Roberto Schmalbach, El Frente, Bucaramanga, agosto 22 de 2010
Se adelanta en el país un gran debate sobre el proyecto de acto legislativo que pretende reformar el régimen de regalías, presentado por el gobierno del presidente Santos al Congreso de la República para su discusión y aprobación en la presente legislatura.
El debate viene precedido de una campaña de desprestigio generalizado contra los gobernadores y alcaldes de regiones mineras en energéticos que generan regalías, tendiendo un brumal que oculte las intenciones reales de esta reforma constitucional.
Lo primero que se observa de esta reforma, es que viene antecedida de dos actos legislativos que recortaron ingresos corrientes de la nación a las regiones, como fueron los actos reformatorios 01 y 04 de los años 2001 y 2007 respectivamente, que cambiaron los artículos 356 y 357 de la Constitución Nacional, siendo el primero de estos liderado por el hoy presidente de la república Juan Manuel Santos, oficiando de ministro de Hacienda del gobierno de Andrés Pastrana.
El acto legislativo que pretende ahora reformar los artículos: 332 que habla de la propiedad del subsuelo y los recursos; 360 que refiere sobre el reconocimiento de las regalías a las regiones productoras y puertos marítimos o fluviales, y 361 que creó el Fondo de Regalías, tiene el mismo contenido de los actos que truncaron los ingresos corrientes de la nación a las regiones y que dio lugar al famoso SGP Sistema General de Participación, que hoy tiene en serías dificultades la financiación de la salud, la educación y el saneamiento básico de muchos departamentos y municipios del país.
El presidente de la república, los ministros de Minas y Energía y Hacienda vienen señalado que ante una supuesta bonanza minero energética que se avecina en Colombia, las regiones productoras de esos eventuales ingresos adicionales no pueden manejar dichos recursos porque generan inequidad y corrupción.
Cuando se analizan los argumentos expresados por los altos funcionarios del gobierno, se encuentra que los objetivos de la reforma no están dirigidos a resolver estos problemas, y es obvio que así sea, porque las causas principales de estos males se mantienen inalterables, por ese motivo en la reforma no aparece una sola mención de las escasas regalías que pagan las multinacionales por explotar los recursos naturales de la nación, por eso las cifras que se presentan magnificadas de regalías que va a recibir el país, son en promedio apenas una décima parte de las ganancias que obtendrá el negocio; luego la parte del león será de quien explote el recurso y no de la que reciba regalías.
Si el gobierno quisiera resolver los problemas de inequidad acrecentado en los últimos 20 años, debería presentar una reforma que permita que la nación capture mayor renta de sus recursos naturales y no repartir las migas de la misma torta entre las regiones, porque si eso se presenta es sobre la base de quitarle a unas partes para darle a otras, es decir abrir un hueco para tapar otro.
En Colombia tenemos el sistema de regalías más ignominioso del mundo: por petróleo luego de la ley 756 de 2002 en promedio se viene pagando 11%, porque una compañía puede diferir en varios campos su producción; en carbón se paga entre 5% y 10%, da igual producir un millón de toneladas al año que 25 millones; en oro, plata y platino las regalías son de 3,2%, en boca de mina y, en níquel 4% en regalía y 4% compensación. Estos porcentajes son indiferentes a la producción, la variación del precio del recurso o de la divisa en que se transan. En estos factores que son la esencia del negocio el gobierno nada dice porque las multinacionales son las que ponen las condiciones. Esa es la confianza inversionista que mantine el presidente Santos.
El debate viene precedido de una campaña de desprestigio generalizado contra los gobernadores y alcaldes de regiones mineras en energéticos que generan regalías, tendiendo un brumal que oculte las intenciones reales de esta reforma constitucional.
Lo primero que se observa de esta reforma, es que viene antecedida de dos actos legislativos que recortaron ingresos corrientes de la nación a las regiones, como fueron los actos reformatorios 01 y 04 de los años 2001 y 2007 respectivamente, que cambiaron los artículos 356 y 357 de la Constitución Nacional, siendo el primero de estos liderado por el hoy presidente de la república Juan Manuel Santos, oficiando de ministro de Hacienda del gobierno de Andrés Pastrana.
El acto legislativo que pretende ahora reformar los artículos: 332 que habla de la propiedad del subsuelo y los recursos; 360 que refiere sobre el reconocimiento de las regalías a las regiones productoras y puertos marítimos o fluviales, y 361 que creó el Fondo de Regalías, tiene el mismo contenido de los actos que truncaron los ingresos corrientes de la nación a las regiones y que dio lugar al famoso SGP Sistema General de Participación, que hoy tiene en serías dificultades la financiación de la salud, la educación y el saneamiento básico de muchos departamentos y municipios del país.
El presidente de la república, los ministros de Minas y Energía y Hacienda vienen señalado que ante una supuesta bonanza minero energética que se avecina en Colombia, las regiones productoras de esos eventuales ingresos adicionales no pueden manejar dichos recursos porque generan inequidad y corrupción.
Cuando se analizan los argumentos expresados por los altos funcionarios del gobierno, se encuentra que los objetivos de la reforma no están dirigidos a resolver estos problemas, y es obvio que así sea, porque las causas principales de estos males se mantienen inalterables, por ese motivo en la reforma no aparece una sola mención de las escasas regalías que pagan las multinacionales por explotar los recursos naturales de la nación, por eso las cifras que se presentan magnificadas de regalías que va a recibir el país, son en promedio apenas una décima parte de las ganancias que obtendrá el negocio; luego la parte del león será de quien explote el recurso y no de la que reciba regalías.
Si el gobierno quisiera resolver los problemas de inequidad acrecentado en los últimos 20 años, debería presentar una reforma que permita que la nación capture mayor renta de sus recursos naturales y no repartir las migas de la misma torta entre las regiones, porque si eso se presenta es sobre la base de quitarle a unas partes para darle a otras, es decir abrir un hueco para tapar otro.
En Colombia tenemos el sistema de regalías más ignominioso del mundo: por petróleo luego de la ley 756 de 2002 en promedio se viene pagando 11%, porque una compañía puede diferir en varios campos su producción; en carbón se paga entre 5% y 10%, da igual producir un millón de toneladas al año que 25 millones; en oro, plata y platino las regalías son de 3,2%, en boca de mina y, en níquel 4% en regalía y 4% compensación. Estos porcentajes son indiferentes a la producción, la variación del precio del recurso o de la divisa en que se transan. En estos factores que son la esencia del negocio el gobierno nada dice porque las multinacionales son las que ponen las condiciones. Esa es la confianza inversionista que mantine el presidente Santos.
0 comentarios:
Publicar un comentario