Los estudiantes de universidades públicas y privadas reunidos los días 24 y 25 de abril de 2010, teniendo en cuenta la actual embestida del régimen, enmascarada en la demagogia reformista de un proyecto de Ley que pretende modificar el esquema de financiación contenido en la Ley 30 de 1992, que no resuelve el problema estructural de financiación de la educación superior, deseamos poner a consideración de la comunidad universitaria y sus espacios deliberativos la discusión de los siguientes criterios:
La universidad pública se encuentra sumergida en una profunda crisis como producto de la aplicación de políticas neoliberales impuestas desde hace algunas décadas en nuestro país. Estas políticas han conducido a la paulatina privatización de la universidad pública vía des-financiación, ajustando el sentido de la educación a criterios empresariales, convirtiendo el derecho a la educación en una mercancía.
La Ley 30 de 1992 fue el instrumento que en su momento permitió el avance de las políticas neoliberales en la educación superior. Aunque esta norma aseguró un presupuesto fijo para las instituciones de educación superior, también dio vía a instituciones como el ICETEX, a través de la cuales el estado se descarga de su responsabilidad en la financiación de la educación, trasladando sus obligaciones a los estudiantes y sus familias. Además, institucionalizo formas antidemocráticas de administración y gobierno universitario, muestra de ello es la composición, que allí se establece, de los consejos superiores, o de instituciones como el CESU, entre otras, donde una buena parte de los miembros que componen estos mecanismos, es asignada por el gobierno nacional, y otra parte es ajena a la vida académica universitaria.
De otra parte, la ley 30 estableció que el presupuesto de las universidades aumentaría según el índice de precios al consumidor. Esto en apariencia era beneficioso para las universidades públicas, sin embargo, uno de los problemas de la Ley es que aumenta el presupuesto según ingresos de la universidad al año de 1993, desconociendo con esto el aumento en cobertura, planta docente y física. Esta política llevó a las universidades a una crisis financiera y a la búsqueda de recursos propios vía extensión, investigación y pos-grado apartándola de sus objetivos misionales en la producción de conocimiento en función de las necesidades del país.
La crisis presupuestal, generada por las políticas aplicadas por los gobiernos de turno, se convierte hoy en excusa para profundizar aún más la privatización de la universidad pública. En la actualidad, la ofensiva privatizadora pretende avanzar por la vía de una contra-reforma a la Ley 30 de 1992, propuesta que afectaría sensiblemente los principios de autonomía universitaria, imponiendo criterios frente a la asignación de los recursos que obligan a las universidades a competir en la lógica mercantil. En este sentido declaramos:
1. Rechazar el Proyecto de Ley No. 237 Senado, radicado por el Ministerio de Educación Nacional ante el Congreso de la República el pasado 12 de abril de 2010, por el cual se modifica el esquema de financiación de la Ley 30 de 1992, por las siguientes razones:
El proyecto además de no resolver el problema estructural, que sufre la Universidad Pública, promueve e institucionaliza políticas claramente neoliberales como el subsidio a la demanda con el estímulo de los elevados créditos educativos y la creación de un Fondo para la Permanencia Estudiantil en la Educación Superior, administrado por el Icetex y destinado al cubrimiento parcial de los gastos de manutención de los estudiantes de las instituciones de educación superior públicas y privadas del país de acuerdo a los instrumentos de focalización que defina el gobierno nacional. Condiciona también la transferencia de supuestos recursos adicionales, desde el gobierno central a las universidades, al grado de aplicación de las políticas del MEN en cada universidad, políticas que basadas en la denominada Revolución Educativa y el plan Visión Colombia 2019 que atentan contra la calidad académica y el carácter científico de la educación, como la ampliación indiscriminada de la cobertura, los recortes del tiempo de las carreras, la reducción de los contenidos, la estandarización y homogeneización curricular y la priorización de los programas técnicos y tecnológicos de muy discutida calidad en detrimento de un pregrado de calidad.
Los recursos del denominado subsidio a la demanda servirán para continuar fomentando la cultura mendicante y la politiquería propia de los programas de la acción social de la Presidencia. Si en realidad se quisiera atacar el alto nivel de deserción universitaria que se acerca al 50% y que se aspira reducir al 25% en el año 2019, estos recursos deberían ir a las divisiones de Bienestar Universitario, poseedores de una larga trayectoria y experiencia en el tema sin condiciones adicionales para los estudiantes beneficiarios.
2. Buscar mecanismos efectivos de financiamiento, exigiendo QUE EL Estado ASUMA SU RESPONSABILIDAD EN TERMINOS FINANCIEROS CON LA EDUCACIÒN SUPERIOR COLOMBIANA, QUE SE EXPRESEN EN MECANISMOS adecuados, siendo la reivindicación principal en la actual coyuntura del movimiento Nacional Universitario, garantizando la financiación plena a la Universidad Colombiana.
Exigimos que para el 2011 se amplíe la base presupuestal en un porcentaje no inferior al ipc más el 9% y se pague la deuda acumulada que asciende aproximadamente a 500 mil millones de pesos, como punto de partida que garantice la viabilidad preupuestal de las universidades públicas.
Es innegable la necesidad de mayores recursos para las 32 universidades públicas colombianas., que según datos de la Contraloría General de la Nación, en los últimos años han recibido recursos (aproximados a) del orden del 0.36% del PIB, significando esto para las Universidades Colombianas ingresos menores a los $1 billón 526 mil millones de pesos (según datos oficiales de 2007); esto sin tener en cuenta que en este mismo periodo la población Universitaria aumento en un 147.47%, significando esto un paso de 200.000 estudiantes matriculados en 2002 a 494.937 en 2007. La inversión estatal per cápita promedio en las universidades públicas, “alcanzaba la cifra de 5,69 millones en 1993 mientras que en 2008 era de 3,67 millones de pesos constantes de 2008” (incluir pies de pagina) Mientras en los Estados Unidos el gasto por alumno es de 100 mil dólares al año, en Colombia hay universidades que reciben 350 dólares por estudiante al año, tal es el caso de la Universidad de Pamplona.
Los gastos adicionales en los que han incurrido las universidades públicas, por efecto de la normatividad posterior a la Ley 30 de 1992, ascienden a $469 mil millones de pesos con corte a diciembre de 2007 dineros destinados a atender los nuevos gastos de funcionamiento. En los últimos cinco años ha habido un crecimiento en la infraestructura del 17 %, al pasar de 2.178.000 metros cuadrados a 2.522.000, y en cuanto a la cualificación docente, entre 2003 y 2007, el conjunto de universidades del SUE incrementó el número de docentes con título de doctorado en 47,6%, pasando de 835 profesores en Equivalente Tiempo Completo con título de doctorado a 1.233. Estas cifras, tomadas del informe del Sistema Universitario Estatal , muestran y confirman la necesidad inmediata de nuevos recursos para la Universidad pública, por lo que es necesario promover el más amplio frente universitario que movilice a la sociedad colombiana y ponga como punto de discusión la prioridad del gasto social en el presupuesto, cuyos mayores porcentajes están destinados hoy al pago de la deuda pública interna y externa y al mantenimiento del gasto militar.
En este contexto la lucha por un mecanismo alternativo de financiación no debe contraponerse a la consecución de recursos estatales frescos para las universidades, que engrose su base presupuestal, y no una simple adición, como la aprobada en octubre de 2009, pues se ha señalado que la crisis profunda de varios centros de enseñanza los llevará a la quiebra en menos de 2 años. Por lo tanto, debemos enarbolar la movilización nacional de este periodo, en función de lograr la apropiación de recursos financieros destinados a la base presupuestal de las universidades en el presupuesto de ingresos y gastos de la nación para el año 2011,que próximamente comenzara su curso en el congreso de la republica , unido esto a tumbar el proyecto de reforma del gobierno que cursa en el congreso.
3. Generar espacios para discutir y construir una reforma universitaria alternativa que permita proyectar la lucha nacional y acumular fuerzas para materializar un nuevo modelo de universidad.
Lejos de lo que pregonan sus promotores, la actual contrarreforma educativa que cristaliza un modelo que apunta a resolver las necesidades del mercado de mano de obra barata y con algún nivel de calificación, con el agravante de que el actual modelo económico está basado en la especialización del país en la producción de materias primas, productos tropicales, venta de bienes y servicios e instalación de procesos productivos intensivos en mano de obra pero escasos en el uso de tecnologías y conocimientos científicos, con lo que una universidad científica que imparta lo más elevado del conocimiento se vuelve impertinente, haciéndose necesario, desde el discurso oficial, transformar el sistema de educación superior Colombiano, en un instrumento del enclenque sector empresarial y las filiales de las corporaciones multinacionales que funcionan en el país. Su único papel, suplir las necesidades básicas del mercado laboral.
En contraposición al modelo imperante, hay que insistir en la necesidad de avanzar con propuestas en materia de financiación plena por parte del Estado, fortalecer el Bienestar Universitario, condiciones de trabajo dignas para profesores, empleados y trabajadores, autonomía universitaria y construcción de un modelo de educación superior que garantice la formación al más alto nivel, y que genere conocimiento en función de las problemáticas del país y del pueblo. En el cometido de generar los espacios y estrategias para la formulación de propuesta alternativa frente a la que cursa actualmente en el congreso en materia de financiación y despuntar elementos hacia la formulación de una reforma universitaria democrática en Colombia, empeñaremos nuestros esfuerzos en concretar mesas amplias de coordinación local, regional y nacional que permitan confrontar la actual base jurídica de la educación superior Colombiana, que expresa un modelo de universidad de espaldas a las necesidades de la nación y el pueblo y a la cual debemos enfrentar una reforma integral de la ley 30.
NUESTRA CONVOCATORIA…
Hacemos un llamado a todos y todas los interesados en la defensa de la universidad pública a:
1. Marchar de manera masiva el 1ro de Mayo
2. Jornadas 20-21. El 20 está programada una audiencia pública en el Congreso de la República para denunciar la naturaleza del proyecto de reforma a la Ley 30. el objetivo es lograr la transmisión de la audiencia en cada una de las universidades del país, en medio de asambleas y cese de actividades académicas.
El 21 de mayo. Se convoca a movilización nacional a las plazas públicas de las ciudades del país.
3. Jornadas 8 y 9 de junio.
4. Asumir el bicentenario como una conmemoración de los 200 años de lucha popular por la verdadera independencia, en este sentido, vincularse a las actividades que diversos sectores sociales y políticos están promoviendo.
5. Participar de manera activa en la instalación del Congreso de los Pueblos el 20 de julio de este año, iniciativa que viene convocando la Minga de Resistencia social y comunitaria de la mano con otros sectores sociales.
5. Participar en las jornadas de movilización que vienen convocando diversos sectores sociales en contra de la instalación de bases militares estadounidenses en nuestro país y en Latinoamérica.
6. Movilizarnos de manera contundente en las jornadas de octubre.
Encuentro Nacional de Estudiantes Universitarios.
