Opinión| 27 Mar 2010 - 11:00 pm

Se podría aumentar la desigualdad

Financiación de la educación

Por: Eduardo Sarmiento

En días pasados se divulgaron algunos elementos de la ley de educación que está elaborando el Ministerio. En particular, se propone que los estudiantes de estratos uno y dos reciban un subsidio por manutención y que las universidades públicas obtengan una apropiación presupuestal en términos del número de estudiantes, es decir, por capitación.

 La norma está enmarcada dentro de la teoría de los subsidios de demanda, que fue propuesta por Milton Friedman hace 30 años y es de la misma familia de la privatización de la salud. El argumento es bien conocido. La competencia induciría a las instituciones a prestar el mejor servicio para captar el mayor número de estudiantes y de esa manera obtener mayores recursos del Estado. La realidad es muy distinta. Como la demanda insatisfecha es mayor que la oferta, las instituciones procederían, más bien, a reducir la calidad del servicio.

Fue lo que ocurrió en salud. La privatización no llevó a las EPS, como se presumía, a ofrecer los mejores servicios para captar más clientes, sino reducir al mínimo los servicios para obtener la máxima ganancia. No es casual que las EPS aparezcan entre las instituciones privadas que obtienen las mayores utilidades.

No se entiende que los criterios de mercado enfrentan serios escollos en el sector educativo, lleno de externalidades. A diferencia de mercados de los bienes no durables, las decisiones individuales afectan a los demás y al conjunto de la sociedad. En varios estudios se encuentra que la tradición familiar y el medio social son determinantes del desempeño académico, incluso más que los maestros. En tales condiciones, los grupos pudientes encuentran que los beneficios de la gratuidad de la educación pública son menores que los de reunirse con estudiantes de mayor tradición e ingresos en las universidades privadas.

Se configura una educación segregada en la cual una cúpula recibe una educación de primera y las mayorías de tercera. Los grupos de menores ingresos se movilizarían a las universidades públicas para obtener el subsidio, y los medios y altos a instituciones privadas para lograr mayor calidad.

La inconveniencia de esta estructura aparece clara en los exámenes internacionales (PISA), en los cuales Colombia aparece entre los más bajos puntajes. En general, se encuentra que los mejores desempeños educativos se dan en los países en donde las diferencias son menores, como ocurre en las naciones escandinavas. Así, mientras en estos países la diferencia entre los mejores y los peores estudiantes es de 3 a 1, en Colombia es de 10 a 1.

La modalidad estaría en abierto conflicto con el concepto de autonomía universitaria contemplada en la Constitución. De allí se deduce que las instituciones universitarias deben disponer de una alta discrecionalidad para determinar los programas, los proyectos de expansión, la contratación de profesores, las evaluaciones y las condiciones para la obtención de grados. Pero si el Gobierno establece la apropiación presupuestal por estudiante, la administración docente se vuelve un formalismo. Las instituciones no tienen más alternativa que ajustar su organización a las sumas entregadas por el Gobierno. El mercado determinaría la calidad educativa.

La financiación de la educación por la vía de la capitación ampliaría la segregación educativa, reduciría la calidad de la educación superior y privaría a los sectores menos favorecidos al acceso a la tradición cultural y a la interacción social. Se replicaría la política social de los últimos veinte años que ha pretendido orientar el sector con criterios de mercado y entregar su administración a los estímulos de lucro, y sólo ha traído la extinción del empleo formal, el quiebre de la salud y las pensiones, la baja calidad de la educación secundaria y el agravamiento de las desigualdades.

La solución es más simple. Lo que se plantea es aumentar los recursos universitarios, que son claramente insuficientes, dentro de un marco de autonomía que amplíe el acceso a la formación superior, asegure la calidad y reduzca las enormes diferencias de los beneficios de la educación.