11 de marzo de 2011
Sergio Muñoz, Presidente OCE-Unicesar.
El tema de los servicios públicos (en sentido amplio) ha generado fuertes controversias y cuantiosa bibliografía. Ha sido un tema cuya noción ha sufrido diversos cambios, principalmente por la política económica en auge en los respectivos momentos históricos en determinada ubicación geográfica.
Actualmente, la política neoliberal ha deformado la esencia de los servicios públicos, cual es garantizar los deberes del Estado hacia la sociedad con miras a cumplir sus fines esenciales. Y la ha deformado a tal punto que el rango de la circunferencia de los servicios públicos parece estrecharse sólo a los domiciliarios, y porque la prestación de los mismos, hoy día, excluye casi totalmente la participación estatal, dejando todo en cabeza de los particulares.
Lo que se presentó en la constitución de 1991 como una gran innovación y como la tabla de salvación para los usuarios y el Estado se ha convertido hoy en su más oscura pesadilla. Para darse cuenta de esto simplemente basta consultar a la gente del común, tan plagada de amargas experiencias con los operadores privados.
El artículo 365 de la Constitución Política señala que los servicios públicos podrán ser prestados “indirectamente” por particulares. Este artículo, junto al régimen legal instaurado con base a lo que se preceptuó, dieron vía libre para que el Estado colombiano entregará a menosprecio sus empresas y activos; liquidara a las organizaciones de trabajadores, y así, los privados se pudiesen hacer a jugosos dividendos por la vía de encarecer en más de 220% el goce de dichos servicios.
Según nuestra normatividad “es deber del Estado asegurar su prestación eficiente (la de los servicios públicos) a todos los habitantes del territorio nacional”. En la realidad el Estado se ha encargado de generar numerosas prerrogativas a las empresas privadas, y de desangrar paulatinamente a las pocas entidades públicas que aún superviven. Estas empresas privadas prestadoras de servicios públicos se encuentran inmersas dentro de los mercados de capitales internacionales y, precisamente, se nutren de las onerosas tarifas que cobran a los usuarios, y así mantener su orgía especulativa. Emiten bonos, compran otros, valorizan sus activos, comprometen sus ganancias futuras con diversas entidades financieras y, en caso de derrumbarse su castillo de naipes el Estado y los expoliados usuarios correrán en su salvación. Con cara ganan ellos, con sello perdemos nosotros.
Contrariando uno de los principios de la sentencia T-443 de 1992, las empresas privadas de servicios públicos privilegian a los sectores económicamente pudientes. Lo anterior quiere decir que el acceso a los mismos se fundamenta en la capacidad de pago, lo que conduce claramente a que los más pobres o no podrán acceder a los servicios públicos, o accederán a unos de pésima calidad.
En este punto es evidente que el abandono de los servicios públicos por parte del Estado ha redundado en el aumento de las necesidades básicas insatisfechas, de la pobreza y miseria, y de la indignidad e indignación de nuestros compatriotas. Los servicios públicos son un área estratégica, por esto los Estados serios no permiten que los particulares se inmiscuyan en tan sensible actividad. Todo lo contrario de lo que le exigen hacer a Colombia, y que nuestros gobernantes obsecuentemente aplican.
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