Derecho Al Trabajo - Vladdo

Las consecuencias económicas del Dr. Uribe

Se está abriendo paso un amplio consenso entre los analistas sobre los graves desórdenes institucionales, políticos, económicos y presupuestales que está dejando el presidente Uribe a quien asuma el poder en 2010. Tan sólo para hacer referencia a los asuntos presupuestales, basta con recordar que se gastó el pasado, el presente y el futuro del país.

Con respecto al fisco y/o el patrimonio ahorrado por generaciones y el cual está representado por los activos del Estado, ha sido el gobierno que en la historia del país ha enajenado la más grande cuantía de recursos sociales, aún de empresas estratégicas. Se han vendido, entre otros, el Banco Cafetero, 10% de Ecopetrol, 10 distribuidoras regionales de energía, Telecom, Ecogas, otro porcentaje de Isagen y está en salmuera otro de ISA. Estos ingresos derivados de las privatizaciones han fondeado un ambicioso plan de gasto del gobierno, sin generar ni siquiera un superávit fiscal durante los siete años consecutivos del Gobierno Nacional Central y peor aún, en medio de las más altas tasas de crecimiento del PIB en treinta años y de los precios más altos de los "commodities".

Las decisiones de gasto han ocasionado una distorsión del escenario fiscal, durante cinco años se bloqueó el gasto local con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Regalías -FNR-, de los $3 billones acumulados $1.3 billones fueron apropiados en el Presupuesto General en la vigencia fiscal de 2009. Estos recursos, que serán asignados a las regiones en Consejos Comunitarios, pertenecen a ellas por derecho propio y a ellas deberían volver por vía de la Ley y las instituciones y no en ruedas de prensa presidenciales.

En desarrollo de su política económica, el gobierno acumuló un déficit fiscal de 3.3% del PIB en 2008, y obligó a los departamentos a usar los recursos de un empréstito internacional de USD$1.000 millones que tomó el Gobierno Central, mientras les mantenía retenidos los $3 billones que habían acumulado en el FNR. De la misma manera, aprovechó el escenario de revaluación para sustituir deuda externa por interna, aunque no tuvo la precaución de reducir el nivel total como proporción del PIB que presenta un incremento de 2 puntos porcentuales del PIB con respecto al nivel de 2000.

El 28 de febrero pasado Alejandro Gaviria mencionó, en su columna de El Espectador, que el próximo presidente tendrá, aunque no quiera, que darle continuidad a muchas de las políticas del actual gobierno. Ello se debe, en parte, a la suscripción de vigencias futuras excepcionalmente largas que comprometen el presupuesto más allá del término del mandato, a las garantías contractuales otorgadas a los inversionistas y a las gabelas tributarias pactadas con el capital extranjero. Siendo todo cierto, no describió la totalidad del panorama, la concentración del presupuesto en manos del presidente es tal, que su influencia no sólo afecta el pasado y el presente sino que se hará sentir por largo tiempo en el futuro.

Hacia adelante el alcance de las decisiones tomadas se extenderá por mucho tiempo. Las vigencias futuras que amparan el metro de Medellín se extederán por 100 años, las del Transmilenio de Bogotá irán hasta el 2016, la Drummond recibió una extensión de su concesión por 30 años más para explotar 8 millones de toneladas de carbón a cielo abierto y 5 trillones de MBTU de gas natural.

Todo lo anterior sin contar que, dado el desequilibrio de poderes ocasionado por la reelección inmediata, los órganos de control y los organismos colegiados independientes quedarán integrados por personas designadas por el presidente. En la Junta del Emisor, con excepción del dr. Tenjo que pronto se retira, todos los miembros han sido nombrados durante el actual periodo presidencial, ello implica que Uribe tendrá influencia en la vida económica nacional todavía por mucho tiempo.

LOS NEGOCIOS DE LOS HIJOS DEL PRESIDENTE DE COLOMBIA

Antanas Mockus se pregunta si la ética es para los de ruana

Jerónimo Uribe (izq), hijo menor del Presidente, está dispuesto a debatir su derecho a crear empresas. Tomás Uribe, junto con su hermano, han defendido en varios escenarios la legalidad del negocio. Fotos: Abel Cárdenas / Cambio

La sociedad se enteró. Estamos ante un caso de generación abrupta de ganancias por cambio de norma de uso del suelo: un alcalde reglamenta el uso de la tierra mediante un plan parcial, y lotes de uso agrícola acaban convertidos en tierra de uso industrial. Luego una comisión del alto Gobierno autoriza establecer en esos predios una zona franca que se caracteriza por una alta exención de impuestos para los negocios que se instalen en el futuro allí. En los dos plumazos, o en el segundo, los lotes multiplican su valor por 100. Si la disculpa es que por eludir costos de escritura y predial los lotes aparecen inicialmente subvalorados, las preguntas son cuál fue el precio real inicial y de dónde salió tanto dinero.

Entre los beneficiados por el aumento de valor están los hijos del Presidente, que hacen el negocio mediante figuras jurídicas como la fiducia y el patrimonio autónomo. Si no fueran hijos del Presidente sino especuladores que compran y venden terrenos que se valorizan vía cambio de norma, no habría escándalo o el escándalo llevaría a retomar la discusión de la reforma urbana. Según la Ley 388 del 97, Ley de desarrollo territorial, no reglamentada en este aspecto por la mayoría de los concejos municipales, entre el 30 y el 50 por ciento del incremento de valor de las tierras por decisiones administrativas debería ser pagado al municipio para ser invertido en obras públicas y vivienda de interés social.

¿Deben los hijos del Presidente renunciar al derecho de hacer el mismo tipo de negocio que hacen muchos ciudadanos? Uno de los hijos dijo que este tipo de asuntos se los contaba al papá. El papá dijo en radio que los hijos se defenderán ellos solos. ¿Sabían, cuando compraron, que ahí se haría una zona franca? Parece que sí. ¿Cómo lo supieron? El Ministro de Comercio, miembro de la Comisión Intersectorial que autoriza zonas francas, dijo escuetamente: "Se cumplieron todos los requisitos". Preguntas clave: ¿Sabía alguien dentro de la Comisión que los solicitantes directos o indirectos eran los hijos del Presidente? En caso de saberlo, ¿actuaron sin tenerlo en cuenta, con neutralidad, como si se tratara de la solicitud de un ciudadano cualquiera? Estas preguntas no han sido contestadas.

Como mínimo fue una imprudencia y algunas imprudencias generan consecuencias imprevistas. Precisamente son imprudencias porque generan consecuencias imprevistas. Y esta imprudencia que salió a la luz pública debe haber generado algo de miedo a la ley, algo de culpa, algo de vergüenza. Eso en los gobernantes. Y perplejidad, sentimiento de impotencia o indignación, en la ciudadanía. Cabe creer que en la familia y en la Comisión hubo y hay conflicto moral. Lo que significa oportunidad para reflexionar, aprender y descubrir caminos.

¿Debe el Presidente presentar explicaciones? Creo, no soy abogado, que jurídicamente no está obligado. Pero, ¿lo está moralmente? Sin lugar a dudas. Uribe presentará explicaciones si lo considera indispensable desde el punto de vista práctico, no por principio. ¿Y lo haría para qué? Para proteger su obra de gobierno, para proteger la honra de su familia, para no dejar cabos sueltos.

Y los ciudadanos, ¿qué haremos? ¿Extender un acogedor manto de indulgencia? ¿Comprender estas cosas como "normales", es decir resignarnos? ¿Dejar el tema en manos de la Justicia y esperar una probable absolución? ¿Pronunciarnos masivamente?

El Presidente podría salir y decir: "Yo no les hubiera dejado hacer a mis hijos tan buen negocio, ni siquiera si les hubiera caído del cielo". A lo cual sus hijos, para ayudarle, podrían responder donando lo tan fácilmente ganado a una causa social, no por mal habido sino por demasiado fácilmente obtenido. Es el tipo de heroísmo estético que esperaría de mi familia.

Pero no depender de la generosidad de cada cual, hay un buen camino: reglamentar en cada municipio la Ley 388 que desarrolla el segundo parágrafo del artículo 82 de la Constitución: "Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común".

Invito a los ciudadanos a entender el tema y sus implicaciones, y a hacerle seguimiento al veredicto de la Justicia.

Un maestro agricultor del norte de Cundinamarca llamó por la mañana el sábado pasado para consultarme sobre si debía o no sacar ventaja de una opción que tenía de usar terrenos para criar novillos, aprovechando la cercanía de un pariente con un gobernante local. Le contesté: "Haga lo que su conciencia le diga". Me agradeció. Antes me había dicho que le temía también a la vergüenza, al qué dirán. ¿La ética será solo para los de ruana?

Por Antanas Mockus,
ex alcalde Bogotá.

Se aprobó un texto opuesto al firmado por más de dos millones de personas

Ayer, en una sesión de la Comisión I de la Cámara, la mayoría que apoya al gobierno aprobó un texto contrario a la iniciativa ciudadana apoyada por más de dos millones de colombianos y colombianas.

Las sustanciales modificaciones son las siguientes:

· Se eliminó la consagración del derecho fundamental al agua potable.

· Se eliminó el reconocimiento del agua como bien común y público.

· Se eliminó el uso prioritario de los ecosistemas esenciales al ciclo del agua para este fin.

· Se eliminó la prohibición de privatizar la gestión del agua y del servicio de acueducto y alcantarillado, sin ánimo de lucro.

· Agregaron un “mico” colosal: volver constitucional que “las aguas que nacen y mueren en la misma heredad”, son privadas, imponiendo así una excepción al principio de que todas las aguas son bienes de uso público. De esta manera se entregará el agua a los nuevos propietarios privados e ilegítimos de los grandes latifundios producto del despojo a más de cuatro millones de campesinos.

· En contraste con lo anterior eliminaron que las aguas que discurren por los territorios étnicos son parte integrante de los mismos.

· Ajustaron de modo demagógico la propuesta del mínimo vital gratuito universal, para predicarlo falsamente como orientado sólo a los pobres, pero dentro del marco legal actual de la prestación privada de los servicios públicos.

Las modificaciones fueron acordadas en la Casa de Nariño en reunión de las bancadas gubernamentales con el Presidente Uribe. Este, que se había opuesto radicalmente a nuestro referendo por el derecho humano al agua, cambió súbitamente de posición para proponer que sea el pueblo quien decida, pero sobre un texto totalmente contrario al firmado por más de dos millones de personas.

Ante esta realidad, el Comité Nacional en defensa del Agua y de la Vida que promueve el referendo invita a continuar la movilización ciudadana en defensa del texto original del referendo y a mantenerse alertas y pendientes del debate en la Plenaria de la Cámara en la cual se decidirá la apelación presentada por el Vocero del Comité Promotor, para que se respete el texto original.

El Comité de Promotores del referendo agradece a los 8 congresistas del Partido Liberal y del Polo Democrático Alternativo, y a los dos de Cambio Radical que votaron a favor de la ponencia que recomendaba la aprobación del referendo con su texto original.

Esta lucha nacional y regional empieza a navegar hacia el reconocimiento del agua como bien público y común y como un derecho humano fundamental en la Constitución Nacional; pero sólo las acciones conjuntas y sostenidas de todos y todas, permitirán que estas aguas no se enturbien ni sean controladas y convertidas en un negocio privado.

COMITÉ PROMOTOR

Rafael Colmenares (Vocero), Oscar Eduardo Gutiérrez, Martha Cañon, Javier Marquez, Rodrigo Acosta, Humberto Polo, Héctor Gañan, Tatiana Roa y Cristo Miranda.

Presidente Uribe respete la Vida de Moncayo

[ 04/23/2009] [ ] [ Autor: Tejido de Comunicación ACIN]

Desde el Tejido de Comunicación ACIN hacemos un llamado al gobierno para que le garantice la vida a Pablo Emilio Moncayo y a todos los secuestrados, porque no podemos permitir que un padre, un profesor ejemplar, un hombre humilde capaz de hacer todo por su hijo, un ejemplo para el país, un caminante de la palabra para la paz y toda su familia trunquen su alegría, ahora que la ven mas cercana desde que las Farc decidieron liberar a su familiar.

No podemos permitir que le quiten la vida por la falta de voluntad política del gobierno para garantizar su liberación sin violencia.

Exigimos que las FARC le devuelvan la libertad sano y salvo y que al profesor Moncayo y a su familia le devuelven esa paz que vienen caminando y tratando de encontrar desde que su familiar está secuestrado. Rechazamos con dolor los 11 años de cruel encierro al que las Farc ha sometido a Pablo Emilio Moncayo, hijo de un hombre que ha luchado por la libertad de él y de todo el pueblo colombiano. Hoy lloramos de angustia con el Profesor Moncayo y su familia, también lloramos llenos de esperanza.

Pablo Emilio Moncayo todo el país te espera libre como a todos los secuestados. Uribe no trunque su libertad ahora que está tan cerca.

Enseguida compartimos el comunicado angustioso que envía el Profesor y su familia:

Bogotá D.C. 22 de abril de 2009

El Profesor Moncayo y su familia hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional, A LA OPINION PUBLICA EN GENERAL:

Hace 11 años, cuatro meses y dos días nuestro hijo y hermano el Cabo Segundo del Ejército PABLO EMILIO MONCAYO CABRERA está en manos de las FARC-EP, no hemos parado un sólo día en clamar por su libertad y la de sus compañeros. Con alegría y esperanza rodeados por la solidaridad unánime de millones de colombianos recibimos el pasado 16 de abril la decisión unilateral de las FARC de liberar al Cabo Segundo del Ejército PABLO EMILIO MONCAYO CABRERA, y con su liberación, se abre además una nueva puerta hacia el intercambio humanitario.

Luego de algunos días, ésta noticia tan esperada por nosotros se encuentra con el silencio absoluto del gobierno nacional. Situación que nos invade de preocupación, incertidumbre y dolor debido a la suerte que pueda correr este servidor de la patria.

Hoy, por esto, acudimos a ustedes para que se unan a nuestro clamor de:

1. Solicitar que desde el 16 de abril hasta el día de su liberación, se garantice la vida y la integridad de Pablo Emilio.

2. Desautorizar cualquier dispositivo militar, que en sus diversas formas busque por la fuerza la libertad de Pablo Emilio Moncayo Cabrera.

3. Solicitar el cese de bombardeos, de hostilidades y de operaciones que pongan en riesgo a nuestro familiar y sus compañeros de cautiverio.

4. Hacer un llamado al gobierno nacional para que habilite un inmediato diálogo con la Senadora Piedad Córdoba, con nosotros su familia, con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y con el grupo Colombianas y Colombianos por la Paz para iniciar los preparativos logísticos que se requieran.

Esperamos a que al llamado de una familia colombiana, preocupada por la suerte de uno de los suyos, se unan solidariamente miembros de la comunidad internacional, del cuerpo diplomático acreditado en Colombia, Naciones Unidas, de las iglesias, de Defensores de derechos humanos, trabajadores y caminantes por la Paz, organizaciones sociales hermanas en el mundo, sindicatos, maestros, organizaciones de mujeres, campesinas, indígenas, jóvenes y todas aquellas personas de buena voluntad, para que juntos agotemos todos los mecanismos que nos permitan abrazar y tener de regreso a casa sano y salvo a nuestro hijo y hermano.

Rogamos a ustedes continuar haciendo vigilias por la vida y la libertad, elevando oraciones desde las distintas espiritualidades y hacer llegar su voz al gobierno colombiano mediante mensajes a las embajadas, a los medios de comunicación, canales diplomáticos y declararnos en alerta permanente para que juntos celebremos la buena noticia del regreso de PABLO EMILIO MONCAYO CABRERA a la libertad.

Profesor GUSTAVO MONCAYO y familia Moncayo Cabrera

Caminantes por la Paz

Direcciones:
- Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra. Chemin du Champ d’Anier, 17-19, 1209 Ginebra, Suiza. FAX: + 41.22.791.07.87; TEL.:+ 41..... E-mail: mission.colombia@ties.itu.int

- Sr. Carlos Holmes Trujillo, Misión Diplomática en Bruselas: FAX: +32.2.646.54.91, E-mail: colombia@emcolbru.be

- S.E. Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, Cra. 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá.Fax:+57.1.566.20.71 : auribe@presidencia.gov.co

- Sr. Francisco Santos, Vicepresidente de la República, Téls. (+571) 334.45.07, (+573) 7720130, E-mail: fsantos@presidencia.gov.co; buzon1@presidencia.gov.co

- Defensor del Pueblo, Calle 55 # 10-32, Bogotá. Fax: + 57.1.640.04.91 E-mail: secretaria_privada@hotmail.com

; agenda@agenda.gov.co

- Procurador General de la Nación, Cra. 5 #. 15-80, Bogotá. Fax: +57.1.342.97.23; +571.284.79.49 Fax: +57.1.342.97.23; E-mail: cap@procuraduria.gov.co , E-mail: quejas@procuraduria.gov.co ; webmaster@procuraduria.gov.co; cap@procuraduria.gov.co; reygon@procuraduria.gov.co;

- Dr. Juan Manuel Santos Calderón, Ministro de la Defensa, Avenida El Dorado con Cra. 52 CAN, Bogotá. Fax: +57.1.222.18.74; E-mail : siden@mindefensa.gov.co ; infprotocol@mindefensa.gov.co ; mdn@cable.net.co

Recusaciòn Contra Alejandro Ordóñez

República de Colombia

Corte Constitucional

Presidencia

COMUNICADO No. 19

La Corte Constitucional, en la sesiones de la Sala Plena celebradas los días 21 y 22 de abril de 2009, adoptó las siguientes decisiones:

9. RECUSACION. EXPEDIENTE D-7415 - AUTO 160/09 (22 de abril)

Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

9.1. Decisión

DECLARAR que no es procedente la recusación formulada por la ciudadana Marcela Sánchez Buitrago, contra el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, para conceptuar en el proceso D-7415.

9.2. Razones de la decisión

En primer término, la Corte precisó que el control de constitucionalidad versa sobre asuntos fundamentales que, con un alto grado de generalidad y abstracción, se encuentran plasmados en la Constitución y que el mismo se ejerce, precisamente, a partir de distintas lecturas de la Constitución y a partir de diferentes experiencias jurídicas que dan lugar a diversas convicciones sobre la manera como, en cada caso, debe leerse y aplicarse la Constitución. No obstante, señaló que es claro que en el proceso constitucional, tanto los Magistrados como el Procurador General de la Nación deben obrar con independencia e imparcialidad. Dichos funcionarios tienen un compromiso con la Constitución, cuya guarda se les ha confiado o sobre la cual deben conceptuar, acatándola y respetándola. Para la Corte, no resulta de recibo la pretensión conforme a la cual dicha imparcialidad se ve afectada en razón de las convicciones jurídicas que de manera general tengan, tanto los magistrados de la Corte, como el Procurador, sobre los asuntos objeto de control de constitucionalidad. No puede, por tanto descalificarse como constitutiva de un interés moral inhabilitante, la adhesión pública a determinadas corrientes del pensamiento jurídico o religioso, por más radicales que sean sus expresiones. Por otra parte, no puede pretenderse que sólo las expresiones en un determinado sentido o de un cierto contenido dan lugar a afirmar la existencia de un interés moral, pero que no ocurre lo propio si la posición jurídica se expresa en sentido contrario.

En el presente caso, el doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, ha hecho expresión de una convicción jurídica de una determinada concepción del derecho, en las intervenciones y citas a las que puntualmente se refiere la recusante, que efectivamente tiene connotaciones determinantes en relación con los derechos de las parejas homosexuales, pero la Corte no encuentra que esa convicción jurídica, por radical que sea, pueda tenerse como la expresión de un interés moral en cabeza del Procurador General de la Nación en relación con el resultado del proceso de constitucionalidad en el expediente D-7415 en el que se demanda el artículo 68 de la Ley 1098 de 2006, que establece los requisitos para adoptar un hijo. A juicio de la corporación, ni la pertenencia a una determinada confesión religiosa, ni el conocimiento público de ese hecho, ni la manifestación expresa de las convicciones religiosas, pueden tenerse como la tipificación del interés moral que inhabilita para obrar en los procesos de constitucionalidad.

Por otra parte, ni los conceptos expuestos por el Procurador General de la Nación en una obra académica publicada en el año 2003, ni en las ocasiones y documentos indicados por la recusante, se refirieron al precepto legal demandado en el proceso D-7415, razón por la cual tampoco se configura la causal de impedimento y recusación establecida en el artículo 25 del Decreto 2067 de 1991, de “haber conceptuado sobre la constitucionalidad de la disposición acusada”. Por todo lo anterior, la Corte encontró que no puede predicarse la concurrencia en el señor Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, de las causales de impedimento invocadas para emitir concepto dentro del proceso de constitucionalidad D-7415 y en consecuencia, no procede la recusación formulada en su contra por la ciudadana Marcela Sánchez Buitrago.

9.3. Los magistrados LUIS ERNESTO VARGAS SILVA, CLARA ELENA REALES GUTIERREZ y HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO manifestaron su salvamento de voto respecto de esta decisión.

El Magistrado VARGAS SILVA consideró que el régimen de impedimentos y recusaciones del Procurador General de la Nación en la acción pública de constitucionalidad, busca asegurar la imparcialidad y la transparencia de ese proceso judicial. Igualmente, salvaguarda a dicho funcionario de aspectos que puedan entorpecer el ejercicio pleno de sus competencias. Para el caso, es claro que el Procurador General había expresado – tanto en una publicación anterior como en la audiencia ante el Congreso, previa a su designación en el cargo – juicios acerca de la ausencia de validez constitucional del reconocimiento jurídico de las parejas del mismo sexo. Esta circunstancia era sustento suficiente para tener como probada la causal de recusación de “haber conceptuado sobra la constitucionalidad de la disposición acusada” prevista en el artículo 25 del Decreto 2067/91. Ello, en el entendido que la recusación procedía exclusivamente por dicha causal pues, como acertadamente lo expone la mayoría, la causal fundada en la existencia de interés moral en la decisión resultaba improcedente.

En concepto de la Magistrada REALES GUTIERREZ, el Procurador General debe valorar las condiciones del caso, la validez de la norma acusada, al margen de su ideología, que en este caso expone una concepción fundamentalista, un prejuicio muy marcado contra un sector de la sociedad, que nadie determina que nadie dudaría que vaya a conceptuar de una manera distinta. A su juicio, el Procurador General ya adoptó una posición sobre la materia, por lo que no se aprecia que exista la posibilidad de que haya una valoración de manera imparcial, otra opción frente a la determinación acerca de si frente a la Constitución, las parejas del mismo sexo tienen o no el derecho de adoptar un hijo. Advirtió que en todas sus intervenciones, el doctor Alejandro Ordóñez no separa su visión de jurista de su convicción en un confesión religiosa. Como ser humano puede hacerlo, pero como Procurador no, pues este funcionario debe emitir un concepto sobre la constitucionalidad de la norma acusada con una visión verdaderamente imparcial. En su criterio, la Corte ha debido separarlo de este proceso, pues las opiniones que ha expuesto le impiden emitir un juicio objetivo sobre la constitucionalidad de la norma demandada en este proceso.

Por su parte, el Magistrado SIERRA PORTO consideró que debió prosperar la recusación formulada en contra del Procurador General de la Nación de acuerdo con las causales consignadas en los artículos 25 y 26 del Decreto 2067 de 1991, tanto por “tener interés en la decisión”, como por “haber conceptuado sobre la constitucionalidad de la disposición acusada”. En cuanto a la causal descrita en el artículo 25 sobre el interés directo en la decisión, las manifestaciones realizadas por el Procurador sobre la población homosexual, las cuales se encuentran consignadas en entrevistas, alocuciones públicas y en su monografía “Hacia el libre desarrollo de nuestra animalidad. Con los fallos de la Corte Constitucional sobre el libre desarrollo de la personalidad y la ley de unión homosexual”, dejan ver un tratamiento peyorativo y desdeñoso, el cual, en determinadas ocasiones, llega al punto de emplear términos infamantes y deshonrosos, lo que refleja el interés de orden moral que el funcionario tiene sobre el resultado de la decisión. Lo anterior impide que conceptúe con la objetividad e imparcialidad que resulta exigible en su calidad de Jefe del Ministerio Público en el proceso de constitucionalidad de la Ley.

Por otra parte, en lo atinente a la segunda causal destacada en el artículo 25 del Decreto 2067 de 1991, consideró que las manifestaciones públicas realizadas en entrevistas y audiencias públicas del Congreso de la República, en las cuales indicó “que si fuera legislador votaría en contra de proyectos como el aborto, la eutanasia o los derechos patrimoniales de los homosexuales” y que “si fuera magistrado de la Corte Constitucional, las declararía inexequibles”, constituyen un prejuzgamiento sobre el asunto propuesto a esta Corporación y, en consecuencia, impiden que emita un concepto sobre la constitucionalidad de la ley demandada en calidad de Procurador General de la Nación.

Por último, el magistrado SIERRA PORTO manifestó su oposición a la consideración acogida por la Sala Plena, en virtud de la cual las manifestaciones realizadas en entrevistas u obras publicadas no permiten la formulación de recusaciones en contra de los Magistrados o del Procurador General pues supondrían una eventual vulneración del derecho fundamental a la libertad de expresión. Al respectó consideró que el anterior planteamiento llega al absurdo de hacer nugatoria la posibilidad de interponer tales solicitudes de recusación y, en consecuencia, se anula el propósito constitucional de garantizar la objetividad y la imparcialidad de los funcionarios que participan en el proceso de control de constitucionalidad de la Ley que inspira las recusaciones.

NILSON PINILLA PINILLA

Presidente

Partidos de oposición citarán a debate.

Gómez Méndez habla de implicaciones políticas y jurídicas de negocios de hijos del presidente Uribe.

Los dueños de la tierra ganarán por cada lote vendido

La versión de Tomás Uribe

TRAS DE COTUDOS CON PAPERAS!!!

Hijos del presidente tienen intereses en tierras de zona franca

Sobrados de lote

Por Daniel Coronell

OPINIÓN. En agosto de 2007, el alcalde emitió un decreto que expandió una zona industrial e incluyó los lotes en cuestión. Lo que antes se vendía por hectáreas se empezó a cotizar por metros.

Sábado 18 Abril 2009

Los hijos del Presidente se han enriquecido por decisiones tomadas por funcionarios, algunos de los cuales son subalternos directos de su padre. El asunto desborda el ámbito de las actividades privadas de los señores Tomás y Jerónimo Uribe y hace necesario que expliquen, por ejemplo, cuánto entrará a sus bolsillos por cuenta de la creación de la nueva Zona Franca de Occidente.

El 18 de diciembre del año pasado, el director de la Dian expidió una resolución declarando "Zona Franca Permanente" un terreno de 32 hectáreas en predios de dos fincas de Mosquera (Ver documento). Dos años antes -en diciembre de 2006- esas propiedades habían sido adquiridas por una fiducia constituida por Residuos Ecoeficiencia, sociedad controlada por los hermanos Uribe, dueños de más del 60 por ciento de la compañía.

La junta de Residuos Ecoeficiencia -entre cuyos miembros, además de los hermanos Uribe, figuran como suplentes el padre y el hermano de la Primera Dama- autorizó al representante legal, Tomás Uribe Moreno (Ver documento), para suscribir un contrato con Fiduciaria Colpatria "para la compra de los terrenos El Paraíso y San Laureano en Mosquera (Cundinamarca)".

En virtud de ese contrato nació el "Patrimonio Autónomo FC-Lotes Mosquera", que compró las dos propiedades por un valor que sobrepasa los 8.600 millones de pesos. (Ver documento).

Allí funciona la planta de Residuos Ecoeficiencia, pero a los terrenos restantes no se les veía mayor utilización. Dos determinaciones tomadas meses después por el municipio de Mosquera, cuyo alcalde era el constructor Álvaro Rozo Castellanos, abrieron la perspectiva del negocio.

En Agosto de 2007, el alcalde emitió un decreto que -según documentos de la DIAN- expandió una zona industrial e incluyó los lotes en cuestión. Lo que antes se vendía por hectáreas se empezó a cotizar por metros cuadrados.

En octubre de 2007, otra vez la alcaldía de Álvaro Rozo, a través de la Secretaría de Planeación, autorizó la subdivisión de los lotes pedida por Tomás Uribe. La resolución tuvo que ser corregida porque arrancaba afirmando "los señores Residuos Ecoeficiencia en su condición de propietarios", cuando legalmente el dueño era el Patrimonio Autónomo FC-Lotes Mosquera. (Ver documento).

Más allá de ese detalle, un tiempo después empezaron los cambios en la propiedad de esas tierras.

En marzo de 2008, el Patrimonio Autónomo le vendió a Inversiones ALC uno de los lotes producto de la subdivisión, por 702 millones de pesos, un precio de ganga si se tiene en cuenta la extensión y la ubicación del terreno.

Nada tendría esto de particular si no fuera porque los accionistas de ALC son tres hijos, dos hermanos y otro familiar del ahora ex alcalde de Mosquera Álvaro Rozo Castellanos, cuyas decisiones ayudaron tanto al proyecto. (Ver documento).

En los documentos comerciales consta que el ex alcalde de Mosquera fue socio fundador de la compañía ALC. (Ver documento).

En el terreno de la familia del ex alcalde Rozo, desde ya se anuncia la construcción del Parque Industrial Santo Domingo. Su mayor atractivo, según la página web de Inversiones ALC, consiste en que "quedará ubicado al frente de la futura Zona Franca de Occidente".

Residuos Ecoeficiencia, la compañía controlada por Tomás y Jerónimo, autorizó cambios en el contrato fiduciario FC-Lotes Mosquera. Gracias a esos cambios, los terrenos fueron entregados en comodato a una nueva sociedad llamada Zona Franca de Occidente (ZFO). (Ver documento).

Con los papeles en regla, ZFO solicitó a la Comisión Intersectorial de Zonas Francas su concepto para la aprobación del proyecto. Esa comisión está integrada por altos subalternos del Presidente. Son ellos el Ministro de Comercio, el Ministro de Hacienda, la Directora del Departamento Nacional de Planeación, el director de la Dian y el Ministro Consejero de la Presidencia de la República.

Según informe de la secretaría técnica, en sesión del 28 de julio de 2008: "La Comisión decidió aprobar por consenso el Plan Maestro de Desarrollo General y emitir concepto FAVORABLE para la declaratoria de existencia de la Zona Franca Permanente".

El expediente pasó a la DIAN, que tenía que autorizar, en últimas, la declaración del área como zona franca.

Todo esto sucedía en diciembre del año pasado. Mientras la Dian revisaba los requisitos, la junta de Residuos Ecoeficiencia se reunía para tomar importantes decisiones. Una de ellas fue la de escindir la sociedad para crear dos compañías nuevas.

Residuos Ecoeficiencia dio a luz a las empresas Ecoindustry S. A. y Yogur S. A. Los socios eran los mismos: Tomás Uribe, Jerónimo Uribe, Salvarte y Udo Johann Scheuten, un empresario de Medellín, de 30 años de edad. El único accionista que no fue convidado para hacer parte de las nuevas compañías fue una sociedad llamada Achlys Investment Corporation, conformada en Panamá con 10.000 dólares de capital, cuyos socios no aparecen en el registro mercantil panameño y cuyo representante se mantiene oculto en las actas. (Ver documento).

En la escisión, Tomás y Jerónimo Uribe, junto con su socio Udo Scheuten, decidieron transferir algunos activos de Residuos Ecoeficiencia a Yogur S. A. Entre esos activos estaban los derechos fiduciarios de FC-Lotes Mosquera. Esos derechos en los libros de Ecoeficiencia estaban valorados en 33.926.553 pesos, pero cuando entraron a Yogur S. A. pasaron a costar 3.092.998.621 pesos. Es decir, de acuerdo con la contabilidad, en unas horas el valor de esa inversión se multiplicó por 100. Una utilidad cercana al 10.000 por ciento. (Ver documento).

La compañía Yogur se constituyó el 17 de diciembre de 2008; un día después, la Dian emitió la resolución que convirtió los lotes del fideicomiso de la sociedad de los Uribe en la Zona Franca de Occidente.

El doctor Juan Pablo Rivera Cabal, gerente de la Zona Franca de Occidente, me dijo en una entrevista desde Estados Unidos que el negocio se había hecho a través de una fiducia y que "los dueños de la tierra son los hijos del Presidente; unos señores Duque de Medellín, muy prestantes; Francisco Díaz, de Corona, y dos hermanos de apellido Angarita, Guillermo y Alejandro".

Con excepción de Tomás y Jerónimo Uribe, todos los demás -a través de diversas empresas- poseen una tercera compañía llamada Tierras Mosquera S. A., que a su vez es dueña de la mitad de la Zona Franca de Occidente. En la telaraña societaria aparece otra compañía panameña -de las de 10.000 dólares y socios desconocidos- llamada Artlist Investment Corporation.

El doctor Rivera Cabal, quien tiene la esperanza de vender la totalidad de la zona en el curso de este año, señaló que, aun antes de iniciarse el proyecto, sabía que la empresa de Tomás y Jerónimo Uribe controlaba los predios clave: "Sí señor. Desde el comienzo lo supimos y dijimos que nos interesaría trabajar si se manejaba desde el punto de vista empresarial privado".

El presidente Uribe conoce al gerente de ZFO y fue orador en el aniversario de la Zona Franca de Bogotá, dirigida también por el doctor Rivera. Allí dijo: "Apreciados usuarios de esta Zona Franca: todo lo que ustedes inviertan en este año y en los años venideros tendrá una deducción del 40 por ciento. Eso equivale a que de cada 100 pesos que ustedes inviertan, el Estado les contribuye con 12,8"

El gerente de la nueva zona franca explicó cómo les pagará a los dueños de los terrenos. "Recibirán un porcentaje por la venta de cada lote. Tendrán ingresos por la tierra, pero no por los edificios que se construyan". También dijo que hay un "precio piso", cuyos montos y porcentajes no puede informar porque hacen parte de la confidencialidad del negocio.

Un negocio que no termina para la empresa de los Uribe, porque su fideicomiso se reservó varios terrenos vecinos de la Zona Franca. (Ver documento).

Sin embargo, Tomás Uribe sostiene una cosa diferente. En conversación telefónica me aseguró que "el beneficio es muy relativo porque hace dos años habríamos podido vender los lotes a mejor precio". También afirmó que ellos nunca pidieron la aprobación de la Zona Franca. Pero resulta inocultable que se beneficiaron de la decisión, al punto de que recibirán un porcentaje por cada lote que allí se venda.

Residuos Ecoeficiencia fue constituida con 10 millones de pesos en el año 2003, cuando los hermanos Uribe aún eran estudiantes universitarios. Ahora el capital pagado de sus empresas sobrepasa los 1.000 millones de pesos, dos de ellas tienen superávit de capital que suman 4.200 millones, y son dueños del 12 por ciento de Promotora Gransabana, una empresa que -cómo no, a través de otro fideicomiso- compró otro lote, éste ubicado en Tocancipá y avaluado preliminarmente en 22.000 millones de pesos.

Y apenas vamos por la mitad del segundo mandato de su papá.

Que el presidente Uribe explique si desconocía los fabulosos negocios de su familia

Oficina de Prensa Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 19 de abril de 2009

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¿Negocio o negociado? Valorización de 100 veces. La gran ganancia aparece porque se cambian las normas y se urbanizan tierras rurales. Alcalde de Mosquera y ministros las claves del negocio. ‘Llevaron’ en la ganancia a la familia del alcalde. Debate en el Senado

De acuerdo con documentadas informaciones del periodista Daniel Coronell publicadas en Semana de hoy, los dos hijos del presidente Uribe, su suegro y uno de sus cuñados valorizaron más de 100 veces, con utilidades del orden del 10.000 por ciento, 32 hectáreas en la sabana de Bogotá, gracias a decisiones del alcalde de Mosquera y de los ministros de Comercio y Hacienda, los directores de Planeación y la DIAN y el ministro Consejero de la Presidencia de la República.

“Esta probado que los familiares del Presidente Uribe ‘llevaron’ en el negocio a la familia del alcalde de Mosquera”, explicó el senador Jorge Enrique Robledo.

Ante la gravedad de los hechos, el senador del Polo Democrático Alternativo anunció que citará debate en la plenaria del Senado sobre este caso, que “tienen tantas señas de constituir un negociado a partir del tráfico de influencias”. “¿No es curioso que unos muchachos se hayan convertido en multimillonarios de la noche a la mañana? Que el presidente Uribe –agregó el senador– explique si desconocía estos negocios de sus familiares. ¿Él, que está en todo, no sabía nada?”.

El senador Robledo –quien como arquitecto y profesor universitario conoce bien los mecanismos de valorización de la tierra– explicó que los familiares del Presidente compraron tierras rurales de relativamente bajo costo y las valorizaron muchísimo, porque, primero, el alcalde de Mosquera se las declaró industriales y, segundo, los ministros del gobierno se las convirtieron en Zona Franca Permanente. “El suelo vale según lo que se pueda hacer sobre él –explicó–, y es un gran negocio urbanizar tierra rural, que se compra por hectáreas y se vende por metros, y más si la declaran zona franca, que tiene especiales gabelas del gobierno”.

EL SENADOR ROBLEDO LE PIDE AL PROCURADOR INVESTIGAR AL MINISTRO PLATA POR EL CASO DE LOS HIJOS DEL PRESIDENTE URIBE

Oficina de Prensa, Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 21 de abril de 2009.

El senador Jorge Enrique Robledo solicitó hoy al Procurador General de la Nación investigar al ministro Luis Guillermo Plata en el caso de los hijos del presidente Uribe, pues este alto funcionario dijo desconocer que los hijos del primer mandatario fueran socios de la Zona Franca de Occidente, proyecto cuya gran valorización obedeció en parte a una decisión del ministro Plata.

En la solicitud al Procurador, Robledo pide investigar también a los demás altos funcionarios que participaron en la decisión.

A continuación, el texto del mensaje al Procurador:

Bogotá, 21 de abril de 2009

Doctor

ALEJANDRO ORDÓÑEZ

Procurador General de la Nación Ciudad

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata, en distintos medios de comunicación, afirmó que, como integrante de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, no sabía que los señores Tomás y Jerónimo Uribe Moreno fueran copropietarios de los terrenos que hacen parte de la Zona Franca de Occidente.

El estudio de los títulos de la propiedad de los citados terrenos era un requisito de ley para la declaratoria de la Zona Franca de Occidente (artículo 393-2 del Decreto 2685 de 1999). El Ministro Plata se encontraba en la obligación de analizar estos documentos, por lo que debió enterarse de la relación entre los terrenos y los señores Uribe Moreno.

La otra posibilidad es que el ministro Plata sí hubiese sabido que los lotes pertenecían a los hijos del funcionario que lo había nombrado como ministro, es decir, el Presidente de la República, razón por la cual ha debido declararse impedido, omisión que constituye una falta gravísima.

Por estas razones, el señor Ministro de Comercio Exterior, Luis Guillermo Plata, presuntamente incurrió en una falta disciplinaria al omitir su deber de “cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado” (artículo 34 del Código Disciplinario Único).

Le solicito entonces que inicie la investigación disciplinaria pertinente para de determinar si el señor Ministro incumplió sus deberes como funcionario público. Igualmente, le pido que la Procuraduría investigue si el señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, Oscar Iván Zuluaga, el señor Director de la DIAN, Óscar Franco, la señora exdirectora del Departamento de Planeación Nacional, Carolina Rentería, y Cecilia Álvarez, exministra consejera del Presidente de la República, cumplieron con sus deberes en este mismo caso.

Cordialmente,

JORGE ENRIQUE ROBLEDO CASTILLO

Senador de la República

'Don Berna' asegura que Auc apoyó a campaña de Uribe en 2001

JUSTICIA Y PAZ. La abogada del ex jefeparamilitar le dijo al juez estadounidense, poco antes de que los sentenciara por narcotráfico, que su cliente había apoyado la campaña del Presidente y las muchos otros, pero no dio pruebas. También dijo que seguirá colaborando con Justicia y Paz.

Miércoles 22 Abril 2009

Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ´Don Berna´.

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• 31 años de cárcel en Estados Unidos para "Don Berna"

Con la aseveración de que las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) contribuyeron económica y políticamente en el 2001 a la campaña del entonces candidato Álvaro Uribe Vélez, elegido a la postre Presidente del República, el confeso narcotraficante y jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias 'Don Berna', anunció que apenas ha contado el 10 por ciento de lo que sabe y dijo estar dispuesto a seguir colaborando con Justicia y Paz.

La afirmación fue hecha a través de su abogada defensora, Margaret M. Shalley, durante la audiencia de sentencia condenatoria este miércoles en la Corte del Distrito Sur de New York, luego de que el juez federal Richard M. Berman le diera la palabra momentos antes de imponer una pena de 31 años de prisión a Murillo Bejarano y el pago de cerca de 4 millones de dólares.

Shalley leyó un extenso documento en el que presentó a Murillo Bejarano como un “patriota, un hombre que ha sido víctima de la violencia en Colombia”, quien había aportado mucho dinero a la elección del Presidente y había apoyado en el proceso electoral de las Auc, consideradas terroristas por el gobierno de Estados Unidos desde septiembre de 2001.

Es difícil saber aún, hasta donde el confeso narcotraficante, ex Inspector General de las Auc y sanguinario jefe de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová, dijo la verdad o hasta donde fabricó esta versión con la pretensión de que el juez Berman atenuara su pena a último momento.

Hasta ahora que se sepa, 'Don Berna' no ha aportado a la justicia colombiana ni a la estadounidense pruebas contundentes de esta presunta colaboración con la campaña presidencial o la de otros candidatos, como tampoco ha dado pruebas de otras acusaciones que ha hecho en contra del general Mario Montoya, y contra el alcalde de Medellín.

En un escrito enviado el pasado 8 de abril, desde su lugar de reclusión en la Metropolitan Correctional Center de New York, donde está preso desde el 13 de mayo de 2008, cuando fue extraditado por decisión del gobierno colombiano, Murillo Bejarano dijo que había acordado con la Fiscalía General de la Nación participar con su versión de los hechos en los procesos por parapolítica que involucran a las ex congresistas Nancy Patricia Gutiérrez y Zulema del Carmen Zuleta Corrales.

De acuerdo con lo consignado en esa misiva, “las autoridades colombianas han solicitado que el señor Murillo Bejarano dé sus declaraciones lo más pronto posible a fin de facilitar la investigación”.

El testimonio del jefe paramilitar en esos procesos fue acordado el pasado 3 de abril durante la visita que le hiciera el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán Arana. Su participación ahora depende, según lo declarado ante el juez federal, de los acuerdos entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos sobre los procedimientos técnicos para realizar una teleconferencia.

En ese mismo escrito, Shalley dijo que por “la voluminosa cantidad de información que posee” su cliente, su participación en el Proceso de Justicia y Paz podría durar dos años, “eso si comparece 2 ó 3 días por mes”.

Shalley, coordinadora del equipo de abogados que defiende a Murillo Bejarano en ese país, notificó al juez Berman que su cliente iniciará desde Estados Unidos las versiones libres en el proceso de Justicia y Paz el próximo 19 de mayo y continuará durante los días 20 y 21 siguientes.

Se presume que uno de los primeros temas que aborde sea el de Comuna 13 de Medellín, y explique no solo los detalles de su presunta colaboración con oficiales militares y policía durante la Operación Orión, sino que aporte también pruebas acerca de la estrategia de guerra que dejó por lo menos 72 desaparecidos entre octubre de 2002 y diciembre de 2003 en ese sector de la ciudad.

Además, se espera que precise los apoyos que recibieron sus bloques, en especial el Cacique Nutibara, que operó en Medellín y el área metropolitana, por parte de empresarios, comerciantes y políticos, y le responda a por lo menos 13.000 víctimas registradas en las bases de datos estatales y que alegan haber sido afectadas por hombres bajo su mando.

Roxanna Altholtz, directora adjunta de la Clínica Legal de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad California Berkeley, y quien representó durante el proceso a la madre de un joven desaparecido por hombres al mando de alias don Berna en la comuna 13 de Medellín, días después de finalizada la Operación Orión, declaró que los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz deben aprovechar esas primeras versiones para obtener detalles de la colaboración de Murillo con la fuerza pública y obtener información sobre el alcance y los detalles del apoyo que le dio a la campaña de Uribe Vélez en el año 2001.

“Para nuestra cliente, la persona que estamos representando, la prioridad era la verdad. Entonces, vamos a quedar satisfechos una vez que Murillo hable sobre lo que conoce de las matanzas de comuna 13. También vamos a quedar satisfechos si él, de hecho, cumple esa pena de 31 años”, declaró Altholz.

De acuerdo con esta jurista, la pena impuesta a 'Don Berna' es negociable, siempre y cuando brinde información sobre su participación en el negocio de narcotráfico y el Departamento de Justicia norteamericano lo acepte. “Nuestra tarea será monitorear este proceso de cerca”, dijo la jurista.

Iván Cepeda, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas del Crímenes de Estado (Movice), destacó desde New York la aseveración hecha por la abogada defensora de Murillo Bejarano sobre los aportes de las Auc a la campaña de Uribe Vélez y aseveró que “es de mucho peso”.

“Es una afirmación muy grave que debe ser verificada por parte de las autoridades judiciales en Colombia”, reiteró Cepeda. “Y se suma a múltiples hechos que se han venido denunciando y que ya han sido judicializados en el país. No hay que olvidar que en Colombia ya hay sentencias condenando a importantes aliados políticos del presidente Uribe”.

Para este defensor de derechos humanos, lo importante es que la verdad comienza a aparecer como resultado del trabajo que han hecho en Estados Unidos las víctimas y sus abogados.

“Lo dijimos desde el momento que fueron extraditados los jefes paramilitares a este país: vamos a seguir buscando la verdad, la justicia y la reparación en todos los escenarios posibles hasta que en Colombia pueda hacerse plena claridad sobre lo que ha significado la historia de sangre y de muerte de las Auc”, concluyó Cepeda.

Realizado en conjunto con la Agencia de Prensa, IPC.

Enardecido está el ambiente para la elección del rector de Uniguajira

http://www.eltiempo.com/colombia/caribe/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-4957240.html

eltiempo.com / colombia / caribe

Foto: Archivo particular

La Universidad de La Guajira elegirá el próximo lunes a su nuevo rector. Se presentaron 11 candidatos y quedan 9.

Así lo muestra el incendio provocado por desconocidos en un pasillo de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Guajira, el pasado viernes a las 7:30 de la noche,

Ocurrió media hora antes del cierre de las votaciones para la escogencia de los representantes de los estudiantes y docentes en el Consejo Superior, demuestra lo enardecido que están los ánimos en la antesala a la elección del nuevo rector de la institución.

En las últimas semanas, la pugna entre los principales contrincantes para integrar la terna a la rectoría, Carlos Robles (apoyado por la actual administración, según otros aspirantes) y Edith de Lavalle (apoyada por un sector de los opositores de la actual administración), ha estado atizada por la polarización política y la controversia por las presuntas irregularidades en el acuerdo 003 del 11 de marzo, mediante el cual se fijó el calendario electoral.

Estas irregularidades motivaron a un grupo de estudiantes a intentar 'tomarse' el primero de abril las instalaciones de la universidad para presionar la revocatoria de dicho acuerdo, por considerar que infringe el Estatuto General, el cual en su artículo 28 establece que la convocatoria para la elección de la terna debe hacerse con dos meses de anticipación. Esta, no obstante, se hizo con solo un mes.

Luego de una queja presentada por un ciudadano, el Procurador Regional, Carlos Daza, les envió en dos oportunidades una advertencia a los miembros del Consejo Superior para que revisaran que la convocatoria estuviera ceñida a las normas de la universidad.

En respuesta, el gobernador de La Guajira, Jorge Pérez, en su calidad de presidente del Consejo Superior, convocó el pasado 28 de marzo a una reunión para estudiar la revocatoria del acuerdo, pero solo asistió uno de los consejeros.

Sin embargo, tras la apertura de una investigación disciplinaria contra los nueve miembros del Consejo Superior, ordenada la semana pasada por la Procuraduría Regional, para determinar si hubo o no una violación de las normas y establecer quiénes serían los responsables, este lunes se reunieron los consejeros y por decisión mayoritaria se dejó en firme el acuerdo.

El representante de los ex rectores, Jairo Aguilar, explicó que la convocatoria no cumple con los dos meses de anticipación que establece el Estatuto General debido a que el Consejo Superior tuvo inconvenientes para reunirse a tiempo, y advirtió que esto no le resta legitimidad a la elección de la terna para designar al rector.

"La agenda del gobernador no permitió que nos reuniéramos a tiempo para cumplir con los estatutos, sin embargo tenemos conceptos del Ministerio de Educación y jurisprudencia de la Universidad del Quindío y de otras universidades que nos respaldan", señaló Aguilar en entrevista radial.

A la controversia por la convocatoria se suma un ambiente caldeado por la circulación de panfletos, enfrentamientos verbales y hasta amenazas de muerte a funcionarios y estudiantes que han sido denunciadas ante la Fiscalía. Uno de los incidentes más
sonados se dio el pasado 31 de marzo entre el candidato Robles y el estudiante José Montiel, quienes se gritaron insultos a la salida de un foro.

"Este es el resultado de la polarización que se vive en la universidad porque no se está poniendo por encima el debate académico sino los intereses de algunos grupos que manejan el poder y que no lo quieren perder", dijo un docente de la institución que omitió su nombre.

La razón de todo lo que sucede en la Universidad es, sin duda, lo atractivo que resulta para los distintos sectores políticos del departamento su jugoso presupuesto: 36.788 millones de pesos anuales, de los cuales 9.313 millones (el 25 por ciento) son destinados a inversión. El manejo de estos recursos convierte a la institución en un fortín burocrático que permite repartir prebendas y contratos.

Por eso, esta campaña a la rectoría bien podría compararse con la de gobernación. Desde el semestre pasado, algunos aspirantes comenzaron todo un despliegue publicitario con camisetas, afiches, pendones y hasta carros empapelados con su nombre. Incluso, hubo uno que abrió un comando político en una de las avenidas de la ciudad.

Esto pese a que las inscripciones de los candidatos solo se oficializaron el pasado 20 de marzo. Inicialmente se inscribieron 11 aspirantes, pero únicamente nueve siguen en la contienda porque uno renunció y otro no fue admitido por tener reportada una sanción administrativa en el certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría.

En este proceso electoral donde el debate académico debía ser la prioridad, paradójicamente, algunos candidatos han cuestionado la falta de espacios para socializar sus propuestas en el interior de la universidad. De los cinco foros programados en la sede principal y en las extensiones de Maicao, Fonseca y Villanueva, solamente uno se realizó porque "cuando llegamos ni siquiera sabían de la existencia de estos foros y no tenían nada preparado", se quejó la candidata Farides Pitre.

Con este tenso panorama como preámbulo, el próximo lunes se jugaran las cartas para definir quien regirá los destinos del principal centro de educación de La Guajira hasta 2013. De los tres nombres que se obtengan el favoritismo en las urnas, el Consejo Superior se encargará de designar al nuevo rector, en reemplazo de Maritza León Vanegas, y de ponerle fin al pulso entre las fuerzas políticas que aspiran manejar la institución.

RIOHACHA

Amenazas de FENOCO a los trabajadores y sus familias

Actualmente los trabajadores de FENOCO en el Cesar y Magdalena, afiliados a SINTRAIME, se encuentran en huelga, luchando por una mejoría de sus condiciones salariales y laborales plasmadas en un Pliego de Peticiones que, intransigente e ilegalmente, la empresa FENOCO se niega a negociar, mientras que prefiere amenazar, aterrorizar y amedrentar a los trabajadores y a sus familias a travès de una carta a todas luces ilegal (emanada de la Presidencia de FENOCO, pero sin firma) que a continuaciòn anexamos.

JUNTA DIRECTIVA FEUP

Agresión de la policia londinense fue la causa de la muerte del ciudadano en las protestas del G-20

The Guardian obtuvo esta filmación sobre Ian Tomlinson, en una protesta en Londres del G20 poco antes de morir. Muestra a Tomlinson, que no formaba parte de la manifestación, siendo atacado vilmente por detrás y empujado al suelo por la policía. Minutos más tarde moriría debido a un ataque cardíaco producto de esta agresión.

El fallo que no fue

Revista Semana, Bogotá, abril 4 de 2009

Por considerarlo de importancia para la ciudadanía reproducimos aquí el artículo de Semana sobr el fallo del Procurador y adjuntamos los fallos, tanto el proyectado por Maya como el emitido por Ordoñez, así como la correspondiente comparación de los dos documentos.

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La ’Yidis-política’ ha sido sin duda uno de los más grandes escándalos del gobierno del presidente Álvaro Uribe. El país a veces tiende a olvidar que la reforma que permitió la reelección del primer mandatario estaba agonizando en el Congreso y que sólo en los últimos minutos el gobierno logró hacer que dos congresistas dieran una histórica voltereta.

La maniobra se hizo en un abrir y cerrar de ojos. Un día el país amaneció con la noticia de que la reelección estaba muerta, porque la noche anterior la mayoría de los representantes de la comisión primera habían sellado un pacto en su contra -con firma, foto y brindis con champaña- y apenas 48 horas después, los representantes Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, hasta ese momento dos perfectos desconocidos para el país, traicionaron el pacto y la reelección fue aprobada por 17 votos a favor y 16 en contra.

Hoy, cinco años después, la gente todavía no entiende cómo es posible que a Yidis Medina la Corte Suprema le aplique una condena de cuatro años de cárcel por haber ’vendido’ su voto a cambio de prebendas burocráticas, mientras que la contraparte, los que le ’compraron’ el voto, fueron absueltos hace tres semanas por el procurador Alejandro Ordóñez.

Ese fallo del Procurador provocó gran polémica y en varios sectores se entendió como la respuesta de por qué Ordóñez había sido elegido dos meses antes no sólo por un Congreso de mayoría uribista, sino también con el guiño de la Casa de Nariño.

Pero el país no se ha enterado de un detalle aún más sorprendente. El procurador saliente Edgardo Maya le dejó como herencia a su sucesor Ordóñez un fallo de 143 folios, sin firmar, sobre el caso. SEMANA conoció en su totalidad ese documento (ver facsímiles) y llama la atención que teniendo a mano las mismas pruebas, las conclusiones de Maya sean completamente contrarias a las que, dos meses después, llegó Ordóñez.

El fallo de Edgardo Maya afirma que el ministro Diego Palacio y el embajador Sabas Pretelt incurrieron en "faltas gravísimas" en el caso del voto de la entonces congresista Yidis Medina, se les sanciona con destitución y se les inhabilita para ejercer cargos públicos por 10 y 13 años respectivamente.

Las conclusiones del fallo son fulminantes: "el servidor Sabas Pretelt de la Vega incurrió en una indebida participación en política partidista y para ello habría utilizado su cargo, función y jerarquía con el ánimo de influir y participar activamente en la discusión de la reforma constitucional con el único objeto de viabilizar la candidatura por reelección del Presidente de la República, Álvaro Uribe" . Y agrega que "los ofrecimientos y el cumplimiento de los mismos habría puesto a los ministros y al viceministro (Hernán Angarita), sus funciones y su jerarquía al servicio de la señora Yidis Medina Padilla y su propio interés amparada en la contraprestación pactada por la decisión de voto del proyecto de interés para el gobierno".

Esta diferencia tan grande de criterio, entre una y otra Procuraduría, puede tener explicaciones. Las interpretaciones jurídicas no son una ciencia exacta y pueden variar de juez a juez. De hecho, en las más altas instancias de la justicia, como las Cortes, es común que no se pongan de acuerdo todos los magistrados sobre un caso concreto. A pesar de eso, no deja de asombrar o de ser una coincidencia de la historia jurídica de Colombia, que en un caso tan crucial como este dos personas elegidas para tan altas dignidades tengan criterios totalmente opuestos.

Como si fuera poco, un alto porcentaje de los argumentos de ambas sentencias son los mismos, hay decenas de páginas enteras idénticas, y sólo se aprecian diferencias en los 30 folios en los que la Procuraduría analiza los dos cargos más complicados para los ministros Palacio y Pretelt, el primero es en el que los acusa de haber abusado de su cargo para incidir en el voto de Yidis, y el segundo en que los investiga por hacer promesas burocráticas a los congresistas a cambio de su voto.

Ordóñez en estos dos capítulos del fallo, a diferencia de lo que hizo en el resto del mismo, decidió desechar las pruebas que había utilizado Maya y traer a colación otras del extenso arsenal probatorio más útiles para sustentar su tesis. Por ejemplo, para evaluar si a Yidis sí le dieron la notaria en Barranca a cambio de su voto, Ordóñez no tiene en cuenta pruebas documentales como los pagarés firmados por la notaria a Yidis ni tampoco le da importancia a testimonios de los directamente implicados, como la misma notaria, y sólo le dedica dos párrafos del fallo al caso de la notaría trascribiendo una respuesta que dio un amigo muy cercano de Yidis a un interrogatorio que le hizo el embajador Sabas Pretelt (ver recuadro).

Para la Procuraduría de Maya, "se estaría en presencia de una ilicitud sustancial, por el abuso de sus funciones, prerrogativas y cargos al haber ofrecido y otorgado la vinculación de recomendados de la servidora pública Yidis Medina Padilla con ocasión o por razón del trámite de un proyecto legislativo de interés para el gobierno".

¿Qué pasó? ¿Por qué cuando llegó a la Procuraduría Ordóñez no acogió el fallo que había proyectado Maya? ¿Cómo pueden ser tan distintos dos fallos que cuentan con los mismos elementos probatorios?

Sin duda, el caso es una verdadera papa caliente, para estos dos o para cualquier otro procurador. La ’Yidis-política’ es uno de los problemas que más ha mortificado a Álvaro Uribe en sus ya casi siete años de gobierno. Sobre todo, teniendo en cuenta que sigue siendo una amenaza dormida, pues cualquier fallo en contra de sus más leales escuderos podría dejar muy maltrecho el proyecto de una nueva reelección y, por lo tanto, su permanencia en el poder.

Más allá de las razones que tuvo uno u otro Procurador, la pregunta que queda pendiente es cuál de los dos fallos tiene la razón. O por lo menos cuál de los dos convence más desde su lógica jurídica. Puede ser ilustrativo comparar la respuesta que dan a la pregunta de si los dos ministros utilizaron de manera indebida su cargo para incidir sobre Yidis Medina y hacerle cambiar el voto.

En el fallo del despacho de Maya acopian muchas pruebas para demostrar la culpabilidad de los ministros. En una de las argumentaciones llegan a la conclusión de que Yidis no cambió su voto porque creyera que la reelección le convenía al país sino por prebendas, que por altruistas que fueran, eran ajenas al tema que se estaba discutiendo. Es decir, que ella admitió siempre haber cambiado su voto, y en este caso no importaba si era por puestos para ella o por inversión para su región. El gobierno replanteó su programa de inversión "no con base en un estudio adecuado y serio de necesidades e inversión sino para la satisfacción ’politiquera’ de Yidis Medina".

El fallo de Ordóñez analiza este punto desde un ángulo completamente distinto. Se dedica a mostrar las contradicciones en las que incurrió Yidis Medina para descartar la mayor parte de las pruebas. Dice que como ella, cuando hablaba en público, decía que había votado a favor de la reelección porque le prometieron mayor inversión en su región y, cuando hablaba en privado, que por puestos, no es posible saber a cuál de las dos Yidis creerle. Por lo tanto concluye que hay una "duda razonable" y absuelve a Diego Palacio y a Sabas Pretelt no porque sean inocentes, sino porque no puede probar su culpabilidad.

Quienes creen que la telenovela de la ’Yidis-política’ ya se acabó están muy equivocados. Todavía faltan dos capítulos críticos. El de la Fiscalía y el de la Procuraduría con Teodolindo. Por ahora apenas se acabó un capítulo muy a la colombiana: se ha castigado al que peca por la paga pero no al que paga por pecar.

Falta, por ejemplo, el capítulo Teodolindo, que esta semana tuvo un episodio muy movido. Un procurador delegado fue a la Corte Suprema a pedir que en el proceso penal condenen a Teodolindo Avendaño porque "fue parte de un eslabón criminal cuya omisión fue determinante y por esos delitos lo deben condenar". Esto podría interpretarse como un anticipo de que el destino del ex ministro Sabas Pretelt en el proceso Teodolindo en la Procuraduría puede tener un final distinto al que tuvo en el caso de Yidis (ver recuadro).

También falta la decisión de la Fiscalía sobre el embajador Sabas Pretelt y allá el caso también está teniendo el tratamiento de ’papa caliente’. El fiscal Mario Iguarán se declaró impedido por su amistad con el investigado, además de que fue su viceministro. El vicefiscal abrió entonces investigación preliminar hace un año, lo llamó a indagatoria en junio y hoy, a pesar de que es un caso donde ya prácticamente todas las pruebas son de dominio público, no hay ningún pronunciamiento. ¿Están esperando, como lo hizo el procurador Maya, a que se venza el período del Fiscal General en agosto para no tener que cargar con esa ’papa caliente’?

Hay quienes han comenzado a prender las alarmas porque la prescripción de estos delitos (cohecho por dar u ofrecer) se acerca. En un tema tan crítico para el país, y donde se está definiendo la legitimidad de las elecciones, no sólo es preocupante que existan contradicciones tan abismales entre los fallos de tipo penal de la Corte Suprema de Justicia y los de tipo disciplinario de la Procuraduría, sino que ahora aparezca este ’fallo fallido’ que siembra un manto de duda sobre la manera como se está haciendo la investigación de la ’Yidis-política’.

Proyecto de fallo sobre el caso de la Yidispolítica elaborado durante la procuraduría Maya

Fallo emitido por la procuraduría de Ordoñez sobre el caso de la Yidispolítica

Documento comparativo del proyecto de fallo de Maya y del fallo de Ordoñez