Inmunidad a militares de E.U.: ¿Fuera de base?
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| La violación de una niña en Melgar, Colombia, el asesinato de 17 civiles en Iraq por parte de contratistas de Blackwater y la violación de una niña en Okinawa, Japón, son algunos de los crímenes cometidos por militares y contratistas de E.U. en los países donde hacen presencia. |
El contenido del acuerdo con Estados Unidos para permitir la presencia de militares gringos en siete bases colombianas es todo un misterio. Pero dos cosas sí se saben con certeza: que el acuerdo aún no se ha firmado y que el tema de la inmunidad jurídica para los militares norteamericanos es uno de los puntos que siguen en discusión.
Después de la reunión entre el ministro del Interior Fabio Valencia, el canciller Jaime Bermúdez y el ministro de Defensa Gabriel Silva, con el Consejo de Estado, el presidente de este tribunal, Rafael E. Ostau De Lafont dijo que el Gobierno le había confirmado que las negociaciones con Estados Unidos estaban avanzadas pero no concluidas. Y que el Consejo de Estado había pedido información adicional sobre el tema de la inmunidad.
Aunque el canciller Bermúdez ha dicho públicamente que los contratistas gringos no estarán cubiertos con el privilegio de inmunidad diplomática, el debate sobre los crímenes graves cometidos por los militares por fuera del servicio continúa.
Para el gobierno de Estados Unidos el tema de la inmunidad para los miembros de las fuerzas militares ha sido un caballito de batalla desde que se firmó la Convención de Viena en 1961 - que regula la inmunidad diplomática - por dos razones. Por un lado, consideran que sólo en una corte estadounidense pueden tener un juicio justo y, por el otro, temen que acciones legales arbitrarias en el país huésped terminen obstaculizando las operaciones militares.
Hasta 2008, hacían extensiva esta protección a sus contratistas militares. Pero después de que empleados de Blackwater asesinaron por error a 17 personas en Iraq en 2007, la inmunidad de estos civiles que realizan operaciones militares comenzó a ser un tema negociable para los estadounidenses. Los contratistas han alegado que sin esta protección legal no sólo quedan a la merced del sistema legal - mucha veces injusto - de los países donde trabajan, sino que sin esa salvaguarda sus aseguradoras cobran una prima tan alta que les queda imposible pagarla.
Sin embargo, para los países huespedes girarles un cheque en blanco de impunidad, dado los antecedentes de crímenes cometidos por soldados y contratistas en los países donde hay bases norteamericanas, también es muy difícil políticamente.
Tres casos se han vuelto famosos. Uno fue la violación de una niña de 14 años en la isla de Okinawa, en Japón, por parte de un 'marine'. El incidente, que ocurrió en 1995, provocó protestas masivas que obligaron a Estados Unidos y a Japón a firmar un nuevo acuerdo reduciendo las bases gringas en ese país; dos, la violación de una mujer filipina en 2005 por parte de otro soldado americano, y por último, Iraq.
El 16 de septiembre de 2007, contratistas de Blackwater que escoltaban un convoy de carros del Departamento de Estado le dispararon a civiles en la plaza Nisour en Bagdad matando a 17 iraquíes. Al otro día, Iraq le quitó la licencia para operar allí y esto provocó cambios en la legislación gringa respecto a los privilegios de los contratistas.
En Colombia el caso de Jessika Beltrán también ha entrado en el debate. Su mamá denunció que el sargento Michael Cohen y el contratista César Ruiz, ambos ubicados en la base de Tolemaida desarrollando labores del Plan Colombia, violaron a su hija cuando tenía 12 años. El senador del Polo Gustavo Petro denunció que los supuestos violadores volvieron a Estados Unidos y su crimen quedó impune.
Un estudio de Laura Gil, experta en relaciones internacionales, recoge los cuatro posibles escenarios que tiene Colombia para negociar la inmunidad (o impunidad) de los militares y contratistas de E.U. una vez entre en vigor el acuerdo sobre su presencia reforzada en las siete bases colombianas. Para esto se basa en los Acuerdos de Status de las Fuerzas (SOFA) firmados con otros países por el gobierno de E.U.
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