Revista Semana
Por Antonio Caballero |
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OPINIÓN.Cuando quisieron salir de Noriega, lo definieron como narcotraficante. Y para capturarlo bombardearon panamá desde la base de Howard
Sábado 8 Agosto 2009La tesis del gobierno es que la soberanía consiste en entregar la soberanía. Y sí, bueno: paradójicamente, esa entrega constituye un acto soberano. Para ceder algo, es necesario tenerlo. En la Roma antigua, y también en los Estados Unidos de los tiempos de la colonización del salvaje Oeste, se daba con frecuencia el caso de hombres libres que se vendían a un rico en calidad de esclavos por un período determinado, y a veces de por vida. La esclavitud voluntaria no es un estado particularmente decoroso, pero en fin: cada cual pone su honra donde le cabe.
Ahora bien: esas cosas hay que explicarlas. El de las bases norteamericanas en territorio colombiano no es "un acuerdo transparente", como lo llama el general Freddy Padilla, comandante de las Fuerzas Militares. Tan no lo es, que el presidente Álvaro Uribe tuvo que emprender una atropellada gira por siete países amigos para explicárselo en persona a sus presidentes en reuniones a puerta cerrada, no quiso, en cambio, dar esas mismas explicaciones en público, como se lo pedían los presidentes de Brasil y Chile en la cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que se reúne en estos días, en Quito. Pero donde hay que dar explicaciones no es ni en Unasur públicamente, ni en privado en Lima o en Asunción, sino aquí.
Ese acuerdo, que el general llama "transparente" a pesar de que es secreto, hay que explicárselo a los ciudadanos colombianos, y no a los mandatarios extranjeros. Y en primer lugar a sus representantes en el Congreso de la República, tal como lo dispone la Constitución, ese pobre papel con el cual limpian periódicamente las vergüenzas el presidente Uribe y sus áulicos. Sin duda el Congreso, que es uribista y arrodillado, aprobaría la cesión de la soberanía si se lo preguntaran. Pero darlo por sentado desdeñosamente de antemano equivale a señalar la inutilidad del Congreso, reducido al papel de pagar sueldo a los congresistas para que rubriquen las iniciativas del Presidente: de ahí a cerrarlo no hay un paso (y el cierre constituiría un importante ahorro para la vena rota del gasto público). Como sólo es un paso el que lleva a nombrar por decreto Fiscal y Procurador desde el engorroso método actual de presentarles a las cortes ternas impresentables. Y un paso es el que lleva a clausurar también las cortes, en vez de tener que recurrir al fastidioso recurso de no acatar sus fallos .
Serían pequeños pasos que, sin duda, la opinión uribista aplaudiría con los ojos cerrados (y la boca también: es "mayoría silenciosa"). ¿Y por qué no dar otro más, y cerrar también la prensa? Así se evitaría la costosa extravagancia de hacer giras de explicación "mudas", como han dado en llamar a las que excluyen las declaraciones públicas. Porque ¿cómo hacer declaraciones públicas sobre tratados secretos?
Tan secreto es este que ni siquiera lo conoce el Congreso de la contraparte, el de los Estados Unidos. O, al menos, no se sabe que lo conozca. Ni lo conocía el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos, a no ser que estuviera mintiendo deliberadamente cuando aseguraba hace un año que no habría bases. Y por lo visto no lo conoce tampoco el nuevo ministro, a quien ni siquiera invitaron a la Conferencia de Seguridad de Suramérica convocada en Cartagena, al alimón, por las Fuerzas Militares de Colombia y el Comando Sur de los Estados Unidos. (De este comando viene la palabra "Sur" del título de la conferencia, que en inglés se llama "SouthSec").
Fue allí, en los salones del Santa Clara Luxury Hotel, donde el general Padilla The Lionheart filtró la información reservada de que las bases para uso de los norteamericanos en Colombia ya están entregadas y no van a ser ni tres ni cinco, como se había hecho creer en un principio, sino siete: dos navales, dos terrestres y tres aéreas. Y añadió sibilinamente que "nadie distinto a los terroristas y a los narcotraficantes debe temer por este acuerdo".
Pero ¿y quién define quién es un "terrorista" y quién es un "narcotraficante"? Los Estados Unidos. ¿Y cómo? Pues como les dé la soberana gana, de acuerdo con lo que les dicte su interés. Sobran los ejemplos. Para poner uno geográficamente cercano: cuando quisieron desembarazarse del general panameño Noriega, que se había vuelto incómodo para ellos después de haberles prestado durante años invaluables servicios a sueldo de la CIA, lo definieron de pronto como narcotraficante. Y para capturarlo bombardearon la ciudad de Panamá desde la base Howard que entonces manejaban, amistosamente por supuesto, en su territorio. Por eso tienen razón en sus temores los Presidentes de Venezuela y Ecuador: su vecindad con las bases norteamericanas en Colombia los pone a tiro. Y tienen razón también los de Brasil y Uruguay y Bolivia y Paraguay y la Argentina y Chile: todos esos países padecieron feroces dictaduras impuestas y respaldadas por los Estados Unidos. Saben por experiencia -que lo diga la presidenta chilena Michelle Bachelet, torturada en las cárceles de Pinochet- que los amigos norteamericanos no son de fiar.
Y a lo mejor tiene también razón, desde su propio punto de vista, el presidente Uribe: con la cesión de las bases militares quiere comprar su respaldo. Así hizo Franco en España. Y gracias a eso murió cuarenta años después tal como quiere Uribe: en su cama, y en palacio.
Ese acuerdo, que el general llama "transparente" a pesar de que es secreto, hay que explicárselo a los ciudadanos colombianos, y no a los mandatarios extranjeros. Y en primer lugar a sus representantes en el Congreso de la República, tal como lo dispone la Constitución, ese pobre papel con el cual limpian periódicamente las vergüenzas el presidente Uribe y sus áulicos. Sin duda el Congreso, que es uribista y arrodillado, aprobaría la cesión de la soberanía si se lo preguntaran. Pero darlo por sentado desdeñosamente de antemano equivale a señalar la inutilidad del Congreso, reducido al papel de pagar sueldo a los congresistas para que rubriquen las iniciativas del Presidente: de ahí a cerrarlo no hay un paso (y el cierre constituiría un importante ahorro para la vena rota del gasto público). Como sólo es un paso el que lleva a nombrar por decreto Fiscal y Procurador desde el engorroso método actual de presentarles a las cortes ternas impresentables. Y un paso es el que lleva a clausurar también las cortes, en vez de tener que recurrir al fastidioso recurso de no acatar sus fallos .
Serían pequeños pasos que, sin duda, la opinión uribista aplaudiría con los ojos cerrados (y la boca también: es "mayoría silenciosa"). ¿Y por qué no dar otro más, y cerrar también la prensa? Así se evitaría la costosa extravagancia de hacer giras de explicación "mudas", como han dado en llamar a las que excluyen las declaraciones públicas. Porque ¿cómo hacer declaraciones públicas sobre tratados secretos?
Tan secreto es este que ni siquiera lo conoce el Congreso de la contraparte, el de los Estados Unidos. O, al menos, no se sabe que lo conozca. Ni lo conocía el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos, a no ser que estuviera mintiendo deliberadamente cuando aseguraba hace un año que no habría bases. Y por lo visto no lo conoce tampoco el nuevo ministro, a quien ni siquiera invitaron a la Conferencia de Seguridad de Suramérica convocada en Cartagena, al alimón, por las Fuerzas Militares de Colombia y el Comando Sur de los Estados Unidos. (De este comando viene la palabra "Sur" del título de la conferencia, que en inglés se llama "SouthSec").
Fue allí, en los salones del Santa Clara Luxury Hotel, donde el general Padilla The Lionheart filtró la información reservada de que las bases para uso de los norteamericanos en Colombia ya están entregadas y no van a ser ni tres ni cinco, como se había hecho creer en un principio, sino siete: dos navales, dos terrestres y tres aéreas. Y añadió sibilinamente que "nadie distinto a los terroristas y a los narcotraficantes debe temer por este acuerdo".
Pero ¿y quién define quién es un "terrorista" y quién es un "narcotraficante"? Los Estados Unidos. ¿Y cómo? Pues como les dé la soberana gana, de acuerdo con lo que les dicte su interés. Sobran los ejemplos. Para poner uno geográficamente cercano: cuando quisieron desembarazarse del general panameño Noriega, que se había vuelto incómodo para ellos después de haberles prestado durante años invaluables servicios a sueldo de la CIA, lo definieron de pronto como narcotraficante. Y para capturarlo bombardearon la ciudad de Panamá desde la base Howard que entonces manejaban, amistosamente por supuesto, en su territorio. Por eso tienen razón en sus temores los Presidentes de Venezuela y Ecuador: su vecindad con las bases norteamericanas en Colombia los pone a tiro. Y tienen razón también los de Brasil y Uruguay y Bolivia y Paraguay y la Argentina y Chile: todos esos países padecieron feroces dictaduras impuestas y respaldadas por los Estados Unidos. Saben por experiencia -que lo diga la presidenta chilena Michelle Bachelet, torturada en las cárceles de Pinochet- que los amigos norteamericanos no son de fiar.
Y a lo mejor tiene también razón, desde su propio punto de vista, el presidente Uribe: con la cesión de las bases militares quiere comprar su respaldo. Así hizo Franco en España. Y gracias a eso murió cuarenta años después tal como quiere Uribe: en su cama, y en palacio.
"Rechazo presencia de militares norteamericanos en Colombia"
El precandidato Carlos Gaviria, del Polo Democrático, dijo que rechaza la presencia militar de Estados Unidos en Colombia y que le parece que el debate sobre el tema debió hacerse en Unasur y no país por país.
08/05/2009
