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Foto: Archivo particular

La Universidad de La Guajira elegirá el próximo lunes a su nuevo rector. Se presentaron 11 candidatos y quedan 9.

Así lo muestra el incendio provocado por desconocidos en un pasillo de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Guajira, el pasado viernes a las 7:30 de la noche,

Ocurrió media hora antes del cierre de las votaciones para la escogencia de los representantes de los estudiantes y docentes en el Consejo Superior, demuestra lo enardecido que están los ánimos en la antesala a la elección del nuevo rector de la institución.

En las últimas semanas, la pugna entre los principales contrincantes para integrar la terna a la rectoría, Carlos Robles (apoyado por la actual administración, según otros aspirantes) y Edith de Lavalle (apoyada por un sector de los opositores de la actual administración), ha estado atizada por la polarización política y la controversia por las presuntas irregularidades en el acuerdo 003 del 11 de marzo, mediante el cual se fijó el calendario electoral.

Estas irregularidades motivaron a un grupo de estudiantes a intentar 'tomarse' el primero de abril las instalaciones de la universidad para presionar la revocatoria de dicho acuerdo, por considerar que infringe el Estatuto General, el cual en su artículo 28 establece que la convocatoria para la elección de la terna debe hacerse con dos meses de anticipación. Esta, no obstante, se hizo con solo un mes.

Luego de una queja presentada por un ciudadano, el Procurador Regional, Carlos Daza, les envió en dos oportunidades una advertencia a los miembros del Consejo Superior para que revisaran que la convocatoria estuviera ceñida a las normas de la universidad.

En respuesta, el gobernador de La Guajira, Jorge Pérez, en su calidad de presidente del Consejo Superior, convocó el pasado 28 de marzo a una reunión para estudiar la revocatoria del acuerdo, pero solo asistió uno de los consejeros.

Sin embargo, tras la apertura de una investigación disciplinaria contra los nueve miembros del Consejo Superior, ordenada la semana pasada por la Procuraduría Regional, para determinar si hubo o no una violación de las normas y establecer quiénes serían los responsables, este lunes se reunieron los consejeros y por decisión mayoritaria se dejó en firme el acuerdo.

El representante de los ex rectores, Jairo Aguilar, explicó que la convocatoria no cumple con los dos meses de anticipación que establece el Estatuto General debido a que el Consejo Superior tuvo inconvenientes para reunirse a tiempo, y advirtió que esto no le resta legitimidad a la elección de la terna para designar al rector.

"La agenda del gobernador no permitió que nos reuniéramos a tiempo para cumplir con los estatutos, sin embargo tenemos conceptos del Ministerio de Educación y jurisprudencia de la Universidad del Quindío y de otras universidades que nos respaldan", señaló Aguilar en entrevista radial.

A la controversia por la convocatoria se suma un ambiente caldeado por la circulación de panfletos, enfrentamientos verbales y hasta amenazas de muerte a funcionarios y estudiantes que han sido denunciadas ante la Fiscalía. Uno de los incidentes más
sonados se dio el pasado 31 de marzo entre el candidato Robles y el estudiante José Montiel, quienes se gritaron insultos a la salida de un foro.

"Este es el resultado de la polarización que se vive en la universidad porque no se está poniendo por encima el debate académico sino los intereses de algunos grupos que manejan el poder y que no lo quieren perder", dijo un docente de la institución que omitió su nombre.

La razón de todo lo que sucede en la Universidad es, sin duda, lo atractivo que resulta para los distintos sectores políticos del departamento su jugoso presupuesto: 36.788 millones de pesos anuales, de los cuales 9.313 millones (el 25 por ciento) son destinados a inversión. El manejo de estos recursos convierte a la institución en un fortín burocrático que permite repartir prebendas y contratos.

Por eso, esta campaña a la rectoría bien podría compararse con la de gobernación. Desde el semestre pasado, algunos aspirantes comenzaron todo un despliegue publicitario con camisetas, afiches, pendones y hasta carros empapelados con su nombre. Incluso, hubo uno que abrió un comando político en una de las avenidas de la ciudad.

Esto pese a que las inscripciones de los candidatos solo se oficializaron el pasado 20 de marzo. Inicialmente se inscribieron 11 aspirantes, pero únicamente nueve siguen en la contienda porque uno renunció y otro no fue admitido por tener reportada una sanción administrativa en el certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría.

En este proceso electoral donde el debate académico debía ser la prioridad, paradójicamente, algunos candidatos han cuestionado la falta de espacios para socializar sus propuestas en el interior de la universidad. De los cinco foros programados en la sede principal y en las extensiones de Maicao, Fonseca y Villanueva, solamente uno se realizó porque "cuando llegamos ni siquiera sabían de la existencia de estos foros y no tenían nada preparado", se quejó la candidata Farides Pitre.

Con este tenso panorama como preámbulo, el próximo lunes se jugaran las cartas para definir quien regirá los destinos del principal centro de educación de La Guajira hasta 2013. De los tres nombres que se obtengan el favoritismo en las urnas, el Consejo Superior se encargará de designar al nuevo rector, en reemplazo de Maritza León Vanegas, y de ponerle fin al pulso entre las fuerzas políticas que aspiran manejar la institución.

RIOHACHA