Noticia extraida del tiempo.com
En una decisión poco usual, la Corte Constitucional revisará el pacto. El tribunal admitió una demanda que pide declarar inviable la negociación porque no fue avalada por el Congreso.
El debate ya se daba por concluido y, según Frank O. Mora., subsecretario adjunto de Defensa de Estados Unidos, los estadounidenses comenzarían a utilizar las bases a partir de mayo.
Fuentes de la Corte dicen que el abanico de posibilidades va desde dejar las cosas como están hasta tumbar el acuerdo, pasando por suspender su aplicación hasta tanto se tramite la ley correspondiente.
El Gobierno sostiene que no es un nuevo tratado con E.U. sino una extensión de los acuerdos suscritos por el país desde 1974. Pero el demandante, Luis Alfredo Sánchez Rojas, considera que debió ser el Congreso el que aprobara mediante una ley el acuerdo para el uso de las bases, y que esa ley tenía que haber sido enviada a la Corte Constitucional para control previo de exequibilidad.
La Corte admitió la demanda el pasado 10 de diciembre. La ponencia le correspondió al magistrado Jorge Iván Palacio, quien le pidió al Congreso que envíe la lista de los tratados que se se han aprobado con los Estados Unidos e invitó a los ex presidentes Belisario Betancur, César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana a que den su concepto.
También convocó al Consejo de Estado. Ese tribunal remitió el concepto que le entregó al Gobierno el 13 de octubre y que señalaba que la nueva negociación incluía temas -especialmente la presencia norteamericana en unidades militares colombianas- que iban más allá de lo anteriormente pactado.
En ese orden de ideas, dijo el Consejo de Estado, se trataba de un nuevo tratado, por lo que el paso por el Congreso era ineludible.
También criticó el desbalance entre lo que entrega el país y las obligaciones de los norteamericanos.
El concepto no obligaba y el Ejecutivo decidió ir en sentido contrario. El acuerdo con Washington finalmente se firmó en octubre, en medio de una durísima polémica con varios gobiernos de la región, especialmente con Venezuela.
El magistrado Palacio también pidió opinión de la Corte Suprema de Justicia y Ong.
El pasado 12 de febrero, el ponente le envió el expediente al procurador Alejandro Ordóñez para que emita su concepto. Sin embargo, el Ministerio Público ya había hecho observaciones a los términos del acuerdo antes de su firma.
La delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Margarita Carreño, dijo que la inmunidad del personal militar de E.U. en Colombia debía ser revisada.
REDACCIÓN JUSTICIA
Fuentes de la Corte dicen que el abanico de posibilidades va desde dejar las cosas como están hasta tumbar el acuerdo, pasando por suspender su aplicación hasta tanto se tramite la ley correspondiente.
El Gobierno sostiene que no es un nuevo tratado con E.U. sino una extensión de los acuerdos suscritos por el país desde 1974. Pero el demandante, Luis Alfredo Sánchez Rojas, considera que debió ser el Congreso el que aprobara mediante una ley el acuerdo para el uso de las bases, y que esa ley tenía que haber sido enviada a la Corte Constitucional para control previo de exequibilidad.
La Corte admitió la demanda el pasado 10 de diciembre. La ponencia le correspondió al magistrado Jorge Iván Palacio, quien le pidió al Congreso que envíe la lista de los tratados que se se han aprobado con los Estados Unidos e invitó a los ex presidentes Belisario Betancur, César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana a que den su concepto.
También convocó al Consejo de Estado. Ese tribunal remitió el concepto que le entregó al Gobierno el 13 de octubre y que señalaba que la nueva negociación incluía temas -especialmente la presencia norteamericana en unidades militares colombianas- que iban más allá de lo anteriormente pactado.
En ese orden de ideas, dijo el Consejo de Estado, se trataba de un nuevo tratado, por lo que el paso por el Congreso era ineludible.
También criticó el desbalance entre lo que entrega el país y las obligaciones de los norteamericanos.
El concepto no obligaba y el Ejecutivo decidió ir en sentido contrario. El acuerdo con Washington finalmente se firmó en octubre, en medio de una durísima polémica con varios gobiernos de la región, especialmente con Venezuela.
El magistrado Palacio también pidió opinión de la Corte Suprema de Justicia y Ong.
El pasado 12 de febrero, el ponente le envió el expediente al procurador Alejandro Ordóñez para que emita su concepto. Sin embargo, el Ministerio Público ya había hecho observaciones a los términos del acuerdo antes de su firma.
La delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Margarita Carreño, dijo que la inmunidad del personal militar de E.U. en Colombia debía ser revisada.
REDACCIÓN JUSTICIA
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