La mina: historía de una montaña sagrada.

Los dongria kondh son uno de los pueblos indígenas más remotos de la India. Viven en las colinas de Niyamgiri, en el estado de Orissa, y veneran una montaña como a un dios. 

Mientras Vedanta Resources, una empresa con sede en Londres, se prepara para destruir sus bosques y su montaña sagrada con el fin de construir una enorme mina a cielo abierto, el nuevo documental de Survival se pregunta…

¿Qué hará un pueblo indígena para salvar todo cuanto conoce?

EL PROYECTO DE REFORMA A LA LEY 30 PERSISTE EN EL PROPÓSITO DE DEGRADAR LA UNIVERSIDAD PUBLICA.

Comité Operativo Multiestamentario Nacional Universitario, Bogotá, 25 de marzo de 2010

En el Taller sobre la reforma a la ley 30, convocado por el Comité Operativo de la Multiestamentaria Nacional y realizado el domingo 21 de marzo, en la sede de la Federación Nacional de Profesores Universitarios, se avanzó sustantivamente en el análisis de la propuesta del Gobierno de reformar la ley 30 de 1992, más específicamente los artículos 86 y 87.

Las ponencias de los profesores Jairo Estrada, Mario Hernández, Alfonso Conde, Gonzalo Arango y Luis Aurelio Ordóñez, aportaron valiosas contribuciones relacionadas con las tendencias internacionales y su articulación con el contexto político y económico nacional, durante las últimas décadas. En igual sentido se expresaron los delegados estudiantiles de FUN Comisiones, ACEU, FEU, OCE, profesorales de FENALPROU, ASPU, de empleados y trabajadores, SINTRAUNICOL y de la Asociación de padres y madres de la Universidad Nacional, MAPA. Las intervenciones coincidieron en que el proyecto de reforma, se circunscribe dentro de las tendencias caracterizadas por el avance de las políticas neoliberales enfocadas a profundizar el ciclo de mercantilización de los derechos de la población colombiana. En contraposición al modelo imperante, se insistió en la necesidad de avanzar con propuestas en materia de financiación plena por parte del Estado, Bienestar Universitario, condiciones de trabajo dignas para profesores, empleados y trabajadores, autonomía universitaria y construcción de un modelo de educación superior que garantice la formación al más alto nivel, como corresponde a los retos del conocimiento y a las necesidades de progreso de la sociedad colombiana.

La retrospectiva acerca del proceso de elaboración de la ley 30, en las mesas de trabajo, que la precedieron, donde se sustentaron propuestas sobre financiación , autonomía universitaria , democracia y construcción de un modelo de educación superior comprometido con la formación al más alto nivel, entre otras, mostró que quedaron inconclusas o meramente enunciadas en el papel.

La comparación con las políticas gubernamentales para el sector de la Salud , con consecuencias verdaderamente catastróficas, deja entrever que se impusieron mediante una difusa conceptualización, para disimular los verdaderos objetivos de mercantilización y precarización de la atención a la salud de los colombianos, por la vía del subsidio a la demanda como bien privado de consumo individual y acceso según capacidad de pago. El mismo sistema de subsidio a la demanda, que ha mostrado sus consecuencias nefastas en la educación básica y media, constituye la base de la reforma a la ley 30. Prueba de ello es la relevancia dada a ICETEX, con los empréstitos del Banco Mundial, para ampliar cobertura, sin calidad. De otra parte se resaltó críticamente la presión de Gobierno de supeditar la asignación de recursos a la implementación de reformas que profundizan la degradación académica, administrativa y financiera de la educación superior pública, mediante la manipulación perniciosa de “indicadores de gestión”, como los contenidos en el derogado Decreto 3545, que sin pudor alguno se retoman en función del ajuste fiscal y de recorte presupuestal que auspicia el FMI.

En el Taller se resaltó el hecho de que el proyecto de reforma se enmarca en la crisis económica que vive el país, producto de la política de “confianza inversionista, seguridad democrática y cohesión social” del Gobierno. Como si fuera poco, el desempleo supera el 14% , el endeudamiento externo ha situado al país en el séptimo lugar del mundo con peor desigualdad y, entre tanto, las gabelas otorgadas a los monopolios y las transnacionales ocasionan un voluminoso detrimento del patrimonio público en contravía de los intereses del país.

Las presentaciones fueron enriquecidas con el debate , orientado a profundizar el análisis de la crisis de la educación superior , su marchitamiento académico, la asfixia presupuestal y la precarización de las condiciones de trabajo, entre otras de sus manifestaciones. En especial, para reiterar que no solamente se trata de la financiación, con base en los artículos 86 y 87, sino de un problema más complejo , que incluye la construcción de un modelo de educación superior pública de excelencia y su financiación por parte del Estado, como reconocimiento a un derecho constitucional. Un modelo que contrasta categóricamente , con la política educativa oficial que busca convertir la educación en una mercancía , a través de tasas de matrícula sufragadas por los estudiantes en un mercado perverso, como el de la educación, en el cual la competencia no mejora la calidad, sino, por el contrario, la deteriora.

Teniendo en cuenta que no se parte de cero para la construcción del modelo de Universidad que requiere al país, con criterios de excelencia académica, para responder a los retos de la sociedad de conocimiento y de las necesidades de la economía y la sociedad; pero se trata de un problema complejo, se aclaró que se requiere tiempo, para ser tratado con todo rigor, en un Congreso Universitario precedido de elaboración de documentos y debate amplio en todas las universidades.

Por lo pronto, la discusión del proyecto de reforma a los artículos 86° y 87 ° es apremiante. Según las declaraciones de la Ministra de Educación será llevado al Congreso en la presente legislatura, una vez haya logrado el consenso con los rectores, quienes “ingenuamente” piensan abstraerse del contexto general y sumarse pasivamente a la iniciativa de otorgar crédito a los jóvenes de niveles 1 y 2 del Sisbén, iniciativa destinada a legitimar demagógicamente la propuesta; por supuesto, sin aumentar los aportes del Estado, para garantizar calidad, ni otorgar becas a los estudiantes más necesitados, que no están, ni estarán en condiciones de asumir créditos.

En las intervenciones se hizo referencia a las ponencias presentadas en el FORO del Ministerio de Educación durante los días 1, 2 y 3 de marzo; al discurso de la Ministra y al informe del periódico El Tiempo, del jueves 18 de marzo, en el que se anuncia la meta de los 500.000 nuevos cupos durante los próximos 8 años. Igualmente, los documentos relacionados con la llamada “Revolución Educativa” y la Visión 2019.

También se leyó el Borrador de la “Propuesta de reforma para un ajuste a la ley 30 de 1992”, de marzo 10, 2010, que circula de manera sigilosa en manos de los rectores y las cúpulas administrativas de las universidades, propuesta sobre la cual es preciso abrir un debate que permita concretar el consenso de la comunidad universitaria, ante un proceso que define el futuro de la educación superior pública para los próximos lustros.

Toda la documentación se divulgará en la páginas de las asociaciones gremiales de estudiantes, profesores, empleados y trabajadores padres de familia (MAPA); buscando de igual forma incorporar al SENA y a los estudiantes de las universidades privadas , en el debate.

Para afrontar la arremetida privatizadora del Gobierno, el Comité Operativo, convoca al desarrollo de una intensa labor pedagógica acerca de la propuesta de reforma, con el objetivo de consolidar un movimiento universitario nacional que unifique a todos los estamentos y a los sectores democráticos de la sociedad en la defensa de la universidad pública, comenzando por:

1. Elaborar una Carta Pública apoyada con firmas de intelectuales, estudiantes, profesores, empleados, trabajadores y padres de familia sustentando la defensa de la educación superior pública, ante el Congreso nacional y la ciudadanía. 2. Promover, con la mayor urgencia, Foros y debates en todas las universidades . 3. Apoyar la convocatoria al FORO del miércoles 14 de abril, a las 10 a.m. , en el Auditorio Camilo Torres, de la Universidad Nacional. 4. Hacer contactos con las senadoras Piedad Córdoba y Gloria Ramírez y el Senador Jorge Robledo, para la realización de una Audiencia pública en el Congreso, en la fecha que se pueda convenir, de acuerdo con sus compromisos.

TODOS A CERRAR FILAS EN DEFENSA DE LA EDUCACION SUPERIOR PUBLICA, DE EXCELENCIA ACADÉMICA, DEMOCRÁTICA, PLURALISTA Y COMPROMETIDA CON LA SOCIEDAD COLOMBIANA.

Opinión| 27 Mar 2010 - 11:00 pm

Se podría aumentar la desigualdad

Financiación de la educación

Por: Eduardo Sarmiento

En días pasados se divulgaron algunos elementos de la ley de educación que está elaborando el Ministerio. En particular, se propone que los estudiantes de estratos uno y dos reciban un subsidio por manutención y que las universidades públicas obtengan una apropiación presupuestal en términos del número de estudiantes, es decir, por capitación.

 La norma está enmarcada dentro de la teoría de los subsidios de demanda, que fue propuesta por Milton Friedman hace 30 años y es de la misma familia de la privatización de la salud. El argumento es bien conocido. La competencia induciría a las instituciones a prestar el mejor servicio para captar el mayor número de estudiantes y de esa manera obtener mayores recursos del Estado. La realidad es muy distinta. Como la demanda insatisfecha es mayor que la oferta, las instituciones procederían, más bien, a reducir la calidad del servicio.

Fue lo que ocurrió en salud. La privatización no llevó a las EPS, como se presumía, a ofrecer los mejores servicios para captar más clientes, sino reducir al mínimo los servicios para obtener la máxima ganancia. No es casual que las EPS aparezcan entre las instituciones privadas que obtienen las mayores utilidades.

No se entiende que los criterios de mercado enfrentan serios escollos en el sector educativo, lleno de externalidades. A diferencia de mercados de los bienes no durables, las decisiones individuales afectan a los demás y al conjunto de la sociedad. En varios estudios se encuentra que la tradición familiar y el medio social son determinantes del desempeño académico, incluso más que los maestros. En tales condiciones, los grupos pudientes encuentran que los beneficios de la gratuidad de la educación pública son menores que los de reunirse con estudiantes de mayor tradición e ingresos en las universidades privadas.

Se configura una educación segregada en la cual una cúpula recibe una educación de primera y las mayorías de tercera. Los grupos de menores ingresos se movilizarían a las universidades públicas para obtener el subsidio, y los medios y altos a instituciones privadas para lograr mayor calidad.

La inconveniencia de esta estructura aparece clara en los exámenes internacionales (PISA), en los cuales Colombia aparece entre los más bajos puntajes. En general, se encuentra que los mejores desempeños educativos se dan en los países en donde las diferencias son menores, como ocurre en las naciones escandinavas. Así, mientras en estos países la diferencia entre los mejores y los peores estudiantes es de 3 a 1, en Colombia es de 10 a 1.

La modalidad estaría en abierto conflicto con el concepto de autonomía universitaria contemplada en la Constitución. De allí se deduce que las instituciones universitarias deben disponer de una alta discrecionalidad para determinar los programas, los proyectos de expansión, la contratación de profesores, las evaluaciones y las condiciones para la obtención de grados. Pero si el Gobierno establece la apropiación presupuestal por estudiante, la administración docente se vuelve un formalismo. Las instituciones no tienen más alternativa que ajustar su organización a las sumas entregadas por el Gobierno. El mercado determinaría la calidad educativa.

La financiación de la educación por la vía de la capitación ampliaría la segregación educativa, reduciría la calidad de la educación superior y privaría a los sectores menos favorecidos al acceso a la tradición cultural y a la interacción social. Se replicaría la política social de los últimos veinte años que ha pretendido orientar el sector con criterios de mercado y entregar su administración a los estímulos de lucro, y sólo ha traído la extinción del empleo formal, el quiebre de la salud y las pensiones, la baja calidad de la educación secundaria y el agravamiento de las desigualdades.

La solución es más simple. Lo que se plantea es aumentar los recursos universitarios, que son claramente insuficientes, dentro de un marco de autonomía que amplíe el acceso a la formación superior, asegure la calidad y reduzca las enormes diferencias de los beneficios de la educación.

LA DESIGNACIÓN DEL RECTOR: UN ACTO ANTIDEMOCRÁTICO

LA DESIGNACIÓN DEL RECTOR: UN ACTO ANTIDEMOCRÁTICO

 

OCE - UNICESAR

Marzo 11 de 2010

El día 16 de febrero de 2010, en medio de la época de vacaciones estudiantiles y obviando la participación de los estamentos universitarios, fue designado como rector de la Universidad Popular del Cesar Raúl Maya Pabón, frente a lo cual realizaremos las siguientes observaciones:

1.                 Es inapropiado pretender juzgar el accionar como rector de Raúl Maya, debido al brevísimo lapso de tiempo transcurrido desde su designación.

2.                 Respecto a las presuntas irregularidades en el proceso de designación, consideramos que estas son evidentes, violan básicos principios democráticos y riñen con la esencia de la Universidad. Algunas son:

¨                  El acuerdo vigente a la fecha de las elecciones “Por medio del cual se fija el procedimiento y requisitos para la designación del rector de la universidad Popular del Cesar, y se dictan otras disposiciones”, fechado el 11 de agosto de 2008, y que reemplaza al derogado Acuerdo 038 del 31 de julio de 2004, señala en su artículo cuarto que “el Consejo Superior Universitario (CSU) fijará sesiones especiales para escuchar las propuestas de los aspirantes a ser designado rector, concediéndoles 15 minutos como máximo a cada aspirante para exponer su propuesta y 10 minutos adicionales para que este absuelva preguntas en caso de que la hubiere”. Dichas sesiones nunca se realizaron. Y para colmo, la suprimen en caso de que el número de aspirantes sea igual o menor a cinco, a través del parágrafo del artículo primero del acuerdo 004 de febrero 16 de 2010. ¡El mismo día que designan a Raúl Maya!

¨                  Las sesiones en las cuales se va a designar rector debe contener claramente, como punto en el orden del día, dicho tópico, dada su trascendencia. En la sesión del 16 de febrero de 2010 dicho punto no aparecía en el orden del día y, en contra de la normatividad, fue tocado en el punto de “Varios”.

¨                  El órgano competente para conocer y aprobar la renuncia de los candidatos a rectoría es el Tribunal de Garantías Electorales. De ellas sólo conocerá el CSU en segunda instancia. Por lo tanto no era el órgano competente para aceptar la renuncia del candidato Enrique Meza Daza.

¨                  Finalmente, luego de modificar sustancialmente el proceso de designación de rector a través del Acuerdo 004 del 16 de febrero de 2010, por medio del Acuerdo 005 de la misma fecha, designa el CSU a Raúl Maya como rector.

3.                 Consideramos que la cuestión principal es la fórmula antidemocrática, impuesta a través de la Ley 30 de 1992 para la designación del rector, potestad dada por el artículo 65 al CSU, un CSU conformado mayoritariamente por representantes del Gobierno Central, tan dado a actuar en contra de los intereses nacionales.

Esta situación sólo cambiará de raíz hasta que, a través de la organización y portentosas movilizaciones, los órganos de dirección universitarios sean ocupados mayoritariamente por estudiantes y profesores; y no descansaremos en nuestra labor de repudio a los funcionarios impuestos hasta tanto ellos no sean electos directamente por los estamentos universitarios.

Tal como lo señala el profesor Luis Aurelio Ordóñez, vicepresidente de FENALPROU, “la autonomía para designar las autoridades académicas y administrativas, específicamente de los rectores, se niega sistemáticamente con mecanismos nada ajenos a prácticas clientelistas y politiqueras, que hacen prevalecer la mayoría gubernamental y de poderes externos, manipulando o desconociendo la voluntad colectiva y democrática de la comunidad universitaria”

4.                 Tal como lo dijimos al principio, no juzgamos al actual rector por su recién iniciada gestión, pero su proceso de designación y su propuesta programática se constituye en un trágico presagio. La OCE continuará avante en su programa por la defensa de la educación pública, científica, democrática y de calidad; seguirá siendo guardiana de la dignidad de la UPC; permanecerá firmemente al lado de estudiantes, profesores y trabajadores; conservará las manos vacías para aplaudir los aciertos, y para cerrar y levantar el puño ante las traiciones a los intereses upecistas y nacionales. No renunciaremos jamás a construir una Universidad y una sociedad que valgan la pena.

He ahí nuestra posición.

 OCE - UNICESAR

ESMAD ATACA JOVEN EN BOGOTÁ

‘Correos calientes’ prenden las alarmas en la U. de Pamplona

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.1&thid=127509251b1721cd&mt=application%2Fpdf&url=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F%3Fui%3D2%26ik%3D0690cadbc9%26view%3Datt%26th%3D127509251b1721cd%26attid%3D0.1%26disp%3Dattd%26realattid%3D0.1%26zw&sig=AHIEtbQMa_CbeBPYkYnn8PZgYRp7HuvkNg&pli=1

Mar-20-2010 07:41 p.m.

Los correos electrónicos entre el ex rector Álvaro González Joves y algunos de sus antiguos colaboradores durante su gestión de nueve años, tienen en máxima alerta a las directivas de la Universidad de Pamplona que temen que el esfuerzo por recuperar a la institución del descalabro económico y educativo en el que fue entregada, pueda sufrir un revés por la aparente arremetida de González Joves en su afán por recuperar el control de la universidad. Jhon Jairo Jácome Ramírez jhon.jacome@laopinion.com.coEsta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla El día en que Esperanza Paredes Hernández, licenciada en Ciencias Sociales, tomó posesión como rectora de la Universidad de Pamplona, para el período comprendido entre el primero de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2012, sabía que el reto no sería  fácil. Detrás de la aparente bonanza económica de la institución educativa, su boyante crecimiento en materia de construcciones y los convenios suscritos por doquier con departamentos y municipios, se escondía una realidad que presagiaba lo peor. La universidad estaba endeudada hasta más no poder, la educación no era de calidad y los convenios, en gran medida, por haber sido suscritos sin ningún criterio, la obligaban a construir hasta cementerios o aportar capital para poder  desarrollarlos. Lo que la administración de Paredes Hernández encontró  se puede resumir de la siguiente manera: Un endeudamiento con la banca que alcanzaba los $39.171 millones. De esa cuantía, $17.083 millones correspondían a préstamos de corto plazo y $22.088 millones a largo tiempo para amortizarlos. Los bancos acreedores eran el BBVA, Bogotá y Popular. Ese panorama contrastaba con lo que  González Joves afirmaba: durante el  2007 había vendido en convenios $104.000 millones, mientras que en el 2008 su sucesor, Pedro León Peñaranda, apenas logró $10.000 millones. El médico Peñaranda Lozano, reemplazo de González Joves en la rectoría,  fue cuestionado por la baja capacidad de gestión, no haber hecho una buena negociación para comprar la clínica del desaparecido Seguro Social y por una serie de denuncias que se instauraron en su contra ante la Fiscalía seccional de Pamplona por hacer contratos verbales. Así las cosas, el escenario de la universidad no era el más propicio cuando asumió la actual administración. Poco a poco y por medio de un exhaustivo plan de reordenamiento fiscal, de negociaciones con departamentos y municipios y de la paciencia de los estudiantes y empleados, la institución ha ido encontrando nuevamente su horizonte. Las alarmas están encendidas Llama la atención que el capitán(r) del Ejército Álvaro González Joves, quien alegó una grave enfermedad para ausentarse de la rectoría de la universidad, a la que parecía estar anclado, aparezca tratando de hacer maniobras ‘non sanctas’ con el propósito de recuperar el terreno perdido en la institución durante estos dos años. En su momento manifestó que se encontraba recuperándose de las dolencias que lo aquejaban en tierras españolas. Tras su reaparición existen intereses que al interior de la Universidad de Pamplona preocupan. El cruce de correos electrónicos, el 27 de febrero del 2010, entre González Joves,  Gonzalo Rodríguez Cañas, ex director de la Oficina de Contabilidad y Presupuesto; Hugo Fernando Castro Silva, ex vicerrector administrativo y Édgar Alfonso Vera Gómez, representante de los egresados ante el Consejo Superior de la Unipamplona, permite ver que la preocupación de las actuales directivas no carece de fundamento. En el primer correo, enviado el sábado 27 de febrero a las 12:11 del mediodía por Édgar Alfonso Vera Gómez a Álvaro González Joves, se lee: “Jefe le cuento que el viernes no hubo superior porque el gobernador estaba enfermo y Silvano estaba en Bogotá. El caso es que nos reunimos con el viceministro y Maritza y los demás miembros en una reunión informal donde se habló del cierre de la vigencia 2009 y lo de la liquidación de Chía. En los archivos adjuntos están los temas revíselos pues esto queda para el próximo viernes 3 de marzo...la vieja Maritza no le gustó mucho mi presencia...con la negativa de la reelección de Uribe esperemos que estos personajes, el vice y Maritza que están con la rectora salgan del superior y así podamos reordenar las cosas...bueno comuníquese anda muy perdido”. Ver facsímil El correo finaliza con el número del teléfono celular de Édgar Alfonso Vera Gómez, quien firma como licenciado en Ciencias Sociales, especialista en Pedagogía Universitaria, especialista en Proyectos Informáticos y estudiante de sexto semestre de derecho. Maritza Rondón Rangel es la representante del Presidente de la República ante el Consejo Superior de la Universidad y Gabriel Burgos es el viceministro de educación nacional. El otro nombre mencionado es el de Silvano Serrano, Secretario General de la Gobernación. Los archivos adjuntos corresponden al balance general comparativo de los períodos 2008 – 2009 y el estado de la actividad económica  financiera y social del primero de enero al 31 de diciembre de 2008 y 2009. Una vez recibido este correo y en un lapso de tiempo no superior a 5 minutos, el ex rector González Joves impartió instrucciones a dos de sus antiguos colaboradores. El sábado 27 de febrero, siendo las 7:30 de la noche, envió un mensaje a Gonzalo Rodríguez Cañas, ex director de la Oficina de Contabilidad y Presupuesto, donde se puede leer: “Apreciado Gonzalo: Le ruego mire esto y me dé munición para sacar a más tardar este miércoles un comunicado demoledor. Compare los cuadros con el 2007 que no lo hicieron. Hágame, por favor, un análisis de la deuda comparada con nosotros y de inversión. Todo lo que pueda. Inspírese. Un abrazo, Dios guarde a usted, Álvaro González Joves”. No es poco lo que pide el ex rector a su antiguo director de contabilidad y presupuesto. Seguramente, lo que quería saber el ex rector es que durante su gestión, entre 1998 y 2007, el claustro universitario vivió  un paraíso económico materializado en $54.151 millones de superávit acumulado, mientras que en el 2008, en manos de Peñaranda Lozano la vigencia fiscal por ese concepto sólo llegó a $12.667 millones. Peñaranda Lozano respondió en su momento, por la disminución de este rubro de dinero, que hasta el  2007 la Ley 80 les permitía a las universidades hacer convenios con las gobernaciones y alcaldías para construcciones y para proveedurías. A partir del primero de enero de 2008 la misma normatividad dispuso que no estaban permitidos ese tipo de negocios. Por tal razón, manifestaba en esa ocasión Peñaranda Lozano, sólo podían dedicarse a  todo lo que implica el quehacer universitario y a la venta de programas de tecnología en la información. Dos minutos más tarde, a las 7:32 de la noche, el ex rector envió un correo a Hugo Fernando Castro Silva, ex vicerrector administrativo y Gonzalo Rodríguez Cañas, ex director de la Oficina de Contabilidad y Presupuesto, donde les decía: “Miren mis queridos amigos. Necesitamos comparar con el 2007 y hacer reflexiones bien juiciosas y fuertes. Por favor tengo que sacar el comunicado el miércoles antes del Superior. Un abrazo, Dios guarde a usted, Álvaro González Joves”. Un minuto después, siendo las 7:33 de la noche, escribió a Hugo Fernando Castro Silva, ex vicerrector administrativo: “Mi querido Hugo: necesitamos sus luces. Un abrazo”. Los tres correos, enviados de manera equivocada a las cuentas de correo que estos dos ex funcionarios manejaron mientras ocuparon cargos administrativos en la universidad, llegaron, como era de esperarse, a los usuarios que actualmente utilizan esos correos institucionales. La confusión del ex rector González Joves en los destinatarios de sus correos al pedir “luces” para preparar “comunicados demoledores” se dio al no eliminar las cuentas ‘ diradmi@unipamplona.edu.coEsta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla ’ que pertenecía a Hugo Fernando Castro Silva y ‘ seccontabi@unipamplona.edu.coEsta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla ’, perteneciente en los años de la administración de González Joves a Gonzalo Rodríguez Cañas. De esta manera el error cometido por Álvaro González Joves, al enviar unos correos, prende las alarmas sobre lo que algunos ex funcionarios y uno más que se encuentra en el Consejo Superior de la Universidad actualmente, podrían estar organizando con el fin de ubicar ciertas personas al interior del mismo Consejo que pudieran, en un futuro no muy lejano, volver a traer al ex rector a la administración de la universidad. Investigaciones pendientes Por notificaciones que han llegado al despacho de la actual rectoría de la Universidad de Pamplona se ha podido conocer que la Procuraduría General de la Nación ordenó abrir varias investigaciones disciplinarias. A los procesos fueron vinculados Álvaro González Joves, Pedro León Peñaranda Lozano, Guillermo Gonzalo Romero Peña y Yohana Milena Arb García, en su calidad de funcionarios del establecimiento de estudios superiores. El Ministerio Público indagará sobre  presuntas irregularidades contractuales y presupuestales en la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 017-2006 suscrito con la Gobernación de Norte de Santander. Esta no es la única investigación que cursa en contra del ex rector González Joves. En una notificación del 2 de febrero de 2009, se informó del inicio de la investigación penal contra él “por las conductas punibles, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, hechos ocurridos en Pamplona el 27 de diciembre de 2006, relacionados con la suscripción de los convenios 455 y 456, celebrados entre Whiman Erney Porras Pérez, en representación de la Gobernación del Casanare, por $3 millones 300 mil  y $33.442’783.684 cuyo objeto fue la adquisición de libros para bibliotecas”.

Universidad pública desfinanciada

 

Fecha 05 Marzo 2010

 

Por: Raúl Bermúdez Márquez

Los aportes insuficientes que la Nación viene haciendo desde el año de 1993, los cuales han tenido un crecimiento en muchos casos inferior al del IPC, no consideran las nuevas realidades de las universidades públicas, como el incremento de cobertura, el aumento de programas curriculares en pregrado y en posgrado, la renovación tecnológica, la adecuación a estándares de calidad nacional e internacional, y las cargas laborales por el crecimiento del número de los docentes, capacitación y reconocimiento de la producción de los mismos;  lo anterior plantea la inviabilidad de las universidades públicas del país en un futuro cercano.

La educación es un atributo inalienable del hombre, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero no sólo eso. El 16 de septiembre de 2009, el presidente Barack Obama, reconocía que “El futuro pertenece a la nación que mejor eduque a sus ciudadanos”. La Asociación Sindical de Profesores Universitarios de tiempo atrás viene presentando los casos de cinco universidades que están en situación de quiebra por falta de recursos: U. de Pamplona, UPTC de Tunja, U. del Atlántico (sometida a la Ley 550 de quiebras), U. del Valle y U. Tecnológica del Chocó.

Existen casos difíciles en otra decena de universidades. Por ejemplo, la Popular del Cesar, con 14 mil estudiantes, 25 programas de pregrado presenciales en sus tres sedes y un número similar de programas de postgrado, recibe del gobierno central en valor presente la misma asignación presupuestal de 1993 cuando no llegaba a mil estudiantes. Lo anterior ha provocado un encarecimiento desproporcionado de la matrícula estudiantil, el congelamiento y disminución de la planta docente de carrera (de 108 pasó a 90 profesores) y  el crecimiento desaforado de profesores ocasionales y catedráticos (pasan de 600).

La situación general ha llegado a tal extremo que los mismos rectores de las universidades agrupados en el Consejo Nacional de Rectores contrataron un estudio que demostró el desfinanciamiento y déficit acumulado de ellas que sobrepasaba los $158.000 millones. Con estudio en mano, se reunieron en la Casa de Nariño el 10 de diciembre de 2008 con el presidente Uribe quien les prometió que en el presupuesto para la vigencia del año 2010 el rubro de educación superior se incrementaría por encima del IPC para resolver la situación. Pasaron los meses, se presentó el proyecto de ley de presupuesto y Uribe incumplió su compromiso. Los recursos adicionales fueron a parar al Icetex (50 mil millones) y a Colciencias (30 mil millones). En cuanto al primer monto, se beneficia ante todo a la universidad privada, porque son los estudiantes de esos entes los que más uso hacen del Icetex y en relación a la plata de Colciencias, serán las universidades de mayor desarrollo investigativo las que podrán acceder a esos recursos.

La prioridad que asigna cada país a la educación en la repartición de recursos se mide con el indicador del gasto público en educación como participación del Producto Interno Bruto (PIB), así lo indican los expertos. Para Educación Superior en Colombia, sólo se destina el 0.45% del PIB, muy lejos del 1% que se destina en Brasil, o del 1.2% en Chile. Se puede afirmar entonces que la dinámica presupuestal que parte desde 1992 con la Ley 30, ha venido desdibujándose por la expedición de leyes que hacen mella en la inversión de las instituciones de educación superior estatales.

Lo que antes era para la construcción de laboratorios, mejoramiento de la infraestructura, hoy es utilizado para gastos de funcionamiento sin compensación alguna en las partidas presupuestales. En semejantes circunstancias, el futuro de la universidad pública en Colombia depende de la respuesta del Gobierno. De ser positiva, podrá cumplir con su misión, de lo contrario su futuro se proyecta con visos apocalípticos.

PD: Los anteriores, son apartes de la ponencia que preparamos para el Foro de Financiamiento de la Universidad Pública, realizado en Bogotá los días 2 y 3 de marzo pasados, al cual no pudimos asistir por la negativa de la nueva administración a incluirnos en la delegación de la UPC.

raubermar@yahoo.com

Acuerdo militar que le permitirá a E.U. usar 7 bases en Colombia no está cerrado

Noticia extraida del tiempo.com

 

En una decisión poco usual, la Corte Constitucional revisará el pacto. El tribunal admitió una demanda que pide declarar inviable la negociación porque no fue avalada por el Congreso.

El debate ya se daba por concluido y, según Frank O. Mora., subsecretario adjunto de Defensa de Estados Unidos,  los estadounidenses comenzarían a utilizar las bases a partir de mayo.

Fuentes de la Corte dicen que el abanico de posibilidades va desde dejar las cosas como están hasta tumbar el acuerdo, pasando por suspender su aplicación hasta tanto se tramite la ley correspondiente.

El Gobierno sostiene que no es un nuevo tratado con E.U. sino una extensión de los acuerdos suscritos por el país desde 1974. Pero el demandante, Luis Alfredo Sánchez Rojas, considera que debió ser el Congreso el que aprobara mediante una ley el acuerdo para el uso de las bases, y que esa ley tenía que haber sido enviada a la Corte Constitucional para control previo de exequibilidad.

La Corte admitió la demanda el pasado 10 de diciembre. La ponencia le correspondió al magistrado Jorge Iván Palacio, quien le pidió al Congreso que envíe la lista de los tratados que se se han aprobado con los Estados Unidos e invitó a los ex presidentes Belisario Betancur, César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana a que den su concepto.

También convocó al Consejo de Estado. Ese tribunal remitió el concepto que le entregó al Gobierno el 13 de octubre y que señalaba que la nueva negociación incluía temas -especialmente la presencia norteamericana en unidades militares colombianas- que iban más allá de lo anteriormente pactado.

En ese orden de ideas, dijo el Consejo de Estado, se trataba de un nuevo tratado, por lo que el paso por el Congreso era ineludible.
También criticó el desbalance entre lo que entrega el país y las obligaciones de los norteamericanos.

El concepto no obligaba y el Ejecutivo decidió ir en sentido contrario. El acuerdo con Washington finalmente se firmó en octubre, en medio de una durísima polémica con varios gobiernos de la región, especialmente con Venezuela.

El magistrado Palacio también pidió opinión de la Corte Suprema de Justicia y Ong.

El pasado 12 de febrero, el ponente le envió el expediente al procurador Alejandro Ordóñez para que emita su concepto. Sin embargo, el Ministerio Público ya había hecho observaciones a los términos del acuerdo antes de su firma.

La delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Margarita Carreño, dijo que la inmunidad del personal militar de E.U. en Colombia debía ser revisada.

REDACCIÓN JUSTICIA

POR EL CAMINO DE LA RESISTENCIA

POR EL CAMINO DE LA RESISTENCIA

Organización Colombiana de Estudiantes, OCE, Cali marzo 2 de 2010.

El mal tino y la improvisación del actual gobierno le están saliendo caros. A pesar del evidente esfuerzo de los medios de información para presentar políticas centrales del régimen como hechos secundarios y sin la mayor transcendencia, el  incremento de medidas antipopulares y antidemocráticas está afectando de una manera directa  y casi inmediata a la población.

Álvaro Uribe Vélez, como el gran culebrero, insiste en presentar las medidas tomadas como necesarias y buenas para el bienestar de la gente. En su última astucia trató de convencer a la comunidad médica y al país entero que los últimos decretos amparados en la emergencia social no decían lo que en ellos se podía leer sino otra cosa totalmente contraria. Incluso se atrevió a decir en un medio de comunicación que los médicos, periodistas y colombianos no sabíamos leer. 

Pero sus intentos diarios por defender su ridícula intensión, ante cuanto micrófono alcanzaba, tocaron fondo cuando el fantasma de la corrupción rondó los contratos de asesoría que sirvieron de base para la expedición de los decretos para atender la “crisis de la salud”. Así  quedaba en evidencia una verdad de a puño: las organizaciones médicas y sus gremios no habían sido consultadas para esta reforma a la salud. Por el contrario, se sentían excluidas y miraban con malos ojos la participación de personas pagadas con sumas de escándalo, quienes además representaban los intereses de las EPS privadas.

La reacción a esta burla, junto al apoyo de las centrales obreras y  las organizaciones políticas de izquierda, fue plantear las denuncias correspondientes y organizar una gran movilización nacional contra la estratagema. Rápidamente fue programada una marcha para el 6 de febrero, la cual alentó el debate y sirvió para medir el ánimo de la gente. Posteriormente fue programada otra jornada nacional de protesta para el 18 de febrero, mucho mas organizada, con trabajo previo y una fuerte convocatoria.

Esta movilización del 18 fue todo un éxito. Sus propósitos fueron exigirle al gobierno la derogatoria de los decretos que profundizaban la intromisión del capital privado y especulativo en la salud de los colombianos.

Estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad del Valle participamos de la organización y de las tareas de esta gran protesta. Varios grupos estudiantiles nos la  jugamos a fondo y la Univalle logró alzar su voz de protesta junto a las miles de personas que marcharon en Cali desde el parque de las banderas, sumándonos así al gran caudal de resistencia civil que recorrió el país.

Hacemos un llamado a seguir participando en las movilizaciones venideras resaltando la utilización de métodos amplios y democráticos que ayuden a la unidad estudiantil. El papel que puede jugar el estudiantado, y la dinámica que le imprime este sector a las luchas del pueblo por la reivindicación de derechos que están siendo arrasados por el régimen, puede ser esencial en la nueva situación política del país.

ocecali@hotmail.com                                                                                       www.ocecali.blogspot.com

ORGANIZACION COLOMBIANA DE ESTUDIANTES OCE

REGIONAL VALLE