Se está abriendo paso un amplio consenso entre los analistas sobre los graves desórdenes institucionales, políticos, económicos y presupuestales que está dejando el presidente Uribe a quien asuma el poder en 2010. Tan sólo para hacer referencia a los asuntos presupuestales, basta con recordar que se gastó el pasado, el presente y el futuro del país.
Con respecto al fisco y/o el patrimonio ahorrado por generaciones y el cual está representado por los activos del Estado, ha sido el gobierno que en la historia del país ha enajenado la más grande cuantía de recursos sociales, aún de empresas estratégicas. Se han vendido, entre otros, el Banco Cafetero, 10% de Ecopetrol, 10 distribuidoras regionales de energía, Telecom, Ecogas, otro porcentaje de Isagen y está en salmuera otro de ISA. Estos ingresos derivados de las privatizaciones han fondeado un ambicioso plan de gasto del gobierno, sin generar ni siquiera un superávit fiscal durante los siete años consecutivos del Gobierno Nacional Central y peor aún, en medio de las más altas tasas de crecimiento del PIB en treinta años y de los precios más altos de los "commodities".
Las decisiones de gasto han ocasionado una distorsión del escenario fiscal, durante cinco años se bloqueó el gasto local con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Regalías -FNR-, de los $3 billones acumulados $1.3 billones fueron apropiados en el Presupuesto General en la vigencia fiscal de 2009. Estos recursos, que serán asignados a las regiones en Consejos Comunitarios, pertenecen a ellas por derecho propio y a ellas deberían volver por vía de la Ley y las instituciones y no en ruedas de prensa presidenciales.
En desarrollo de su política económica, el gobierno acumuló un déficit fiscal de 3.3% del PIB en 2008, y obligó a los departamentos a usar los recursos de un empréstito internacional de USD$1.000 millones que tomó el Gobierno Central, mientras les mantenía retenidos los $3 billones que habían acumulado en el FNR. De la misma manera, aprovechó el escenario de revaluación para sustituir deuda externa por interna, aunque no tuvo la precaución de reducir el nivel total como proporción del PIB que presenta un incremento de 2 puntos porcentuales del PIB con respecto al nivel de 2000.
El 28 de febrero pasado Alejandro Gaviria mencionó, en su columna de El Espectador, que el próximo presidente tendrá, aunque no quiera, que darle continuidad a muchas de las políticas del actual gobierno. Ello se debe, en parte, a la suscripción de vigencias futuras excepcionalmente largas que comprometen el presupuesto más allá del término del mandato, a las garantías contractuales otorgadas a los inversionistas y a las gabelas tributarias pactadas con el capital extranjero. Siendo todo cierto, no describió la totalidad del panorama, la concentración del presupuesto en manos del presidente es tal, que su influencia no sólo afecta el pasado y el presente sino que se hará sentir por largo tiempo en el futuro.
Hacia adelante el alcance de las decisiones tomadas se extenderá por mucho tiempo. Las vigencias futuras que amparan el metro de Medellín se extederán por 100 años, las del Transmilenio de Bogotá irán hasta el 2016, la Drummond recibió una extensión de su concesión por 30 años más para explotar 8 millones de toneladas de carbón a cielo abierto y 5 trillones de MBTU de gas natural.
Todo lo anterior sin contar que, dado el desequilibrio de poderes ocasionado por la reelección inmediata, los órganos de control y los organismos colegiados independientes quedarán integrados por personas designadas por el presidente. En la Junta del Emisor, con excepción del dr. Tenjo que pronto se retira, todos los miembros han sido nombrados durante el actual periodo presidencial, ello implica que Uribe tendrá influencia en la vida económica nacional todavía por mucho tiempo.
0 comentarios:
Publicar un comentario