Jerónimo Uribe (izq), hijo menor del Presidente, está dispuesto a debatir su derecho a crear empresas. Tomás Uribe, junto con su hermano, han defendido en varios escenarios la legalidad del negocio. Fotos: Abel Cárdenas / Cambio
La sociedad se enteró. Estamos ante un caso de generación abrupta de ganancias por cambio de norma de uso del suelo: un alcalde reglamenta el uso de la tierra mediante un plan parcial, y lotes de uso agrícola acaban convertidos en tierra de uso industrial. Luego una comisión del alto Gobierno autoriza establecer en esos predios una zona franca que se caracteriza por una alta exención de impuestos para los negocios que se instalen en el futuro allí. En los dos plumazos, o en el segundo, los lotes multiplican su valor por 100. Si la disculpa es que por eludir costos de escritura y predial los lotes aparecen inicialmente subvalorados, las preguntas son cuál fue el precio real inicial y de dónde salió tanto dinero.
Entre los beneficiados por el aumento de valor están los hijos del Presidente, que hacen el negocio mediante figuras jurídicas como la fiducia y el patrimonio autónomo. Si no fueran hijos del Presidente sino especuladores que compran y venden terrenos que se valorizan vía cambio de norma, no habría escándalo o el escándalo llevaría a retomar la discusión de la reforma urbana. Según la Ley 388 del 97, Ley de desarrollo territorial, no reglamentada en este aspecto por la mayoría de los concejos municipales, entre el 30 y el 50 por ciento del incremento de valor de las tierras por decisiones administrativas debería ser pagado al municipio para ser invertido en obras públicas y vivienda de interés social.
¿Deben los hijos del Presidente renunciar al derecho de hacer el mismo tipo de negocio que hacen muchos ciudadanos? Uno de los hijos dijo que este tipo de asuntos se los contaba al papá. El papá dijo en radio que los hijos se defenderán ellos solos. ¿Sabían, cuando compraron, que ahí se haría una zona franca? Parece que sí. ¿Cómo lo supieron? El Ministro de Comercio, miembro de la Comisión Intersectorial que autoriza zonas francas, dijo escuetamente: "Se cumplieron todos los requisitos". Preguntas clave: ¿Sabía alguien dentro de la Comisión que los solicitantes directos o indirectos eran los hijos del Presidente? En caso de saberlo, ¿actuaron sin tenerlo en cuenta, con neutralidad, como si se tratara de la solicitud de un ciudadano cualquiera? Estas preguntas no han sido contestadas.
Como mínimo fue una imprudencia y algunas imprudencias generan consecuencias imprevistas. Precisamente son imprudencias porque generan consecuencias imprevistas. Y esta imprudencia que salió a la luz pública debe haber generado algo de miedo a la ley, algo de culpa, algo de vergüenza. Eso en los gobernantes. Y perplejidad, sentimiento de impotencia o indignación, en la ciudadanía. Cabe creer que en la familia y en la Comisión hubo y hay conflicto moral. Lo que significa oportunidad para reflexionar, aprender y descubrir caminos.
¿Debe el Presidente presentar explicaciones? Creo, no soy abogado, que jurídicamente no está obligado. Pero, ¿lo está moralmente? Sin lugar a dudas. Uribe presentará explicaciones si lo considera indispensable desde el punto de vista práctico, no por principio. ¿Y lo haría para qué? Para proteger su obra de gobierno, para proteger la honra de su familia, para no dejar cabos sueltos.
Y los ciudadanos, ¿qué haremos? ¿Extender un acogedor manto de indulgencia? ¿Comprender estas cosas como "normales", es decir resignarnos? ¿Dejar el tema en manos de la Justicia y esperar una probable absolución? ¿Pronunciarnos masivamente?
El Presidente podría salir y decir: "Yo no les hubiera dejado hacer a mis hijos tan buen negocio, ni siquiera si les hubiera caído del cielo". A lo cual sus hijos, para ayudarle, podrían responder donando lo tan fácilmente ganado a una causa social, no por mal habido sino por demasiado fácilmente obtenido. Es el tipo de heroísmo estético que esperaría de mi familia.
Pero no depender de la generosidad de cada cual, hay un buen camino: reglamentar en cada municipio la Ley 388 que desarrolla el segundo parágrafo del artículo 82 de la Constitución: "Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común".
Invito a los ciudadanos a entender el tema y sus implicaciones, y a hacerle seguimiento al veredicto de la Justicia.
Un maestro agricultor del norte de Cundinamarca llamó por la mañana el sábado pasado para consultarme sobre si debía o no sacar ventaja de una opción que tenía de usar terrenos para criar novillos, aprovechando la cercanía de un pariente con un gobernante local. Le contesté: "Haga lo que su conciencia le diga". Me agradeció. Antes me había dicho que le temía también a la vergüenza, al qué dirán. ¿La ética será solo para los de ruana?
Por Antanas Mockus,
ex alcalde Bogotá.
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