Juan Pablo Fernández M., Bogotá, Bogotá, 21 de octubre de 2010
Federico List explicaba hace siglo y medio que para una nación, más importante que la riqueza misma, “es la aptitud para crear riquezas”. Anotaba además que mediante la combinación de la inteligencia y los brazos de las gentes se logra transformar la naturaleza en mayor grado. El Banco Mundial, en 2005, señaló que las naciones más desarrolladas fundamentan el 81 por ciento de su riqueza en las habilidades y destrezas de sus habitantes, mientras que las más pobres lo hacen solo en 50 por ciento.
El debate sobre la educación, entonces, va más allá de la existencia de suficientes y adecuadas plantas físicas, profesores bien remunerados, con estabilidad y con posibilidad de mejorar sus niveles de conocimiento, currículos que formen a los estudiantes en la ciencia y respeto irrestricto a la libertad de cátedra y a la autonomía universitaria; asuntos que la política educativa está empeñada en reducir. La educación tiene que ver también con si se tiene una economía de verdad próspera. Luego hablar de buena educación en medio del “libre comercio” lleva una carga de cinismo, pues desde la década del noventa, el agro y la industria colombianos se alejan cada vez más de las producciones complejas.
En este marco se escucha con frecuencia que la educación es un pilar –el santismo la llama “locomotora”– del desarrollo, y muchos se rasgan las vestiduras en defensa de una “buena” política educativa. Pero a renglón seguido, aprueban sin crítica cortos presupuestos. Para el 2011, el aumento del gasto destinado a la educación será 3,3 por ciento, recursos que, por ejemplo, no solventan el medio billón de pesos de déficit que arrastran las universidades públicas y que las tiene al borde de la ruina. La solución es mayores alzas en las matrículas y créditos del Icetex, que expolian a quienes se ven obligados a usarlos.
La Ministra de Educación acepta que “cerca del 70 por ciento de nuestros estudiantes (de media y básica) no alcanzan desempeños mínimos, requeridos y esperados.” Dice también que los “resultados de la prueba PISA, el programa internacional para la evaluación de estudiantes (…) nos ubican en el puesto 65 entre 70 naciones” (El Tiempo, sep.19.10). Cifras del Ministerio de Educación indican que entre 2002 y 2009 el gasto per cápita real en educación pasó de 687 mil a 891 mil pesos, crecimiento en lo fundamental explicado por el aumento del gasto público. Se dice que la cobertura es del 110 por ciento, y a renglón seguido se acepta que más de un millón de niños están por fuera del sistema educativo. Y al desagregar y analizar el gasto se ve que su aumento oculta dos asuntos: primero, que este se hizo sacrificando la calidad, como lo acepta la propia Ministra. Y segundo, que parte del aumento es financiado en mayor medida por las clases medias y bajas, vía gasto privado –disfrazado de público– y por cuenta de un inicuo sistema tributario.
El gasto privado por habitante pasó de 310 mil a 344 mil, y su peso en el total cayó de 45 a 39 por ciento. El público aumentó de 377 mil a 546 mil pesos. El mayor esfuerzo estatal, que suena positivo, evidencia un proceso de empobrecimiento de la población y presenta como públicos esfuerzos de las familias y la sociedad. En 2002, de cada cien pesos públicos gastados en educación superior, siete se realizaban a través del Icetex; a 2010 la porción creció a 11,5 pesos, monto que se ampliará al 2019, según el Mineducación. Algo parecido sucede con el Sena. Su gasto representó en 2002 28,5 de cada cien pesos, para 2010 aumentó a 34 pesos. El 45,5 por ciento de los dineros a la educación superior, que se dicen públicos, en el caso del Icetex son préstamos que cobran intereses que, además del capital, deben remunerar su rentabilidad y la del Banco Mundial, entidad que financia parte de la operación. Y en el del Sena provienen de los aportes vía nómina de trabajadores y empleadores. Se añade que, desde 1993, los aportes por estudiante del gobierno nacional a las universidades públicas han caído, en pesos reales, 40 por ciento, merma causante de la modificación en la estructura de ingresos de las universidades. Modelo de financiación que el gobierno busca profundizar con la reforma a la Ley 30. Sin financiamiento público serio, no es posible una educación de alta calidad.
En relación con el sistema tributario, son de público conocimiento las exenciones a monopolios y trasnacionales, que entre 2004 y 2009 sumaron cerca de 30 billones de pesos. Pero se sabe menos que los impuestos en Colombia no afectan la distribución del ingreso, es decir, el sistema tributario colombiano no es progresivo, y en el menos malo de los casos se mantiene invariable la distribución de la riqueza –Colombia es el quinto país más desigual de la tierra–. Después de cobrados los impuestos, mientras que en Europa y Gran Bretaña, por ejemplo, el coeficiente de Gini cae de 0,46 a 0,35 y de 0,52 a 0,38, en Colombia permanece en 0,53. (Banco Mundial, Reseñas de Política, ene.08). El profesor Jairo Bautista explica que la “carga tributaria en los impuestos a la renta pesa fundamentalmente sobre las rentas laborales”, pues las cerca de 5 mil empresas que la Dian clasifica como grandes contribuyentes son, más que aportantes, recaudadores de impuestos. Agrega que los “grandes contribuyentes retienen más del 70% del total” de los ingresos por impuesto a la renta, “y de las retenciones totales, más del 65% se cobran sobre rentas del trabajo”, no del capital. (Distribución de la carga tributaria en Colombia, ESAP, 2009).
En el ranking de las mejores 500 universidades del mundo, las colombianas no figuran ni por error. El gasto en investigación y desarrollo de Estados Unidos es 2.830 veces el presupuesto de Colciencias y 16 veces todo el gasto en educación colombiano (659 billones vs. 42,1 billones). Además, hace carrera la idea de que el mejor modelo educativo es uno de carácter confesional. Ojalá no se le haga eco a la idea de introducir la enseñanza del diseño inteligente, teoría idealista que niega los aportes del darwinismo y “explica” el funcionamiento del universo, no en la investigación científica, sino en su negación.
En la educación por competencias María Fernando Ocampo define la calidad como “aquella que forma mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público”. Nada del sentido crítico y autocrítico, del libre pensamiento y de la libertad de cátedra. Solo el pensamiento único, muy propio de los tiempos de la globalización neoliberal. Uno de los grandes aportes de la burguesía ilustrada en el siglo XIX fue establecer una educación pública, de alta calidad y accesible a toda la población. Entendían que este era un pilar para el desarrollo capitalista. Pero el país ha caído bajo el control de una minoría que carece de todo proyecto de progreso nacional serio, que incluso hace mofa de esa posibilidad y que sostiene que los colombianos estamos condenados al subdesarrollo porque así lo determinan los intereses extranjeros, ante los cuales se prosternan a cambio de que los conviertan en sus intermediarios.
El debate sobre la educación, entonces, va más allá de la existencia de suficientes y adecuadas plantas físicas, profesores bien remunerados, con estabilidad y con posibilidad de mejorar sus niveles de conocimiento, currículos que formen a los estudiantes en la ciencia y respeto irrestricto a la libertad de cátedra y a la autonomía universitaria; asuntos que la política educativa está empeñada en reducir. La educación tiene que ver también con si se tiene una economía de verdad próspera. Luego hablar de buena educación en medio del “libre comercio” lleva una carga de cinismo, pues desde la década del noventa, el agro y la industria colombianos se alejan cada vez más de las producciones complejas.
En este marco se escucha con frecuencia que la educación es un pilar –el santismo la llama “locomotora”– del desarrollo, y muchos se rasgan las vestiduras en defensa de una “buena” política educativa. Pero a renglón seguido, aprueban sin crítica cortos presupuestos. Para el 2011, el aumento del gasto destinado a la educación será 3,3 por ciento, recursos que, por ejemplo, no solventan el medio billón de pesos de déficit que arrastran las universidades públicas y que las tiene al borde de la ruina. La solución es mayores alzas en las matrículas y créditos del Icetex, que expolian a quienes se ven obligados a usarlos.
La Ministra de Educación acepta que “cerca del 70 por ciento de nuestros estudiantes (de media y básica) no alcanzan desempeños mínimos, requeridos y esperados.” Dice también que los “resultados de la prueba PISA, el programa internacional para la evaluación de estudiantes (…) nos ubican en el puesto 65 entre 70 naciones” (El Tiempo, sep.19.10). Cifras del Ministerio de Educación indican que entre 2002 y 2009 el gasto per cápita real en educación pasó de 687 mil a 891 mil pesos, crecimiento en lo fundamental explicado por el aumento del gasto público. Se dice que la cobertura es del 110 por ciento, y a renglón seguido se acepta que más de un millón de niños están por fuera del sistema educativo. Y al desagregar y analizar el gasto se ve que su aumento oculta dos asuntos: primero, que este se hizo sacrificando la calidad, como lo acepta la propia Ministra. Y segundo, que parte del aumento es financiado en mayor medida por las clases medias y bajas, vía gasto privado –disfrazado de público– y por cuenta de un inicuo sistema tributario.
El gasto privado por habitante pasó de 310 mil a 344 mil, y su peso en el total cayó de 45 a 39 por ciento. El público aumentó de 377 mil a 546 mil pesos. El mayor esfuerzo estatal, que suena positivo, evidencia un proceso de empobrecimiento de la población y presenta como públicos esfuerzos de las familias y la sociedad. En 2002, de cada cien pesos públicos gastados en educación superior, siete se realizaban a través del Icetex; a 2010 la porción creció a 11,5 pesos, monto que se ampliará al 2019, según el Mineducación. Algo parecido sucede con el Sena. Su gasto representó en 2002 28,5 de cada cien pesos, para 2010 aumentó a 34 pesos. El 45,5 por ciento de los dineros a la educación superior, que se dicen públicos, en el caso del Icetex son préstamos que cobran intereses que, además del capital, deben remunerar su rentabilidad y la del Banco Mundial, entidad que financia parte de la operación. Y en el del Sena provienen de los aportes vía nómina de trabajadores y empleadores. Se añade que, desde 1993, los aportes por estudiante del gobierno nacional a las universidades públicas han caído, en pesos reales, 40 por ciento, merma causante de la modificación en la estructura de ingresos de las universidades. Modelo de financiación que el gobierno busca profundizar con la reforma a la Ley 30. Sin financiamiento público serio, no es posible una educación de alta calidad.
En relación con el sistema tributario, son de público conocimiento las exenciones a monopolios y trasnacionales, que entre 2004 y 2009 sumaron cerca de 30 billones de pesos. Pero se sabe menos que los impuestos en Colombia no afectan la distribución del ingreso, es decir, el sistema tributario colombiano no es progresivo, y en el menos malo de los casos se mantiene invariable la distribución de la riqueza –Colombia es el quinto país más desigual de la tierra–. Después de cobrados los impuestos, mientras que en Europa y Gran Bretaña, por ejemplo, el coeficiente de Gini cae de 0,46 a 0,35 y de 0,52 a 0,38, en Colombia permanece en 0,53. (Banco Mundial, Reseñas de Política, ene.08). El profesor Jairo Bautista explica que la “carga tributaria en los impuestos a la renta pesa fundamentalmente sobre las rentas laborales”, pues las cerca de 5 mil empresas que la Dian clasifica como grandes contribuyentes son, más que aportantes, recaudadores de impuestos. Agrega que los “grandes contribuyentes retienen más del 70% del total” de los ingresos por impuesto a la renta, “y de las retenciones totales, más del 65% se cobran sobre rentas del trabajo”, no del capital. (Distribución de la carga tributaria en Colombia, ESAP, 2009).
En el ranking de las mejores 500 universidades del mundo, las colombianas no figuran ni por error. El gasto en investigación y desarrollo de Estados Unidos es 2.830 veces el presupuesto de Colciencias y 16 veces todo el gasto en educación colombiano (659 billones vs. 42,1 billones). Además, hace carrera la idea de que el mejor modelo educativo es uno de carácter confesional. Ojalá no se le haga eco a la idea de introducir la enseñanza del diseño inteligente, teoría idealista que niega los aportes del darwinismo y “explica” el funcionamiento del universo, no en la investigación científica, sino en su negación.
En la educación por competencias María Fernando Ocampo define la calidad como “aquella que forma mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público”. Nada del sentido crítico y autocrítico, del libre pensamiento y de la libertad de cátedra. Solo el pensamiento único, muy propio de los tiempos de la globalización neoliberal. Uno de los grandes aportes de la burguesía ilustrada en el siglo XIX fue establecer una educación pública, de alta calidad y accesible a toda la población. Entendían que este era un pilar para el desarrollo capitalista. Pero el país ha caído bajo el control de una minoría que carece de todo proyecto de progreso nacional serio, que incluso hace mofa de esa posibilidad y que sostiene que los colombianos estamos condenados al subdesarrollo porque así lo determinan los intereses extranjeros, ante los cuales se prosternan a cambio de que los conviertan en sus intermediarios.
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