'Bolillo' en mano cierran clínicas en Bogotá

El Polo rechaza su privatización

• En un hecho bochornoso, en la madrugada del Domingo 26 de Agosto miembros de la Policía Nacional dirigidos personalmente por el Ministro de la Protección Social, Diego Palacio, se tomaron las instalaciones de las cuatro clínicas que conformaban la Empresa Social del Estado -ESE- Luis Carlos Galán (Las clínicas San Pedro Claver, Carlos Lleras Restrepo, Misael Pastrana Borrero y La clínica del Niño).

• Declaración.

Martes 4 de septiembre de 2007

Esta absurda demostración de fuerza tiene una explicación: con ella se inició la privatización de estas clínicas con la consecuente eliminación de 4.500 empleos directos, entre funcionarios de planta y contratistas que atienden a 800.000 afiliados al ISS.

En varias ocasiones el gobierno de Uribe ha demostrado que la “seguridad democrática” también sirve para acompañar las privatizaciones. Las liquidaciones de TELECOM y de INRAVISIÓN, así como de las ESEs regionales han estado precedidas de tomas policíacas. Es la única manera de imponer una política que expropia a los colombianos un patrimonio que ha sido construido generacionalmente durante décadas con impuestos, cotizaciones y pago de servicios.

Las ESEs que fueron creadas por el gobierno como resultado de una reestructuración del ISS, realizada a mediados del 2003, reestructuración en la que lo despojaron de las 37 clínicas y de los 213 centros de atención que le pertenecían, han sido abandonadas a su propia suerte. Prueba de ello es que el gobierno le adeuda a la ESE Luis Carlos Galán $70.000 millones por servicios prestados y aún así, ha tenido ganancias por $25.000 millones en los últimos tres años. La clínica San Pedro Claver es una de las mejores clínicas del país, reconocida internacionalmente por su idoneidad profesional en tratamientos de alta complejidad (diálisis renal, neurocirugías, cirugías cardiacas) y con una capacidad hospitalaria de 800 pacientes. No hay justificación para que sea privatizada.

El Ministerio de la Protección Social ha entregado la administración de las clínicas a CAPRECOM, la caja de compensación de los trabajadores del sector de la comunicación, la cual, a su vez ya había sido liquidada como entidad prestadora de salud, hecho que llevó a la propia Superintendencia de Salud a informar oficialmente que no contaba con la capacidad técnica-gerencial para seguir desempeñando labores en esta área. Esta administración será compartida con Anestecoop, cooperativa de anestesiólogos, creada en el Hospital de la Policía de Bogotá y cuya órbita de contratación ha girado en torno al departamento de Córdoba, en donde se sabe con certeza quiénes son los funcionarios que controlan la salud pública.

La administración servirá para implementar un plan de contingencia previo a la oferta pública de venta, que se anuncia para el próximo Noviembre. La Orden Hospitalaria San Juan de Dios, con sede en España y miembro de la comunidad jesuita, ya ofreció 234 mil millones por esas instituciones.

Los recursos para implementar este plan de contingencia serán entregados a FIDUAGRARIA, la fiduciaria del Banco Agrario, que junto con la oficina de Estupefacientes estuvo presente en el escándalo de los préstamos de dudosa ortografía a la firma de ingenieros de Guido Lule para la ejecución de la doble calzada Bogotá-Girardot.

Como si fuera poco, el gobierno ha añadido que solicitará un préstamo al BID para privatizar lo que queda de la red pública hospitalaria. Los colombianos de bien, los demócratas convencidos y todos aquellos que estamos dispuestos a denunciar las políticas que vulneran los derechos elementales de la población, como es el caso de la salud, debemos oponernos a este tipo de procedimientos, poco claros y que afectarán aún más nuestra calidad de vida.