Noviembre 27 de 2010
Sergio Muñoz, Presidente OCE-Unicesar.
El problema del desarrollo científico y tecnológico es una constante en todos aquellos que apuntan al progreso incesante de la humanidad y a la optimización del uso del medio circundante para beneficio de todo el conglomerado social. Lógicamente, este problema no será resuelto únicamente con espíritus investigativos, ideas innovadoras ni buenas intenciones. Parte mayúscula de este problema se zanja con una fuerte y decidida inversión presupuestal estatal.
Fernando Chaparro, quien fue director de Colciencias, señaló que para el año 2008, Colombia invirtió el 0,18% del PIB en el componente de ciencia y tecnología, siendo de los más bajos del continente y del concierto mundial. Mientras tanto Brasil invirtió el 1,30% de su PIB; Chile el 1,15%; Argentina el 1%; México el 0,85; USA el 2,8%; Japón el 3%; la Unión Europea el 2,3%; y China el 2% de su PIB.[1]
El panorama se vuelve más sombrío si tenemos en cuenta que, durante cerca de diez años, el presupuesto de Colciencias decrecía. Para la muestra, en el año 1999 se proyectaron $163 mil millones de pesos de presupuesto para Colciencias, pero Planeación Nacional sólo le asignó $38 mil millones, la cuarta parte.[2]
Mientras que en el año 2009 el 0,4% del PIB, entre inversión pública y privada nacional, se destinó a ciencia y tecnología, el 14,2% se destinó a la “Seguridad Democrática”.[3] Libardo Sarmiento, consultor de la UNICEF, recalcó que Colombia invierte en promedio 60 millones de pesos en un soldado profesional y sólo 8 millones en un estudiante de universidad estatal.
Colombia y Estados Unidos tienen una diferencia de 115 veces en su PIB, pero en lo que respecta a ciencia y tecnología la diferencia asciende a 1.739 veces.[4] Lo anterior es una prueba fehaciente de que a nuestros gobiernos poco o nada les interesa este asunto. Más bien se han dedicado a explotarlo como “caballo de Troya” para impulsar medidas regresivas, que a la larga terminan afectando más que beneficiando.
El documento Conpes 3652 del 15 de marzo de 2010 le da concepto favorable a la Nación para contratar empréstitos externos con la banca multilateral hasta por $50 millones de dólares, destinados a financiar el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, SNCTeI.[5] De los $50 millones de dólares, el BID aportará $25 millones de dólares y el Banco Mundial otros $25 millones de dólares, proyecto que durará tres años. Pero para la inversión en investigación e innovación sólo se destinaron $17,91millones de dólares, el 34% del total. Una vez más un discurso maximalista y grandilocuente y unos hechos totalmente ineficaces que rayan en lo ridículo.
Es inconcebible que se hable de un marcado nuevo interés por la ciencia, tecnología e innovación de parte de estos gobiernos cuando la realidad refleja universidades estatales completamente desfinanciadas, inmersas en la llamada “Ley de quiebras”, que tienen que recurrir a recursos propios para poder mantenerse en pie; un Gobierno central que les adeuda a estos entes $600 mil millones de pesos, que bien podrían utilizarse en dotación y construcción de laboratorios, en financiación de la investigación, etc. Una vez más el discurso no concuerda con la realidad.
Irónicamente Colciencias tiene un fondo que se denomina “Francisco José de Caldas”. Es necesario recordar que la historia le atribuye a Pablo Morillo, “El Pacificador”, la frase “España no necesita sabios” para rechazar la petición de indulto de Caldas. Parece que día a día los gobiernos colombianos exclamaran “¡Colombia no necesita sabios!”
[1] http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-173325.html
[2] http://aupec.univalle.edu.co/informes/feb99/investigaciones.html
[3] http://moir.org.co/DE-LOS-PREMIOS-NOBEL-Y-DEL-ATRASO.html
[4] http://moir.org.co/SOBRE-CIENCIA-Y-TECNOLOGIA.html
[5] http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/LinkClick.aspx?fileticket=LBpEzwys1TY%3D&tabid=1063
Noviembre 4 de 2010
Sergio Muñoz, Presidente OCE-Unicesar.
En un acto de marrullería (“picardía” lo llamarían ellos), el gobierno de Juan Manuel Santos se autoproclamó como el gobierno de la “Unidad nacional”. Se declararon por fuera de ella partidos políticos como el Polo Democrático Alternativo, el único en declararse en franca y abierta oposición, además de movimientos sociales, indígenas, ambientales y estudiantiles. Es decir, una gran franja de la población colombiana piensa diferente y rehúye cualquier clase de entrega o sometimiento a la “manguala nacional”.
La autoproclamada unidad generó una oleada de ilusiones entre la opinión pública nacional sobre las bondades del nuevo gobierno y su distanciamiento con el gobierno de Álvaro Uribe. Las medidas cosméticas adoptadas por el gobierno de Santos habían logrado distraer y desorientar a cierta parte de analistas y a un sector de la población. Pero lo cierto es que dicho embrujo duró muy poco.
Medidas como mantener al actual director general del DAS, ente responsable de una amplia campaña de persecución a los contradictores del gobierno; el mantenimiento hasta último momento (hasta que tuvo que ceder) de la terna para Fiscal General de la Nación ; el impulso a la reforma de la Ley 30 para recortar presupuesto a las universidades públicas; los atropellos cometidos por la Fuerza Pública en Arauca y otras regiones; la ley de primer empleo; la sostenibilidad fiscal que convierte en viles mercancías los más elementales y necesarios derechos de los seres humanos; y el raponazo a municipios, departamentos y puertos de sus regalías, son sólo algunos de los ejemplos.
El proyecto de Acto Legislativo 013 que expropia las regalías a departamentos, municipios y puertos, con el objetivo de centralizarlas bajo el control absoluto del Gobierno nacional, contrariando la tan cacareada descentralización, ha generado una masiva y contundente respuesta de los afectados por la defensa de lo que les pertenece. Esto ha llevado a la necesidad de unificar la resistencia civilizada a nivel nacional.
Dándole solución a dicho objetivo, una delegación de diputados del Meta hizo presencia en el Cesar, compartiendo ideas, unificando criterios y programando actividades conjuntas con los miembros del comité cívico Cesarenses por la Defensa de las Regalías, con un éxito rotundo y logrando cohesionar aún más a todos los sectores nacionales erguidos en bravía resistencia.
“Buscamos la hermandad para poder hablar el mismo idioma y enviar el mensaje a todos los colombianos, y al Gobierno nacional de que no estamos de acuerdo con este Acto Legislativo” señaló el presidente de la Asamblea departamental del Meta, Alexander Patiño.
También el Comité Cívico del Cesar, integrado por el gobernador, los diputados, partidos políticos, candidatos, jóvenes, gremios, personalidades y demás, reafirmó su compromiso de no cejar en el esfuerzo conjunto por defender la participación que actualmente poseen los entes territoriales sobre los recursos de regalías, teniendo muy claro que la verdadera equidad sólo se dará cuando las multinacionales paguen lo que de verdad valen nuestros recursos naturales no renovables.
Según Carlos Osorio, diputado del Meta, “las regalías no son otra cosa que el desarrollo del departamento”, las cuales, en muchos casos, se convierten en el único sustento de municipios; en el porcentaje más amplio de los presupuestos de los departamentos productores; y en la única posibilidad de acceso a ciertos beneficios a la población más vulnerable. “El acto legislativo no tiene razón de ser, porque quiere llevarse la plata y dejarnos los problemas a nosotros”, reafirma el diputado Osorio, refiriéndose al fuerte impacto ambiental y social que se vive en las zonas productoras.
Las ultimas palabras que dirigió el diputado Carlos Osorio a los reunidos es un claro reflejo de la valerosa actitud que guía a aquellos que en defensa del interés nacional rechazamos esta intentona de Santos: “Por eso estamos organizados, definidos y estamos prestos a ir hasta las últimas consecuencias para que el gobierno nacional no se lleve las regalías”. El gobierno está en preaviso y tengan la certeza de que no desistiremos.
Juan Pablo Fernández M., Bogotá, Bogotá, 21 de octubre de 2010
Federico List explicaba hace siglo y medio que para una nación, más importante que la riqueza misma, “es la aptitud para crear riquezas”. Anotaba además que mediante la combinación de la inteligencia y los brazos de las gentes se logra transformar la naturaleza en mayor grado. El Banco Mundial, en 2005, señaló que las naciones más desarrolladas fundamentan el 81 por ciento de su riqueza en las habilidades y destrezas de sus habitantes, mientras que las más pobres lo hacen solo en 50 por ciento.
El debate sobre la educación, entonces, va más allá de la existencia de suficientes y adecuadas plantas físicas, profesores bien remunerados, con estabilidad y con posibilidad de mejorar sus niveles de conocimiento, currículos que formen a los estudiantes en la ciencia y respeto irrestricto a la libertad de cátedra y a la autonomía universitaria; asuntos que la política educativa está empeñada en reducir. La educación tiene que ver también con si se tiene una economía de verdad próspera. Luego hablar de buena educación en medio del “libre comercio” lleva una carga de cinismo, pues desde la década del noventa, el agro y la industria colombianos se alejan cada vez más de las producciones complejas.
En este marco se escucha con frecuencia que la educación es un pilar –el santismo la llama “locomotora”– del desarrollo, y muchos se rasgan las vestiduras en defensa de una “buena” política educativa. Pero a renglón seguido, aprueban sin crítica cortos presupuestos. Para el 2011, el aumento del gasto destinado a la educación será 3,3 por ciento, recursos que, por ejemplo, no solventan el medio billón de pesos de déficit que arrastran las universidades públicas y que las tiene al borde de la ruina. La solución es mayores alzas en las matrículas y créditos del Icetex, que expolian a quienes se ven obligados a usarlos.
La Ministra de Educación acepta que “cerca del 70 por ciento de nuestros estudiantes (de media y básica) no alcanzan desempeños mínimos, requeridos y esperados.” Dice también que los “resultados de la prueba PISA, el programa internacional para la evaluación de estudiantes (…) nos ubican en el puesto 65 entre 70 naciones” (El Tiempo, sep.19.10). Cifras del Ministerio de Educación indican que entre 2002 y 2009 el gasto per cápita real en educación pasó de 687 mil a 891 mil pesos, crecimiento en lo fundamental explicado por el aumento del gasto público. Se dice que la cobertura es del 110 por ciento, y a renglón seguido se acepta que más de un millón de niños están por fuera del sistema educativo. Y al desagregar y analizar el gasto se ve que su aumento oculta dos asuntos: primero, que este se hizo sacrificando la calidad, como lo acepta la propia Ministra. Y segundo, que parte del aumento es financiado en mayor medida por las clases medias y bajas, vía gasto privado –disfrazado de público– y por cuenta de un inicuo sistema tributario.
El gasto privado por habitante pasó de 310 mil a 344 mil, y su peso en el total cayó de 45 a 39 por ciento. El público aumentó de 377 mil a 546 mil pesos. El mayor esfuerzo estatal, que suena positivo, evidencia un proceso de empobrecimiento de la población y presenta como públicos esfuerzos de las familias y la sociedad. En 2002, de cada cien pesos públicos gastados en educación superior, siete se realizaban a través del Icetex; a 2010 la porción creció a 11,5 pesos, monto que se ampliará al 2019, según el Mineducación. Algo parecido sucede con el Sena. Su gasto representó en 2002 28,5 de cada cien pesos, para 2010 aumentó a 34 pesos. El 45,5 por ciento de los dineros a la educación superior, que se dicen públicos, en el caso del Icetex son préstamos que cobran intereses que, además del capital, deben remunerar su rentabilidad y la del Banco Mundial, entidad que financia parte de la operación. Y en el del Sena provienen de los aportes vía nómina de trabajadores y empleadores. Se añade que, desde 1993, los aportes por estudiante del gobierno nacional a las universidades públicas han caído, en pesos reales, 40 por ciento, merma causante de la modificación en la estructura de ingresos de las universidades. Modelo de financiación que el gobierno busca profundizar con la reforma a la Ley 30. Sin financiamiento público serio, no es posible una educación de alta calidad.
En relación con el sistema tributario, son de público conocimiento las exenciones a monopolios y trasnacionales, que entre 2004 y 2009 sumaron cerca de 30 billones de pesos. Pero se sabe menos que los impuestos en Colombia no afectan la distribución del ingreso, es decir, el sistema tributario colombiano no es progresivo, y en el menos malo de los casos se mantiene invariable la distribución de la riqueza –Colombia es el quinto país más desigual de la tierra–. Después de cobrados los impuestos, mientras que en Europa y Gran Bretaña, por ejemplo, el coeficiente de Gini cae de 0,46 a 0,35 y de 0,52 a 0,38, en Colombia permanece en 0,53. (Banco Mundial, Reseñas de Política, ene.08). El profesor Jairo Bautista explica que la “carga tributaria en los impuestos a la renta pesa fundamentalmente sobre las rentas laborales”, pues las cerca de 5 mil empresas que la Dian clasifica como grandes contribuyentes son, más que aportantes, recaudadores de impuestos. Agrega que los “grandes contribuyentes retienen más del 70% del total” de los ingresos por impuesto a la renta, “y de las retenciones totales, más del 65% se cobran sobre rentas del trabajo”, no del capital. (Distribución de la carga tributaria en Colombia, ESAP, 2009).
En el ranking de las mejores 500 universidades del mundo, las colombianas no figuran ni por error. El gasto en investigación y desarrollo de Estados Unidos es 2.830 veces el presupuesto de Colciencias y 16 veces todo el gasto en educación colombiano (659 billones vs. 42,1 billones). Además, hace carrera la idea de que el mejor modelo educativo es uno de carácter confesional. Ojalá no se le haga eco a la idea de introducir la enseñanza del diseño inteligente, teoría idealista que niega los aportes del darwinismo y “explica” el funcionamiento del universo, no en la investigación científica, sino en su negación.
En la educación por competencias María Fernando Ocampo define la calidad como “aquella que forma mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público”. Nada del sentido crítico y autocrítico, del libre pensamiento y de la libertad de cátedra. Solo el pensamiento único, muy propio de los tiempos de la globalización neoliberal. Uno de los grandes aportes de la burguesía ilustrada en el siglo XIX fue establecer una educación pública, de alta calidad y accesible a toda la población. Entendían que este era un pilar para el desarrollo capitalista. Pero el país ha caído bajo el control de una minoría que carece de todo proyecto de progreso nacional serio, que incluso hace mofa de esa posibilidad y que sostiene que los colombianos estamos condenados al subdesarrollo porque así lo determinan los intereses extranjeros, ante los cuales se prosternan a cambio de que los conviertan en sus intermediarios.
El debate sobre la educación, entonces, va más allá de la existencia de suficientes y adecuadas plantas físicas, profesores bien remunerados, con estabilidad y con posibilidad de mejorar sus niveles de conocimiento, currículos que formen a los estudiantes en la ciencia y respeto irrestricto a la libertad de cátedra y a la autonomía universitaria; asuntos que la política educativa está empeñada en reducir. La educación tiene que ver también con si se tiene una economía de verdad próspera. Luego hablar de buena educación en medio del “libre comercio” lleva una carga de cinismo, pues desde la década del noventa, el agro y la industria colombianos se alejan cada vez más de las producciones complejas.
En este marco se escucha con frecuencia que la educación es un pilar –el santismo la llama “locomotora”– del desarrollo, y muchos se rasgan las vestiduras en defensa de una “buena” política educativa. Pero a renglón seguido, aprueban sin crítica cortos presupuestos. Para el 2011, el aumento del gasto destinado a la educación será 3,3 por ciento, recursos que, por ejemplo, no solventan el medio billón de pesos de déficit que arrastran las universidades públicas y que las tiene al borde de la ruina. La solución es mayores alzas en las matrículas y créditos del Icetex, que expolian a quienes se ven obligados a usarlos.
La Ministra de Educación acepta que “cerca del 70 por ciento de nuestros estudiantes (de media y básica) no alcanzan desempeños mínimos, requeridos y esperados.” Dice también que los “resultados de la prueba PISA, el programa internacional para la evaluación de estudiantes (…) nos ubican en el puesto 65 entre 70 naciones” (El Tiempo, sep.19.10). Cifras del Ministerio de Educación indican que entre 2002 y 2009 el gasto per cápita real en educación pasó de 687 mil a 891 mil pesos, crecimiento en lo fundamental explicado por el aumento del gasto público. Se dice que la cobertura es del 110 por ciento, y a renglón seguido se acepta que más de un millón de niños están por fuera del sistema educativo. Y al desagregar y analizar el gasto se ve que su aumento oculta dos asuntos: primero, que este se hizo sacrificando la calidad, como lo acepta la propia Ministra. Y segundo, que parte del aumento es financiado en mayor medida por las clases medias y bajas, vía gasto privado –disfrazado de público– y por cuenta de un inicuo sistema tributario.
El gasto privado por habitante pasó de 310 mil a 344 mil, y su peso en el total cayó de 45 a 39 por ciento. El público aumentó de 377 mil a 546 mil pesos. El mayor esfuerzo estatal, que suena positivo, evidencia un proceso de empobrecimiento de la población y presenta como públicos esfuerzos de las familias y la sociedad. En 2002, de cada cien pesos públicos gastados en educación superior, siete se realizaban a través del Icetex; a 2010 la porción creció a 11,5 pesos, monto que se ampliará al 2019, según el Mineducación. Algo parecido sucede con el Sena. Su gasto representó en 2002 28,5 de cada cien pesos, para 2010 aumentó a 34 pesos. El 45,5 por ciento de los dineros a la educación superior, que se dicen públicos, en el caso del Icetex son préstamos que cobran intereses que, además del capital, deben remunerar su rentabilidad y la del Banco Mundial, entidad que financia parte de la operación. Y en el del Sena provienen de los aportes vía nómina de trabajadores y empleadores. Se añade que, desde 1993, los aportes por estudiante del gobierno nacional a las universidades públicas han caído, en pesos reales, 40 por ciento, merma causante de la modificación en la estructura de ingresos de las universidades. Modelo de financiación que el gobierno busca profundizar con la reforma a la Ley 30. Sin financiamiento público serio, no es posible una educación de alta calidad.
En relación con el sistema tributario, son de público conocimiento las exenciones a monopolios y trasnacionales, que entre 2004 y 2009 sumaron cerca de 30 billones de pesos. Pero se sabe menos que los impuestos en Colombia no afectan la distribución del ingreso, es decir, el sistema tributario colombiano no es progresivo, y en el menos malo de los casos se mantiene invariable la distribución de la riqueza –Colombia es el quinto país más desigual de la tierra–. Después de cobrados los impuestos, mientras que en Europa y Gran Bretaña, por ejemplo, el coeficiente de Gini cae de 0,46 a 0,35 y de 0,52 a 0,38, en Colombia permanece en 0,53. (Banco Mundial, Reseñas de Política, ene.08). El profesor Jairo Bautista explica que la “carga tributaria en los impuestos a la renta pesa fundamentalmente sobre las rentas laborales”, pues las cerca de 5 mil empresas que la Dian clasifica como grandes contribuyentes son, más que aportantes, recaudadores de impuestos. Agrega que los “grandes contribuyentes retienen más del 70% del total” de los ingresos por impuesto a la renta, “y de las retenciones totales, más del 65% se cobran sobre rentas del trabajo”, no del capital. (Distribución de la carga tributaria en Colombia, ESAP, 2009).
En el ranking de las mejores 500 universidades del mundo, las colombianas no figuran ni por error. El gasto en investigación y desarrollo de Estados Unidos es 2.830 veces el presupuesto de Colciencias y 16 veces todo el gasto en educación colombiano (659 billones vs. 42,1 billones). Además, hace carrera la idea de que el mejor modelo educativo es uno de carácter confesional. Ojalá no se le haga eco a la idea de introducir la enseñanza del diseño inteligente, teoría idealista que niega los aportes del darwinismo y “explica” el funcionamiento del universo, no en la investigación científica, sino en su negación.
En la educación por competencias María Fernando Ocampo define la calidad como “aquella que forma mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público”. Nada del sentido crítico y autocrítico, del libre pensamiento y de la libertad de cátedra. Solo el pensamiento único, muy propio de los tiempos de la globalización neoliberal. Uno de los grandes aportes de la burguesía ilustrada en el siglo XIX fue establecer una educación pública, de alta calidad y accesible a toda la población. Entendían que este era un pilar para el desarrollo capitalista. Pero el país ha caído bajo el control de una minoría que carece de todo proyecto de progreso nacional serio, que incluso hace mofa de esa posibilidad y que sostiene que los colombianos estamos condenados al subdesarrollo porque así lo determinan los intereses extranjeros, ante los cuales se prosternan a cambio de que los conviertan en sus intermediarios.
Octubre 28 de 2010
Sergio Muñoz, Presidente OCE-Unicesar.
Juan Manuel Santos, como ministro de Hacienda en el gobierno de Andrés Pastrana, gestó el primer raponazo a municipios y departamentos en el siglo XXI. Fue en el año 2001 cuando se dio el primer recorte a las transferencias territoriales por un total de 27 billones de pesos a través del Acto Legislativo 01 de 2001. Esto se repitió en el año 2007 por medio del Acto Legislativo 04 de 2007, que recortará las transferencias hasta el año 2016 por un monto estimado en más de $50 billones de pesos. Los recortes se dieron con el único fin de satisfacer los intereses extranjeros, abonando gran parte de estos recursos para el pago del servicio de la deuda externa, la cual, paradójicamente, no disminuye, sino que aumenta día a día y hoy se contabiliza en US$54.946 millones.
La educación fue uno de los sectores más golpeados con estos recortes, los cuales significaron una palada de arena más en la sepultura definitiva de una educación pública y de calidad.
No contentos con lo anterior, el gobierno de Juan Manuel Santos planea un nuevo despojo a los entes territoriales por la vía de arrebatarles el control sobre los recursos de las regalías. A través de un proyecto de Acto Legislativo (013 de 2010), busca modificar los artículos 360 y 361 de la Constitución Política para excluir a departamentos, municipios y puertos marítimos y fluviales del usufructo de los recursos de las regalías. Este rubro, del que serán expropiadas las regiones, no integrará el Presupuesto General de la Nación, y por ende el Congreso de la República no podrá ordenar su gasto. Este dinero será utilizado al antojo del Gobierno Central, especialmente para paliar el déficit fiscal, fruto de la “Confianza Inversionista”.
En el año 2009, en el departamento del Cesar, con dineros de las regalías, se invirtieron $7.269 millones de pesos en educación; a junio del 2010 esa cifra asciende a $4.056 millones de pesos. Además de lo anterior, a través de la Ordenanza 005 de abril de 2008, la Asamblea Departamental creó el Fondo Educativo Departamental para la Educación Superior “Fedes-Cesar”, con el objeto de “brindar apoyo a personas que carezcan de recursos económicos suficientes para adelantar estudios formales de educación superior de pregrado en los niveles: Técnico Profesional, Tecnológico y Profesional Universitario para estudiantes matriculados en instituciones oficiales que oferten programas para cursar en el Departamento del Cesar”.
A través de “Fedes-Cesar” se otorgan subsidios a los estudiantes de estrato 1, 2 y 3 por un 70%, 60% y 50% del valor total de la matrícula, respectivamente, y créditos a los estratos 4, cumpliendo ciertos requisitos, entre ellos destacado rendimiento académico. Desde el 2008 hasta el primer semestre del 2010 se han adjudicado más de 25 mil becas entre las instituciones públicas de educación superior como son la UPC, la UIS, la UNAD, la ESAP, la Universidad de Pamplona y la Universidad de Magdalena. Para este año se han invertido cerca de $6.700 millones derivados de regalías del carbón para financiar “Fedes-Cesar”, siendo ésta su única fuente de financiación. Se prevé que para el 2011 se adjudicarán 14 mil becas anuales con una inversión de $7 mil millones de pesos.
Queda claro que de cristalizarse este raponazo, no sólo desaparecerá “Fedes-Cesar”, sino también el resto de renglones de inversión. Esta será la estocada definitiva contra departamentos y municipios. Después sólo nos quedarán los socavones y el fuerte impacto ambiental y social.
Por lo tanto, sólo nos queda luchar, enfrentarnos de forma civilizada, pero abierta y directa frente a esta nueva intentona del gobierno contra departamentos y municipios. Tengan la plena seguridad que todos, unidos y organizados, derrotaremos tan viles pretensiones.
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