Socializaron proyecto para crear la subsede de la Universidad Nacional

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Carlos Olimpo Restrepo S.
 
Para el jefe de Proyectos en Sedes de Fronteras de la Universidad Nacional de Colombia, Humberto Vergara Portela, la presencia de la sede regional de la Universidad Nacional que se construirá en el municipio de La Paz no sustituirá, reemplazará u ocupará espacios de la Universidad Popular del Cesar.

Vergara Portela, quien se reunió con los diputados del Cesar, explicó que la iniciativa emprendida con la Gobernación del Cesar mejorará las condiciones económicas, oferta y demanda educativa de la región y fortalecerá a la UPC en términos académicos, investigativos y demás.

Es pertinente mencionar que el rector de la Universidad Popular del Cesar, Abdo Barrera Mejia, dijo que esta propuesta de la sub sede Caribe de la Universidad Nacional no era pertinente en estos momentos y que se necesita fortalecer es a la UPC. Además, la Gobernación tendrá que comprometerse en otros gastos futuros.

Convenio

También se conoció que la Gobernación del Cesar suscribió con la Universidad Nacional un convenio marco de cooperación, por 244 millones de pesos, para los estudios de factibilidad académica, económica y operativa que determine la apertura. Para los meses de abril y mayo estaría definido el estudio.

Se informó que fueron analizados cinco predios y la adquisición de uno de ellos será decidida por el concepto técnico que emitan de manera conjunta la Universidad Nacional y la Secretaría de Infraestructura Departamental. El lote se adquirirá por compra directa previo avalúo.

Video Chat con el Senador Jorge Enrique Robledo

Los invitamos a que vean el video del video chat con el senador Jorge Enrique Robledo, promovido por Terra TV, en el cual responde la pregunta sobre educación superior formulada por nosotros, desde la Universidad Popular Del Cesar.


Lo pueden ver dándole click al título de esta entrada.

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Posición de la Representación Estudiantil al Consejo Académico de la Universidad Nacional sobre el Plan Global de Desarrollo

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Sergio David Fernández Granados. Representante Estudiantil Consejo Académico UN. Bogotá, 26 de Noviembre de 2009.

La siguiente es en suma la posición expresada por la representación estudiantil ante el Consejo Académico en la sesión del 13 de noviembre del presente año, respecto al documento de Plan Global de Desarrollo 2010 – 20120 “POR UNA UNIVERSIDAD DE EXCELENCIA, INVESTIGADORA, INNOVADORA Y A LA VANGUARDIA DEL PAÍS” documento que hace trámite para ser aprobado en el CSU.

La Representación Estudiantil ante el Consejo Académico se distancia de la postura asumida por el Rector Moisés Wasserman quien señaló, en primer lugar que las conclusiones de claustros y colegiaturas habían sido tenidas en cuenta para la construcción del Plan Global de Desarrollo (PGD), y en segundo lugar por pretender que de la colegiatura intersedes debería salir una propuesta de documento de PGD con el detalle técnico que solo puede surgir del acompañamiento y la construcción colectiva entre la comunidad universitaria y la administración. No se puede pedir un documento que exceda sustancialmente el carácter del espacio de claustros y colegiaturas, una exigencia de estas solo sería sensata si hubiese un acompañamiento efectivo por parte de la administración a las propuestas surgidas de parte de los estudiantes y los profesores y una construcción colectiva al interior de la universidad, idea que dicho sea de paso es recogida por el documento producto los claustros y colegiaturas.

La Representación Estudiantil observa con preocupación la desidia en el trato con respecto a las conclusiones producto de los claustros y las colegiaturas, en primer lugar el Plan global de desarrollo no aborda con suficiencia la discusión con respecto a la autonomía universitaria, la relación democracia – Gobierno universitario y la participación efectiva de la comunidad universitaria en la toma de decisiones que afectan el desarrollo de la Universidad, aspectos que si bien no se deciden en un Plan Global de Desarrollo sino en un Estatuto General, no obstante pueden abordarse en la práctica con voluntad política de escuchar y asumir las discusiones y las decisiones colectivas de manera vinculante.

Quiero referirme sobre tres aspectos básicamente:

1 En primer lugar expresaré la preocupación de la representación estudiantil respecto al enfoque del PGD.
2 En un segundo momento expresaré nuestras dudas respecto a los asuntos de bienestar y respecto a asuntos puntuales dentro del plan.
3 En tercer lugar me referiré a las conclusiones del encuentro intersedes basándome en los documentos que recogieron la posición de claustros y colegiaturas de cara al plan global de desarrollo.

Es claro que el PGD está orientado por un lado al crecimiento del posgrado, hecho que innegablemente ha conducido al desmejoramiento en la calidad del pregrado, en tanto el crecimiento del posgrado no ha significado un crecimiento de los ingresos y la capacidad instalada de la UN y por otro lado se orienta a aumentar los proyectos de investigación y extensión con un agravante que no puede pasarse por alto, me refiero al hecho de que la universidad no ha establecido aun una estrategia clara que defina las líneas de investigación que se van a privilegiar, no se ha definido una estrategia que defina el quehacer de la investigación y la extensión sobre la base de criterios que respeten y desarrollen la misión de la universidad y que propendan al desarrollo del conocimiento con compromiso científico y social, por tanto observamos con reparos sustanciales el eje de investigación-extensión que proyecta el Plan Global de Desarrollo, asimismo nos preocupa en suma la concepción de la labor de extensión de la universidad, que dicho sea de paso ha venido siendo financiada en gran medida por el Ministerio de Agricultura, la preocupación que nos asiste no es infundada, parte fundamentalmente de dos hechos visiblemente manifiestos, en primer lugar parte del llamado “análisis estratégico” que el Plan Global de Desarrollo hace de la situación externa e interna, análisis en que se sitúa la economía nacional en la periferia rezagada cuyo papel se desplaza al sector primario del aparato productivo, y en segundo lugar nuestra preocupación se sustenta en el hecho de que para la representación estudiantil es clara la intención del Gobierno Nacional por primarizar el aparato productivo colombiano, hecho que sin duda merma la investigación científica de avanzada y la liga a un modelo excluyente que privilegia la concentración de recursos –por ejemplo el llamado modelo malayo en el agro-. De manera que nuestra intención es mostrar la preocupación respecto a la ausencia de derroteros claros para la investigación y la extensión en la UN, ausencia de lineamientos y estrategias que en efecto son admitidas de manera expresa en el texto del Plan Global de Desarrollo.

Otro aspecto que observamos con preocupación es la precariedad de los programas de bienestar y la falta de claridad respecto a éste punto en el PGD, pues compartimos la preocupación de los representantes estudiantiles de bienestar en cuanto a que el bienestar universitario unificado del que habla el PGD, no es ni pretender ser concebido desde las órbitas universitaria ni unificada por cuanto se basa más bien en acuerdos concretos sobre temas puntuales lo que limita su carácter de unificado, pero además no se puede llamar universitario por cuanto es pensado de manera que se establecen líneas divisorias entre el bienestar para trabajadores estudiantes y profesores, concibiéndolos individualmente en su tratamiento y nivel de garantías efectivas de bienestar, creando abismos entre un estamento y el otro. Por último refiriéndome a las políticas de bienestar nos parece inaceptable que se asuman posiciones ambiguas frente al presupuesto de la Universidad, pues por un lado la administración reclama más recursos so pretexto de que la Ley 30 de 1992 no tuvo en cuenta aspectos como el aumento de la cobertura y el aumento de los puntos salariales para asignar los recursos de las Universidades públicas, pero por otro lado la administración se jacta de asignar para bienestar más recursos de los que la normatividad existente define –acuerdo 03 de del CESU, Ley 30 de 1992 y acuerdo 011 de 2003 Estatuto General- aun cuando en la práctica queda demostrado que son insuficientes para cubrir las necesidades de la comunidad universitaria, no es un secreto que las normas que asignan los recursos para bienestar tampoco tienen en cuenta los cambios sociales del componente estudiantil en la UN, el alto porcentaje de rezago y deserción y en general las dificultades de tipo socioeconómico y psicosocial de los estudiantes de la UN.

Asimismo consideramos y atendiendo a la solicitud que hace el señor rector de referirnos a los aspectos meramente “técnicos” sentimos que existe poca claridad respecto a algunos programas en lo referente a sus objetivos, desarrollo, metas e indicadores, por citar un ejemplo obsérvese el caso del programa 5.4 de comunicación e interacción con la ciudadanía y los vecinos perteneciente a la línea 5 de Comunicación con la sociedad. Finalmente es claro para la Representación Estudiantil que el PGD no puede ser concebido como un documento meramente técnico como lo manifiesta el rector, pues es claro que todo documento de planeación de éste tipo es producto de la discusión política, y obedece a orientaciones políticas que se traducen en lo concreto en los programas y proyectos que se definen.

Por último la Representación Estudiantil procedió a exponer las conclusiones de los claustros y colegiaturas, que como se ha dicho en suma no fueron tenidas en Cuenta.

Finalmente no sobra decir que el concepto de la Representante Estudiantil ante el Consejo Académico por pregrado y por posgrado fue negativo con respecto al PGD y a la aprobación del programa SIMEGE.

Economía política, hoy

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La economía política es el motor de la historia. Karl Marx definió sus leyes que aún perduran, así les pese a los recalcitrantes creyentes en la doctrina de “la mano invisible” de Adam Smith y a los obcecados y dogmáticos partidarios de las doctrinas del neoliberalismo, tan de moda hoy. El modelo socialista-comunista realmente existente  en  la URSS se  derrumbó en 1990, a los 73 años de la revolución bolchevique de Lenin en 1917.  Todo indica que el modelo económico financiero vigente en EE.UU y en casi todo el mundo se aproxima al derrumbe hoy, a comienzos del siglo XXI. (Es un modelo muy distinto del capitalismo original que producía mercancías y trabajo – y plusvalía. Y que no dependía exclusivamente  de la especulación financiera). La economía política marxista explica muy bien los procesos históricos, los pasados y los presentes y ayuda a prever los futuros. Karl Marx en su obra Das Kapital, analizó las crisis recurrentes del capitalismo cuya máxima expresión se presentó en 1929 con el crash de la bolsa de Nueva York,  que se extendió a todo el mundo, disminuyó con la política del Nuevo  Trato (New Deal) del presidente  F. D. Roosevelt y terminó con la Segunda Guerra Mundial. 
 
Los más notables economistas colombianos (Eduardo Sarmiento Palacio, Aurelio Suárez Montoya, Jorge Enrique Robledo y Jorge Child), han escrito libros que refutan las tesis neoliberales vigentes. Hoy, a comienzos del siglo XXI, el mundo padece la mayor  crisis mundial del capitalismo que amenaza las bases mismas del Imperio de las Grandes Finanzas. Ya en los últimos años del siglo XX los EE.UU habían impuesto en todo el mundo la desregulación económica del capitalismo financiero neoliberal y las políticas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio y el Consenso de Washington. Todas estas políticas tienen por objeto sostener sus gigantescos déficits fiscal y comercial y financiar sus guerras de agresión en busca de petróleo. Las advertencias de expertos economistas como Stiglitz y Krugman no fueron atendidas por el gobierno de EE.UU. El fundamentalismo neoliberal suprimió todo control del Estado sobre la economía y la banca. Vinieron los escándalos  y quiebras de la Enron y World Com, los ataques del 11S a las Torres Gemelas del World Center de NY y al Pentágono en Washington, el colosal aumento del gasto militar  por las “guerras preventivas de G.

W. Bush en Afganistán e Iraq, la baja de interés de las hipotecas de las viviendas a largo plazo, la quiebra de los bancos de inversión de EE.UU y, en fin, la  crisis global de la economía mundial, la recesión y el desempleo, extendidos a todo el mundo. En Colombia la crisis se ha hecho sentir en la disminución del comercio con EE.U.U., Venezuela y Ecuador, en la enorme caída de la producción industrial y agrícola, en los indicadores estadísticos que muestran cifras crecientes de pobreza y miseria, de gente desarraigada de sus tierras y las predicciones muy justificadas de que el crecimiento de la economía se estancará en un 1% o crecerá 0%. Y el gobierno colombiano y los ciudadanos ocupados entretanto en el eterno asunto de la reelección del señor Presidente de la República.

La ley 1286/09: ¿una nueva quimera?

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http://elpilon.com.co/img-not/column-042-1.jpgRaúl Bermúdez Márquez
26/11/2009

En días pasados visitó a Valledupar, Jaime Restrepo Cuartas, un académico de destacada trayectoria en diversos ámbitos. Médico, escritor, educador, dirigente político. En la actualidad es representante a la Cámara por Antioquia y entre otros proyectos presentó el de Ciencia y Tecnología, que se convirtió en la Ley 1286 de 2009.
Se sabía que bajo su tutela el nuevo proyecto atacaría debilidades ancestrales del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. El doctor Restrepo, fue rector de la Universidad de Antioquia desde 1995 hasta el 2002 y durante su gestión se creó la Sede de Investigación Universitaria (SIU), modelo en su género y responsable de una producción investigativa que hoy es no sólo orgullo de Antioquia, sino también del país.

Y en efecto. La Ley 1286, como él mismo lo resalta en EL PILON, “tiene un profundo contenido social porque busca mayor productividad y más empleo, además eleva la categoría de Colciencias a un departamento administrativo del orden nacional, del mismo rango de Planeación, lo que le permitirá al director de ese ente participar en el Conpes, en el Consejo de Ministros y trazar una orientación política estratégica para el país, para que la Ciencia, la Tecnología y la innovación sean una política de Estado”.

Se amplía la base presupuestal de Colciencias y se le asignan recursos provenientes de las regalías. El propósito es que del exiguo 0.5% del PIB actual que se dedica a Investigación y Desarrollo (I+D) se llegue en el 2010 al 1%, para igualarnos con Chile y acercarnos a Brasil (1.2%). Uno quisiera tener el optimismo que irradió el Dr. Restrepo en Valledupar. 
 
Desafortunadamente, en este país, cuando se trata de aspectos que apuntan al desarrollo social, entre el dicho y el hecho, la distancia se vuelve infinita. Basta con examinar la historia y se caerá en cuenta que desde el gobierno de Virgilio Barco ya el Fondo de Colciencias se encontraba muy cerca del DNP y esto no fue suficiente para asegurar su financiamiento.

La ley nació sin dientes desde el punto de vista presupuestal y lo preocupante es que en los últimos siete años la inversión del gobierno con relación al PIB en materia de Ciencia y Tecnología, no expresa una convicción y voluntad política del gobierno para actuar de conformidad. Y las cifras hablan. El país cuenta con una masa de investigadores muy reducida. De acuerdo con un estudio del año 2006, sólo el 0.45% de la población colombiana estaba dedicada a la investigación; para la misma fecha, de las hojas de vida registradas en CvLAC, apenas 33.887 personas se asocian con labores de investigación, y de éstas sólo el 9% cuenta con formación doctoral y el 28% con nivel de maestría. El 58% de los investigadores que conforman los grupos de investigación registrados son de categoría C, el 25% son de la categoría B y el 13% fueron clasificados en la categoría A.

Finalmente, muestra que los jóvenes investigadores, representan un modesto 4% de las personas registradas en la plataforma Scient. Realidades muy por debajo de países como Brasil, Chile, Argentina y México, para no hablar de Estados Unidos y Europa.

De otro lado, en Colombia las actividades de investigación se realizan principalmente en las universidades. El 89% de los investigadores colombianos son empleados por estas y tan sólo un 5% por las empresas gubernamentales, 4% por las empresas privadas, y un 2% por entidades sin ánimo de lucro, lo cual habla por sí solo del desprecio del sector empresarial por las actividades de (I+D). Ojalá este nuevo y bien intencionado intento de fortalecer el sistema de investigación no se convierta en otra quimera, y por el contrario, el país adopte un nuevo modelo productivo que, “apoyado en la investigación, le de valor agregado a los productos y servicios, creando de esta manera una nueva industria nacional de base tecnológica, para que haya un desarrollo productivo sostenible a largo plazo y un mejor empleo para los colombianos, un empleo con seguridad social", como lo expresó el doctor Restrepo Cuartas. Estoy cruzando los dedos para que sea verdad tanta belleza. 
 
raubermar@yahoo.com

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La sede Caribe de la Universidad Nacional estaría en La Paz

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WILLIAM ROSADO RINCONES
 
La Gobernación del Cesar presentó un proyecto de ordenanza donde pide a los diputados que autoricen al mandatario Cristian Moreno Panezo para que ordene la compra de un terreno de 40 hectáreas, que luego entregará a la Universidad Nacional de Colombia, para que construyan una sub sede en la Región Caribe.

El proyecto está radicado bajo el número 00046 de noviembre de 2009.

El lote sería adquirido en el municipio a La Paz y estaría ubicado entre el puente Salguero y la entrada al casco urbano de esa población, a un lado de la vía.

“Allí se construiría la Ciudadela de la sub sede de la Universidad Nacional de Colombia, la que es pretendida por varios departamentos de la Costa, entre ellos La Guajira, Bolívar y Atlántico”, expresó el diputado Ricardo Quintero Baute, quien analiza la propuesta con mayor atención, como miembro de la Comisión Primera de Hacienda y Crédito Público.

La propuesta fue socializada con funcionarios de la Universidad Nacional, quienes llegaron ayer a la ciudad y la expusieron ante los diputados.

El proyecto de ordenanza también incluye el compromiso departamental de asumir un estudio de factibilidad en el tema académico, para analizar las carreras que necesita el departamento del Cesar y la Región Caribe, las que serán implementadas cuando se instale y haga presencia.

La Universidad Nacional de Colombia será encargada de los diseños de la ciudadela y la construcción.

Para el diputado, este proyecto será de beneficio para la comunidad estudiantil del Cesar y de la Costa, porque también existe el compromiso de implementar estudios de postgrados, los que son muy escasos y costosos para los estudiantes de esta zona del país.

Consideraciones

Entre los argumentos del proyecto se establece que se promueve y fortalecen los procesos de generación de conocimiento en el departamento y en la región, que en el marco del Plan de Desarrollo y en la agenda departamental está incluida la determinación de desarrollar el mencionado proyecto académico como una oportunidad histórica que demanda la comunidad académica del Cesar y en ese apoyo existe el compromiso de adquirir el lote.

“En el marco de esta estrategia misional, la Universidad Nacional ha dirigido su mirada hacia las zonas de fronteras con el fin de generar lazos de identidad nacional y procesos de internacionalización e integración con las diferentes instituciones que operan en la zona limítrofe”, indican las consideraciones.

Menciona además que “el apoyo de la Gobernación del Cesar en el proceso de formación universitario, es importante para los estudiantes que salen a buscar opciones académicas a diversas regiones de Colombia”.

“Por sobre mi cadáver”

Es de recordar que la Ministra de Educación, Cecilia María Vélez, en visita realizada a Valledupar se enteró de las acciones que se adelantaban para que la Universidad Nacional tuviese una sede en Valledupar y de manera categórica se opuso a esta propuesta e indicó que eso se haría “por sobre mi cadáver”. Además propuso que los aportes a la educación universitaria deberían dirigirse a la Universidad Popular del Cesar, para su fortalecimiento.

Inviable en este momento

Para el rector de la Universidad Popular del Cesar, Abdo Barrera Mejia, la propuesta de la Administración Departamental es inviable en estos momentos y no es partidario de ella, “porque la misma UPC está careciendo de espacio físico y de infraestructura, entonces no se explica como se pretende invertir en una universidad que no es de esta zona”.

Dijo que estaba de acuerdo en que se establezcan acuerdos de postgrados con la Universidad Nacional y considera que el Ministerio de Educación no aportará recursos para crear nuevas plazas docentes, que en el caso de la Universidad Nacional está en un promedio de salario de 18 millones de pesos por docente. Ante esta situación le tocaría a la misma Gobernación aportar para el pago de profesores y demás gastos.

La entrega de las bases militares a Estados Unidos: la peor entrega de la soberanía nacional

¡No a las bases militares norteamericanas en Colombia!
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Raúl Arroyave Arango, Director Dpto. Relaciones Internacionales CUT, Bogotá, noviembre 25 de 2009
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“El pacto viola la soberanía nacional y convierte al país en un peón de la estrategia estadounidense para controlar la región y el mundo". (Jorge Robledo, Senador del PDA-Moir)
I
El pasado 30 de octubre, en lánguida y clandestina ceremonia que duró tres minutos, el régimen uribista cometió el peor de todos los atentados contra la soberanía nacional. Esa mañana se firmó en la cancillería colombiana el tratado con Estados Unidos en virtud del cual se le ceden al ejército de este país en nuestro territorio dos bases navales, Bahía Málaga en el Pacífico y Cartagena en el Atlántico; tres aéreas, Apiay en el Meta, Larandia en Caquetá y Palanquero en Cundinamarca; y dos terrestres, Malambo en Atlántico y Tolemaida en Cundinamarca.

A espaldas del país y en el más absoluto secreto, el nuevo tratado se venía cocinando desde finales de la administración Bush. Desde entonces, el presidente Rafael Correa anunció que Ecuador no prorrogaría el acuerdo para la base de Manta. Sin embargo, las primeras noticias sólo vinieron a saberse a principios del mes de Julio, cuando la Revista Cambio, en su edición 835 dio cuenta de lo avanzado que iban las negociaciones. A todas luces es un acuerdo de mutua conveniencia: el uribismo feriando la soberanía para comprar el TLC y la segunda reelección y el imperialismo norteamericano apuntalando con fuerza la reconquista del patio trasero.
II

La cesión de las bases colombianas a los Estados Unidos se camufla bajo el inofensivo nombre de “Acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los Gobiernos de la República de Colombia y de los Estados Unidos de América del 3 de noviembre de 2009”. Este documento a lo largo de un preámbulo y 25 artículos define la que con razón ha dado en calificarse como la peor entrega de la soberanía nacional en la historia de republicana de Colombia.

Allí se parte de reconocer la necesidad de “…enfrentar las amenazas comunes a la paz, la estabilidad, la libertad y la democracia”, para concluir que se debe fortalecer “…la interoperabilidad de las Fuerzas Militares de Colombia a través del incremento de su capacidad de cooperar bilateral o multilateralmente con otras fuerzas militares”.


La cadena de iniquidades contra la soberanía nacional es interminable. La presencia de colombianos en las operaciones aéreas se dará sólo si son “invitados” por los Estados Unidos. En las bases estarán no solamente los soldados y contratistas, sino también las “Personas a cargo”, todos figuran allí por autorización del Departamento de Defensa Norteamericano y se les otorgan los privilegios, exenciones e inmunidades del personal diplomático. Ellos tendrán inmunidad por la comisión de delitos en territorio colombiano y en tal caso, serán entregadas a las autoridades de Estados Unidos en el menor tiempo posible y estarán exonerados de obtener permisos laborales y de residencia, pudiendo ingresar o salir del país hasta por 90 días, con trámites migratorios expeditos y eximidos del impuesto de ingreso, salvo que utilicen aeropuertos comerciales, lo que supone vuelos directos desde las bases a Estados Unidos.

Se los exonera de todas las tarifas, aranceles, impuestos y demás tributos que de otra forma se gravarían en Colombia, por la importación, adquisición y utilización de bienes y sobre los fondos que se utilicen, los cuales podrán sacarse del país en cualquier momento.

Todos los edificios, las estructuras inamovibles y los montajes construidos por los Estados Unidos serán para su uso. Lo que se acuerda no es solamente la cesión de las siete bases sino que tendrá que permitirse, sin cobro de alquiler y costos parecidos, el acceso y uso de todo lo demás que necesiten los gringos para su construcción. Al final, Colombia sólo tendrá la propiedad de los bienes anclados en tierra y los Estados Unidos no contraerán ningún gasto por concepto de entrega pero si podrán cobrar compensaciones por mejoras u obras construidas.

Las gabelas no paran aquí. Las aeronaves de Estados Unidos no estarán sujetas al pago de derechos, incluidos los de navegación aérea, sobrevuelo, aterrizaje y parqueo en rampa; los buques de guerra, no estarán sujetos a tasas de señalización marítima y fondeo y, tanto aeronaves como buques no se someterán a abordaje e inspección alguna. Además, se exime del pago de peajes en las vías nacionales y Colombia deberá asumir esos costos por el uso que hagan de vías en concesión.

Los bienes importados o exportados por los Estados Unidos en relación con las bases no serán objeto de inspección alguna y los bienes de uso personal están exentos de derechos de importación y exportación, aranceles, impuestos, matriculación y autorización de vehículos y demás tributos, que de otra forma se causarían en nuestro país.

Los vehículos tácticos estarán exentos de inspecciones técnicas, de licencias y matriculación por las autoridades de Colombia y los ingresos que perciba el personal de los Estados Unidos vinculado con las bases no estarán sometidos a los gravámenes de Colombia.

Se concede a los Estados Unidos la facultad de recolectar, transportar y distribuir documentos y correspondencia, fuera de la red postal colombiana, sin trámite o concesión de licencias y sin costo alguno, libres de inspección y detención y sujetos de inviolabilidad diplomática. Asimismo, podrán establecer estaciones receptoras por satélite para la difusión de radio y televisión, sin trámite o concesión de licencias y sin costo alguno, lo que los coloca en posesión de nuestro espectro electromagnético.

Las eventuales controversias serán resueltas por medio de consulta entre las Partes, incluso, si fuera necesario, a través de la vía diplomática, en todo caso, nunca se remitirán para su solución a ninguna corte o tribunal nacional o internacional u organismo similar, ni a terceros.

El acuerdo tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su firma, prorrogable por períodos adicionales de diez años y su terminación debe avisarse con un año de anticipación a la expiración del plazo convenido.

Los alcances del nuevo tratado van mucho más allá de lo que públicamente se reconoce. Abarcan prácticamente todo. Allí se habla de que Estados Unidos y Colombia ”… acuerdan profundizar su cooperación en áreas tales como interoperabilidad, procedimientos conjuntos, logística y equipo, entrenamiento e instrucción, intercambio de inteligencia, capacidades de vigilancia y reconocimiento, ejercicios combinados, y otras actividades acordadas mutuamente, y para enfrentar amenazas comunes a la paz, la estabilidad, la libertad y la democracia”, de tal manera que el ejército colombiano queda convertido en un apéndice del de Estados Unidos para todas sus agresiones e intervenciones, pues el acuerdo define su objetivo como la profundización de la cooperación para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, “Entre otros”, esto último, una especie de cheque en blanco que puede justificar cualquier tropelía imperialista.

III

El tratado Mallarino-Bidlack, llamado de Paz y Amistad para la defensa de la ley y el orden, fue firmado con Estados Unidos en 1846. Allí se concedían exenciones tributarias a los Estados Unidos, se ratificaba la soberanía de la Nueva Granada sobre el Istmo Panameño, se autorizaba el tránsito de norteamericanos por el istmo y el desembarco de fuerzas militares si era solicitado por las autoridades locales y se establecía el compromiso para construir de un Canal Interoceánico. Este tratado, con todas sus cláusulas se reafirmó en 1870, sólo que entonces se autorizó el acuartelamiento en Panamá de 500 soldados norteamericanos. A partir de entonces la injerencia de Estados Unidos en nuestros asuntos internos fue creciente. La presencia de estas tropas fue fundamental para la derrota de la insurrección liberal de 1885 contra el régimen de Núñez, el pacto que puso fin a la guerra de los Mil Días fue firmado en un buque norteamericano anclado en costas panameñas y en noviembre de 1903, el robo de Panamá fue el epílogo fatal de tales concesiones.

Sólo dos décadas después de este desgraciado episodio se vinieron a normalizar las relaciones. En 1928 Estados Unidos estableció en Panamá una base militar, la Howard, asentada en un territorio que se suponía cedido a perpetuidad a los gringos. Sin embargo, la lucha del pueblo panameño forzó el tratado Torrijos-Carter de 1976, mediante el cual se revertiría la zona del Canal a Panamá en 1.999. Entonces trasladaron Howard para Manta en Ecuador, donde se mantuvo por diez años. Hoy, al cabo de los tiempos, volvemos a repetir la mala experiencia vivida y a cerrar el círculo, sólo que ahora no se otorga una base sino siete.

La base Howard fue pieza fundamental para el intervencionismo norteamericano en América Latina a lo largo del siglo XX. Países soberanos como Haití, Nicaragua, Guatemala, Cuba, República Dominicana, Granada y la propia Panamá, padecieron invasiones desde allí y otros sufrieron desestabilizaciones y patrocinios a dictaduras y Golpes de Estado, como Honduras, Chile, Brasil, Bolivia y Guyana.

IV

Todos los gobernantes de la región, en mayor o menor tono, se opusieron a la instalación de estas bases a la vez que pidieron garantías públicas a Colombia y Estados Unidos de que no serían utilizadas para atacar a ningún país suramericano.

Las profundas sospechas sobre las verdaderas intenciones de las bases gringas en Colombia tienen su sustento en el largo historial de agresiones contra los pueblos del mundo por parte de los Estados Unidos. No en vano es el país que, aún en medio de la actual crisis, se gasta 650.000 millones de dólares/año en presupuesto de defensa, cifra superior a la sumatoria de los demás presupuestos militares del resto del mundo y posee alrededor del planeta más de 800 bases, desde las cuales mantiene su omnipresencia de fuerza para apuntalar su dominio económico y geopolítico.

Aún sin firmar el acuerdo, en los documentos oficiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se daban desde el mes de mayo explicaciones justificativas para que se aprobara una inversión inicial de 46 millones de dólares en la adecuación y expansión de la base de Palanquero. Palanquero, es de por sí una gran base con una pista de aterrizaje de 3.500 metros, puede albergar 100 aviones en sus hangares, alojar a más de 2.000 soldados y posee un potente sistema de radar. Sin embargo, el primer paso hacia su repotencialización es la ampliación de la pista de tal forma que puedan despegar al tiempo tres aeronaves.

Las proyecciones en infraestructura y la clase de equipos que serán instalados aquí indican que el asunto de combatir el narcotráfico o a una u otra columna guerrillera es absolutamente secundario. Para esos fines no se necesitan los aviones C17 que pueden transportar hasta 70 toneladas en tropas o armas con autonomía de vuelo para toda Suramérica, los Supergalaxy, aviones cargueros que pueden descargar sus armas y ejércitos desde el aire sin necesidad de aterrizaje, los aviones Orión, especializados en el espionaje electrónico y en la guía de misiles y los aviones Awac fortalezas voladoras de telecomunicaciones y espionaje. Las siete bases colombianas están concebidas como estructuras de nuevo tipo en la estrategia militar de Estados Unidos consistente en la organización de las llamadas "Bases expedicionarias", desde las cuales es fácil y expedito iniciar acciones punitivas. Son las llamadas bases Loto o Nenúfares.

Y no son inventos producto de la paranoia. En el documento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se afirma que la base militar de Palanquero, en Colombia “Garantiza la oportunidad para conducir operaciones de espectro completo por toda América del Sur”. En Palanquero se piensa establecer una “Localidad de Cooperación en Seguridad (CSL)” cuyo desarrollo “…Nos da una oportunidad única para las operaciones de espectro completo en una sub-región crítica en nuestro hemisferio, donde la seguridad y estabilidad están bajo amenaza constante de las insurgencias terroristas financiadas por el narcotráfico, los gobiernos anti-estadounidenses, la pobreza endémica y los frecuentes desastres naturales…”

Además, se afirma que el desarrollo de la base de Palanquero “…profundizará la relación estratégica entre EEUU y Colombia… Incrementará nuestra capacidad para conducir operaciones de Inteligencia, Espionaje y Reconocimiento (ISR), mejorará el alcance global, apoyará los requisitos de logística, mejorará las relaciones con socios, mejorará la cooperación de teatros de seguridad y aumentará nuestras capacidades de realizar una guerra expedita”, es decir, que las bases cumplirán el objetivo estratégico de asegurar no sólo a Suramérica, el tradicional patio trasero amenazado por vientos de libertad y soberanía, sino también el nuevo teatro de disputa de la superpotencias, el continente africano, a través de la isla de Ascensión, cercana a la ciudad de Recife en Brasil.
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Crisis de las universidades públicas en Colombia


Investigan presunta defraudación contra la UPC

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25/11/2009
El Consejo Académico de la UPC avocó la investigación de un presunto fraude contra la institución en el  que estarían involucrados por lo menos 23 estudiantes. La medida se ampara en la Ley 30 de 1992 y en el Reglamento Estudiantil, Acuerdo 009 de 1994.


Al parecer, 23 estudiantes fueron exonerados de la matrícula financiera por valor de 496 mil 900 pesos cada uno, sin que hicieran mérito para ello, puesto que se presentaron como integrantes de grupos deportivos, musicales, de danzas, teatro y de apoyo logístico, adscritos a los programas de Bienestar Universitario, cuando en realidad no integraban dichos grupos, o en otreos casos fueron exoneraron sin justificación.  

De acuerdo a información suministrada al diario EL PILÓN, se conoció que tras conocer un informe de auditoría de la Oficina de Control Interno a cargo de Gustavo Palomino Martínez, el Consejo Académico comisionó a José Raymundo Fragozo Corrales, representante de los Egresados;  Efraín Pardo Granados, representante de los docentes; Ada Luz Almenares, Directora del Departamento de Derecho y Delegada ante el Consejo Académico, y  Juan Bautista Pacheco, Decano de la Facultad de Ciencias Básicas y de Educación, para que continúen la tarea de investigar y - al final de la misma- rendir un informe al organismo para que tome las decisiones del caso.

La indagación se canalizaría hacía el presunto fraude que se habría cometido en el primer periodo del presente año. En el proceso se involucra a los estudiantes, quienes serían vinculados disciplinariamente por la comisión de delito grave, entre ellos Ciro Jiménez Cujia, representante de los estudiantes ante el Consejo Académico, Elkin Bonilla Jiménez, Gisella Guzmán Maestre, Javier Morales Benjumea, Jesualdo Artuz Arias, Julio Pérez Berty, Maira Muegues Acuña, Alejandra Romero Pérez. Este grupo de estudiantes no fueron relacionados en ningún listado de Bienestar Universitario y - sin embargo- se les aplicó el descuento por exoneración, indica la comunicación de la oficina de Relaciones Pública e Internacionales.   Además en la lista se relaciona a otros estudiantes: Flavia Quiroz Romero, Jessica Munive Díaz, Nariño Gil Hernández, Mónica Cadavid Durán, Yolita Salas Rodríguez e Ingrid Lúquez Díaz, Gabriela Maya Bohórquez, Vianeys Altamar Bracho, Stefanny Maya González, Freddy Pájaro Archbold, Sergio Barranco Núñez, Claudia Ramírez Socarras, Carlos Andrés Noche Anaya y Fernando Medina Gutiérrez. Estos estudiantes no fueron relacionados en los listados por los Jefes de Sección, pero sí aparecen relacionados en el listado remitido por la Jefe de Bienestar  Universitario al Consejo Académico.   Se conoció que de confirmarse las presuntas irregularidades, la Universidad  las pondrá en conocimiento de los órganos de control para las investigaciones fiscales y penales. Una auditoría similar sigue la Oficina de Control Interno a los procesos de matrícula de los años 2007 y 2008.
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Cantidad de similitudes entre discurso del presidente Uribe y un viejo discurso de Alberto Fujimori


Asonal acusa al presidente de prevaricar en tema de fiscal

ELESPECTADOR.COM


Judicial | 25 Noviembre 2009 - 10:32am

Por: Elespectador.com
Aseguran que falta a sus deberes al no nombrar una terna idónea.

El presidente de Asonal Judicial, Fabio Hernández, dijo que es el presidente Uribe quien está prevaricando al no seleccionar candidatos idóneos para la terna de aspirantes a suceder a Mario Iguarán Arana.

"Nos parece que esto coloca al Presidente de la República en la frontera del delito de prevaricato por omisión, porque está incumpliendo su obligación de nombrar una terna idónea. La constitución y la ley no le dicen que postule cualquier nombre", indicó.

El líder sindical indicó que a pesar de que el primer mandatario de los colombianos insiste en que es la Corte Suprema la que ha faltado a su palabra, no hay ninguna evidencia que lo demuestre, pues la colegiatura siempre ha mantenido una posición invariable frente a la inviabilidad de los tres candidatos y no sólo uno de ellos.

Por el contrario, considera que el presidente y el gobierno en general siempre han recurrido a la estrategia de deslegitimar a sus contradictores, a través de argucias que hacen ver a estos últimos como actores moralmente condenables.

Fabio Hernández insistió en que el jefe del gobierno ha seguido demostrando con su actitud que no respeta la independencia de los poderes, que son la base de cualquier estado moderno, por cuanto solicitó una urgente solución a esta problemática que pone en riesgo la estabilidad misma de la institucionalidad.

Finalmente, precisó que no prevé que la mediación de la Procuraduría pueda generar algún tipo de acuerdo, toda vez que el jefe del ministerio público, Alejando Ordóñez, ha mostrado su falta de independencia frente a decisiones que afectan al gobierno, como el caso de la ‘Yidispolítica'.

Al presidente Uribe, quien se bautizó como «gamín», no le gustan las indirectas sobre su reelección.


El presidente Uribe se la cobró al ex presidente Gaviria, casi al final de la asesora.

Hizo el siguiente comentario al referirse a sus críticos externos e internos: «Yo soy un gamín y espero que al salir de acá no pierda mi condición de gamín». Uno de los asistentes preguntó: «¡¿Y cuándo será que sale de aquí?!»

Otro chiste que al presidente tampoco le gustó.

Según los asistentes, el gran consejero de la asesora, anoche, fue el ex presidente César Gaviria. El propio presidente Uribe, a pesar de su distancia política, lo escuchó con atención y reconoció públicamente el valor de sus consejos.

La UPC reflejo de los males del país

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La UPC reflejo de los males del país
22/11/2009

http://elpilon.com.co/img-not/column-326-1.jpg Imelda Daza Cotes

La educación es ciertamente un instrumento estratégico para la promoción de los cambios que requiere la sociedad, sea para superar conflictos y problemas o para promover cambios y mejoras. Se debe educar para transformar la sociedad no para reproducir sus males ni para seguir igual.

Educar no es sólo sumar conocimientos ni acumular información cuya aplicación a veces se desconoce, es ante todo formar en valores y en dignidad que ayuden a hacer conciencia de los deberes y derechos ciudadanos y a asumir los retos que la sociedad plantea. Si bien la educación incide sobre los individuos y sobre la colectividad y a través del conocimiento formal impacta sobre el desarrollo económico y social de las naciones no siempre es garantía de mejoramiento. Una educación impartida en un ambiente, discriminador, excluyente, clasista, antidemocrático y violento sin que la misma Institución educativa cuestione seriamente esos males, será inevitablemente un fracaso. La masificación tampoco es garantía de mejoría porque muchas veces no hace más que reproducir los vicios y es muy posible que ni los individuos ni los países que promueven la educación se beneficien de ella. Si no hay reflexión ni cuestionamientos, ni debate, ni discusión amplia y abierta, es decir si no se educa en LIBERTAD se estarán formando ciudadanos que, ignorantes de las circunstancias políticas y sociales de su entorno e independientemente de la profesión escogida, serán incapaces de convertirse en agentes de cambio. Es decir la instrucción académica formal no es siempre garantía suficiente de desarrollo. De hecho la violencia y la corrupción en Colombia no son obra de iletrados.

Tampoco podemos esperar que la educación tenga poderes mágicos. Sus efectos dependerán tambien de la armonía entre sus planes y el medio al cual pretende incidir y transformar

La Universidad Popular del Cesar llega a sus 33 años de actividades. Las ejecutorias y el manejo de la UPC deberían ser preocupación de todos. Fui docente del ITUCE durante su breve existencia y de la UPC desde sus comienzos y por espacio de 11 años. Participé de la campaña que por su creación lideraran, entre muchos otros, los estudiantes de entonces, Miguel Arroyo, Luis Mendoza, Antonio Córdoba, Olegario Sánchez. “Por una verdadera educación para todos...por el desarrollo del Cesar...por el derecho de todos a la educación superior”, eran algunas de las consignas. Nunca imaginaron los ingenuos jóvenes que sobre ese sueño se edificaría años más tarde un ente burocrático al servicio de oscuros y perversos intereses.

A propósito de este aniversario resulta oportuno evaluar el desempeño de la UPC y preguntarse qué clase de universidad es, en qué sociedad actúa, cómo es su entorno, cómo y por qué los peores vicios del país(violencia, corrupción, impunidad) se han enquistado en ella para desvirtuar sus propósitos y destruirla, porque no otra cosa ocurre cuando suceden hechos como el que describe una noticia que dice que 8 profesores de la UPC fueron amenazados de muerte y conminados a dejar no solo la universidad sino la ciudad. Entre las víctimas de esta barbarie leo los nombres de varios de los que fueron mis más aventajados alumnos y me pregunto horrorizada cómo puede ser que esto ocurra y cómo es que este hecho aberrante no provoca la inmediata reacción ciudadana, ni convoca la solidaridad de todos. Cómo puede alguien creer que en semejante ambiente se pueden formar jóvenes más humanos y mejores ciudadanos.

De poco sirve que la UPC masifique sus programas e inscriba cada año más alumnos si sus fines han sido desvirtuados y sus profesores son asesinados como ya ocurrió con Miguel Àngel Vargas y Luis José Mendoza Manjarrés, dos hombres ejemplo de HONOR Y DIGNIDAD

dcim09@hotmail.com

Imelda Daza Cotes

Protesta ciudadana – Resistencia civil

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http://elpilon.com.co/img-not/column-326-1.jpg Imelda Daza Cotes

18/10/2009

De poco sirve negar la gravedad y complejidad de los problemas de Colombia cuando los hechos, las noticias y los comentarios que ellos generan trascienden las fronteras del país. Cómo negar que hay un conflicto interno que es básicamente un conflicto político pero que, sin embargo, se insiste en resolverlo atizando el fuego bélico, es decir, “echándole gasolina a la candela” con 7 bases militares norteamericanas?. Cómo esconder la corrupción que, en múltiples formas y manifestaciones, ha carcomido las entrañas de la administración pública y que los dineros de todos los colombianos se reparten, con el nombre de AIS, en clandestinas piñatas, entre los amigotes del gobierno?. Cómo ocultar los crímenes eufemísticamente llamados “falsos positivos” que con premeditación y alevosía cometen, contra jóvenes inocentes, los encargados dizque de proteger la vida, honra y bienes de los colombianos? Cómo disimular la inmoralidad que afecta los procesos electorales? Cómo mimetizar el cinismo de los funcionarios públicos que sin el menor pudor trafican con sus cargos y posiciones para beneficio propio, de sus familiares y allegados al gobierno? Cómo tapar la ineficiencia de un sistema y de un país donde el respeto de los derechos de muchos ciudadanos se logra a punta de tutelas? Y qué más decir sobre los males que ya son lacras sociales, la pobreza, el abandono de la niñez, la insalubridad, la concentración de la riqueza y de la propiedad, el desempleo, el desgreño administrativo y la desesperanza de la juventud; todo esto después de medio siglo de guerra interna, de violencia feroz, de masacres, de genocidios como el de la UP, de asesinatos y más asesinatos.

Colombia es considerado, junto con Irak, el Medio Oriente, Afganistán, Pakistán, Somalia y Sudán, un “Caso Especial” es decir, objeto de estudio y análisis por parte de estudiantes de Ciencias Humanas en las universidades europeas. En este continente donde se “inventaron” todas las guerras y donde primero se desarrolló la industria de las armas hay preocupación por Colombia. Bien saben los estudiosos europeos lo que implica la prolongación de este tipo de conflictos. Su propia historia les dejó enseñanzas suficientes y de ellos debemos aprender que sólo la movilización ciudadana puede cambiar el rumbo de nuestra historia

Para la mayoría de los colombianos resulta difícil aceptar esa radiografía de su país. Ante la impotencia y el no saber qué hacer, el escepticismo es un buen refugio, pero equivale al autoengaño y genera parálisis ciudadana, tan peligrosos como los males mismos.

Por difícil y compleja que sea nuestra realidad la superación de la crisis actual empezará cuando la ciudadanía organizada opte por la Movilización y por la PROTESTA CIUDADANA decidida y enérgica, como un recurso para exigir y promover el cambio de rumbo en el manejo del país y cuando haga de la RESISTENCIA CIVIL su forma de lucha política y pacífica
Los jóvenes empiezan a reaccionar y el movimiento estudiantil como expresión de la angustia y del malestar profundo que sufre la sociedad se convierte en su caja de resonancia. Los universitarios reivindicaron su derecho a una mejor educación y protestaron contra la violencia oficial, la corrupción, la crisis económica, el desempleo y la falta de recursos para las universidades. La protesta estudiantil es una forma de hacer política por el único medio con que cuenta este grupo desprovisto de poder y está en sintonía con la urgencia de los cambios y transformaciones que demanda Colombia. Estas protestas deberían constituirse en un embrión de un movimiento popular más amplio que envuelva y comprometa a más sectores y al movimiento social en general.

La respuesta del gobierno fue, como ya es usual, la criminalización de la lucha estudiantil, la represión y las amenazas de enjuiciamiento. Por eso es urgente ampliar la protesta y hacerla cada vez más firme y más concurrida. La lucha por la democracia no da espera.

La demo-plutocracia

Opinión| 21 Nov 2009 - 12:52 am

Mauricio García Villegas

Por: Mauricio García Villegas
ABRAHAM LINCOLN DECÍA QUE LA democracia era el gobierno del pueblo y para el pueblo. Con esa definición Lincoln quería tomar distancia de la plutocracia, que es el gobierno de los ricos para los ricos.

Pues bien, en Colombia uno tiene la impresión de que existe una combinación de estos dos sistemas: un gobierno del pueblo, pero para los ricos. Algo así como una demo-plutocracia: el Gobierno recibe el apoyo abrumador de los más pobres, pero trabaja para defender los intereses de los más ricos. Lo digo en términos más concretos: el Presidente otorga fabulosas exenciones tributarias a los empresarios, a los banqueros, a los exportadores y a los dueños de zonas francas (8 mil millones en 2009) pero nada de eso impide que la favorabilidad del Presidente en los estratos 1 y 2 alcance el 80% (en los estratos 5 y 6 sólo llega al 50%).

En ninguna parte del país la demo-plutocracia tiene tanta fuerza como en el campo. Las experiencias de Agro Ingreso Seguro y de la hacienda Carimagua son expresiones elocuentes de una política económica cuyo fundamento es el siguiente: si los ricos se vuelven más ricos, algún día arrastrarán, en su apogeo, a los pobres y los sacarán de la miseria. Pero como lo demostró la crisis reciente de la economía mundial, esa teoría ni siquiera funciona en contextos de mercado libre, es decir de competencia plena. Cuando se aplica al campo colombiano, no sólo no tiene éxito, sino que se vuelve contraproducente: en lugar de arrastrar a los pobres, los confina en la pobreza (los desplaza).

Si estuviéramos hablando de otra cosa, por ejemplo de la industria o del comercio, la demo-plutocracia no sería tan chocante. Pero estamos hablando del campo colombiano, un territorio dominado por una oligarquía terrateniente que ha bloqueado todos los intentos de modernización durante siete décadas. Estamos hablando de los campesinos colombianos, cuatro millones de los cuales han sido despojados de sus tierras y desplazados hacia las ciudades.

Una cosa es entregar subsidios a, digamos, los campesinos de Wisconsin para que produzcan más leche y más quesos, en un Estado en donde la miseria fue erradicada hace casi un siglo y otra muy diferente es darles dinero a los latifundistas de la Costa Atlántica colombiana para que extiendan sistemas de riego, cuando la mitad de los campesinos de esa Costa no recibe agua potable en sus casas (casi diez millones de personas, la mayoría de ellos campesinos, carecen de servicio de acueducto en Colombia).

Una cosa es repartir subsidios en, digamos, Bélgica, donde los campesinos son los dueños de la tierra y viven, como campesinos, de su trabajo agrícola, y otra muy diferente es repartir subsidios a los finqueros colombianos que, por lo general, son médicos, abogados y políticos de profesión.

Alguien me podría decir que el abrumador apoyo popular que recibe esta política demo-plutocrática es suficiente para justificarla. No lo creo. Incluso suponiendo que en la ejecución de esos programas no hubiese habido problemas de corrupción, ni de clientelismo ilegal —que los hubo y a chorros— esa política me parece indigna y descarada.

Si el presidente Uribe estimaba hace algunos meses que el Estado de opinión es la fase superior del Estado de Derecho, me pregunto si hoy en día no estará pensando que la demo-plutocracia es la fase superior del Estado de opinión.

* Profesor de la Universidad Nacional e investigador de DeJuSticia

El auge de la construcción del Pentágono en Afganistán augura una guerra prolongada

Nick Turse, Tom Dispatch/Znet, Rebelión, noviembre 17 de 2009

En las últimas semanas, el presidente Obama ha estado considerando el futuro de las operaciones militares de EE.UU. en Afganistán. También ha estado pregonando los efectos de sus políticas en el interior, informando de que la Ley de Recuperación de este año no sólo ahorró puestos de trabajo, sino que fue “la mayor inversión en infraestructura desde que [el presidente Dwight] Eisenhower construyó el Sistema Interestatal de Carreteras en los años cincuenta.” Al mismo tiempo, está en marcha un auge mucho menos publicitado de infraestructura financiado con dineros públicos. Éste en Afganistán.

Aunque Washington ha invertido fondos modestos en proyectos civiles en Afganistán durante este año – que van de centrales eléctricas en pequeña escala a “letrinas públicas” a un mercado de carne – el verdadero auge de la construcción es de naturaleza militar. El Pentágono ha estado canalizando sumas de dinero del tamaño del estímulo a contratistas de la defensa para impulsar notablemente su infraestructura militar en ese país.

En el año fiscal 2009, por ejemplo, el organismo civil Agencia para el Desarrollo Internacional de EE.UU. (USAID, por sus siglas en inglés), otorgó 20 millones de dólares en contratos para trabajo en Afganistán, mientras que sólo el Ejército de EE.UU. asignó 2.200 millones de dólares – 834 millones de esa suma para proyectos de construcción. En los hechos, según Walter Pincus del Washington Post, el Pentágono ha gastado aproximadamente 2.700 millones de dólares en construcción durante los últimos tres años fiscales” en ese país y, “si se aprueba su solicitud como parte de la ley de apropiaciones para la defensa para el año fiscal 2010, gastará otros 1.300 millones de dólares en más de 100 proyectos en 40 emplazamientos en todo el país, según un informe del Senado sobre la legislación.”

Empantanados en Bagram

En ninguna parte ha sido más evidente el auge de la construcción que en la Base Aérea Bagram, un emplazamiento militar crucial utilizado por la Unión Soviética durante su ocupación de Afganistán en los años ochenta. En su encarnación estadounidense, la base ha sido expandida significativamente desde sus viejos días soviéticos y, sólo en los últimos dos años, la población del complejo de más de 2.000 hectáreas se ha duplicado a 20.000 soldados, aparte de miles de soldados de la coalición y contratistas civiles. Para continuar con su crecimiento exponencial, se han planificado o están en progreso actualmente más de 200 millones de dólares en proyectos de construcción sólo en la sección de la Fuerza Aérea de la Base. Chuck Crumbo de The State informó recientemente que “siete días a la semana, camiones hormigoneros circulan por la polvorienta carretera del perímetro de esta base aérea mientras aplanadoras y excavadoras mueven la tierra rocosa.” “Cientos de jornaleros colocan argamasa sobre ladrillos para construir barracones y oficinas. Cuatro plantas de hormigón en la base han trabajado continuamente durante 18 meses para satisfacer las necesidades de la construcción,”

La base ya tiene a los favoritos de la comida chatarra Burger King, una combinación de Pizza Hut/Bojangles, y Popeyes así como un spa diurno y tiendas que venden joyería, teléfonos y, claro está, alfombras afganas. En un futuro cercano, señala Pincus, “los militares planifican la construcción de un terminal de pasajeros y una instalación adyacente de carga por 30 millones de dólares para manejar el flujo de soldados, muchos de los cuales llegan a la base al norte de Kabul antes de irse a otros sitios.” Además, según Associated Press, el comando de la base va a “adquirir más terrenos el próximo año al lado este para expandir” aún más.

Para manejar el flujo de soldados que ya están siendo enviados por el gobierno de Obama (y más que se esperan una vez que el presidente decida sobre sus planes de guerra a largo plazo) se levantarán “nuevos dormitorios” en Bagram, según David Axe de Washington Times. La población de la base también aumentará en un futuro cercano, gracias a un proyecto recientemente descrito en The Freedom Builder, una publicación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército: la MILCON Bagram Theatre Internment Facility (TIF) que está siendo construida actualmente a un coste de 60 millones de dólares por un equipo de más de 1.000 filipinos, indios, cingaleses y afganos. Cuando sea completada, consistirá de 19 edificios y de 16 torres de control, hechas para contener a más de 1.000 detenidos de la creciente base que hace tiempo es tristemente célebre por la tortura e incluso el asesinato de prisioneros dentro de sus muros.

Aunque EE.UU. insiste oficialmente en que no está estableciendo bases permanentes en Afganistán, la escala y la permanencia de la construcción emprendida en Bagram parece sugerir, por lo menos, una estadía muy prolongada. Según informes publicados, las nuevas instalaciones de la terminal para el complejo recién serán operativas en 2011.

Una de las compañías privadas involucradas en el fortalecimiento y aumento de las instalaciones de Bagram es Contrack International, una firma internacional de ingeniería y construcción que, según antecedentes del gobierno de EE.UU., recibió más de 120 millones de dólares en contratos en 2009 por trabajo en Afganistán. Según el sitio en la red de Contrack, está, entre otras cosas, diseñando y construyendo un nuevo “punto de control de ingreso” – una entrada fortificada – así como un nuevo “punto de suministro de munición” en la base. También es responsable por “el diseño y construcción de pistas de rodaje y aparcamientos para aviones; mejoras de la iluminación del aeropuerto y de ayuda a la navegación; y construcción de nuevos aparcamientos para aviones” para la masiva infraestructura en expansión de operaciones aéreas de la base. El auge de la construcción en Bagram (que por lo menos ha recibido una modesta atención en la prensa dominante de EE.UU.) es, sin embargo, sólo una fracción de la historia de cómo los militares de EE.UU. – y Contrack International – se están estableciendo en todo Afganistán.

Reseñas entusiastas para Kandahar

En marzo, según documentos del Pentágono, Contrack obtuvo un contrato por 23 millones de dólares para “el diseño y construcción de una rampa de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento, aeropuerto Kandahar, Afganistán.” El año pasado, en Washington Post, Pincus informó que una expansión planificada del aeropuerto, también utilizado otrora por los soviéticos y que ahora es una importante base de EE.UU. y la OTAN, debe recibir aviones que trabajan para una Fuerza de Tareas ODIN – una versión basada en Afganistán de la unidad del ejército que utilizó drones y helicópteros para atacar a insurgentes que colocaban artefactos explosivos improvisados en Iraq. Actualmente, la Fuerza de Tareas ODIN-Afganistán – el acrónimo significa “observar, detectar, identificar y neutralizar,” con un saludo al principal dios escandinavo – está en funcionamiento y, según se informa, todavía parte de “Bagram en una de dos pequeñas estaciones de control en tierra.” Todavía no está claro si aviones de ODIN también operan desde el aeropuerto en Kandahar – como tantas informaciones sobre los militares de EE.UU. en Afganistán. Ciertamente, sin embargo, muchos más aviones de la OTAN y de EE.UU. saldrán de la base una vez que Contrack, como señala en su sitio en la red, complete su “diseño y construcción de pistas de reemplazo de aterrizaje con áreas de asfalto por pavimento de hormigón” y la “rehabilitación de 6 pistas de rodaje existentes,” según otros proyectos.

El contrato de Contrack en Kandahar debe ser completado a fines de diciembre, pero como Bagram, la base ya muestra todo su aspecto de permanencia. “Es una de las pistas de aterrizaje más atareadas del mundo,” dijo recientemente el capitán Max Hanlin de la 5ª Brigada Stryker de la 2ª División del ejército de EE.UU. a Agence France-Presse. Construida originalmente para albergar a 12.000 soldados, la base aérea Kandahar ahora apoya a un personal de la OTAN y de EE.UU. de 30.000 o más. Algunos combaten en el terreno inhóspito de la región circundante, mientras otros nunca han estado afuera y pasan su tiempo en los cafés y pequeños negocios de la base (donde, según se informa, los soldados pueden comprar, entre otras cosas, vestidos para bailarinas de vientre), lo pasan bien en el "Dutch corner," juegan hockey sobre patines en la plaza central de la base, o pasan la noche del sábado bailando en una fiesta. “Agitan tubos fosforescentes como si no tuvieran idea de las minas y de la guerra afuera,” dijo un oficial estadounidense, mientras contemplaba a los soldados en la pista de baile.

En los últimos días, las fuerzas de EE.UU. anunciaron una disminución de los privilegios recreativos y la imposición de circunstancias más austeras – las noches de salsa y karaoke ya han sido reducidas en Kandahar – causando preocupaciones de los aliados de la OTAN de que sus instalaciones recreativas sean invadidas por soldados de EE.UU. a la busca de distracción.

Una multitud de bases operacionales avanzadas

Parece que nadie fuera del Pentágono sabe exactamente cuántos campos, bases operacionales avanzadas (FOB, por sus siglas en inglés), puestos de combate avanzados, bases de patrulla y otras instalaciones fortificadas son utilizados o construidos actualmente por los militares de EE.UU. en Afganistán. Y aunque los estadounidenses han abandonado recientemente algunas de sus instalaciones, cediendo efectivamente la provincia nororiental de Nuristán a las fuerzas talibanes, en otros sitios se ha iniciado un auge de construcción de bases.

En abril, Contrack obtuvo otro contrato por 28 millones de dólares para trabajo en aeropuertos – a ser realizado en sitios no especificados en Afganistán. En junio, IAP Worldwide Services, basada en Florida, recibió un contrato por 21 millones de dólares para mejorar la distribución de energía eléctrica en la todavía creciente FOB de los marines, Leatherneck, en Helmand, provincia que es un baluarte talibán. El proyecto, cuya finalización está programada para junio de 2010, es sólo parte del trabajo de IAP, que ha tenido que ver con “casi dos docenas de centrales eléctricas en bases del ejército de EE.UU. en Afganistán e Iraq” que, según la literatura promocional de la compañía, sus equipos han “entregado, instalado, operado y mantenido.”

FOB Dwyer, también en la provincia Helmand, se está convirtiendo rápidamente en un “hub” para apoyo aéreo en el sur de Afganistán, según el capitán Vincent Rea del 809 Escuadrón Expedicionario Red Horse de la Fuerza Aérea. Con ese fin, personal del Cuerpo de Marines y de la Fuerza Aérea construyen pistas de aterrizaje para aviones y helicópteros para recibir cada vez más aviones y helicópteros en la base. Los dos servicios colaboraron en la construcción de una pista de 1.300 metros capaz de recibir gigantescos aviones de transporte Hercules C-130 que aumentan la capacidad de EE.UU. de apoyar a más soldados en más bases en áreas remotas.

“Con la llegada más frecuente de C-130, más marines pueden viajar en un momento dado y definitivamente ayudarán a reforzar Camp Dwyer y otros FOB y COP (puestos avanzados de combate),” dice el capitán Alexander Lugo-Velazquez del Escuadrón 169 de Marines de Helicópteros Ligeros y de Ataque. En septiembre, la Fuerza Aérea informó sobre el fin de la primera fase de un proyecto de construcción en seis fases en FOB Dwyer que terminará por incluir pits adicionales para combustible y pistas de rodaje, un aumento del espacio asfaltado, y la prolongación de la pista de despegue a 1.800 metros. En octubre, según documentos del gobierno, el ejército también comenzó a pedir ofertas – en el rango entre 10 y 15 millones de dólares – para la construcción de instalaciones de almacenamiento y distribución de combustible en FOB Dwyer. Éstas, como las mejoras de infraestructura en Bagram, recién están programadas para terminación durante 2011.

En Helmand, así como en las provincias Farah, Kandahar, y Nimruz, sólo la Brigada Expedicionaria de Marines-Afganistán, ha establecido entre junio y septiembre cuatro nuevas FOB, “10 puestos avanzados de combate, seis bases de patrullas, y cuatro posiciones auxiliares de operación, zonas de aterrizaje de helicópteros y un aeropuerto expedicionario.” En octubre, el contratista de la defensa AECOM Technology firmó un contrato de extensión por 6 meses con el ejército de 78 millones de dólares, para “suministrar mantenimiento general de apoyo así como la operación de instalaciones de mantenimiento, alojamientos y oficinas en dos bases militares de EE.UU. así como en FOB y ubicaciones satelitales” en Afganistán.

El gigante de la contratación de defensa, Fluor, también ha estado trabajando duro. Obtuvo contratos lucrativos en Afganistán. En marzo, el ejército informó que, de acuerdo con la ‘oleada’ primaveral de tropas del presidente Obama, el Comando Regional Este en Afganistán ha encargado a Fluor la expansión de cuatro FOB existentes y, si fuera necesario, la construcción de otras nueve adicionales.

En el Comando Regional Sur, se informó que “trabajo de emergencia para expandir ocho FOB ha sido emprendido después de ser otorgado bajo competencia a Fluor según LOGCAP IV." Se trata de la versión actual de un programa militar instituido originalmente por el Pentágono en 1985. Ha sido el medio principal a través del cual funciones de logística militar y suministro han sido trasferidas a contratistas privados. (La versión anterior del programa, LOGCAP III, fue otorgada sólo a Kellogg, Brown and Root Services o KBR, en aquel entonces una división del gigante de los servicios petroleros Halliburton, primordialmente en apoyo a las operaciones de EE.UU. en Iraq, Afganistán, y Kuwait y estuvo plagada de escándalos.)

Es obvio que compañías como Fluor se están estableciendo firmemente en Afganistán. Fluor se describe como “co-ubicada con el ejército de EE.UU. en Afganistán, donde el equipo coordina, provee supervisión, e implementa el plan de ejecución de Fluor de proveer los recursos y el trabajo necesarios para cumplir esta misión” de “proveer apoyo multifuncional de base y apoyo a servicios de combate (CSS) a las Fuerzas de EE.UU. y de la Coalición en Afganistán.”

La compañía “construye y administra simultáneamente la expansión de ocho FOB… en el sur de Afganistán. Esto incluye la construcción de una FOB para alojar entre 17.000 y 20.000 militares.” Fluor, sin duda, espera estar “co-ubicada con el ejército de EE.UU. en Afganistán” durante mucho tiempo. En julio de 2009, el gigante de la defensa recibió un contrato de 1.500 millones de dólares para servicios de LOGCAP IV en Afganistán; en octubre, el ejército informó que el programa LOGCAP tenía la responsabilidad de erigir 6.020 unidades de alojamientos containerizados conocidos como edificios reubicables (o RLB por sus siglas en inglés) en el Comando Regional Sur.

En julio, bajo un contrato existente de LOGCAP IV, el contratista de la defensa afectado por escándalos Dyncorp International, junto con sus socios CH2M Hill y Taos Industries, recibió un pedido por un año de 643,5 millones de dólares para “suministrar a bases existentes dentro de Afganistán Sur AOR (área de responsabilidad) con apoyo de operaciones y mantenimiento, incluyendo pero sin estar limitado a: administración de instalaciones, energía eléctrica, agua, alcantarillado y administración de desechos, operaciones de lavandería, servicios alimentarios y operaciones de pool automóvil de transportes,” así como “servicios de construcción para instalaciones adicionales.” Mirando hacia el futuro, el Pentágono ha incluido cuatro opciones de un año cada una en el contrato que, si son aceptadas, tendrían un valor calculado en 5.800 millones de dólares.

Sólo hace poco, los militares australianos indicaron que también se están preparando para una larga estadía, al anunciar una mejora de 37 millones de dólares de su base principal cerca de Tarin Kowt en la provincia Oruzgan, a ser completada a mediados de 2011. Como en otras instalaciones de la OTAN, cantidades crecientes de tropas estadounidenses han estado operando desde Tarin Kowt recientemente y, a fines de septiembre, la compañía basada en EE.UU. Kandahar Constructors firmó un contrato por 25 millones de dólares con el Pentágono para mejoras de la pista de aterrizaje, también a ser completada en 2011.

El lenguaje de la ocupación

Sólo en 2009, después que muchos miles de millones de dólares ya habían sido invertidos en la construcción, expansión y mantenimiento de bases de EE.UU. en Afganistán, se pidió a los contribuyentes estadounidenses que pagaran por más de 1.000 millones de dólares en contratos de construcción – y sobre la base de evidencia disponible, incluyendo esas opciones futuras, podría ser sólo una gota en el cubo proverbial.

Todo esto ha estado sucediendo sin un plan claro presentado en Washington para el futuro de las operaciones militares estadounidenses en ese país, sin un gobierno nacional legítimo en Kabul, y desde luego a pesar de la falta de reparaciones de la infraestructura necesitadas en EE.UU. Los estadounidenses interesados en informarse sobre el auge de la construcción afgana del Pentágono fuera de Bagram habrán encontrado poco en las noticias vespertinas o en los principales periódicos. Ha sido esencialmente realizado en las tinieblas, lejos, y con sólo el más modesto interés periodístico.

Olvidad por un momento los “debates” en Washington sobre la política de la Guerra Afgana y, si sólo os concentráis en la actividad de construcción y en el flujo de dinero a Afganistán, lo que veis es una guerra que, desde el punto de vista del Pentágono, no va a terminar pronto. De hecho, el auge de la construcción de los militares de EE.UU. en ese país sugiere que, en el noveno año de la Guerra Afgana, el Pentágono tiene planes para guarnecer de tropas ese país durante mucho más tiempo, si no permanentemente, no importa cuál sea el camino decidido en Washington. Alternativamente, sugiere que el Pentágono está dispuesto a desperdiciar dineros públicos (que podrían haber reforzado la deficiente infraestructura en EE.UU. y creado una plétora de puestos de trabajo) en lo que será tarde o temprano pistas de despegue, zonas de aterrizaje y bases avanzadas de operación abandonadas.

La construcción y fortificación de bases en Afganistán no es la única señal de que los militares de EE.UU. se están implantando para una estadía aún más prolongada. Otro indicador clave puede encontrarse en un contrato del Pentágono otorgado a fines de septiembre a SOS International, Ltd., una “compañía de apoyo a operaciones” de propiedad privada que suministra todo, desde “servicios de asesoría cultural” a “análisis y capacitación en inteligencia y contrainteligencia” a numerosas agencias federales. Ese contrato, primordialmente para servicios lingüísticos de apoyo a operaciones militares en Afganistán, tiene una fecha estimada de finalización de septiembre de 2014.

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Nick Turse es editor asociado y reciente ganador de un Premio Ridenhour por Distinción en Reportajes, así como un Premio James Aronson de Periodismo por la Justicia Social. Ha escrito para Los Angeles Times, San Francisco Chronicle, Adbusters, the Nation, y regularmente para Tomdispatch.com. Una edición en rústica de su primer libro: The Complex: How the Military Invades Our Everyday Lives, una exploración del nuevo complejo militar-corporativo en EE.UU., ha sido recientemente publicada. Su sitio en la red es: Nick Turse.com

Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens

Descubierta la copialina del Ministro

Observen cual fue la "grandiosa" defensa del Ministro de Agricultura, Andrés Fernández, de la cual se jactan los uribistas. ¡¡¡Que mediocridad!!!

El Show de Larrivista

" Las bases del Nobel de Paz"

NO A LAS BASES ESTADOUNIDENSES EN COLOMBIA

El 30 de octubre de 2009 el gobierno de Álvaro Uribe Vélez firmó el acuerdo militar, que se constituye en una concesión sin antecedentes a favor de los intereses de Estados Unidos. Al permitir que soldados norteamericanos hagan uso de siete bases militares y las que “sean necesarias para desarrollar operaciones conjuntas”, el gobierno colombiano formaliza la cesión del monopolio de la fuerza, aumenta el riesgo de nuevas violaciones de derechos humanos y agudiza las tensiones en la región.

La presencia militar estadounidense en Colombia, el mismo ejército que tiene invadido a Irak y Afganistán, despliega la IV flota en el Mar Caribe y planea construir nuevas bases en Panamá, convertirá a Colombia en una plataforma global para lanzar operaciones bélicas y en un campo de entrenamiento de sus tropas. Nuestro territorio será usado para amenazar a otras naciones, interferir en los procesos democráticos en el continente y ser una pieza más del engranaje militar estadounidense.

De un plumazo se le cede al país del Norte el control sobre la soberanía territorial, marítima y aérea, con el pretexto de una lucha antidrogas que ha fracaso estruendosamente y la falacia de que las tropas estadounidenses estarán bajo las órdenes del ejército colombiano. Bien lo expresó la presidenta argentina, Cristina Fernández: “en ningún lugar del mundo un general Fernández le ha dado órdenes a un general Johnson”. ¿Puede haber un acto de deslealtad mayor con una nación que el permitir que tropas extranjeras asuman el control del ejército nacional?

Este acuerdo militar se da en medio de la que podría ser la más profunda crisis económica en la historia de la humanidad, según lo han manifestado el mismo FMI, el Banco Mundial y la OCDE, en la que Estados Unidos se encuentra en la azarosa necesidad de tomar el control sobre las fuentes de energía, los recursos minerales, la biodiversidad y el agua, para mantener a flote su economía y salvar a sus corporaciones transnacionales. No hay que olvidar que otros intentos de expansión norteamericana en diversos países, a través de los Tratados de Libre Comercio, han profundizado la ya precaria situación social y económica, afectando negativamente a la mayoría de sus habitantes.

Como si lo anterior no fuera suficiente, el acuerdo concedió inmunidad a los militares estadounidenses, los contratistas, sus familiares y dependientes que cometan cualquier tipo de delitos en nuestro territorio, impidiendo que la justicia colombiana los juzgue y condene. Este tipo de privilegios ha mostrado tener una relación directa con el incremento de abusos de todo tipo, siendo uno de los más graves los delitos sexuales contra las mujeres.

La decisión del gobierno colombiano tiene justamente el objetivo de ganar legitimidad frente a la potencia estadounidense a cambio de traicionar los intereses nacionales, renunciando a su obligación de defender la integridad territorial. Su firma se constituye en la mayor claudicación de la soberanía nacional desde el robo de Panamá en 1903. Nunca había estado tan amenazado el destino de 44 millones de compatriotas, a quienes nos condenan a una nueva esclavitud, de la que los precursores de la república nos habían librado hace 200 años.

Invitamos a los colombianos, colombianas y extranjeros de los sectores democráticos, de actividades productivas, empresariales, gremiales, artísticas, culturales y científicas, a los trabajadores, campesinos, mujeres, afrodescendientes, profesionales, intelectuales y académicos, indígenas, asociaciones comunales, organizaciones no gubernamentales, centros de estudio e investigación, universidades y medios de comunicación, a conformar una gran Coalición por la defensa de nuestra soberanía y el territorio, expresándonos y actuando en rechazo a las bases militares estadounidenses en Colombia.


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