por Campaña Prohibido Olvidar Sunday, Sep. 23, 2007 at 7:54 AM
La Unidad de Derechos Humanos, de la Fiscalía General de la Nación, ha decidido abrir la investigación, ordenando vincular a la misma a un Capitán y dos Intendentes, como presuntos responsables de los delitos de homicidio y lesiones personales, siendo esta una decisión trascendental en la historia del país, a fin de que sucesos como estos, no vuelvan a repetirse, NUNCA MÁS.
Las organizaciones abajo firmantes, nos dirigimos a la opinión pública, nacional e internacional, así como a los organismos intergubernamentales a fin de informar los últimos sucesos relacionados con la investigación por el homicidio del estudiante de química de la Universidad del Valle, Jhonny Silva Aranguren, ocurrido el pasado 22 de septiembre de 2005.
Como es de conocimiento público, en dicha oportunidad estudiantes de la Universidad del Valle, realizaron una protesta en contra del Tratado de Libre Comercio y en solidaridad con los habitantes de Villa Gorgona, en desarrollo de la cual hicieron presencia integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD, de la Policía Nacional.Desde un inicio, el Coronel Gómez Méndez expresó a la opinión pública, que en ningún momento personal del ESMAD había ingresado a las instalaciones de la Universidad del Valle y que los mismos no portaban armas de fuego. Dos años después, como lo concluyó la Comisión de la Verdad, la justicia colombiana ha reconocido que efectivamente integrantes del ESMAD ingresaron al campus universitario, portando armas de fuego, las cuales exhibieron en actitud amenazante en contra de integrantes del Comité de Derechos Humanos de Sintraunicol. Dicho ingreso, se produjo además violando la autonomía universitaria, dado que no existió autorización previa por parte de las directivas de la Universidad. Estos hechos también fueron constatados por delegados de la comunidad internacional, quienes ampliamente los documentaron en sus informes.
Las pruebas aportadas, durante dos años (testimonios de estudiantes, de vigilantes, de defensores de derechos humanos, así como inspecciones judiciales y peritazgos por parte del Cuerpo Técnico de Investigaciones), han permitido avanzar en el desarrollo de este proceso, a fin de garantizar los derechos a la verdad, justicia y reparación de los familiares, integrantes de la comunidad educativa y la sociedad caleña y vallecaucana, que fueron lesionados con este crimen.
La Unidad de Derechos Humanos, de la Fiscalía General de la Nación, ha decidido abrir la investigación, ordenando vincular a la misma a un Capitán y dos Intendentes, como presuntos responsables de los delitos de homicidio y lesiones personales, siendo esta una decisión trascendental en la historia del país, a fin de que sucesos como estos, no vuelvan a repetirse, NUNCA MÁS.
Santiago de Cali, septiembre 19 de 2007.
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