Así cuadraron las cuentas

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Luis Guillermo Giraldo, el cerebro del referendo, ideó una forma para lograr aportes individuales que lo puede enredar a él, a sus compañeros del Comité Promotor y a los donantes en eventuales responsabilidades penales
Luis Guillermo Giraldo, el cerebro del referendo, ideó una forma para lograr aportes individuales que lo puede enredar a él, a sus compañeros del Comité Promotor y a los donantes en eventuales responsabilidades penales

REFERENDO. Estas son las maromas con que los organizadores del referendo buscan justificar la violación de los topes electorales, la misma que los tiene en la mira de las autoridades.

Sábado 28 Marzo 2009

Ya está claro que los promotores del referendo para la reelección se rajaron en gramática. La manera como redactaron la pregunta a la cual la gente debe responder 'Sí' o 'No' tiene en entredicho la reelección de Álvaro Uribe para 2010. También se ha destapado que esos mismos promotores también tienen serias fallas de contabilidad.

La semana pasada, el Consejo Nacional Electoral tomó una decisión que podría calificarse de valiente en el actual contexto político del país y abrió investigación a los promotores por la posible violación de los topes individuales previstos por la ley para la financiación del referendo.

Más allá de los topes, al ponerles la lupa a cientos de documentos recogidos en el expediente, se puede trazar un mapa de todas las acrobacias que han tenido que desplegar para tratar de hacer aparecer como legales las cuantiosas contribuciones recibidas.

El 17 de julio del año pasado Luis Guillermo Giraldo concretó la fórmula para financiar la costosa recolección de firmas. Se había puesto como meta recoger cinco millones de ellas para que no quedara duda de que los colombianos querían convocar un referendo para reelegir a Uribe. Eso le costaba 2.000 millones de pesos. Para ajustarse a los topes que impone la ley tenía dos alternativas. La primera, que cerca de 700 personas se metieran la mano al bolsillo y le dieran tres millones de pesos cada una. Y la segunda, buscarle una presentación acorde con la ley al dinero que ya habían aportado un puñado de amigos contratistas, comerciantes e industriales en donaciones de 20 millones a 150 millones de pesos.

La decisión fue presentarlo como un préstamo. Para eso aprovechó que el equipo que le estaba haciendo fuerza al referendo que hasta ese momento era uno solo, en el papel podía verse como dos distintos: por una parte la Asociación Colombia Primero y por otra el Comité de Promotores para la Reelección. Ambos eran presididos por Giraldo y tenían casi los mismos miembros. Ese día Giraldo autorizó un préstamo que para todo efecto práctico era, como se dice coloquialmente, de 'yo con yo'. Como presidente de la Asociación convocó a su junta directiva y le solicitó "autorización para dar un préstamo al Comité, a fin de formalizar las gestiones que se han venido adelantando". Así consta en las actas de la Asociación.

Ese mismo día, ésta firmó un 'contrato de préstamo' con el Comité de Promotores con unas gabelas muy especiales: no tenía un monto definido, el dinero ni siquiera tenía que pasar por manos del Comité porque la Asociación podría pagar directamente sus cuentas, el Comité no tendría que cancelar ningún tipo de interés y podría pagar el préstamo hasta un año después de que la Asociación se lo cobrara.

Hay dos detalles que han despertado inquietud sobre lo que verdaderamente se estaba haciendo. Por un lado, quien firma el préstamo por parte de la Asociación no es Giraldo como su presidente o representante legal que era en ese momento, sino Doris Ángel, como representante legal suplente. Giraldo habría podido firmarlo, pero el contrato quedaba con la firma de él estampada en dos partes: como quien da el dinero y como quien lo recibe. El otro aspecto, y quizás el más importante, es que la Asociación para ese momento, es decir, antes de que se concediera el préstamo, ya había desembolsado 1.180 millones de pesos de la campaña de recolección de firmas, según consta en su contabilidad. ¿Cómo van a justificar que el gasto de estos 1.180 millones de pesos se ajusta a los topes electorales sin préstamo de por medio? ¿Cómo se soporta ese desembolso sin que la junta de la Asociación lo hubiera autorizado? ¿En realidad era la Asociación la encargada de recoger la mayor parte del dinero para el referendo y la idea de la triangulación llegó tarde?

En la práctica, a la campaña del referendo sólo entraron 68 millones de pesos en efectivo y cheques, y 38 pagarés a su favor por 74 millones de pesos (que luego se endosaron a la Asociación y nadie ha hecho efectivos). Los otros cerca de 2.000 millones que se gastaron, se canalizaron a través de la Asociación.

El 11 de agosto, los promotores de la reelección con Luis Guillermo Giraldo a la cabeza, entregaron poco más de cinco millones de firmas en la Registraduría. El 2 de septiembre era el plazo máximo de rendición de cuentas. Ese día aplicaron la estrategia y presentaron una cuenta de cobro de la Asociación al Comité por un préstamo de 1.903 millones de pesos y un pagaré de Giraldo como vocero del Comité por ese mismo valor. Pero las autoridades electorales no cayeron en la maraña contable, construida para desviar la atención de los recursos realmente recibidos.

En la sorprendente contabilidad del referendo también aparece otro detalle que deja abiertos interrogantes. Se trata de un "evento artístico cultural en apoyo de la reelección presidencial", realizado el 28 de julio en el Hotel Dann de Bogotá. Los 500 invitados pagaban un bono de medio millón de pesos y a cambio les entregarían un cuadro del maestro Pío Uribe. También se rifaría otra obra del mismo artista avaluada en 15 millones de pesos. Es decir, se trataba de un aporte en especie equivalente a 265 millones de pesos, que no aparece en la contabilidad. Además, ese día sólo aparecen ingresos por cerca de 19 millones de pesos ¿Qué sucedió con el resto? ¿Acaso la asistencia fue baja? Más llamativo aún, en la contabilidad figura que al maestro le dieron 20 millones, es decir a razón de 40.000 pesos por cuadro.

Más allá de los malabares del préstamo, en cuanto a las donaciones hechas a la Asociación también hay reparos. Si se acepta que esas donaciones eran aportes que hacían particulares a una organización sin ánimo de lucro, lo mínimo que debían cumplir era un requisito en notaría que se conoce como escritura pública de insinuación notarial. Cuando las autoridades revisaron este punto encontraron que de las decenas de donaciones sólo una, la de RCN, se hizo antes de la entrega del dinero, el resto fueron posteriores, incluso algunas con ocho meses de retraso, cuando las autoridades indagaron sobre el tema.

Las dudas sobre este punto, que algunos pueden considerar menor, podría enredarles la vida a los aportantes si se llega a comprobar que se orquestó un tinglado para evadir el control de las autoridades. No sólo habrían violado los topes, sino que podrían iniciarse procesos contra ellos, al igual que contra los miembros del Comité de Promotores del referendo, por fraude procesal.

El otro hecho que sorprende en la documentación que han entregado los promotores del referendo para explicar sus actuaciones tiene que ver con los certificados que la Asociación Colombia Primero les ha dado a sus aportantes para efectos tributarios. En ellas (ver facsímil) dicen que el objeto de Colombia Primero es, entre otras "fomentar la solidaridad a favor de los discapacitados como consecuencia de la violencia y el conflicto armado en Colombia" y "prestar ayuda económica y sicológica a los afectados y a las viudas y huérfanos que ha dejado el conflicto". SEMANA buscó en la Cámara de Comercio los registros de esta Asociación y encontró que el principal objeto es ciertamente distinto al mencionado. Dice: "El fomento de todo tipo de actividades cívicas, culturales, ideológicas, sociales, investigativas, de iniciativas populares, de participación ciudadana y comunitaria, que se dirijan hacia la promoción de la democracia". ¿Qué buscaban los organizadores del referendo con este tipo de certificaciones? ¿Sería esta la forma de sustentar que los aportes que la Asociación recibió no eran para la recolección de firmas sino para las víctimas de la violencia?.

El manejo financiero de la campaña de recolección de firmas para el referendo no brilló propiamente por su trasparencia. El hecho de que la ley imponga unos topes para los aportes individuales no es un mero capricho del legislador, tiene una razón de ser fundamental y es que la convocatoria de un referendo -y más si se trata de uno como este que transforma la historia de las costumbres políticas en el país- tiene que surgir de un auténtico clamor del pueblo y no como resultado de una campaña montada por ciertos poderes económicos.

Con el buen desempeño del presidente Álvaro Uribe en las encuestas, es muy probable que se podrían recoger los millones de firmas necesarios para el referendo, sin tener que acudir a estos abultados aportes. Pero lo que no se puede admitir es que una iniciativa que propende por la democracia burle las normas mínimas del derecho.

Dosis personal ¿legal o no?

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Andrés Felipe Arias y Carlos Gaviria, dos puntos de vista diferentes frente a la misma propuesta. ¿Usted que opina?.

Dosis de personalidad

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Editorial| 27 Mar 2009 - 11:00 pm

LA JORNADA DEL LIBRE DESARROllo de la personalidad, convocada por un creativo grupo de jóvenes a través de Facebook y liderada por el columnista Daniel Pacheco, se llevó a cabo el jueves pasado en la plaza de Bolívar y en las ciudades de Medellín y Manizales sin mayores inconvenientes.

Aunque el llamado era a portar una dosis de personalidad, una dosis de aquello que las personas consumen para el gozo normal y cotidiano de sus vidas, la mayoría de los presentes interpretó que el guiño obvio de la iniciativa era contra el deseo del gobierno Uribe de penalizar la dosis mínima. Como tal, las prédicas en pro del consumo de drogas ilícitas no se hicieron esperar. Aunque pocos, no faltó quienes hicieron caso omiso de las instrucciones de los organizadores y, en franca actitud desafiante, encendieron sus dosis mínimas de marihuana. Y nada ocurrió. No hubo asesinatos, robos o cataclismos. La jornada transcurrió de manera pacífica.

A pesar de la lluvia, acudieron al evento cientos de personas, en su mayoría jóvenes, en compañía de artistas, políticos, escritores e intelectuales. Cada asistente con su dosis de personalidad, decididos todos a inmortalizar el momento en una foto. Decididos, pues, a “salir del clóset”, a dejar atrás la doble moral de quien predica en lo público y transgrede en lo privado, y a aceptar abiertamente que consumen —o defienden el consumo— de la dosis mínima.

La manifestación puso de presente que el consumo de sustancias psicoactivas es interpretado, en su mayoría, desde el lente de las libertades individuales. En 1994 la Corte Constitucional se basó en estos argumentos para despenalizar el porte y consumo de la dosis mínima, aduciendo que “…el legislador puede prescribirme la forma en que debo comportarme con otros, pero no la forma en que debo comportarme conmigo mismo, en la medida en que mi conducta no interfiere con la órbita de acción de nadie”. Según la jurisprudencia de la Corte, la acción de consumir sustancias alteradoras del estado de la conciencia, tanto legales como ilegales, es un acto que pertenece a la esfera privada de las personas. Es innegable, como lo han señalado los detractores de la dosis personal, que los actos de una persona bajo la influencia de sustancias psicoativas pueden tener efectos adversos sobre los derechos de terceros. Sin embargo, la mirada de la Corte se centra en el acto de consumir. Las consecuencias sobre el comportamiento de ese consumo son puntos independientes. Como dice la misma Corte, “a una persona no pueden castigarla por lo que posiblemente hará, sino por lo que efectivamente hace”.

En la misma línea, toma fuerza la posición de que el consumo de drogas y la lucha contra el narcotráfico son temas independientes e inconexos. Y la pierde el usual argumento, expresado en este diario por el candidato presidencial Andrés Arias, de que “no puede ser que Colombia sea el país que ha hecho el sacrificio más grande en la lucha contra el narcotráfico. Todo para que en la calle se permita la venta dosificada de drogas”. Pretender restringir las libertades individuales otorgadas por el Estado para establecer una mayor coherencia con una política de gobierno viola los principios más básicos de la Constitución.

Por lo demás, quedó demostrado que la movilización ciudadana, esa capacidad de organización no partidista que pretende exigir y hacerse notar en defensa de una causa específica, no le es ajena a nuestros jóvenes colombianos tan fácilmente tildados de apáticos y escapistas. El Gobierno puede hacer caso omiso del debate sobre las libertades para imponer, de paso, su propia versión de lo que son y deben ser los ciudadanos “buenos”, pero difícilmente pasará por encima de una juventud que haciendo uso de nuevas formas de organización virtual y con propuestas atractivas para los medios masivos de comunicación, probó que está dispuesta a pasar a la resistencia civil por medios pacíficos.

Rector de la UPC espera notificación de la Procuraduría

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El rector encargado de la Universidad Popular del Cesar, el ingeniero Abdo Barrera Mejía todavía no ha sido notificado de la decisión de la Procuraduría Regional del Cesar, la que ordenó la apertura de una indagación preliminar contra él y los miembros del Consejo Superior Universitario, por haberlo elegido sin presuntamente cumplir todos los requisitos para ese cargo.

El Rector se encuentra en Venezuela en labores de capacitación ya que está estudiando en una universidad de ese país y su regreso será la próxima semana.

La decisión del Organismo de Control se hizo ante una denuncia instaurada por José Rafael Sierra Lafourie, quien señaló que tanto los miembros del Consejo Superior como el Rector encargado habrían violado los estatutos internos al posesionar a este último sin que tuviese la experiencia académica mínima de cinco años.

Vanguardia logró contactar al consejero Emiliano Piedrahita Porras, quien señaló que respetaba la decisión de la Procuraduría, pero no la compartía porque el Rector encargado cumple los requisitos para ese cargo, ya que la experiencia de tipo académica no es solamente la que tiene como docente sino por otros desempeños.

Entre esas otras funciones mencionó que ha hecho parte de los equipos de investigación de varios proyectos y también ha estado al frente de los Ceres de Codazzi y Aguachica, además de desarrollar actividades con pares académicos.

En relación con la experiencia administrativa de Abdo Barrera, señaló que en su hoja de vida se reseña un tiempo muy superior al mínimo exigido.

Piedrahita indicó que estará presto, junto a los demás consejeros, a atender los llamados que les haga el Organismo de Control.

Vinculados

Los consejeros vinculados al proceso son: Ernesto Orozco Durán, Carlos Gilberto Hernández Martínez, Adaluz Almenarez Campo, Emiliano Piedrahita Porras, Víctor Vega Berbén y Elberto Pumarejo Cotes.

Siguen amenazas

El consejero de la UPC Emiliano Piedrahita denunció que sigue recibiendo amenazas de muerte mediante llamadas telefónicas y que las autoridades todavía no implementan un mecanismo de seguridad que pueda garantizarle la tranquilidad.

Dijo que aún no les han asignado ninguna escolta personal y lo que les ha suministrado la Policía Nacional es una persona a la que denominan ‘padrino’, pero que hace presencia por su lugar de residencia cada dos o tres días.

Indagación preliminar contra Consejo Superior y rector encargado de la UPC

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Ordenó la Procuraduría

* El Ministerio Público también indagará a funcionarios del ICBF en el Cesar por presuntas irregularidades.

La Procuraduría Regional del Cesar ordenó la apertura de una indagación preliminar contra los miembros del Consejo Superior Universitario y el Rector encargado de la Universidad Popular del Cesar, quienes habrían violado los estatutos internos al posesionar a este último sin el cumplimiento de los requisitos.

De acuerdo con una denuncia presentada por José Rafael Sierra Lafaurie el 4 de marzo de este año, el Consejo Superior Universitario posesionó a Abdo Enrique Barrera Mejía como rector encargado de la Universidad Popular del Cesar, violando el requisito que exige cinco años de experiencia mínima para ocupar el cargo.

La Procuraduría acogió la denuncia y ordenó la vinculación de los consejeros a la indagación, así como de Barrera Mejía, quien, al parecer, sólo acumula una experiencia menor de cuatro años.

Los consejeros vinculados al proceso son Ernesto Orozco Durán, Carlos Gilberto Hernández Martínez, Adaluz Almenarez Campo, Emiliano Piedrahita Porras, Víctor Vega Berbén y Elberto Pumarejo Cotes, quienes, según la Procuraduría, a pesar de conocer los reglamentos de la Universidad Popular del Cesar posesionaron a Abdo Barrera Mejía.

Entre tanto, el rector encargado fue vinculado al proceso porque asumió el cargo a sabiendas que la experiencia acumulada no se lo permitía.

Los procesados serán notificados y citados a rendir versión libre y espontanea en fecha que definirá la Procuraduría Regional del Cesar.

Abdo Enrique Barrera Mejía, ingeniero industrial, fue posesionado a mediados de febrero de este año.

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QUE SE ESTABLEZCA SI LA DRUMMOND ES RESPONSABLE POR LA MUERTE DEL TRABAJADOR DAGOBERTO CLAVIJO, PIDE ROBLEDO

Oficina de Prensa, Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 25 de marzo de 2009


El senador Jorge Enrique Robledo pidió al gobierno investigar si la trasnacional norteamericana Drummond Limited es responsable por el trágico accidente en el que pereció hace unos días el obrero Dagoberto Clavijo y se solidarizó con la protesta que adelantan hoy los trabajadores en las minas Pribbenow y El Descanso de La Loma, Cesar. Les exigió además a las autoridades desmilitarizar las dos minas, no judicializar a los huelguistas y tomar urgentes medidas para evitar más muertes.

Dagoberto Clavijo pereció el 19 de marzo, a las cinco de la tarde. Solo llevaba 32 días al servicio de la trasnacional, operaba el camión 2280, un tanquero de proporciones gigantescas, y murió cuando el vehículo se precipitó por uno de los niveles de la mina. En los últimos años suman ya tres los operarios víctimas de accidentes fatales con este tipo de camiones.

Sintraminergetica, el sindicato que agrupa a los obreros, se declaró en asamblea permanente reclamando que el Ministerio de Protección Social adelante una vigilancia constante y efectiva para hacer que la Drummond se ciña a las normas de seguridad industrial y se eviten así nuevas tragedias. En respuesta, el gobierno ordenó militarizar las minas y la trasnacional está incoando denuncios penales contra los dirigentes y activistas. En la protesta están participando también obreros de Glencore, Fenoco y Carbograneles.

Este infortunado accidente, dijo Robledo, guarda estrecha relación con modalidades de enganche del personal que evaden el contrato de trabajo directo para eludir las prestaciones sociales, el adiestramiento adecuado de los operarios y la dedicación de personal suficiente que vele por la seguridad industrial y la salud ocupacional.

“Los obreros del carbón tienen toda mi solidaridad y la de mi partido, el Polo Democrático Alternativo”, concluyó el senador Robledo.

OCE se solidariza con la protesta pacífica que adelantan los estudiantes del programa de medicina de la UP

Organización Colombiana de Estudiantes OCE Pamplona

Comunicado a la Opinión Pública

La Organización Colombiana de Estudiantes se solidariza con la protesta pacífica que realizan los estudiantes de medicina de la Universidad de Pamplona; son históricos y justos los motivos que han llevado a los compañeros a tomar tal determinación. La falta de infraestructura, la carencia de equipos, la ausencia de cuerpos para realizar las prácticas necesarias y fundamentales de reconocimiento de la anatomía humana, el escaso personal profesional cualificado vinculado al programa de medicina, la irrisoria biblioteca con que cuenta la Universidad y su contraste con los altos costos de las matriculas son de público conocimiento.

De tan deplorable situación en la que se encuentran inmersos los estudiantes de medicina y de la gran mayoría de programas ofrecidos por la Universidad de Pamplona son culpables por acción y omisión el gobierno nacional, así como, las administraciones de los rectores Álvaro González Joves y Pedro León Peñaranda.

El gobierno de Uribe Vélez ha promovido como ningún otro en la historia la “cacareada” cobertura, sin incrementar eso sí, sus aportes en la proporción requerida. En un presupuesto de $ 110.000`000.000 el aporte fijo del Estada sólo es de $ 25.800`000.000, es decir, cercano al 23%. El dinero restante debe conseguirlo la Universidad a través de la vía neoliberal privatizadora, en otras palabras: vendiendo servicios, muchas veces alejándose de su misión como formadora de profesionales de alta calidad; cobrando matriculas exageradamente altas, lo que hace que nuestra Universidad en la práctica sea catalogada como la institución de educación superior pública más cara del país. Un compañero de medicina debe pagar de matricula semestralmente más de $ 2`000.000 y los aportes del Estado por estudiante únicamente superan los $ 800.000 año, $ 400.000 por semestre. La anterior cifra es incluso inferior a los aportes que se dan por un estudiante de educación básica o media. Otra responsabilidad que le cabe al Gobierno y particularmente al Ministerio de Educación es haber permitido y bendecido el auge tipo “pirámide” de carreras en la Unipamplona, sin ningún soporte que garantizara la calidad, lo que ha ocasionado un atraco a los estudiantes y un fiasco en lo que a calidad respecta ¿Dónde estaba la Ministra o su delegado(a) cuando se aprobaron tantas iniquidades en el Consejo Superior? ¿Dónde estaban los miembros del Ministerio cuando aprobaron tantas carreras sin ningún soporte financiero y/o académico? ¿Éste es el modelo de Universidad de calidad del que se jacta el Ministerio Educación y del presidente de la república? Una Universidad privatizada, sin recursos.

La responsabilidad de la crisis económica por la que atraviesa la Universidad de Pamplona se debe también a las rectorías, que aumentaron la cobertura siguiendo a "raja tabla" el modelo impuesto por el gobierno central, administraciones como la de Álvaro González Joves que implemento programas sin ninguna planificación, sin los medios necesarios para un adecuado funcionamiento, y en manos de quien se desproporcionaron de manera desmesura los aportes del Estado y los recursos propios generados por la Unipamplona. González Joves abrió programas a lo turco “programa mencionado, programa abierto” sin proyectar la Universidad más allá de unos ladrillos, de unos edificios construidos a base de prestamos que hoy día amenazan la existencia misma de la institución y devoran más de $ 12.000`000.000 año en pago de intereses y amortización de capital. La gestión del médico Pedro León Peñaranda, no se alejó del modelo impuesto por el gobierno y agenciado por su antecesor; igualmente, fue irresponsable al no colocar en conocimiento de la opinión pública el estado financiero real de la Universidad.

En lo que respecta al conflicto de los compañeros de medicina, hacemos un llamado a las directivas de la Universidad para encontrar una solución satisfactoria a las peticiones que han llevado a la movilización del estudiantado. Hacemos un llamado especial a la Rectora Esperanza Paredes, al cuerpo de profesores, a los estudiantes, a los trabajadores, a las organizaciones sociales y políticas del municipio para que nos movilicemos en defensa de nuestra Unipamplona, exigiendo al gobierno central los aportes requeridos para un normal funcionamiento de la institución.

“Por una educación pública, con amplios contenidos científicos, de calidad y al servicio del desarrollo nacional”

¡OCE Pamplona presente!

CARTA DEL SENADOR ROBLEDO A LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE EDUCADORES -FECODE-

Jorge Enrique Robledo, Senador de la República, Bogota 25 de marzo de 2009


Compañeros Comité Ejecutivo Federación Colombiana de Educadores Ciudad

Apreciados compañeros:

Junto con mi saludo fraternal, les envío un abrazo de felicitaciones al celebrar hoy la federación los 50 años de existencia al frente de los 320 mil maestros oficiales de Colombia.

Fecode ha estado siempre ligada a mis afectos, no solo porque durante 27 años fui también del oficio, profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional, sino además porque en todas las responsabilidades que he asumido he contado con la fecunda colaboración del magisterio. Me honra y enaltece por sobre todo haber estado tantos lustros combatiendo hombro a hombro con los dirigentes y bases de Educal, un sindicato cercano a mis afectos como el que más. Sea esta entonces la mejor oportunidad para reiterarles a todos ustedes, y, por su conducto, a los 250 mil afiliados, mis sentimientos combativos de amistad y compañerismo.

Han sido cinco décadas de lucha infatigable por la defensa de la educación pública y los derechos del magisterio. Quienes cumplimos la misma edad y un poco más recordamos las batallas por el Estatuto Docente, el Fondo de Prestaciones del Magisterio, la Ley General de Educación y la adecuada financiación estatal contra el recorte a las transferencias, objetivos que cobran hoy renovada actualidad frente a un gobierno empecinado en arrasar la educación pública y los derechos laborales. Y en un plano más general, cómo dejar de lado que Fecode sigue ocupando un primerísimo lugar en el combate por la soberanía y la democracia, como también en la diaria batalla por una educación pública de calidad, cada vez más deteriorada por la estrategia fondomonetarista de la "revolución educativa", que apunta a implantar una educación pobre para pobres y a perpetuar la ignorancia y el atraso.

En los últimos años, Fecode se ha convertido en un puntal del Polo Democrático Alternativo, partido al que me enorgullezco también yo de pertenecer y que aspira a la más amplia unidad de la nación colombiana para abrirle el camino a una patria próspera, soberana y verdaderamente democrática.

Por todas estas razones, que resuene muy duro un solo grito: ¡Que viva Fecode y que cumpla muchos otros cincuentenarios!

Jorge Enrique Robledo, Senador de la República

Intervención José Jaime Padilla contra el candidato presidencial Andrés Felipe Arias



Segunda intervención de la FEUP en el conversatorio en la UPC con el precandidato conservador, ex-ministro de agricultura Andrés Felipe Arias, a cargo de José Jaime Padilla, representante de los estudiantes ante el Comité de Bienestar Universitario.

http://www.youtube.com/watch?v=c-HpyNU-7gc

¿El Estado 51?

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No se trata de satanizar la ayuda de Estados Unidos, pero tampoco de que haya intromisión en los asuntos internos
No se trata de satanizar la ayuda de Estados Unidos, pero tampoco de que haya intromisión en los asuntos internos


POLÍTICA INTERNACIONAL. Pocas veces en la historia de Colombia, Estados Unidos había metido tanto sus narices en las políticas internas. Y lo increíble: con el visto bueno del Estado.

Sábado 21 Marzo 2009

Desde cuando Colombia aceptó los 25 millones de dólares de Estados Unidos para "eliminar todas las desavenencias producidas por los acontecimientos políticos ocurridos en Panamá en 1903" como parte del tratado Urrutia-Thompson de 1914, el gobierno de Washington D. C. se ganó un puesto de honor en la mesa de la política colombiana. Un lugar que no ha abandonado, como se demostró la semana pasada. El domingo el gobierno tuvo que recular luego de que el vicepresidente Francisco Santos propuso darle santa sepultura al Plan Colombia. El alto funcionario se quejaba de que los pocos dólares que recibía de ayuda no justificaban el maltrato que se le daba al país en ciertos círculos de Washington. Pero fue rápidamente desautorizado por el canciller Jaime Bermúdez: "Hay que continuar con el Plan Colombia. Este Plan se necesita para poder consolidar los resultados en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo".

Días antes, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, había anunciado el traslado de los equipos y las aeronaves norteamericanos de la base de Manta (Ecuador) a territorio colombiano. El miércoles Colombia amaneció con la noticia de que el senador Patrick Leahy había congelado 72 millones de dólares de ayuda militar, debido a su preocupación por los "falsos positivos". El jueves se informó que Estados Unidos solicitará en extradición a David Murcia, de DMG. Esa andanada informativa, lejos de ser excepcional, refleja el grado de injerencia que hoy tienen las tres ramas del poder de Estados Unidos en Colombia, posiblemente la mayor en toda la historia de las relaciones entre los dos países.

La influencia estadounidense no es nueva, pero pocas veces ha afectado tanto el diario devenir de los colombianos como se está viviendo hoy en día. Si el pilar de cualquier Estado es la justicia, ésta en Colombia se escribe en inglés. El sistema penal acusatorio, que se instrumentó en los últimos años, no sólo está inspirado en el norteamericano, sino que fue promovido y financiado por Washington. Los fiscales colombianos son instruidos por sus pares estadounidenses.

Allí no se limita su participación. Según le confirmaron a SEMANA fuentes de la Fiscalía, los funcionarios norteamericanos tienen un papel protagónico en varios frentes críticos como el uso de polígrafos para determinar la idoneidad de fiscales colombianos. En los casos que le interesan a Estados Unidos -narcotráfico, derechos humanos- intervienen directamente agentes del FBI o del Departamento de Justicia.

La justicia penal militar se está transformando a imagen y semejanza de la que se aplica en el Pentágono mediante la capacitación de jueces y fiscales colombianos.

La extradición, otrora una herramienta excepcional para combatir a los grandes capos de la droga (cartel de Medellín y Cali), es hoy utilizada de manera indiscriminada. Ya van más de 800 extraditados desde 2002, de los cuales sólo un pequeño porcentaje calificaría bajo el rubro de demasiado poderosos o peligrosos para ser juzgados en Colombia: la raison d'etre con la cual se justificó su instrumentación en el país.

También son frecuentes los viajes del fiscal general, Mario Iguarán, o de otros funcionarios de la rama judicial a Washington, no sólo para reunirse con sus pares en el Departamento de Justicia - algo lógico-, sino para presentar descargos y explicaciones a congresistas y sus asesores.

La rendición de cuentas a los congresistas gringos no es fortuita: las instituciones colombianas, entre ellas la Fiscalía, reciben anualmente más de 500 millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses. La recepción de esa plata es lo que les da carta blanca a los políticos norteamericanos para entrometerse en los asuntos colombianos. Y lo hacen con gusto: no sólo en justicia, sino en asuntos de derechos humanos, seguridad nacional, política social y hasta en cómo se debe regir las relaciones laborales en Colombia.

Gracias a la llamada enmienda Leahy, aprobada en 1997 durante el gobierno de Samper, se puede negar el envío de ayuda a unidades militares de las cuales se sospecha de violaciones de derechos humanos. La norma es tan vaga y sujeta a interpretaciones que cualquier miembro de la fuerza pública es vulnerable de ser sindicado de ser un malhechor. El problema radica en que Leahy, por ser el presidente del Comité de Apropiaciones, puede él solo frenar el desembolso de recursos, como ocurrió la semana pasada con los 72 millones de dólares del Plan Colombia. Es más, normalmente quien decide es su asesor Tim Reiser, encargado de hacerles seguimiento a los temas colombianos. Así, las fuerzas militares pueden llegar a estar al vaivén de un staffer de Congreso, quien reside en Washington.

Leahy no es único legislador que ejerce esa facultad de vigilancia o de influencia. El congresista Gregory Meeks convenció al gobierno de Uribe de que si les ponía atención a los afrocolombianos, el black caucus (agrupación que reúne a 41 representantes negros) apoyaría el TLC. Eso explicó el nombramiento de la Ministra de Cultura y un viceministro de Protección en junio de 2007, según le confirmaron a SEMANA fuentes de ambos gobiernos. No es gratuito, además, que haya una partida de 15 millones de dólares del Plan Colombia que debe ser invertida en las comunidades afrocolombianas del Pacífico.

En la delicada esfera de la seguridad nacional, la participación norteamericana, aunque discreta, se manifiesta en la presencia de militares y contratistas de ese país en lugares estratégicos: las bases de Tres Esquinas, Apiay, Tolemaida, Arauca y Buenaventura. Muchos equipos donados no pueden ser movidos o utilizados sin la autorización previa de Estados Unidos. De trasladarse las aeronaves y equipos estadounidense de Manta a Colombia, ¿se les permitirá esa misma autonomía?

Es tanta la integración colombo-estadounidense en asuntos de defensa, que el gobierno colombiano utiliza muchas veces el mismo sistema de compras del Pentágono (se logran economías de escala, según le explicó a SEMANA un ex funcionario de seguridad).

El llamado 'Plan de Consolidación' en las áreas antes controladas por la guerrilla tiene un fuerte componente norteamericano. Muchos de los recursos provienen de la Agencia Internacional de Desarrollo (AID). Esta impronta les permite a los funcionarios estadounidenses tener voz y voto sobre cómo y dónde se gasta la plata.

Esta norteamericanización de Colombia precede al gobierno de Uribe. La guerra contra el narcotráfico y las Farc llevó a los gobiernos a acercarse más a Washington; pero la actual administración ha ido más lejos que sus antecesores. El gobierno colombiano firmó un acuerdo que otorga inmunidad a personal oficial estadounidense implicado en crímenes de lesa humanidad para que no sean juzgados por la Corte Penal Internacional (CPI), sino por jueces de su país.

Pero tal vez la mayor señal de que Colombia cada vez se parece más a un apéndice de Estados Unidos es la actuación de los llamados opositores. El senador liberal Juan Fernando Cristo, por ejemplo, acaba de regresar de un periplo a Washington

D. C. donde explicó y pidió apoyo para la ley de víctimas. Piedad Córdoba quiere entregarle las llaves del acuerdo humanitario al congresista demócrata Jim McGovern. Los sindicatos colombianos se aliaron con sus similares norteamericanos contra el TLC porque éste les quitaría empleos a los trabajadores estadounidenses. Y gracias a la presión de los sindicatos gringos, se cambió la ley de huelga en Colombia.

Son múltiples las áreas donde la ayuda económica de los Estados Unidos significa una influencia de ese país en los asuntos internos que son estratégicos para Colombia. Frente a esta situación, no se trata de satanizar la cooperación de Washington, que sin duda ha sido beneficiosa para Colombia en aspectos tan importantes como los derechos humanos, la seguridad y la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla. Pero tampoco es conveniente que muchas decisiones de seguridad nacional y de política interna tengan que ser autorizadas por funcionarios estadounidenses, como muchas veces ocurre, y que constituye una intromisión en los asuntos internos de un país que lesiona la soberanía nacional.

La doctrina

Por Antonio Caballero


OPINIÓN. La doctrina de la "defensa propia" de Santos no es de él, ni de Uribe, ni de Bush y ni siquiera de Israel. su verdadero inventor es Adolfo Hitler

Sábado 7 Marzo 2009

Para el gobierno de Álvaro Uribe sólo importa la que llama "seguridad democrática", y esta se reduce a la guerra de aniquilamiento contra las Farc. Eso para lo cual el Presidente fue elegido y reelegido y que en estos seis años no ha logrado todavía, después de haber anunciado, y sin duda creído, que lo conseguiría en dieciocho meses. Por ciego. Por no querer ver, por no poder ver (su ideología se lo impide) que el problema no es exclusivamente militar, sino social, económico y político. A causa de esa ceguera voluntaria y obsesiva a Uribe sólo le importa, digo, la "seguridad democrática", y a ella dedica todos los recursos y supedita todas las demás funciones del Estado: la justicia, la economía, y, claro está, la diplomacia.

Por eso, salvo en las contadas ocasiones en que se ha visto forzado a aceptar la colaboración de algún gobierno extranjero en algo relacionado con el conflicto armado -la ayuda del venezolano o del francés en las liberaciones de secuestrados, por ejemplo- la diplomacia de Uribe no ha tenido sino un foco de atención: los Estados Unidos. Más restringidamente todavía, el gobierno que presidía George W. Bush. Al Congreso norteamericano lo ignora, y al partido demócrata, cuando estaba en la oposición, lo despreciaba. Todavía no se repone -y debe ser el único que no previó jamás esa posibilidad- de la elección de Barack Obama. Lo demás ni siquiera existe: ni los vecinos -Venezuela y Ecuador-, ni la OEA, ni la ONU: incómodas organizaciones, como creía él con Bush, "irrelevantes". Ni Suiza, ni la China: nadie. Por eso usa la Cancillería y el servicio exterior como un basurero. Sólo cuentan los Estados Unidos, que en buena parte le financian la guerra; y, en lo anímico, el feroz Israel, que le da la pauta. La doctrina.

Dijo hace unos días el ministro de Defensa Juan Manuel Santos que perseguir a la guerrilla fuera de las fronteras "es un acto de legítima defensa y una doctrina cada vez más aceptada por la comunidad y el derecho internacional". No es así. Al revés: cada vez menos. Esa doctrina ya no la acepta ni siquiera el que más la ha usado, que es el gobierno de los Estados Unidos: fue explícitamente rechazada por Obama cuando sustituyó a Bush, cosa que sucedió en buena medida como consecuencia de la sima de soledad y desprestigio en que esa doctrina había sumido a su país. Sólo la practica Israel, pero no con la aceptación sino ante la reprobación casi universal; y sólo puede darse ese lujo porque le dan su respaldo irrestricto los Estados Unidos, como se lo da una madre al hijo calavera. La practica Israel, criminal e irresponsablemente, hoy en Palestina, ayer en el Líbano, tal vez mañana en Irán, y en todos los casos con resultados contraproducentes: el incremento del terrorismo árabe, antiisraelí y antinorteamericano.

Cuando la quiso practicar también Uribe por mano del ministro Santos, hace un año en el bombardeo al campamento de 'Raúl Reyes' en territorio ecuatoriano, y la hizo defender por boca de su entonces canciller Fernando Araújo, todos los países americanos (salvo los Estados Unidos de Bush) la censuraron unánimes. Hasta el punto de que el Presidente se vio obligado a firmar en Santo Domingo, en fila con todos sus colegas de América Latina y tragándose la rabia, una condena explícita a la violación de las fronteras ajenas.

La desacreditada doctrina que ahora propone Santos no es sólo suya. Es también la de Uribe. El cual finge desautorizar a su Ministro y "le da un tirón de orejas", como dice la prensa, y lo obliga a reunirse con el Canciller para que hagan las paces. (Una digresión: ¿no les da vergüenza a estos ministros de Uribe que su patrón los trate como a niños, o a veces como a perros? ¿No tienen dignidad? Pero eso sí: no renuncian hasta que los echan). Le da un tirón de orejas que el Ministro acepta sumisamente, agradecido: parece un ministro cubano. Pero a continuación lo confirma en su cargo y lo insta a seguir cumpliendo su "exitosa tarea" de imponer la "seguridad democrática" de bombardeos en la frontera y falsos positivos en el interior, de recompensas y sobornos, de manos cortadas y operaciones 'Jaque' montadas, de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, de espionaje a los adversarios y hasta a los partidarios, incluido el propio Santos: autochuzadas telefónicas.

Así que la doctrina Santos de la "defensa propia" no es de Santos. Pero aunque sea de Uribe, tampoco es invento de Uribe. Ni de Bush. Y ni siquiera de Israel. Todos ellos la han practicado, resumida en una fórmula brutal y sin escrúpulos: todo está permitido. Pero su verdadero inventor es otro: Adolfo Hitler.

Y ni siquiera a Hitler le fue bien con ella.
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