CARTA ABIERTA DE LA ASC A LOS PRESIDENTES DE UNASUR
ACERCA DE LAS BASES MILITARES EN COLOMBIA
Enviamos a continuación la carta entregada por la ASC a los presidentes de UNASUR, acerca de las bases militares de EE.UU. en Colombia.ACERCA DE LAS BASES MILITARES EN COLOMBIA
Carta abierta de la Alianza Social Continental a los presidentes de UNASUR
LUIZ INACIO LULA DA SILVA
Presidente de la Republica de Brasil
RAFAEL CORREA
Presidente de la Republica de Ecuador
HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS
Presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela
MICHEL BACHELET
Presidenta de la Republica de Chile
CRISTINA KIRCHNER
Presidenta de la Republica de Argentina
EVO MORALES
Presidente de la Republica de Bolivia
TABARE VASQUEZ
República de Uruguay
FERNANDO LUGO
Presidente de la Republica de Paraguay
ALAN GARCIA
Presidente de la República de Perú.
BHARRAT JAGDEO
República de Guayana
RONALD VENETIAAN
República de Suriname
Nos dirigimos a ustedes para manifestarles nuestras inquietudes sobre los acontecimientos recientes que en nuestra opinión afectan la estabilidad del continente y las perspectivas de integración materializadas en procesos como el de UNASUR.
El gobierno de Uribe Vélez de Colombia anunció recientemente la decisión de otorgar a las tropas de EE UU, el permiso de operación sobre 7 bases militares en el territorio nacional, en un acuerdo que permitiría cualquier clase de operaciones en el interior y exterior del país. Esto significa, junto con el despliegue de la IV flota, el incremento de la presencia militar de Estados Unidos en una región estratégica desde la cual se pueden lanzar operaciones sobre todo el continente. Colombia al signar este acuerdo dará inmunidad a los militares y contratistas estadounidenses, con lo cual se les garantiza la impunidad y se los coloca por fuera de los controles judiciales nacionales e internacionales. Al mismo tiempo el uso de las bases significan una intervención en los asuntos internos de Colombia y una amenaza contra los procesos democráticos en toda la región. Por ejemplo la presencia de la base militar Soto Cano en Honduras ha sido utilizada por los golpistas de ese país para demostrar el apoyo estadounidense al golpe militar.
Esta utilización, que da amplias facilidades al ejército estadounidenes se constituye en una interferencia en los procesos de integración, un estímulo a las corrientes que quieren desestabilizar los procesos democráticos y una fuente de conflictos en una región que ha hecho avances en el logro de su autonomía y en la búsqueda de caminos propios para su desarrollo. Las declaraciones en Brasil del asesor de seguridad de la Casa Blanca de que “nuestra misión es ayudar en el entrenamiento de sus fuerzas de frontera” y sobre que el gobierno de Venezuela no hizo mucho para combatir la presencia de las FARC en dicho país, demuestran el propósito de Estados Unidos de terciar en las diferencias y contradicciones entre los países de la región.
La presencia de estas bases se ha justificado con el pretexto de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, pero en realidad representan una pieza del dispositivo militar global de Estados Unidos y patrocinan un enfoque militar y unilateral de estos problemas, impidiendo el tratamiento social, político, autónomo y multilateral de tales problemas. Enfoques, que con el Plan Colombia y la Iniciativa Merida, han demostrado su ineficacia y su alto potencial de desestabilización regional y cuya aplicación en Colombia y en las zonas fronterizas ha contribuido a agravar la crisis humanitaria, ambiental y social de vastas regiones. Estas bases, junto con los Tratados de Libre Comercio, se constituyen en nuevos obstáculos para avanzar en la integración sudamericana tan apreciada por los pueblos de la región.
El planteamiento del gobierno de Uribe sobre que Unasur no tiene competencia para analizar este problema, no es más que otro esfuerzo de ese gobierno de sabotear cualquier esfuerzo de integración latinoamericano y facilitar la interferencia de Estados Unidos en los procesos de la región. Por el contrario, consideramos que la próxima reunión de Unasur, debe pronunciarse al respecto, rechazar la instalación de estas y cualquier base militar en Suramérica, condenar la interferencia en los asuntos de la integración regional y avanzar en la búsqueda de soluciones políticas a través del dialogo de los diferentes asuntos de controversia entre los países dentro del espíritu de convivencia pacífica, ayuda mutua y respeto a la soberanía, la cual se vulnera al entregar el territorio Colombiano a las operaciones militares estadounidenses y no con la discusión fraternal en el seno de Unasur.
Igualmente les solicitamos, recibir a una delegación de los movimientos sociales del continente para expresarles estas inquietudes y permitir que el proceso de construcción de Unasur, cuente con las opiniones de los mismos.
El gobierno de Uribe Vélez de Colombia anunció recientemente la decisión de otorgar a las tropas de EE UU, el permiso de operación sobre 7 bases militares en el territorio nacional, en un acuerdo que permitiría cualquier clase de operaciones en el interior y exterior del país. Esto significa, junto con el despliegue de la IV flota, el incremento de la presencia militar de Estados Unidos en una región estratégica desde la cual se pueden lanzar operaciones sobre todo el continente. Colombia al signar este acuerdo dará inmunidad a los militares y contratistas estadounidenses, con lo cual se les garantiza la impunidad y se los coloca por fuera de los controles judiciales nacionales e internacionales. Al mismo tiempo el uso de las bases significan una intervención en los asuntos internos de Colombia y una amenaza contra los procesos democráticos en toda la región. Por ejemplo la presencia de la base militar Soto Cano en Honduras ha sido utilizada por los golpistas de ese país para demostrar el apoyo estadounidense al golpe militar.
Esta utilización, que da amplias facilidades al ejército estadounidenes se constituye en una interferencia en los procesos de integración, un estímulo a las corrientes que quieren desestabilizar los procesos democráticos y una fuente de conflictos en una región que ha hecho avances en el logro de su autonomía y en la búsqueda de caminos propios para su desarrollo. Las declaraciones en Brasil del asesor de seguridad de la Casa Blanca de que “nuestra misión es ayudar en el entrenamiento de sus fuerzas de frontera” y sobre que el gobierno de Venezuela no hizo mucho para combatir la presencia de las FARC en dicho país, demuestran el propósito de Estados Unidos de terciar en las diferencias y contradicciones entre los países de la región.
La presencia de estas bases se ha justificado con el pretexto de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, pero en realidad representan una pieza del dispositivo militar global de Estados Unidos y patrocinan un enfoque militar y unilateral de estos problemas, impidiendo el tratamiento social, político, autónomo y multilateral de tales problemas. Enfoques, que con el Plan Colombia y la Iniciativa Merida, han demostrado su ineficacia y su alto potencial de desestabilización regional y cuya aplicación en Colombia y en las zonas fronterizas ha contribuido a agravar la crisis humanitaria, ambiental y social de vastas regiones. Estas bases, junto con los Tratados de Libre Comercio, se constituyen en nuevos obstáculos para avanzar en la integración sudamericana tan apreciada por los pueblos de la región.
El planteamiento del gobierno de Uribe sobre que Unasur no tiene competencia para analizar este problema, no es más que otro esfuerzo de ese gobierno de sabotear cualquier esfuerzo de integración latinoamericano y facilitar la interferencia de Estados Unidos en los procesos de la región. Por el contrario, consideramos que la próxima reunión de Unasur, debe pronunciarse al respecto, rechazar la instalación de estas y cualquier base militar en Suramérica, condenar la interferencia en los asuntos de la integración regional y avanzar en la búsqueda de soluciones políticas a través del dialogo de los diferentes asuntos de controversia entre los países dentro del espíritu de convivencia pacífica, ayuda mutua y respeto a la soberanía, la cual se vulnera al entregar el territorio Colombiano a las operaciones militares estadounidenses y no con la discusión fraternal en el seno de Unasur.
Igualmente les solicitamos, recibir a una delegación de los movimientos sociales del continente para expresarles estas inquietudes y permitir que el proceso de construcción de Unasur, cuente con las opiniones de los mismos.
Alianza Social Continental
Enrique Daza
Enrique Daza
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