Publicado el 04-12-08
Estamos ad-portas del inicio de una nueva campaña electoral y sorprende ver que solo se habla de candidatos, caudillos o de alianzas mecánicas, pero no de propuestas de gobierno y liderazgos de largo plazo. La crisis mundial y nacional en lo económico y en lo social, es evidente. Y ¿qué decir de la desinstitucionalización y la ausencia de valores en nuestro país? Desde finales del Gobierno de Virgilio Barco, y en el del presidente César Gaviria, se instauró en el país un modelo económico que se caracterizó por la desregulación económica, más que por la apertura, y que condujo a una mayor concentración y centralización del capital, a mayores brechas en la distribución del ingreso y a sistemas privatizados en salud, educación, entre otros.
La norma ha sido hasta nuestros días la ausencia de control a los abusos de posición dominante de mercado, ya sea por parte del sector financiero, o por la excesiva protección a la inversión o por el desarrollo de grupos de poder que en lo regional instauraron 'paraEstados', que se constituyeron en paraísos de corruptos y delincuentes de todo pelambre.
La Constitución de 1991, cuyo énfasis en lo social y en la descentralización era indudable, ha ido desmoronándose por sucesivas reformas. Hasta la misma autonomía del Emisor se encuentra en riesgo ante la posibilidad que la mayoría de sus miembros se conviertan en subalternos del Ejecutivo. El tema económico está que arde. Con déficit estructural de cuenta corriente, aunque en el inmediato corto plazo tengamos un excedente comercial; déficit fiscal del Gobierno Central en el orden del 4% y creciendo; problemas de financiamiento en la cuenta de capitales, con un aumento del servicio de la deuda en pesos, desempleo, subempleo y un populismo rampante en lo social, no es de esperar mejora de la economía. Hay que decirlo sin pedir permiso a economistas y gurús del establecimiento: el modelo que aplicaron desde Barco-Gaviria hasta Uribe se agotó.
Es el momento del cambio: de un mayor papel del Estado para controlar los excesos del mercado, de la promoción del ahorro y la inversión nacional antes que el ingreso de los capitales golondrina, de la búsqueda del pleno empleo, de utilizar los recursos del asistencialismo populista para que el pueblo colombiano recupere su dignidad mediante la generación de ingresos y trabajo digno, de devolver las tierras a los desplazados, de no firmar ni mantener tratados internacionales que favorezcan a unos pocos y que comprometen el futuro y la democracia, como si los colombianos fuéramos minusválidos mentales.
Es necesaria una nueva propuesta económica y social. ¿Por qué no? Una de izquierda que privilegie el desarrollo, un pacto sobre la participación máxima de las utilidades en el ingreso nacional, una alternativa de dignidad, empleo e ingreso sostenible; una política agropecuaria de tierras y favorable al campesinado. En fin, una propuesta que reciba a todos los demócratas que la respalden, sin necesidad de falsos Mesías, caudillos o megalómanos.
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