LA UP EN APRIETOS

Por: Amylkar Acosta

Fecha 30 Diciembre 2009

Hace muy poco estalló la crisis financiera que se venía incubando en las universidades públicas, las cuales según sus directivas viene arrastrando un déficit no menor de los $500.000 millones. Este déficit se explica en gran medida por el desbalance entre ingresos y gastos; y no es para menos, pues según lo dispuesto por la Ley 30 de 1992 los aportes de la Nación a duras penas deben incrementarse año a año según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), parámetro este que no consulta para nada las necesidades presupuestales de la Universidad.

Basta con decir que en 1992, cuando fue expedida dicha Ley, la Universidad pública albergaba 200 mil estudiantes, este año supera los 500 mil; además, la promoción y apoyo a la investigación que le son inherentes, así como el mejoramiento de la calidad de la educación que se imparte demandan mucho mayores recursos.

Por ello, no hace ningún sentido que en el Presupuesto para el año entrante, con el rimbombante título de “sostenibilidad de la inversión en medio de la crisis”, el aumento de la partida asignada para las transferencias a las universidades públicas se limite a la inflación esperada, esto es, un magro 3%. Con ello se está comprometiendo seriamente el fin misional de la universidad, así se diga por parte del Ministro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga que “uno de los grandes ganadores de la discusión del Presupuesto 2010 con las universidades públicas” porque supuestamente “dispondrán de $160 mil millones de recursos adicionales para el próximo año”, los cuales además de insuficientes se apropiaron al ICFES, al ICETEX y a Colciencias, pero no a las universidades propiamente dichas.

Los estamentos universitarios, entonces, no están peleando contra molinos de viento, como lo han querido hacer creer el gobierno y algunos medios, ni se trata tampoco de bochinches armados por ruidosas minorías; se trata de una crisis de enormes proporciones que no se resuelve ignorándola sino con soluciones.

Sobre todo si tomamos en cuenta el otro déficit que acusa el sistema universitario, el de su cobertura, pues sólo 30 de cada cien jóvenes inicia algún estudio después de culminar el bachillerato y apenas el 15% de ellos tiene acceso a la universidad y la deserción a este nivel es bárbara. Según un estudio reciente del programa de Maestría en educación de la Universidad de la Sabana la deserción universitaria es del 48%, coincidiendo prácticamente con los registros reportados por el Centro de Estudios Económicos (CEDE) de la Universidad de los Andes que la cifró en el 48.2%.

La crisis financiera de la Universidad pública es más de fondo y debe encararse con responsabilidad, a riesgo de su deterioro e inviabilidad. No se puede seguir empujando a la universidad pública por el perverso sendero de la contratitis, convirtiéndola en atajo por parte de las entidades públicas para soslayar el cumplimiento de la Ley de contratación administrativa en aras de la autofinanciación. Ello, a falta de un mayor control, ha convertido a muchas universidades públicas, especialmente en la provincia, en un foco de corrupción y en preciado botín del clientelismo, objeto de la rapiña politiquera. Quienes van tras su captura y medran a su sombra, no lo hacen atraídos solamente por los magros presupuestos de esas universidades sino por las enormes tajadas de las contrataciones que se derivan de mañosos convenios interadministrativos con otras entidades públicas.

A ello hay que ponerle coto y pronto, antes de que dichas universidades sucumban bajo el peso de la corrupción y la inmoralidad administrativa, las mismas que muchas veces sirven de disculpa para dejarlas abandonadas a su propia suerte. Pero, como toda regla tiene su excepción, justo es reconocer la excelencia académica y el alto grado de probidad de universidades tales como la de Antioquia, la del Atlántico, la del Magdalena y la Tecnológica de Pereira y desde luego la Universidad Nacional y sus seccionales.