Gonzalo Arango*, Pereira, marzo 29 de 2011
Ponencia presentada en el Foro citado por el gobierno en la Universidad Tecnológica de Pereira para presentar su propuesta. Esta ponencia fue aprobada por la junta de Aspu, seccional Risaralda.
Disponer de un sistema de educación superior de cobertura universal y de altos niveles de excelencia en sus ofertas de formación, así como de pertinencia social y competencia científica en investigación y extensión, es más que un deseo de los colombianos. Es una necesidad urgente de la sociedad, en cualquier país del mundo y mucho más en aquellos, que como el nuestro, padecen de condiciones de atraso en su capacidad científica y tecnológica, disponen de aparatos productivos raquíticos y exhiben indeseables indicadores de exclusión social, producto de una inequidad enorme en la distribución del ingreso, los cuales se traducen en condiciones de existencia miserables para millones de compatriotas, con extremos de hambre, carencia de abrigo, insalubridad, enfermedad y muerte, que rayan en lo inhumano.
Es indudable que no es posible lograr este propósito de la noche a la mañana. Se precisa emprender un esfuerzo de largo aliento y destinar en este empeño ingentes recursos. Se requiere de una política de estado que priorice, sobre otro tipo de inversiones, la destinación de cuantiosos recursos públicos a la educación en sus diferentes niveles y modalidades y dentro de ellos a la educación superior. También es cierto que atender debida, oportuna y adecuadamente las necesidades educativas de la población es necesario pero no suficiente, para construir un mundo de equidad social. Se precisa de un conjunto de políticas de estado que enrumben al país por la senda del progreso económico y el bienestar social, aprovechando al máximo para ello la singular y exuberante dotación de recursos naturales de nuestro territorio, la capacidad extraordinaria de trabajo y la sobresaliente inteligencia de sus gentes.
Es por ello que cuando se anuncia la presentación de un proyecto de Ley que reemplazará la que hoy rige en materia de educación superior, la Ley 30 de 1992, se genera una gran expectativa y se desata un intenso debate en la sociedad, en todas sus instancias, iniciando por la comunidad académica, sector de la población que ha hecho del trabajo con el conocimiento su proyecto de vida, continuando con los demás estamentos de la comunidad universitaria, estudiantes, trabajadores y empleados administrativos, es decir quienes vivimos en la cotidianidad la experiencia universitaria. Pero además es necesario que esta discusión cobije al conjunto de la sociedad, porque lo que está en juego no es de poca monta: la suerte de un instrumento insustituible para el desarrollo económico, social y cultural de la nación y un importante motor de la movilidad social de sus habitantes.
Desde el arribo a la dirección del Estado del presidente Juan Manuel Santos, el gobierno, mediante la vocería de su Ministra de Educación María Fernanda Campo, anunció la presentación de un proyecto de “reforma integral” de la Ley 30. Ello en contraposición al que había sido radicado por el gobierno anterior en el Congreso de la República en las postrimerías de su mandato y que abordaba el tema de la financiación con fórmulas acordadas con el Consejo Nacional de Rectores del SUE, después de un proceso de concertación iniciado tras el clamor de muchas voces que reclamaban una intervención oportuna y suficiente del gobierno, mediante la asignación de recursos adicionales y así evitar el colapso financiero que se avizoraba. Los nuevos recursos que reclamaban las universidades para “compensar” el desequilibrio financiero en las universidades públicas generado por decisiones de diferentes instancias del estado, situación llevada al extremo por la exigencia de ampliación de cobertura de la denominada “revolución educativa”, superaban los 450.000 millones de pesos, en el año 2009, además de reclamar un ajuste anual del presupuesto de las universidades públicas en el IPC más 9 puntos porcentuales, sostenido en el tiempo.
Es bueno recordar que entre 1993 y el año 2008, la participación de las transferencias del estado al presupuesto de las universidades públicas había pasado de 84% al 51%, la de las matriculas del 7% al 14% y la de “otros ingresos” del 8% al 35%. En términos de aportes por estudiante al año, se pasó en ese mismo período y en pesos de 2008, de un promedio de 5,69 millones a 3,67, en términos porcentuales una reducción del 35,5%.
Estamos hablando del período de vigencia de la Ley 30 de 1992, período en el cual, como consecuencia y complemento del retiro paulatino del Estado en su financiación se han registrado otras transformaciones notables y críticas. Las condiciones de selección, contratación y remuneración de los docentes se han deteriorado al extremo. Hoy día, solo una cifra cercana al 25% de los profesores en las universidades públicas lo son de carrera y el resto trabajan a destajo, contratados por períodos académicos o por horas, sin criterios claros de selección ni permanencia lo que abrió las puertas de la universidad a la politiquería y el clientelismo. Las plantas de personal administrativo y de trabajadores se van desmontando paulatinamente y la contratación precaria hace su agosto con la proliferación de nóminas paralelas y la intermediación de agencias de empleos temporales. El hacinamiento en aulas, laboratorios y talleres es el pan de cada día al lado de la eliminación de las visitas técnicas y las salidas de campo como actividades financiadas por la universidad. El bienestar estudiantil ha sido reemplazado por la institucionalización de la caridad pública. A todo lo anterior se le denomina racionalización del gasto y a sus ejecutores se les califica de eficientes.
La democracia se convierte en una especie en extinción y su simulación en instrumento de manipulación para las decisiones colectivas. La autonomía sucumbe ante la normatividad al detalle y el sometimiento de las decisiones universitarias a las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional estimuladas con contratos o castigadas por la presencia de pobres “indicadores de desempeño”. A la desfinanciación y el incremento desmedido de la cobertura le ha correspondido una degradación generalizada de la calidad. En palabras del representante de los profesores al Consejo Superior de la Universidad de los Llanos, “las administraciones universitarias han sacrificado la calidad para garantizar la sostenibilidad de las instituciones”.
Ejemplo claro de ello es lo acontecido en esta universidad, que conmemora sus 50 años de existencia, la cual se ha erigido como proyecto piloto en la aplicación de estas políticas cuyas nefastas consecuencias han sido opacadas por un acucioso aparato propagandístico mediático y por los frecuentes y permanentes reconocimientos y distinciones de los gobiernos de turno.
Es este el modelo de universidad que se pretende profundizar con el proyecto de Ley que ha sido presentado para la discusión. Es la universidad para la época de la globalización y el libre comercio. Es la refinación en la legislación vigente, de los mecanismos que hagan posible, sin cortapisa alguna, la operación de las multinacionales de la educación y de la información que han hecho de la oferta internacional de programas de formación un gran negocio a través de las diversas modalidades establecidas por la Organización Mundial del Comercio, pactadas por el gobierno en los diversos TLCs. Así quedó consignado en el capítulo de comercio transfronterizo de servicios del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, en donde Colombia se comprometió a crear una “forma de tipo específico de entidad jurídica para los servicios de enseñanza superior”.
Es la continuación del abandono paulatino de la financiación estatal a las universidades públicas y de ampliar la transferencia de recursos a las privadas, las actuales que no sucumban ante la avanzada de las respaldadas por el capital financiero internacional y las trasnacionales de la educación superior, y a las nuevas que lleguen, vía créditos educativos y subsidios. Es el predominio de la concepción de la educación superior como mercancía sobre la que la reivindica como derecho y bien público. Es la consolidación de la idea de universidad como empresa económica sobre la de institución social, y patrimonio cultural.
De la misma manera que se hace con la riqueza minero-energética del subsuelo y con el agro nacional para la implantación de agroindustrias orientadas a productos tropicales de exportación y materias primas para los agro-combustibles, se pretende entregar el mercado de la educación superior al capital financiero internacional, mediante múltiples formas. Nos preguntamos si ese es el camino adecuado para llegar a la prosperidad que nos anuncian.
El estudio detallado y detenido del articulado de la propuesta gubernamental nos permite sustentar lo que acabo de afirmar en esta breve intervención, limitada a 10 minutos. En ese sentido, estamos publicando en la página WEB de la Federación Nacional de Profesores Universitarios, análisis y opiniones que se están produciendo a diario. La invitación que hacemos a la comunidad universitaria y a la población en general es a participar en el debate público de esta iniciativa gubernamental y a conformar un gran frente de movilización social en su contra. No participaremos de la oferta de “enriquecer y mejorar la propuesta” aplicando maquillajes a su articulado y dejando intacta su naturaleza.
La reforma que reclama la Educación Superior en Colombia no es de la naturaleza de la que se nos presenta. La crisis de la universidad es de financiación adecuada y oportuna por parte del estado, de autonomía y democracia, que son conceptos inseparables, de equidad social. El movimiento profesoral a través de sus organizaciones gremiales, la Asociación Sindical de Profesores Universitarios –ASPU- y la Federación Nacional de Profesores Universitarios –FENALPROU-, ha generado propuestas en este sentido, como el acuerdo Marco Sectorial para la Educación Superior –AMSES- que se han presentado al Ministerio de Educación Nacional, desde el año 2002 y en varias ocasiones, iniciativas que han sido ignoradas sistemática y persistentemente. Allí está plasmado nuestro pensamiento.
Disponer de un sistema de educación superior de cobertura universal y de altos niveles de excelencia en sus ofertas de formación, así como de pertinencia social y competencia científica en investigación y extensión, es más que un deseo de los colombianos. Es una necesidad urgente de la sociedad, en cualquier país del mundo y mucho más en aquellos, que como el nuestro, padecen de condiciones de atraso en su capacidad científica y tecnológica, disponen de aparatos productivos raquíticos y exhiben indeseables indicadores de exclusión social, producto de una inequidad enorme en la distribución del ingreso, los cuales se traducen en condiciones de existencia miserables para millones de compatriotas, con extremos de hambre, carencia de abrigo, insalubridad, enfermedad y muerte, que rayan en lo inhumano.
Es indudable que no es posible lograr este propósito de la noche a la mañana. Se precisa emprender un esfuerzo de largo aliento y destinar en este empeño ingentes recursos. Se requiere de una política de estado que priorice, sobre otro tipo de inversiones, la destinación de cuantiosos recursos públicos a la educación en sus diferentes niveles y modalidades y dentro de ellos a la educación superior. También es cierto que atender debida, oportuna y adecuadamente las necesidades educativas de la población es necesario pero no suficiente, para construir un mundo de equidad social. Se precisa de un conjunto de políticas de estado que enrumben al país por la senda del progreso económico y el bienestar social, aprovechando al máximo para ello la singular y exuberante dotación de recursos naturales de nuestro territorio, la capacidad extraordinaria de trabajo y la sobresaliente inteligencia de sus gentes.
Es por ello que cuando se anuncia la presentación de un proyecto de Ley que reemplazará la que hoy rige en materia de educación superior, la Ley 30 de 1992, se genera una gran expectativa y se desata un intenso debate en la sociedad, en todas sus instancias, iniciando por la comunidad académica, sector de la población que ha hecho del trabajo con el conocimiento su proyecto de vida, continuando con los demás estamentos de la comunidad universitaria, estudiantes, trabajadores y empleados administrativos, es decir quienes vivimos en la cotidianidad la experiencia universitaria. Pero además es necesario que esta discusión cobije al conjunto de la sociedad, porque lo que está en juego no es de poca monta: la suerte de un instrumento insustituible para el desarrollo económico, social y cultural de la nación y un importante motor de la movilidad social de sus habitantes.
Desde el arribo a la dirección del Estado del presidente Juan Manuel Santos, el gobierno, mediante la vocería de su Ministra de Educación María Fernanda Campo, anunció la presentación de un proyecto de “reforma integral” de la Ley 30. Ello en contraposición al que había sido radicado por el gobierno anterior en el Congreso de la República en las postrimerías de su mandato y que abordaba el tema de la financiación con fórmulas acordadas con el Consejo Nacional de Rectores del SUE, después de un proceso de concertación iniciado tras el clamor de muchas voces que reclamaban una intervención oportuna y suficiente del gobierno, mediante la asignación de recursos adicionales y así evitar el colapso financiero que se avizoraba. Los nuevos recursos que reclamaban las universidades para “compensar” el desequilibrio financiero en las universidades públicas generado por decisiones de diferentes instancias del estado, situación llevada al extremo por la exigencia de ampliación de cobertura de la denominada “revolución educativa”, superaban los 450.000 millones de pesos, en el año 2009, además de reclamar un ajuste anual del presupuesto de las universidades públicas en el IPC más 9 puntos porcentuales, sostenido en el tiempo.
Es bueno recordar que entre 1993 y el año 2008, la participación de las transferencias del estado al presupuesto de las universidades públicas había pasado de 84% al 51%, la de las matriculas del 7% al 14% y la de “otros ingresos” del 8% al 35%. En términos de aportes por estudiante al año, se pasó en ese mismo período y en pesos de 2008, de un promedio de 5,69 millones a 3,67, en términos porcentuales una reducción del 35,5%.
Estamos hablando del período de vigencia de la Ley 30 de 1992, período en el cual, como consecuencia y complemento del retiro paulatino del Estado en su financiación se han registrado otras transformaciones notables y críticas. Las condiciones de selección, contratación y remuneración de los docentes se han deteriorado al extremo. Hoy día, solo una cifra cercana al 25% de los profesores en las universidades públicas lo son de carrera y el resto trabajan a destajo, contratados por períodos académicos o por horas, sin criterios claros de selección ni permanencia lo que abrió las puertas de la universidad a la politiquería y el clientelismo. Las plantas de personal administrativo y de trabajadores se van desmontando paulatinamente y la contratación precaria hace su agosto con la proliferación de nóminas paralelas y la intermediación de agencias de empleos temporales. El hacinamiento en aulas, laboratorios y talleres es el pan de cada día al lado de la eliminación de las visitas técnicas y las salidas de campo como actividades financiadas por la universidad. El bienestar estudiantil ha sido reemplazado por la institucionalización de la caridad pública. A todo lo anterior se le denomina racionalización del gasto y a sus ejecutores se les califica de eficientes.
La democracia se convierte en una especie en extinción y su simulación en instrumento de manipulación para las decisiones colectivas. La autonomía sucumbe ante la normatividad al detalle y el sometimiento de las decisiones universitarias a las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional estimuladas con contratos o castigadas por la presencia de pobres “indicadores de desempeño”. A la desfinanciación y el incremento desmedido de la cobertura le ha correspondido una degradación generalizada de la calidad. En palabras del representante de los profesores al Consejo Superior de la Universidad de los Llanos, “las administraciones universitarias han sacrificado la calidad para garantizar la sostenibilidad de las instituciones”.
Ejemplo claro de ello es lo acontecido en esta universidad, que conmemora sus 50 años de existencia, la cual se ha erigido como proyecto piloto en la aplicación de estas políticas cuyas nefastas consecuencias han sido opacadas por un acucioso aparato propagandístico mediático y por los frecuentes y permanentes reconocimientos y distinciones de los gobiernos de turno.
Es este el modelo de universidad que se pretende profundizar con el proyecto de Ley que ha sido presentado para la discusión. Es la universidad para la época de la globalización y el libre comercio. Es la refinación en la legislación vigente, de los mecanismos que hagan posible, sin cortapisa alguna, la operación de las multinacionales de la educación y de la información que han hecho de la oferta internacional de programas de formación un gran negocio a través de las diversas modalidades establecidas por la Organización Mundial del Comercio, pactadas por el gobierno en los diversos TLCs. Así quedó consignado en el capítulo de comercio transfronterizo de servicios del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, en donde Colombia se comprometió a crear una “forma de tipo específico de entidad jurídica para los servicios de enseñanza superior”.
Es la continuación del abandono paulatino de la financiación estatal a las universidades públicas y de ampliar la transferencia de recursos a las privadas, las actuales que no sucumban ante la avanzada de las respaldadas por el capital financiero internacional y las trasnacionales de la educación superior, y a las nuevas que lleguen, vía créditos educativos y subsidios. Es el predominio de la concepción de la educación superior como mercancía sobre la que la reivindica como derecho y bien público. Es la consolidación de la idea de universidad como empresa económica sobre la de institución social, y patrimonio cultural.
De la misma manera que se hace con la riqueza minero-energética del subsuelo y con el agro nacional para la implantación de agroindustrias orientadas a productos tropicales de exportación y materias primas para los agro-combustibles, se pretende entregar el mercado de la educación superior al capital financiero internacional, mediante múltiples formas. Nos preguntamos si ese es el camino adecuado para llegar a la prosperidad que nos anuncian.
El estudio detallado y detenido del articulado de la propuesta gubernamental nos permite sustentar lo que acabo de afirmar en esta breve intervención, limitada a 10 minutos. En ese sentido, estamos publicando en la página WEB de la Federación Nacional de Profesores Universitarios, análisis y opiniones que se están produciendo a diario. La invitación que hacemos a la comunidad universitaria y a la población en general es a participar en el debate público de esta iniciativa gubernamental y a conformar un gran frente de movilización social en su contra. No participaremos de la oferta de “enriquecer y mejorar la propuesta” aplicando maquillajes a su articulado y dejando intacta su naturaleza.
La reforma que reclama la Educación Superior en Colombia no es de la naturaleza de la que se nos presenta. La crisis de la universidad es de financiación adecuada y oportuna por parte del estado, de autonomía y democracia, que son conceptos inseparables, de equidad social. El movimiento profesoral a través de sus organizaciones gremiales, la Asociación Sindical de Profesores Universitarios –ASPU- y la Federación Nacional de Profesores Universitarios –FENALPROU-, ha generado propuestas en este sentido, como el acuerdo Marco Sectorial para la Educación Superior –AMSES- que se han presentado al Ministerio de Educación Nacional, desde el año 2002 y en varias ocasiones, iniciativas que han sido ignoradas sistemática y persistentemente. Allí está plasmado nuestro pensamiento.
