Rector solicita al Ministerio de Hacienda equidad para el Alma Mater

El rector de la Universidad Popular del Cesar, Jesualdo Hernández Mieles en visita realizada a la capital del país, solicitó al Ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry, elevar al Alma Mater a la Media Superior y pueda ésta recibir el recurso económico girado por la nación como apoyo al estudiante, en iguales sumas que las otras universidades públicas de Colombia, lo cual apoyaron los Congresistas del Cesar.

“En primer lugar agradezco la iniciativa que tuviera el representante Yensi Acosta Castañez, quien además es el ponente de presupuesto de la Cámara Baja; en invitarnos a una comisión de nuestra universidad para hablar con miembros del gobierno central; de igual forma le doy gracias al representante José Alfredo Gnecco, quien ostenta la vicepresidencia de la Comisión IV de presupuesto de la Cámara; a los Representantes Pedro Muvdi y Fernando De la Peña, por su interés en La UPC y a nuestro Senador Felix Valera, quien en todo momento defendió la universidad por ser un egresado de la misma. Le pedí al Ministro de Hacienda que tuviera equidad con La UPC porque en estos momentos nos están mirando como una institución superior de cuatro programas cuando tenemos 24 y cumplimos la cobertura a nivel nacional; es de resaltar en este orden de ideas, y así se lo hice saber al Ministro, que la Universidad de Córdoba recibe por cada estudiante un promedio de $3.556.000 y la Universidad Popular del Cesar sólo recibe por estudiante $1.917.00 pesos y nosotros contamos con más alumnos que la Unicórdoba; entonces por qué no nos dan el mismo trato.

Afortunadamente el ministro Echeverry mostró el interés de ayudarnos, no sólo a La UPC si no a la Universidad de La Guajira que está en la misma situación”; manifestó el rector Jesualdo Hernández.

La comisión de La UPC que estuvo en Bogotá estuvo conformada por los vicerrectores Académico, Roberto Daza; Administrativo, Wilfrido Godoy; de investigación, Raúl Bermúdez Márquez y el asesor Cesar Torres; esto con el fin de mostrar no sólo al ministro de Hacienda si no al Viceministro de Educación cómo estaba marchando La UPC en todos sus campos y poder darle un trato justo en materia económica sobre todo, para la sostenibilidad de casi 15 mil estudiantes.

“El Ministro de Hacienda quedó tan comprometido con la Universidad Popular del Cesar y la Universidad de La Guajira, que delegó a uno de sus funcionarios para que asistiera a la visita que tuvimos con el Viceministro de Educación  y el delegado de la Ministra en el Consejo Superior de La UPC, José Maximiliano Gómez Torres donde se planteó el tema de financiación que tiene en este momentos nuestra universidad; en la visita estuvo presente también el Secretario de la Cámara Jaime Espeleta quien fue de mucha ayuda en el sentido que se preocupa por las dos universidades; el senador pidió con vehemencia al Viceministro de Educación que tomaran a La UPC como experimento piloto en representación de las universidad de la Costa Atlántica. La delegación que me acompañó fue con la intención, de igual forma, de mostrar mi preocupación con los recursos para sostener cerca de 15 mil estudiantes en el 2012 debido a la reforma de la Ley de Regalías; lo cual fue muy bien recibida y esperamos contar con la ayuda necesaria para sacar adelante nuestra Alma Mater, orgullo de la región y de la costa”, explicó Hernández Mieles.

Es de anotar que la comisión de La UPC, calificó como fructífera en todos los aspectos, la visita a la ciudad de Bogotá, sobre todo por el apoyo irrestricto de los Congresistas en querer aportar lo mejor de sus gestiones, para darle el puesto de honor y el reconocimiento que se merece la Universidad Popular del Cesar del Gobierno Central y esperan, a corto plazo, noticias positivas para los estudiantes que hacen parte de la institución superior.

Comienza a agitarse el ambiente universitario por reforma a la Ley 30/92

Los estudiantes de la Universidad Popular del Cesar, UPC,  no se quedarán atrás en la protesta nacional que se realizará hoy en todo el país en contra de lo que se denomina privatización de la educación y eliminación de la autonomía universitaria.

En Valledupar los estudiantes de la UPC y de otras instituciones de educación superior oficiales, marcharán a partir de las 8 de la mañana desde la sede Sabanas de la UPC hasta el edificio de la Gobernación del Cesar.

Abel Carreño y Álvaro Julio, estudiantes de la UPC, manifestaron que el gobierno se propone reformar la Ley 30 de 1.992 que establece la autonomía universitaria, para crear un nuevo marco que regulará la educación superior, la cual será privatizada siguiendo el modelo chileno. Expresaron los universitarios que pese a que el modelo chileno ha fracasado como lo demuestran las recientes y generalizadas protestas estudiantiles en ese país, aquí en Colombia, el gobierno dentro de esa teoría y reformas neoliberales,  trata de seguirlo.

Cuestionaron el hecho de que los aportes presupuestales de la Nación a las universidades estatales, según el nuevo proyecto del gobierno, estaría sujeto al Producto Interno Bruto, PIB, lo cual consideran negativo para los sectores populares.

En la UPC, los estudiantes, desarrollan mesas de trabajo y foros en los que socializan entre sus compañeros, los alcances de la reforma a la Ley 30 de 1992. Dicen que el Proyecto oficial no ha sido socializado y no se ha concertado con los estamentos universitarios, profesores, empleados, estudiantes y directivos.

PROGRAMA MÍNIMO DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS COLOMBIANOS

I.                 FINANCIACIÓN.

-         Aseguramiento de la Educación como un derecho y una condición necesaria para el desarrollo nacional, dejando de lado su connotación como mercancía; por tanto, rechazamos de manera íntegra y categórica la nueva Ley de Educación Superior y cualquier medida que tenga como propósito abrirle paso al lucro y a las transnacionales de la Educación Superior, incluyendo aquellas que hacen parte de los Tratados de Libre Comercio y los demás acuerdos comerciales que Colombia adopte sobre ésta materia.

-        Financiamiento  estatal adecuado a la Universidad Pública sin condicionamientos, es decir, un aumento de los recursos estatales a la base presupuestal que dé cuenta de los costos generados en seguridad social, nomina docente y administrativa, programas de bienestar, aumento de cobertura, investigación e inversión; entendiendo que la financiación adecuada de la Universidad Pública es la principal herramienta para el aseguramiento de la calidad. De igual manera exigimos el pago de la deuda del Gobierno Nacional y de los entes territoriales con las Universidades Públicas.

-         El Estado debe ejercer la función de inspección, vigilancia y control sobre los montos de las matriculas en universidades colombianas. Los estudiantes debemos ser participes de manera real en las discusiones que al interior de las universidades se dan en torno al particular. Estas medidas deben estar orientadas hacia el congelamiento de matriculas en universidades privadas y públicas, y la gratuidad en las universidades públicas hacia el futuro tanto en pregrado como en posgrado.

-        Eliminación de exenciones tributarias a las multinacionales extranjeras e incremento progresivo de la participación estatal en la explotación de recursos naturales, en particular los de tipo minero-energético y reducción del presupuesto destinado tanto a la guerra como a la deuda pública, a fin de garantizar una financiación plena para la educación. Rechazamos las privatizaciones de empresas de servicios públicos pues ello es causa fundamental de su carestía. Parte de las utilidades de las empresas de servicios públicos deben destinarse al financiamiento de las Universidades Públicas.

-        El Icetex solo  será financiado por recursos del estado, no provenientes de deudas con el sector financiero ni con organismos multilaterales de crédito, así tendrá la capacidad de reestructurar sus créditos,  suspender los procesos contra quienes no han podido pagarlos y refinanciar los restantes. Los nuevos créditos que se otorguen serán sin capitalización de intereses y contarán con subsidios por logros académicos, deportivos y culturales.

II.               DEMOCRACIA Y AUTONOMÍA

-         Fortalecimiento de la autonomía universitaria, entendida ésta como:

i) La facultad de las Instituciones de Educación Superior para definir sus cuerpos de gobierno de manera democrática y con participación mayoritaria de los estamentos que componen la comunidad universitaria en la dirección de la misma; ii) Definición autónoma de sus agendas investigativas, programas, currículos y contenidos por miembros de la comunidad académica como herramienta para asegurar la calidad,; iii) Determinación autónoma del gasto, en base a las necesidades, prioridades y definiciones de la comunidad universitaria. La autonomía entendida en estos términos solamente puede desarrollarse en tanto la comunidad académica cuente con garantías efectivas para la participación, por tanto exigimos el descongelamiento de la planta docente de las Universidades Públicas y el aumento de los profesores de tiempo completo y de dedicación exclusiva. Rechazamos los procesos de acreditación y las pruebas Saber Pro –antes Ecaes-, en primer lugar, por no constituir un referente real que dé cuenta de la calidad académica y en segundo lugar, por constituir una flagrante violación a la autonomía académica de las Universidades colombianas. Bajo ninguna circunstancia se puede entender que en virtud de la autonomía universitaria se obligue a las Universidades Públicas a basarse en sus propios esfuerzos económicos para garantizar su funcionamiento e inversión.

III.              BIENESTAR

-         Entendemos que el bienestar universitario es un componente integral de la formación académica y por tanto éste debe ser ofrecido directamente por las Universidades y no a través de concesiones. Con este sistema se deben asegurar las  elementales prestaciones como salud, alimentación, vivienda, transporte y el ejercicio de actividades deportivas, culturales y artísticas. Las garantías laborales para los trabajadores hacen parte del mismo, por tanto exigimos la contratación directa de los empleados de las universidades y el respeto a sus derechos salariales y prestacionales.

-        Exigimos que los recursos para bienestar universitario sean contemplados por los recursos que destina el Estado a las Universidades Públicas y que estos integren su base presupuestal.

IV.             CALIDAD ACADÉMICA

-        Comprendemos que la calidad académica solamente será producto del respeto y garantías para que las comunidades académicas puedan desarrollar de manera optima su ejercicio académico, por tanto exigimos: i) El descongelamiento de la planta docente de las Universidades Públicas del país y el aumento progresivo de docentes de tiempo completo y de dedicación exclusiva; ii) El respeto y garantía para la libertad de cátedra en todas las universidades colombianas; iii). El aumento de cobertura en educación superior sobre la base de financiación adecuada a la Universidad Pública, como principal herramienta para asegurar la calidad. Finalmente rechazamos la estandarización de contenidos, política desarrollada a través de diferentes herramientas como los procesos de acreditación, las pruebas Saber Pro o la implementación de competencias académicas, ciudadanas o laborales.

V.               LIBERTADES DEMOCRÁTICAS

-        Respeto y apoyo tanto a las expresiones culturales, políticas y sociales al interior de las Universidades, como a las formas de organización estudiantil, profesoral y sindical. Exigimos garantías para el goce efectivo de los Derechos Humanos, por tanto rechazamos la militarización de los campus y la persecución hacia miembros de la comunidad universitaria. De igual manera nos oponemos a las acciones tendientes a estigmatizar al movimiento universitario y exigimos respeto a la movilización social y al derecho a la protesta, así como a las demás libertades y derechos democráticos.

VI.             RELACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD

-        La universidad colombiana debe estar ligada a las necesidades más sentidas del pueblo colombiano y al desarrollo y progreso de su mercado interno, por tanto su actividad académica e investigativa estará a su servicio. Esto implica que la universidad pública debe discutir y adoptar un nuevo modelo pedagógico que afronte, discuta y genere alternativas con respecto a las problemáticas sociales, económicas y medio ambientales que afronta el país, vincule a los grupos étnicos y culturales que componen la nación colombiana. Entendemos que la extensión universitaria hace parte integral del quehacer académico de la universidad motivo por el cual este debe responder a las prioridades y necesidades del pueblo colombiano.

-        Exigimos la creación de hospitales universitarios plenamente financiados por el Estado al servicio de la comunidad académica y de los colombianos y no al servicio del sector privado.

-        El estudiantado exhorta la concreción de la solución política y dialogada al conflicto armado interno que vive el país.