Noviembre 10 de 2008
En una reacción en cadena, el procurador Edgardo Maya Villazón aseguró que rechaza las investigaciones colectivas a las horas de vida de profesores y estudiantes en las universidades públicas del país.
El Procurador afirmó que es misión de la Fiscalía investigar, pero debe hacerlo sobre hechos concretos y no de manera colectiva.
Sin embargo Maya Villazón aclaró que la Fiscalía no tiene prohibiciones para realizar sus investigaciones, aunque recomendó que esas indagaciones deben hacerse de manera individual.
Vice Fiscal no está de acuerdo con el procedimiento
El vice fiscal general, Guillermo Mendoza Diago, anunció que no puede revocar la orden de revisar las bases de datos y hojas de vida de los profesores y estudiantes de varias universidades del país con el fin de buscar fracciones terroristas infiltrados en las instituciones.
Mendoza Diago aclaró que esa orden no fue emitida ni por él ni por el fiscal Mario Iguarán Arana, quien está en México, "esa orden fue emitida por un fiscal con base en su autonomía y no podemos revocar esa decisión, pero sí lo puede hacer la Procuraduría", dijo Diago.
Sin embargo, el Fiscal (e) consideró "poco útil esa investigación" y aseguró que iba a analizar el procedimiento a seguir.
La polémica determinación
La Fiscalía General de la Nación revisará archivos y bases de datos de funcionarios y estudiantes de las universidades Nacional, Distrital, Libre y del Sena en busca de miembros de guerrilleros, milicianos, paramilitares, delincuentes o integrantes de otros grupos armados.
La orden fue proferida por el fiscal especializado de la Unidad Antiterrorismo Jorge Iván Piedrahíta Montoya, por medio del cual se hace efectiva la inspección de todo aquel que haya estado vinculado a estos centros universitarios desde el año 1992.
La Fiscalía busca realizar esta revisión semanas después de haberse dado a conocer un material fílmico de encapuchados lanzando arengas a favor de las Farc en la Universidad Distrital de Bogotá.
Esta indagación, generadora de polémica entre estudiantes y directivos de los centros educativos en mención, es motivada adicionalmente por las investigaciones de inteligencia adelantadas por la Fiscalía que indican que las Farc "buscan demostrar su trabajo político y dar a conocer sus ideas en las juventudes", según señala un comunicado de la central de inteligencia citado por el diario El Espectador.
Revisión desde 1992
Por su parte, otra comunicación similar de la Fiscalía, difundida por Caracol Radio, expresa que "a fin de dar impulso a las diligencias y perfeccionar la investigación, se encarga al intendente Benancio Triana, de la Dijín, para que realice inspección judicial a las bases de datos y libros de la planta estudiantil y docente de las universidades Distrital, Pedagógica, Libre, Universidad Nacional y Sena, desde el año 1992".
"A fin de realizar un descarte de las personas que aparecen dentro de la investigación como miembros de grupos armados al margen de la ley", concluye el documento en mención.
Especialistas califican la iniciativa como un abuso de poder
Juristas consultados por medios locales consideran sorpresiva la iniciativa de revisar bases de datos de miles de personas vinculadas en los últimos 16 años a universidades públicas con el fin de determinar nexos con grupos al margen de la ley.
"Ellos entienden que esa es una orden bastante arbitraria porque no se pueden hacer investigaciones indeterminadas ya que eso sería el desvío de poder" comentó el ex fiscal Alfonso Gómez Méndez para Caracol Radio, quien cree que esta orden no debió ser puesta en consideración del fiscal general Mario Iguarán.
El jurista considera que seguramente la Fiscalía ya conoce a quién investigará y que realiza este procedimiento como estrategia previa a futuras detenciones.
"Cacería de brujas"
Como "cacería de brujas" califica esta iniciativa el ex ministro de Defensa Parmenio Cuéllar, que acusa al Gobierno de restringir el pensamiento divergente que se proclama en las universidades públicas. "Se trata de un exabrupto de la Fiscalía" acusó Cuéllar.
Voceros y dirigentes estudiantiles también han manifestado su negativa por la iniciativa promulgada por la iniciativa.
"Ratifica nuestra denuncia de criminalizar a los estudiantes. Es indignante. Básicamente inducen que todos los miembros de universidades somos terroristas", dice David Palacio, representante de estudiantes de la Universidad Nacional.
Una reacción similar sostiene Pedro Herrera, director del Sindicato de Profesores de Universidades públicas comentó que "con este tipo de ordenes se pone bajo sospecha la totalidad de la comunidad estudiantil".
El Procurador afirmó que es misión de la Fiscalía investigar, pero debe hacerlo sobre hechos concretos y no de manera colectiva.
Sin embargo Maya Villazón aclaró que la Fiscalía no tiene prohibiciones para realizar sus investigaciones, aunque recomendó que esas indagaciones deben hacerse de manera individual.
Vice Fiscal no está de acuerdo con el procedimiento
El vice fiscal general, Guillermo Mendoza Diago, anunció que no puede revocar la orden de revisar las bases de datos y hojas de vida de los profesores y estudiantes de varias universidades del país con el fin de buscar fracciones terroristas infiltrados en las instituciones.
Mendoza Diago aclaró que esa orden no fue emitida ni por él ni por el fiscal Mario Iguarán Arana, quien está en México, "esa orden fue emitida por un fiscal con base en su autonomía y no podemos revocar esa decisión, pero sí lo puede hacer la Procuraduría", dijo Diago.
Sin embargo, el Fiscal (e) consideró "poco útil esa investigación" y aseguró que iba a analizar el procedimiento a seguir.
La polémica determinación
La Fiscalía General de la Nación revisará archivos y bases de datos de funcionarios y estudiantes de las universidades Nacional, Distrital, Libre y del Sena en busca de miembros de guerrilleros, milicianos, paramilitares, delincuentes o integrantes de otros grupos armados.
La orden fue proferida por el fiscal especializado de la Unidad Antiterrorismo Jorge Iván Piedrahíta Montoya, por medio del cual se hace efectiva la inspección de todo aquel que haya estado vinculado a estos centros universitarios desde el año 1992.
La Fiscalía busca realizar esta revisión semanas después de haberse dado a conocer un material fílmico de encapuchados lanzando arengas a favor de las Farc en la Universidad Distrital de Bogotá.
Esta indagación, generadora de polémica entre estudiantes y directivos de los centros educativos en mención, es motivada adicionalmente por las investigaciones de inteligencia adelantadas por la Fiscalía que indican que las Farc "buscan demostrar su trabajo político y dar a conocer sus ideas en las juventudes", según señala un comunicado de la central de inteligencia citado por el diario El Espectador.
Revisión desde 1992
Por su parte, otra comunicación similar de la Fiscalía, difundida por Caracol Radio, expresa que "a fin de dar impulso a las diligencias y perfeccionar la investigación, se encarga al intendente Benancio Triana, de la Dijín, para que realice inspección judicial a las bases de datos y libros de la planta estudiantil y docente de las universidades Distrital, Pedagógica, Libre, Universidad Nacional y Sena, desde el año 1992".
"A fin de realizar un descarte de las personas que aparecen dentro de la investigación como miembros de grupos armados al margen de la ley", concluye el documento en mención.
Especialistas califican la iniciativa como un abuso de poder
Juristas consultados por medios locales consideran sorpresiva la iniciativa de revisar bases de datos de miles de personas vinculadas en los últimos 16 años a universidades públicas con el fin de determinar nexos con grupos al margen de la ley.
"Ellos entienden que esa es una orden bastante arbitraria porque no se pueden hacer investigaciones indeterminadas ya que eso sería el desvío de poder" comentó el ex fiscal Alfonso Gómez Méndez para Caracol Radio, quien cree que esta orden no debió ser puesta en consideración del fiscal general Mario Iguarán.
El jurista considera que seguramente la Fiscalía ya conoce a quién investigará y que realiza este procedimiento como estrategia previa a futuras detenciones.
"Cacería de brujas"
Como "cacería de brujas" califica esta iniciativa el ex ministro de Defensa Parmenio Cuéllar, que acusa al Gobierno de restringir el pensamiento divergente que se proclama en las universidades públicas. "Se trata de un exabrupto de la Fiscalía" acusó Cuéllar.
Voceros y dirigentes estudiantiles también han manifestado su negativa por la iniciativa promulgada por la iniciativa.
"Ratifica nuestra denuncia de criminalizar a los estudiantes. Es indignante. Básicamente inducen que todos los miembros de universidades somos terroristas", dice David Palacio, representante de estudiantes de la Universidad Nacional.
Una reacción similar sostiene Pedro Herrera, director del Sindicato de Profesores de Universidades públicas comentó que "con este tipo de ordenes se pone bajo sospecha la totalidad de la comunidad estudiantil".
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