si algo caracteriza a Uribe es su decisión de establecer en Colombia una plutocracia, principalmente a favor de los magnates extranjeros –dada la desnacionalización de la gran propiedad en el país–, a quienes ha enriquecido más a punta de gabelas: entrega a bajo costo de los recursos naturales, conversión a menos precio de los monopolios públicos en privados, disminuciones en los impuestos, subsidios, envilecimiento de las condiciones laborales. Pero con la desfachatez enfermiza que lo distingue, el 20 de julio fue capaz de afirmar que él procura una economía “social”, “diferente” a la del “desacreditado capitalismo de los monopolios”.

La indignidad de las relaciones de Uribe con Estados Unidos llegó a tanto, que hasta dentro del círculo de sus favorecidos le ruegan que, “por favor, no más”. Como era de esperarse con un imperio que, como todos, “no tiene amigos sino intereses”, su sometimiento le ha salido muy costoso a Colombia. Al revés de su retórica, las importaciones han crecido 2,6 veces más que las exportaciones y el TLC arruinará y anquilosará más el aparato productivo nacional, incrementando los altos índices de desempleo, pobreza y miseria. Y es bien difícil encontrar un pacto peor tramitado, incluso en la propia lógica de quienes se presentan como “socios” de Washington, mediocridad que se intenta ocultar con groseras agresiones al Polo y a los sindicalistas colombianos, a quienes así se les cobra su oposición al TLC. ¿Se puede ser demócrata sin respetar y proteger al sindicalismo?

Entre las realidades que persiguen a Uribe en Colombia y en el exterior a pesar de sus truculencias, resalta la parapolítica. Porque sus actitudes y el trámite y contenido de la ley de reducción de penas a los paramilitares generan dudas de todo tipo, para decirlo con toda suavidad, incluso desde antes de sus descaradas y repudiables presiones a la Corte Suprema de Justicia para mejorarles las normas. Y porque cada día es más cierto el calificativo de parauribismo, tal y como lo ratifica que el 92% de los congresistas con orden de detención pertenezcan a las fuerzas del Presidente. ¿Cuándo será que va a dar alguna explicación al respecto? Que aun cuando sea diga que todo ocurrió a sus espaldas.

“LO QUE CRISPA A URIBE ES QUE EL MUNDO SEPA QUE NO TODOS LOS COLOMBIANOS TENEMOS LA COLUMNA GELATINOSA COMO ÉL”

Oficina de Prensa del Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, julio 24 de 2007

Al rechazar los recurrentes ataques lanzados por el presidente Uribe contra los congresistas del Polo que han viajado a Estados Unidos a rechazar el TLC, el senador Jorge Enrique Robledo dijo hoy en la Comisión Quinta que ve cada vez más crispado al primer mandatario por el desplome de su imagen ante el resto de los países. “Lo que crispa a Uribe es que en Estados Unidos y el mundo se sepa que en Colombia existimos personas que no tenemos la columna gelatinosa como él ni asumimos la forma del recipiente que nos contiene, como lo hacen los líquidos y los lagartos”.

El senador del PDA rechazó las afirmaciones hechas por el Presidente el 20 de julio, cuando tildó de “antiimperialistas de la víspera” a quienes van a Washington a hacer contacto con voceros de distintos sectores para mostrarles cómo el TLC va a destruir la producción agrícola e industrial de Colombia. Son actitudes despóticas, dijo. Y agregó: “El presidente Uribe quiere volver un crimen hablar contra el TLC. Presupone además que los de la oposición solo podemos hablar de lo que al él le parezca. Se equivoca en materia grave. Aquí y en cualquier lugar del mundo diremos nuestras verdades y lo que se nos antoje, pues nosotros no somos como él, que llega con rodilleras o reptando por los pasillos” del Gobierno y el Congreso norteamericanos.

En el curso de las negociaciones, el presidente Uribe jamás expresó la dignidad nacional y ahora, para ocultar tanta obsecuencia, viene a “manipular a la opinión pública alborotando falsos nacionalismos”. A la entrega del interés nacional “se suma la actitud de humillación con la que se ha tramitado el TLC”, dijo Robledo al exigir “¡No más humillaciones!”. Porque “quien se somete a la indignidad, también pierde” en los negocios, como quedó en evidencia con el texto del Tratado.

Rechazo a los ataques tendenciosos contra el sindicalismo

El senador Robledo rechazó enfáticamente las agresiones lanzadas en los últimos días por el primer mandatario contra sindicalismo colombiano. Dijo: “La última pirueta que anda haciendo el Presidente es que quienes estamos en contra del TLC es porque somos amigos del secuestro y la extorsión. ¡Falta de seriedad, falta de respeto a la inteligencia de los colombianos! ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Es como si yo dijera que cada colombiano partidario del TLC, como los hay muchos en este Congreso, son amigos de otros tipos de secuestro, extorsiones y asesinatos. No, eso no lo voy a decir. Pero tampoco le tolero al Presidente que lo diga. Cómo así que se insinúe que los sindicalistas, por oponerse al TLC, son entonces amigos del secuestro y la extorsión. Este es el tipo de cosas que explican por qué El TLC está varado en Estados Unidos. O ustedes creen que con despropósitos como esos no va a aumentar la oposición en Estados Unidos por razones de violencia verbal del propio jefe del Estado. Estas aseveraciones irresponsables, agresivas, que generalizan de manera indebida, no pueden ser toleradas ni en Colombia ni el mundo por los sectores democráticos.”

¿Por qué Colombia cambió el glifosato por la erradicación manual?

http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=105184





Lucha antidroga

En la lucha contra las drogas, el país propone cambiar el método para eliminar los cultivos de coca. Esa es la propuesta que llevo el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, a los Estados Unidos. Dice que gustó.

Fecha: 07/24/2007 -
Colombia decidió modificar la manera de atacar los cultivos ilícitos en el país. Hasta el 20 de julio, el método por excelencia era la fumigación con glifosato desde avionetas en las zonas donde se sabía de la existencia de plantas de coca.

De eso dio cuenta el propio ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, cuando presentó el balance de su cartera. El funcionario resaltó que en 2006 se asperjaron más de 172 mil hectáreas de coca, mientras que el número de hectáreas erradicadas manualmente apenas superó las 42 mil.

La guerra contra la coca es uno de los instrumentos fundamentales del Plan Colombia, que busca reducir la oferta de drogas en Estados Unidos. Pero el pasado viernes todo cambió. El presidente Álvaro Uribe, que apoyaba las fumigaciones, dijo que dentro de aquella estrategia, debe darse menos presupuesto para las aspersiones y más para la erradicación manual.

“Además de la negociación comercial, adelantamos con los Estados Unidos las conversaciones sobre lo que sería la nueva etapa del Plan Colombia contra las drogas ilícitas. Creemos que debe darse menos presupuesto a las fumigaciones, que sean apenas un recurso marginal, y mucho más soporte a la erradicación manual”, dijo Uribe en la instalación de las sesiones del Congreso.

Este martes, el ministro Santos, durante una visita en Washington, dijo que aquella propuesta había sido bien recibida por funcionarios de ese país como el secretario de Defensa, Robert Gates, y la secretaria de Estado, Condoleezza Rice.

Una decisión semejante se veía venir. Las fumigaciones han provocado inconformidades desde hace mucho rato y en varios sectores.

Los analistas consideran que el giro que dio el Congreso de Estados Unidos respecto al monto del aporte fue crucial. La mayoría demócrata de ese parlamento definió que Colombia no recibiría 586 millones de dólares como lo venía haciendo años atrás. Para el futuro, su país desembolsará 527 millones de dólares y deberá disminuir la inversión militar (que incluye el dinero para las fumigaciones), para incrementar los recursos para programas sociales.

O sea que si Colombia quisiera seguir invirtiendo en glifosato como lo venía haciendo, el gasto deberá correr por su cuenta. Y los costos no son bajos.

A eso se suma que la disminución de la producción se ha vuelto difícil porque los cultivadores han aprendido a burlar las fumigaciones. Santos reconoció este martes que ellos han dejado de sembrar en terrenos grandes y lo hacen en pequeños para evitar los efectos del glifosato.

Precisamente, cuando hay matas de coca cerca de otros cultivos, las fumigaciones generan daños. Ricardo Vargas, un experto en el tema de antinarcóticos, señala como un elemento más de la crisis de la fumigación los perjuicios que ha generado en el café, por ejemplo.

“Los compradores de café, que la mayoría son norteamericanos, no quieren productos untados de químicos. Es un ejemplo de cómo se ha ido cambiando la imagen de la aspersión en ese país. Yo estuve allá hablando sobre ese tema y pude ver la impresión que causó, incluso en el partido republicano. Les dije que hacía falta una reglamentación clara de erradicación manual que se debería aplicar en esos casos”.

Vargas notó que “el tema causó un poco de vergüenza y la gente estaba con mucho silencio. Les impactó que nuestros programas sociales hayan sido fumigados por sus avionetas. Esa es una de las cosas que empezó a desbordar la concepción que se tenía del glifosato”.

Para casos como este, Santos argumentó este martes que “la erradicación manual es más efectiva. Ofrece más flexibilidad”.

Aquella manera de desenterrar las matas de coca puede ser muy efectiva en las zonas fronterizas. Sobre todo en la de Ecuador, que en reiteradas ocasiones se ha molestado porque el glifosato cae en sus tierras, en sus cultivos y sobre sus pobladores. Además, porque los residuos del herbicida, así caiga en Colombia, filtra sus aguas y las contamina. Y, por si fuera poco, reclaman porque los aviones invaden su espacio aéreo.

Con ese panorama, las fumigaciones se iban volviendo un dolor de cabeza. Por eso, quizá, lo mejor es cambiar la técnica contra los cultivo, por otra que, incluso, “es más barata y podemos hacer más esfuerzos con menos recursos”, según explicó Santos.

Sin embargo, el funcionario enfatizó en que las aspersiones no quedan descartadas, pero sí se omitirá su uso en regiones donde es más fácil erradicar manualmente.

El tirapiedra

EL LEGADO DE LÓPEZ MICHELSEN

María Jimena Duzán. Columnista de EL TIEMPO.

Con el ex presidente Alfonso López Michelsen me pasó algo contradictorio: lo admiré a lo largo de toda su vida pública, menos cuando fue presidente.

López Michelsen fue un presidente impopular, que sorprendía por la fiereza con la que casaba peleas innecesarias. Se peleó con la prensa, con los sindicatos y hasta con sus copartidarios. Muchos nos estrenamos en la protesta pública marchando contra su gobierno en el paro cívico del 77, máxima expresión del descontento que produjo el 'Mandato claro' y que terminó siendo reprimido por la Fuerza Pública de modo violento. Muchos lo considerábamos un gobernante asociado con la clientela, autor del 'turbolopismo', una manguala creada para elegir como su sucesor a Julio César Turbay Ayala.

Su encono contra sus críticos demostraba una intolerancia inusitada, sobre todo cuando se trataba de los escritos de Klim y los editoriales de El Espectador. Un día en un discurso, agobiado por los editoriales de Guillermo Cano, planteó la necesidad de democratizar los medios de comunicación y de que estos pasaran a ser propiedad de los empleados, como pasaba en Francia con Le Monde. El discurso fue entendido por los Cano como un intento de acallar al periódico. La salida de EL TIEMPO de Klim, uno de los críticos más ácidos e implacables de López, la cual fue motivo de un mea culpa de este periódico hace poco, cuando un editorial reveló que López había presionado a los directores de EL TIEMPO para exigir la salida de Klim, era fiel reflejo del clima que se vivía en el país.

Por todas estas razones, no voté por López Michelsen cuando perdió las elecciones del 82 frente a Belisario Betancur. Pero debo reconocer que desde entonces, contra lo previsto, su figura política me fue seduciendo. Poco a poco sus reflexiones recobraron al político brillante del MRL, al que había labrado su carrera enfrentándose al establecimiento liberal, desafiando los postulados del Frente Nacional. Mientras los demás ex presidentes se convertían en muebles viejos o lobistas de multinacionales, siguiendo la línea impuesta por ex presidentes de la talla de Felipe González, López sorprendía a tirios y troyanos por su independencia crítica y por su indeclinable labor de auriga intelectual que ilustró a muchas generaciones.

¿Cuál es la explicación de que un político que representa como pocos la voz de la disidencia, de las minorías, llegue al poder y resulte impulsando un gobierno impopular e intolerante? La respuesta a esta paradoja tiene que ver probablemente con la naturaleza de López como político y estadista. Él concibió la política como un ejercicio de oposición intelectual. Así labró su carrera: en contra del establecimiento liberal que había surgido alrededor de su padre, Alfonso López Pumarejo. Siempre tuvo en el fondo el alma de un rebelde, de un tirapiedra, a pesar de ser socio del Country Club.

No obstante, cuando llegó al poder y tuvo que hacer la transición de jefe de la oposición a jefe del gobierno, no la hizo. Simplemente siguió siendo el mismo discrepante, el mismo disidente, pero desde el gobierno. Siguió peleando como David contra Goliat cuando en realidad ya no era lo primero sino lo segundo. Los efectos de esa falta de sincronización produjeron una estela demoledora que alteró severamente la relación de su gobierno con los gobernados. Cuando estos lazos se rompen, sobrevienen los gobiernos impopulares. Uno puede ser un tirapiedra contra el establecimiento, pero otra cosa muy distinta es tirar piedra desde el palacio de Nariño. El presidente López probablemente alcanzó a intuir que tenía algún problema de sincronización con el poder, que nunca resolvió. Hace un tiempo, un periodista le pregunto a raíz de la muerte del presidente Turbay Ayala, qué opinaba de su gobierno: "Si me pareció malo el mío, respondió, imagínese si me puede parecer bueno el de Turbay".

Aunque la historia se ha encargado de demostrar que su gobierno fue uno de los más responsables en el manejo económico, amén de otros aciertos, es evidente que el legado que nos deja proviene del López ex presidente, no del López gobernante. De aquel que habló sin tapujos y que reivindicó su condición de eterno disidente. Ese López era la conciencia crítica de un establecimiento hoy cada vez más autista y menos democrático.

María Jimena Duzán

¡EN COLOMBIA SI HAY PERSECUCIÓN SINDICAL!

SINDICALISTA ES CONDENADO A MUERTE CÍVICO - SOCIAL POR HACER UNA SOLICITUD RESPETUOSA

El artículo 23 de la Constitución Política Colombiana consagra como un derecho fundamental, el poder hacer solicitudes respetuosas a las autoridades.
A pesar de eso, la Universidad de Pamplona está destituyendo al presidente del sindicato de profesores universitarios ASPU, por haberle solicitado al rector de la institución, permiso, pasajes y viáticos para desplazarse al sexto plenario de la organización a nivel nacional, siendo presidente encargado, adecuadamente elegido, ratificado y reconocido por la asamblea local y la Junta directiva nacional de ASPU.

Que los directivos de ASPU pidieran a la universidad y tuvieran permiso, pasajes y viáticos para representar la organización a nivel nacional, había sido algo totalmente normal. Incluso entre 1994 y 2002, periodo en que ninguna de las juntas directivas de la organización local fue registrada ante el Ministerio del Trabajo. Según los registros históricos de ASPU, en el 2002, un presidente encargado pidió y obtuvo, bajo la actual administración, apoyo económico para realizar gestiones de carácter sindical.

Sin embargo, al doctor ALBERTO BOCANEGRA DIAZ, actual presidente de ASPU Pamplona, le fue negado todo lo solicitado, pues bajo su dirección el sindicato había recuperado el liderazgo y denunciaba los atropellos cometidos por el capitán en retiro del ejercito colombiano, designado RECTOR A TERMINO INDEFINIDO en contravía de las normas legales existentes.

En consecuencia, el Dr. Bocanegra no asistió a la invitación ni reclamó por la negativa.

Aun así, en febrero de 2007 la oficina de control interno disciplinario abrió proceso disciplinario contra el doctor BOCANEGRA y en un proceso muy parecido a un CONSEJO VERBAL DE GUERRA, contra el tiempo, contra las evidencias y contra la ley, le declaró culpable de FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO pues, según la abogada directora (encargada) de la citada oficina, firmar como presidente encargado fue una falsedad.

Por haber hecho una solicitud y firmar como presidente encargado, le están destituyendo como docente y suspendiéndole a nivel nacional para el ejercicio de funciones públicas por los próximos diez (10) años.

Es una condena a muerte cívico-social.

ES DE SUPONER QUE DE AHORA EN ADELANTE, PARA PODER DIRIGIRSE AL RECTOR O HACERLE UNA SOLICITUD, LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DEBERÁ PONERSE DE RODILLAS, CON LA CABEZA EN EL PISO Y NO PODRÁ ALZAR LA VISTA.

¿Qué ocurrirá cuando esto mismo se imponga en todas las otras universidades del país? ¿y si después lo imponen en los colegios y escuelas?

Un poste verde

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Un poste verde
En ese ciclo inmutable de desidia, para las elecciones de octubre ya se preparan las mismas intimidaciones paramilitares que para las pasadas

Por Antonio Caballero

Comunicado de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia



De izquierda a derecha: Ramón Elí Támara, director Departamento Relaciones Internacionales-CUT; Carlos William Camino, presidente Sintratelefonos; Julio Roberto Gómez, Secretario General de la CGT; Carlos Rodríguez Díaz-presidente CUT; Carlos Escobar, presidente Sintraunicol; Boris Montes de Oca Anaya, secretario General CUT.

Central Unitaria de Trabajadores de Colombia
COMUNICADO

No somos ni "democracia de fachada y terrorismo de verdad, ni democracia de discurso y terrorismo de acción", ejemplarizamos con nuestro accionar civilista y democrático.

A raíz del contenido de la declaración final del evento sobre, problemas y perspectivas de la izquierda en América Latina, realizado en Quito, Ecuador, entre el 9 y el 13 de julio, al que concurrieron algunos dirigentes sindicales pertenecientes a Sintraunicol, Sintratelefonos de Bogotá y Sintraemcali, el Gobierno colombiano, en palabras del Presidente y Vice-Presidente de la República, lanzó afirmaciones temerarias, como las que: hacemos apología a la violencia y apoyamos a los terroristas. Estos calificativos inducen a la violencia contra el movimiento sindical, haciendo peligrar a la dirección sindical.

Ante tamaña estigmatización, es preciso reiterar que la CUT en su V Congreso, por unanimidad adoptó como su política, la condena al terrorismo en todas sus manifestaciones, a la violencia, venga de donde venga, al secuestro y a la combinación de todas las formas de lucha, ratificando, además, nuestro carácter civilista y democrático.

Sobre las afirmaciones expresadas en la declaración de Quito, la CUT de Colombia no solo no las comparte, sino que manifiesta que nunca la firmaría, pues dejaría de ser un sindicato contraviniendo los postulados civilistas y democráticos que encarnan nuestra organización sindical.
Pese a que el país conoce nuestro comportamiento civilista y democrático, el Gobierno se ensaña tendenciosamente con el sindicalismo asociándolo con la guerrilla, al afirmar: O estamos en lo lícito o estamos en lo ilícito. Pero no puede ser que aparezcan como afiliados a organizaciones sindicales, y simultáneamente estén en grupos armados al margen de la ley.

Lamentablemente, al Gobierno no le basta la demostración ostensible de que el sindicalismo, aparte de ser lícito, es un bastión de la democracia y un guardián del Estado Social de Derecho. De nuevo, semejante aseveración apunta a que los intolerantes arrecien la intimidación contra el sindicalismo.

También es preciso significar la utilización malintencionada, que el Presidente de la República le viene dando a este insuceso, a propósito de nuestra lucha contra el TLC y a las denuncias formuladas en la OIT, que motivan, por una parte, la postergación del TLC y, por la otra, la
designación de una Misión de Alto Nivel que estará en Colombia entre el 27 y el 31 de agosto próximo, para constatar la vulneración a las garantías sindicales y convenios OIT.

El sindicalismo colombiano no tiene un discurso farsante; todo lo contrario, se caracteriza por priorizar el diálogo y la argumentación, como el camino idóneo para dirimir controversias, ligándolos, por su puesto, con la movilización social. Por esta razón no podemos aceptar, otra calumnia presidencial, cuando plantea:

"¿Por qué mientras no se dice la verdad en Washington y en Europa, por qué mientras allá no se tiene la honradez con Colombia de reconocer lo que ha hecho este Gobierno para proteger a los líderes sindicales, por qué mientras se acude a Washington y a Europa con el discurso farsante de decir que al Gobierno no le pueden aprobar el TLC, que no es para el Gobierno sino para el empleo de los colombianos, desconociendo los esfuerzos de este Gobierno, por qué algunos se van a Quito a firmar una declaración política de apoyo a los grupos terroristas?"

Infortunadamente, el belicoso lenguaje presidencial, nos hace mucho daño, vinculado con la intención malévola de sembrar cizaña, para descalificar una postura sindical democrática que ha sabido enfrentar con dignidad los desafueros de la aplicación del un modelo económico que busca liquidar al sindicalismo, matando los sindicatos y asesinando a sus dirigentes.

Pese al grave daño que se nos hace con lo acontecido, la CUT no desfallecerá en la búsqueda del intercambio humanitario, la solución política negociada al conflicto armado, la exigencia a las FARC, de la entrega de los cadáveres de los diputados asesinados y la puesta en libertad
de todos los secuestrados. De otra parte, de manera insistente enfatizamos que nuestra lucha es civilista y democrática, motivo por el que demandamos del gobierno las garantías necesarias para el ejercicio de nuestra actividad sindical.

Las afirmaciones presidenciales evidencian actitudes autoritarias que niegan las garantías democráticas, reforzando la aplicación de una cultura antisindical.

Ojalá, el gobierno y los empresarios disminuyan el ímpetu de la arrogancia y la soberbia de la prepotencia, para que de manera tripartita, iniciemos un diálogo útil, en la vía de solucionar los acuciantes problemas que afectan a la Nación. Por parte de los trabajadores estamos listos.

Bogotá, D.C., 23 de julio de 2007

CARLOS RODRÍGUEZ DIAZ, Presidente
BORIS MONTES DE OCA ANAYA, Secretario General

El Congreso Laboral Canadiense y la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia frente al Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Colombia


El CLC y la CUT, con base en nuestra experiencia en los llamados tratados de libre comercio e inversión, conjuntamente declaramos nuestro rechazo y preocupación por este tipo de acuerdo, basado en modelos extremos de libre mercado que garantizan los derechos de los inversionistas por encima de los derechos humanos, sociales, económicos, culturales y laborales de sus ciudadanos

EL CONGRESO LABORAL CANADIENSE, CLC, Y LA CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES DE COLOMBIA, CUT, FRENTE AL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CANADÁ Y COLOMBIA

Central Unitaria de Trabajadores - CUT, Bogotá, julio 16 de 2007

Hoy 16 de julio, en Lima se inicia la primera ronda de negociaciones del TLC de Perú y Colombia con Canadá. El Gobierno colombiano busca acceso preferencial a un mercado que importa el 4.5% de total mundial y que se cuenta como el quinto por su volumen de comercio. Frente a este acuerdo comercial la CUT y el CLC, firmamos un Convenio que recoge los siguientes puntos:

1. El Congreso Laboral Canadiense, CLC y la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, con base en nuestra experiencia en los llamados tratados de libre comercio e inversión, tales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN; el Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, y ahora el Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y Colombia, conjuntamente declaramos nuestro rechazo y preocupación por este tipo de acuerdo, basado en modelos extremos de libre mercado que garantizan los derechos de los inversionistas por encima de los derechos humanos, sociales, económicos, culturales y laborales de sus ciudadanos.

Estos tratados son concebidos para ser suscritos entre naciones con grados equivalentes de desarrollo y, por tanto, desconocen las diferencias existentes entre economías como las de Estados Unidos y Canadá, cuyo desarrollo supera en más de cien veces a la de países como Colombia, con lo cual se consuma la liquidación de la producción nacional.

2. El adjuntar acuerdos secundarios no vinculantes o imponer multas insignificantes por violaciones a los derechos de los trabajadores no son mecanismos efectivos que conduzcan a mejoras en la implementación activa y el respeto por las normas laborales fundamentales, ni a la creación de puestos de trabajo.

Los tratados comerciales internacionales no deben reducir el poder de los gobiernos de legislar a favor del bien público y de proporcionar seguridad social, salud pública y educación a todos los ciudadanos, colocándose por encima de los ordenamientos constitucionales que garantizan los derechos de la población.

3. Como los legítimos representantes de los trabajadores en nuestros dos países, exigimos que cualquier negociación entre Canadá y Colombia, que busque un tratado comercial futuro, sea precedida por evaluaciones laborales y ambientales que analicen los impactos económicos y sociales del tratado sobre el mercado laboral, la movilidad del capital, los sueldos, la estabilidad laboral y las condiciones de trabajo de ambos países.

En el caso de Colombia, esta evaluación tendría que documentar el cumplimiento de los derechos humanos y laborales, así como de las obligaciones ambientales contraídas bajo tratados internacionales.

4. No se debería proceder a ningún tratado comercial entre Canadá y Colombia sin que el gobierno colombiano demuestre, completamente, acciones eficaces contra organizaciones paramilitares y redes criminales internacionales; evidencie avances significativos en materia de investigación y enjuiciamiento por crímenes contra sindicalistas; proporcione protección significativa y adecuada a sindicatos y sindicalistas; consiga que sus leyes laborales cumplan con las normas laborales fundamentales de la OIT y proporcione apoyo total a la oficina de la OIT, recientemente creada en Colombia, para monitorear el cumplimiento de los derechos laborales y continuar con la investigación de asesinatos de sindicalistas.

5. Tal como se ha declarado en la Plataforma Laboral de las Américas adoptada por organizaciones de trabajadores en todo el Hemisferio, para que un tratado comercial sea aceptable su meta central debe ser la creación de puestos de trabajo decente, el desarrollo sostenible y debe asegurar la protección de las normas laborales fundamentales en todas las naciones que participan en estos tratados.

Aspiramos a que las anteriores consideraciones sean tenidas en cuenta para lo cual iniciaremos actividades conjuntas entre las CUT y el CLC en esta perspectiva.

Bogotá, 16 de julio de 2007

CARLOS RODRIGUEZ DIAZ

Presidente

Bolívar, Garibaldi y Gramsci: emancipación y revolución


Luis Britto García
Aporrea

1 Las dos gestas más inspiradoras para revolucionarios italianos y latinoamericanos son la de Simón Bolívar y la de Giuseppe Garibaldi. Ambos emprenden luchas de emancipación política para cortar vínculos externos que sujetan a sus pueblos a soberanías extranjeras. Ambos emancipan para unificar pueblos liberados. Ambos promueven ideas republicanas, democráticas y de secularización del Estado. Los dos intentan reformas sociales y económicas. Los dos sufren un destino patético: culminada la epopeya militar, fuerzas oscuras truncan su proyecto político y social. Dijo Voltaire que los profetas armados siempre derrotaron a los desarmados. Dos profetas invencibles parecen aniquilados por fuerzas sin rostro y sin armas. Invoquemos al profeta desarmado Antonio Gramsci para identificarlas.

2 Ante todo, desentrañemos las relaciones entre luchas de emancipación y revoluciones. Toda mente neocolonial descalifica el patriotismo y tacha de delito la aspiración de los pueblos dependientes de no ser gobernados por extranjeros, mientras ella se afana en preservar incólumes indisolubles e inviolables lealtades políticas, jurídicas e ideológicas con poderes imperiales. Tras la globalización del capital, la transnacionalización de la ciudadanía. Pero lo cierto es que las guerras de emancipación política o liberación nacional son episodios de la lucha de clases. En ellas una clase dominante llama en su auxilio a las castas dominadas para expulsar a otra clase dominante, como ocurrió con los blancos criollos en América. O bien una clase dominada casi aniquila a la dominante, como hicieron los esclavos con sus amos en Haití, los campesinos asiáticos con japoneses y colonialistas europeos en la Revolución China y los campesinos antillanos en la Revolución Cubana. La emancipación se convierte en revolución cuando arrebata a la clase dominante sus explotados, su ejército y sus aparatos ideológicos.

3 Así, Bolívar culmina la campaña de emancipación política iniciada por la oligarquía local de los blancos criollos contra los peninsulares, pero ésta sólo se decide cuando los independentistas convocan en su ayuda a indígenas, esclavos, pardos y blancos de orilla. Para crear un nuevo ejército, Bolívar ofrece la libertad a los esclavos que se alisten, reparte títulos de tierras a los milicianos, libera de la servidumbre a los indígenas. Vale decir, todo proceso de emancipación política marcha al mismo paso que su proyecto de emancipación social. La Independencia no sólo corta vínculos con la monarquía española: también le clausura toda posteridad en América al imponer instituciones republicanas que constituyen una revolución política equivalente a la francesa. El proyecto emancipatorio no puede sin embargo unir grandes bloques geopolíticos para equilibrar la influencia estadounidense y europea. El Congreso de Panamá falla en el intento de consolidar una federación americana con ejércitos bajo dirección común.

La Gran Colombia, que unificaba la capitanía general de Venezuela y el virreinato de la Nueva Granada, se disuelve poco antes de la muerte del Libertador. Los próceres independentistas se apoderan de las tierras concedidas a sus soldados; mantienen la esclavitud y confiscan el poder político reservando el ejercicio del voto para los propietarios, en esa prolongación de la sociedad de castas que será denominada República oligárquica.

4 Igualmente gallarda y trágica es la gesta de Giuseppe Garibaldi. Tiene por escenario dos mundos, en los que reúne ejércitos no convencionales para lograr brillantes triunfos militares. Como Bolívar, asume la emancipación política como pedestal para un proyecto integrador, en este caso el de la unidad italiana. Libra una guerra de emancipación por Uruguay y tres por Italia. También batalla por estructuras modernizantes: igualdad jurídica garantizada por gobiernos laicos, republicanos y democráticos, y por reformas económicas y sociales. Tras el desembarco de los Mil en Marsala, promete una reforma sobre los latifundios, la eliminación de tributos y de cánones sobre la tierra. Estas promesas atraen a sus filas legiones de campesinos, que también invaden los feudos de los barones latifundistas y las tierras comunales.

Estas iniciativas quedan en el aire ante el temor de una expedición de Napoleón III y de una guerra campesina que hubiera podido entorpecer el desarrollo industrial del Norte. Garibaldi se ve forzado a aceptar la monarquía de Vittorio Emanuel y las concesiones de Cavour por no dificultar la anhelada unidad italiana. Ante la frustración de sus proyectos republicanos, Garibaldi renuncia al Parlamento italiano en 1870, y muere en una suerte de exilio interno en la isla de Caprea en 1882.

5 Gramsci señala que la renuencia del partido d’Azione para apoyar la reforma agraria y convocar una constituyente retrasó la emancipación y la unidad italianas. Como sucedió con la emancipación venezolana, casi no cambiaron las fuerzas productivas ni las relaciones de producción. En ambos casos apenas sufrieron modificaciones los aparatos ideológicos de la religión, la educación y los medios de comunicación. En ambos perduró casi inalterado el mismo bloque hegemónico. En ambos las agendas no resueltas suscitaron sangrientas confrontaciones. Hoy la revolución parece estancada en los países hegemónicos. En los dependientes, coinciden emancipaciones políticas, movilizaciones sociales, tomas de control de las fuerzas productivas y reestructuraciones de la lealtad de los ejércitos. Así como no hay emancipación sin programa social y económico, el programa económico y social puede convertir la emancipación en revolución. Bolívar, Garibaldi y Gramsci tienen todavía mucho que hacer en el mundo. Armas libertadoras y pensamiento esclarecido capaz de conquistar infraestructuras productivas y superestructuras ideológicas son nuestras primeras necesidades.


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