Juan Carlos Martínez Botero, Manizales, octubre 9 de 2010
Después de dar las primeras señales de lo que será la política pública en materia de educación superior, no hay lugar a dudas de que el gobierno de Santos continuará con las principales líneas instrumentadas por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En esta materia, al igual que en las principales políticas públicas, el actual gobierno no ofrece ningún cambio significativo y por el contrario apunta a profundizar las concepciones neoliberales y retardatarias en el sistema de educación superior.
Con el eslogan “Educación de calidad, el camino de la prosperidad” el nuevo gobierno ha bautizado lo que será la hoja de ruta de la educación en los próximos años. Aunque evidentemente hay un cambio en el estilo, los aspectos sustanciales de la política de educación superior seguirán intactos, por lo que el tono melifluo y “contemporizador” característico del actual gobierno no puede confundirnos, ya que en esta política, como en muchas otras, no asistimos al gobierno de Santos I, sino al de Uribe III, el continuismo.
Las manifestaciones de que la política para educación superior no variará en el gobierno de Santos las encontramos en la propuesta educativa contenida en su plan de gobierno y en el nombramiento de los conductores y ejecutores de dicha política. En entrevista concedida a la revista Semana[1] el 9 de junio del presente año se señalan sus propuestas para lo que denomina educación terciaria, en el mismo lenguaje utilizado por el Banco Mundial: el aumento de cobertura sobre la base del crédito educativo; el emprendimiento; el impulso a la educación técnica y tecnológica y la articulación del SENA y las universidades con la educación media para ofrecerla en los grados 10 y 11.
Estos son los pilares sobre los que reposa la propuesta de Santos para la educación superior en el presente periodo, políticas todas definidas de antemano por el Banco Mundial como receta para profundizar la reforma neoliberal en los países subdesarrollados, negarles la posibilidad de alcanzar estadios de desarrollo propios de los países del primer mundo y ponerlos en sintonía con la nueva división internacional del trabajo, que para el caso de Colombia está definida en la especialización del país en una economía de tipo neocolonial dedicada a la industria extractiva de nuestros recursos naturales y la imposición del modelo agroexportador, en desmedro de la soberanía y seguridad alimentaria del país.
LA CONSOLIDACIÓN DEL CRÉDITO EDUCATIVO
En este sentido, la principal política anunciada en materia de financiación de la educación superior por el gobierno de Santos es impulsar el denominado subsidio a la demanda a través del crédito educativo:
“se duplicarán los créditos subsidiados y de largo plazo, a través del programa Acces, que yo creé en 2002, que cubren los costos educativos y de sostenimiento de los jóvenes, focalizados en los más vulnerables.
Doblaremos los créditos Acces del Icetex, subsidiaremos las tasas de interés y para los más pobres la tasa de interés real será de cero y los créditos serán a largo plazo, para empezar a pagar una vez el muchacho tengo un ingreso.
Los veinte mejores bachilleres de cada departamento recibirán cada año un subsidio total para que realicen sus estudios universitarios en las mejores universidades del país.”[2]
Estas aseveraciones y el anuncio de la nueva ministra María Fernanda Campo de respaldar el proyecto de su antecesora de reforma al esquema de financiación contenido en la Ley 30 de 1992, a través del cual se fomenta el subsidio a la demanda en desmedro de la financiación a la oferta, avanza en implementar el modelo ya instalado en la educación básica y media. No sobra recordar que el Acto Legislativo 01 de 2001 fue aprobado cuando Juan Manuel Santos era ministro de Hacienda y el actual ministro de esa cartera Juan Carlos Echeverri se desempeñaba como director de Planeación Nacional. La aprobación de dicha reforma que defendió con ahínco Juan Manuel Santos provocó “que los departamentos y los municipios dejaran de percibir entre los años 2002 y 2008 alrededor de 27 billones de pesos, según cálculos de la Federación Nacional de Gobernadores.”[3]
El fortalecimiento del denominado subsidio a la demanda es una “teoría (…) que fue propuesta por Milton Friedman hace 30 años y es de la misma familia de la privatización de la salud”[4]. Como se observa, Santos adopta la postura de la visión Colombia 2019, prohijada por el gobierno de Uribe, que plantea dentro de las estrategias para incrementar la cobertura el estímulo del crédito educativo a estudiantes para cursar programas de educación superior en instituciones públicas o privadas.[5]
En materia de financiación estatal a la educación superior en Colombia no hay planteado nada distinto a la política de desfinanciación a que se ha sometido a la educación superior durante los últimos gobiernos. No reconoce el gobierno de Santos que el sistema adolece de una grave crisis presupuestal, que según el Sistema Universitario Estatal, SUE, son cerca de 500 mil millones de pesos anuales que se gastan para atender las nuevas necesidades. En sentido contrario, al de destinar cada vez más recursos para la financiación directa de las universidades, la demagogia oficial plantea los costosos créditos educativos impuestos y promovidos por el Banco Mundial y como muestra de su gran “generosidad” la financiación de los mejores 20 bachilleres de cada departamento.
EL IMPULSO A LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
“La educación superior no debe ser exclusivamente universitaria por eso ampliaremos y fortaleceremos la educación técnica o tecnológica en el país. Aumentaremos su participación al 50 por ciento de la oferta educativa otorgando incentivos a los jóvenes y a las instituciones para que opten por esta opción educativa importante para el desarrollo humano y económico del país.”[6]
En este aspecto Santos propone darle continuidad a la “revolución educativa”, que planteó como uno de sus componentes principales orientar la educación superior hacia la educación técnica y tecnológica, exigencia del Banco Mundial dirigida a debilitar y extinguir la universidad pública como factor de desarrollo en los países del tercer mundo. Tal y como lo ha señalado el investigador John Saxe-Fernández, el programa de “universidades tecnológicas” es un lineamiento de este organismo multilateral de crédito, utilizado “para capacitar personal en labores técnicas inmediatamente requeridas por las empresas, es decir, egresados de visión acrítica y angosta sin formación en la tradición humanista, la historia y los fundamentos del conocimiento científico general, que debe de tener cualquier profesional de las artes, las ciencias naturales o sociales”.
El propósito perseguido es desnaturalizar la universidad colombiana alejándola de su función primordial de investigar y de promover un conocimiento que coadyuve a resolver los grandes problemas de la sociedad y la nación. Se pretende ponerla a girar en la órbita reducida del precario mundo empresarial y del mercado. Como se ha señalado, el aumento de la cobertura estará orientado a este ciclo de formación específico por lo que el otorgamiento del crédito educativo según la propuesta de Santos dará prioridad a los estudiantes que opten por una carrera técnica o tecnológica. La discusión no debe estar centrada en la oferta de este tipo de programas, sino en la baja y mala calidad de los programas que están abriendo las instituciones de educación superior, todos sobre la base de la autofinanciación.
EL EMPRENDIMIENTO
“Nuestros centros educativos deben crear no sólo empleados, sino fomentar “empresarios”, capaces de transformar su creatividad y talento a favor de la sociedad y el medio ambiente.
A través del Sena y los colegios ofreceremos programas en nuevas tecnologías asociados con el emprendimiento, de alta proyección para el país (producción musical, animación digital, video y artes visuales, diseño, ingeniería web, redes sociales, medio ambiente, etc.).”[7]
Tal y como lo describe el profesor José Francisco Puello-Socarrás, en su texto Nueva gramática del neo-liberalismo, el emprendimiento como teoría se deriva de la escuela neoliberal austriaca y su característica “no es poner a funcionar una empresa. Se trata de poner en marcha una iniciativa de la cual no se tiene certidumbre”[8]. El emprendedor para esto debe poseer “una habilidad específica y una “confianza suprema” para “pronosticar” correctamente el futuro, incierto y desconocido”, buscando “alcanzar un nuevo estado futuro” mediante su propia intervención, para lo cual debe estar siempre alerta “frente a las oportunidades que hasta el momento no han sido percibidas en el mercado.”
El emprendimiento ha sido utilizado para definir una nueva dimensión en el sistema económico actual, un nuevo sujeto que “supere” las relaciones problemáticas capital-trabajo. Es sobre la base de la teoría del emprendimiento como se ha fomentado la tercerización de las relaciones laborales, dándole un nuevo “estatus” al emprendedor, quien a pesar de no poseer capital u otros medios de producción, tampoco se siente trabajador. Miremos la caracterización que hace el profesor antes mencionado:
“Mientras que los emprendedores son aquellos que “asumen los riesgos, combinan los factores de producción y exploran las posibilidades de innovación”, los Capitalistas proporcionarían los medios de producción como propietarios del capital. Aquí el emprendedor no es estrictamente un trabajador porque sus expectativas de ingreso no dependen en rigor de la venta de su fuerza de trabajo y no se desenvuelven estrictamente en este mercado. En su papel de “empresarios” son –por decirlo de alguna manera– “mediadores” (así los llamaba Cantillon), middlemen, que innovan y propician “nuevas combinaciones” entre el Trabajo y el Capital –como también lo advertía Schumpeter el proceso de innovación innato al capitalismo. Los emprendedores son entonces un “tercer factor” –por supuesto, no tradicional aunque sí ineludible– para la dinámica del sistema: el insumo emprendedor.”[9]
El emprendimiento ha sido enfocado a matizar los efectos negativos de las reformas laborales exigidas por el neoliberalismo, “mediante la revalorización del “autoempleo” (es decir, la autovaloración subjetiva) y la retórica de la “iniciativa empresarial” (exitosa)”[10] fomentando el trabajo informal e “independiente”, los trabajadores “por cuenta propia”, las asociaciones de economía solidaria y las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA). Como lo señala Fernando Urrea, el crecimiento de las Cooperativas de Trabajo Asociado “no puede entenderse únicamente como una estrategia de reducción de los costos laborales. Ciertamente su expansión también se sustenta en mecanismos de control y disciplinamiento de la fuerza de trabajo, bajo el supuesto de que los trabajadores son ahora responsables de su propia empresa (la cooperativa).[11]
El emprendimiento no es más que una sofisticación del neoliberalismo para ocultar las relaciones precarias de trabajo derivadas de las llamadas flexibilizaciones laborales. Bajo la retórica de promover el aumento de empresarios y de impulsar una cultura de la innovación se concretan rebajas salariales, aumentos en las jornadas de trabajo, el no pago de prestaciones sociales y se fomenta la informalidad. “Como plantea Mises, el emprendimiento es esencialmente un “fenómeno espiritual en sí mismo”, es decir, “un acto mental” dado que los emprendedores “crean nuevos valores en la mente”.[12]
En términos duros, el emprendimiento termina siendo un engaño al que someten a la juventud incauta, fomentando el criterio subjetivo de que la creación de una empresa o negocio no depende más que de las ganas y la voluntad individual, como si otros factores importantísimos no contaran. En esta lógica enfrentan a los jóvenes y a sus iniciativas a un futuro plagado de incertidumbres y, en la mayoría de los casos, a fracasos rotundos. Esta teoría, según Santos es la que debe enseñarse y fomentarse en las instituciones de educación superior, discurso que encaja perfectamente en el modelo de formación en competencias, que renuncia de manera subrepticia a reivindicar lo más elevado del conocimiento e instituye un modelo que prepara al país en las habilidades y destrezas necesarias que suplan la mano de obra barata requerida por las maquilas o talleres de subcontratación laboral de propiedad de los grupos multinacionales o sus socios nacionales.
Es preciso recordar que dentro de la reforma laboral que impulsó el gobierno de Uribe y materializada a través de la Ley 789 de 2002, mientras se convertía el día en noche para evitar el pago de recargos nocturnos a los trabajadores de Colombia y se aprobaban otras tropelías, se hacía demagogia mediante la creación del Fondo Emprender, administrado por el SENA y regulado en el artículo 40 cuyo objeto exclusivo era “financiar iniciativas empresariales que provengan y sean desarrolladas por aprendices o asociaciones entre aprendices, practicantes universitarios o profesionales que su formación se esté desarrollando o se haya desarrollado en instituciones que para los efectos legales, sean reconocidas por el Estado de conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994”[13].
Como se observa en este campo, el gobierno de Santos no ofrece nada nuevo a su antecesor, y por el contrario, continúa institucionalizando un discurso demagógico para la juventud colombiana y precarizando el trabajo con la llamada ley del primer empleo.
LA ARTICULACIÓN DEL SENA Y LAS UNIVERSIDADES CON LA EDUCACIÓN MEDIA PARA OFRECER EN LOS GRADOS 10 Y 11 EDUCACIÓN TÉCNICA
“Los dos últimos años de educación secundaria podrán ser de educación técnica, a escogencia del estudiante.”[14]
Como parte de la demagogia oficial, el gobierno de Santos ha propuesto continuar con una política promovida por el Ministerio de Educación Nacional desde hace algunos años. Se trata de que los estudiantes de los grados 10 y 11 cursen su formación técnica en sus colegios y que después estos sean validados por el SENA o por las universidades colombianas. Bajo el criterio de que a un país pobre le corresponde una educación pobre es que se impulsa este tipo de formación alfabetizante, que busca surtir las necesidades de mano de obra barata, con algún nivel de calificación, derivada de la firma de los tratados de libre comercio y del modelo de confianza inversionista.
En esta iniciativa tampoco es nueva la propuesta de Santos, pues de hecho muchas universidades vienen abriendo este tipo de formación, modificando incluso sus reglamentos estudiantiles, creando una nueva categoría de estudiantes conocida como estudiantes en articulación, tal es el caso con algunas tecnologías y programas técnicos que ofrece hoy la Universidad de Caldas, y cuyos primeros 60 créditos académicos los cursan estos estudiantes en sus respectivos colegios. Este tipo de educación termina siendo un engaño para esos estudiantes, pues si es discutida la calidad del pregrado presencial, qué puede decirse de un programa que forma a los estudiantes sin el acceso a laboratorios, sin garantías bibliográficas, sin el personal docente idóneo para tal fin y desprovistos de unos mínimos de excelencia académica.
LOS EJECUTORES DE LA POLÍTICA EDUCATIVA DE SANTOS
Coherente con la concepción que profesa el neoliberalismo de promover la privatización de la educación convirtiéndola en mercancía y a los centros educativos transformándolos en empresas, el nombramiento por parte de Juan Manuel Santos de su ministra de Educación no se hizo esperar, y tal como lo tituló El Espectador (26-07-2010), nombró a la doctora “María Fernanda Campo, una gerente en educación”, quien ha insistido en que la prioridad de este gobierno será la “calidad de la educación”, no obstante los hechos y decisiones indicar una cosa distinta. La trayectoria en el sector financiero, la banca de inversión y en la Cámara de Comercio de Bogotá dan una señal de que la empresarización de la educación y el fomento de la educación privada es lo que le espera al sector en los próximos años.
Para completar el cuadro, en el Viceministerio de Educación Superior el nombramiento fue para Javier Botero, quien se desempeñó entre el año 2002 y 2007 en altos cargos del Ministerio de educación nacional y fue el encargado de liderar proyectos como los Centros Regionales de Educación Superior (Ceres), la creación del Observatorio Laboral para la Educación, el fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica en articulación con los requerimientos de los sectores productivos, impulsor de los Exámenes de la Calidad de la Educación Superior (ECAES) y primer viceministro del ramo después de creado el cargo con la reestructuración del Ministerio. Es dec, un hombre de las entrañas de la revolución educativa de Uribe.
CONCLUSIÓN
No queda duda entonces de que las propuestas y los nombramientos de los ejecutores en materia de educación superior por parte del gobierno de Juan Manuel Santos constituyen la continuidad de una política que apunta a desfinanciar la universidad colombiana y a entronizar la concepción de universidad empresa y de educación como mercancía a través de los onerosos créditos educativos. Es una verdadera falacia anunciar una educación de calidad cuando todos los programas apuntan a desmantelar el aparato científico-tecnológico del país, a adecuar los planes de estudio a los currículos mediocres que nos impone el modelo de subdesarrollo de los tratados de libre comercio, a garantizar las necesidades de mano de obra barata del enclenque sector empresarial y las filiales de las multinacionales, a renunciar a la ciencia y a lo más elevado del conocimiento mediante la imposición del discurso de las competencias y los modelos pedagógicos que desprecian la formación en contenidos.
Al concluir el anuncio de sus propuestas en materia educativa en el discurso de posesión presidencial, el 7 de agosto, el presidente Santos sentenció:
“¡Todo con el fin de que ustedes, niños y jóvenes de Colombia, sean protagonistas activos en la sociedad global del siglo XXI!”[15].
Le faltó complementar al nuevo presidente de los colombianos que el protagonismo activo en la sociedad global y en la Colombia de hoy, con el tipo de educación que nos ofrecen, es el protagonismo de los parias y los excluidos, un protagonismo de siervos en una nación que cada vez cede más su soberanía, un protagonismo en un país entregado a la merced del capital financiero, un protagonismo en un Estado que se niega a reconocer los derechos fundamentales indispensables para la existencia digna de sus ciudadanos y que por el contrario pretende elevar a categoría constitucional y fundamental la “sostenibilidad económica” mediante la cual negarán el conjunto de derechos sociales que puedan reclamarse por vía judicial. La sociedad global y el protagonismo activo ofrecido por el actual gobierno a la juventud colombiano no son más que el de la precarización laboral que pretende acentuarse con la ley del primer empleo.
Notas:
[1] http://www.semana.com/noticias-poli...
[2] Ibidem.
[3] Polo Democrático Alternativo. El nocivo recorte a las transferencias. Bogotá: Versión en PDF, 2007. p. 6. Disponible en http://www.polodemocratico.net/IMG/...
[4] http://www.elespectador.com/opinion...
[5] Ministerio de Educación Nacional, Visión 2019, Educación propuesta para discusión, Op.cit., p. 23.
[6] http://www.semana.com/noticias-poli...
[7] Ibidem.
[8] Puello Socarrás, José Francisco. Nueva gramática del neoliberalismo: itinerarios teóricos, trayectorias intelectuales, claves ideológicas. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, 2008. p. 89.
[9] Ibíd., pág. 92
[10] Ibíd., pág. 93
[11] Urrea, Fernando, “La rápida expansión de las Cooperativas de Trabajo Asociado en Colombia. Principales tendencias y su papel en algunos sectores económicos”, Controversia, No. 188, junio de 2007, pp. 167-168. Citado por Puello Socarrás, José Francisco. Nueva gramática del neoliberalismo: itinerarios teóricos, trayectorias intelectuales, claves ideológicas. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, 2008. p. 94
[12] Ibíd., pág. 96
[13] Artículo 40 de la Ley 789 de 2002
[14] ttp://www.semana.com/noticias-poli...
[15] Discurso del Presidente Juan Manuel Santos Calderón. Bogotá 7 de agosto de 2010. En http://wsp.presidencia.gov.co/Prens...
Con el eslogan “Educación de calidad, el camino de la prosperidad” el nuevo gobierno ha bautizado lo que será la hoja de ruta de la educación en los próximos años. Aunque evidentemente hay un cambio en el estilo, los aspectos sustanciales de la política de educación superior seguirán intactos, por lo que el tono melifluo y “contemporizador” característico del actual gobierno no puede confundirnos, ya que en esta política, como en muchas otras, no asistimos al gobierno de Santos I, sino al de Uribe III, el continuismo.
Las manifestaciones de que la política para educación superior no variará en el gobierno de Santos las encontramos en la propuesta educativa contenida en su plan de gobierno y en el nombramiento de los conductores y ejecutores de dicha política. En entrevista concedida a la revista Semana[1] el 9 de junio del presente año se señalan sus propuestas para lo que denomina educación terciaria, en el mismo lenguaje utilizado por el Banco Mundial: el aumento de cobertura sobre la base del crédito educativo; el emprendimiento; el impulso a la educación técnica y tecnológica y la articulación del SENA y las universidades con la educación media para ofrecerla en los grados 10 y 11.
Estos son los pilares sobre los que reposa la propuesta de Santos para la educación superior en el presente periodo, políticas todas definidas de antemano por el Banco Mundial como receta para profundizar la reforma neoliberal en los países subdesarrollados, negarles la posibilidad de alcanzar estadios de desarrollo propios de los países del primer mundo y ponerlos en sintonía con la nueva división internacional del trabajo, que para el caso de Colombia está definida en la especialización del país en una economía de tipo neocolonial dedicada a la industria extractiva de nuestros recursos naturales y la imposición del modelo agroexportador, en desmedro de la soberanía y seguridad alimentaria del país.
LA CONSOLIDACIÓN DEL CRÉDITO EDUCATIVO
En este sentido, la principal política anunciada en materia de financiación de la educación superior por el gobierno de Santos es impulsar el denominado subsidio a la demanda a través del crédito educativo:
“se duplicarán los créditos subsidiados y de largo plazo, a través del programa Acces, que yo creé en 2002, que cubren los costos educativos y de sostenimiento de los jóvenes, focalizados en los más vulnerables.
Doblaremos los créditos Acces del Icetex, subsidiaremos las tasas de interés y para los más pobres la tasa de interés real será de cero y los créditos serán a largo plazo, para empezar a pagar una vez el muchacho tengo un ingreso.
Los veinte mejores bachilleres de cada departamento recibirán cada año un subsidio total para que realicen sus estudios universitarios en las mejores universidades del país.”[2]
Estas aseveraciones y el anuncio de la nueva ministra María Fernanda Campo de respaldar el proyecto de su antecesora de reforma al esquema de financiación contenido en la Ley 30 de 1992, a través del cual se fomenta el subsidio a la demanda en desmedro de la financiación a la oferta, avanza en implementar el modelo ya instalado en la educación básica y media. No sobra recordar que el Acto Legislativo 01 de 2001 fue aprobado cuando Juan Manuel Santos era ministro de Hacienda y el actual ministro de esa cartera Juan Carlos Echeverri se desempeñaba como director de Planeación Nacional. La aprobación de dicha reforma que defendió con ahínco Juan Manuel Santos provocó “que los departamentos y los municipios dejaran de percibir entre los años 2002 y 2008 alrededor de 27 billones de pesos, según cálculos de la Federación Nacional de Gobernadores.”[3]
El fortalecimiento del denominado subsidio a la demanda es una “teoría (…) que fue propuesta por Milton Friedman hace 30 años y es de la misma familia de la privatización de la salud”[4]. Como se observa, Santos adopta la postura de la visión Colombia 2019, prohijada por el gobierno de Uribe, que plantea dentro de las estrategias para incrementar la cobertura el estímulo del crédito educativo a estudiantes para cursar programas de educación superior en instituciones públicas o privadas.[5]
En materia de financiación estatal a la educación superior en Colombia no hay planteado nada distinto a la política de desfinanciación a que se ha sometido a la educación superior durante los últimos gobiernos. No reconoce el gobierno de Santos que el sistema adolece de una grave crisis presupuestal, que según el Sistema Universitario Estatal, SUE, son cerca de 500 mil millones de pesos anuales que se gastan para atender las nuevas necesidades. En sentido contrario, al de destinar cada vez más recursos para la financiación directa de las universidades, la demagogia oficial plantea los costosos créditos educativos impuestos y promovidos por el Banco Mundial y como muestra de su gran “generosidad” la financiación de los mejores 20 bachilleres de cada departamento.
EL IMPULSO A LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
“La educación superior no debe ser exclusivamente universitaria por eso ampliaremos y fortaleceremos la educación técnica o tecnológica en el país. Aumentaremos su participación al 50 por ciento de la oferta educativa otorgando incentivos a los jóvenes y a las instituciones para que opten por esta opción educativa importante para el desarrollo humano y económico del país.”[6]
En este aspecto Santos propone darle continuidad a la “revolución educativa”, que planteó como uno de sus componentes principales orientar la educación superior hacia la educación técnica y tecnológica, exigencia del Banco Mundial dirigida a debilitar y extinguir la universidad pública como factor de desarrollo en los países del tercer mundo. Tal y como lo ha señalado el investigador John Saxe-Fernández, el programa de “universidades tecnológicas” es un lineamiento de este organismo multilateral de crédito, utilizado “para capacitar personal en labores técnicas inmediatamente requeridas por las empresas, es decir, egresados de visión acrítica y angosta sin formación en la tradición humanista, la historia y los fundamentos del conocimiento científico general, que debe de tener cualquier profesional de las artes, las ciencias naturales o sociales”.
El propósito perseguido es desnaturalizar la universidad colombiana alejándola de su función primordial de investigar y de promover un conocimiento que coadyuve a resolver los grandes problemas de la sociedad y la nación. Se pretende ponerla a girar en la órbita reducida del precario mundo empresarial y del mercado. Como se ha señalado, el aumento de la cobertura estará orientado a este ciclo de formación específico por lo que el otorgamiento del crédito educativo según la propuesta de Santos dará prioridad a los estudiantes que opten por una carrera técnica o tecnológica. La discusión no debe estar centrada en la oferta de este tipo de programas, sino en la baja y mala calidad de los programas que están abriendo las instituciones de educación superior, todos sobre la base de la autofinanciación.
EL EMPRENDIMIENTO
“Nuestros centros educativos deben crear no sólo empleados, sino fomentar “empresarios”, capaces de transformar su creatividad y talento a favor de la sociedad y el medio ambiente.
A través del Sena y los colegios ofreceremos programas en nuevas tecnologías asociados con el emprendimiento, de alta proyección para el país (producción musical, animación digital, video y artes visuales, diseño, ingeniería web, redes sociales, medio ambiente, etc.).”[7]
Tal y como lo describe el profesor José Francisco Puello-Socarrás, en su texto Nueva gramática del neo-liberalismo, el emprendimiento como teoría se deriva de la escuela neoliberal austriaca y su característica “no es poner a funcionar una empresa. Se trata de poner en marcha una iniciativa de la cual no se tiene certidumbre”[8]. El emprendedor para esto debe poseer “una habilidad específica y una “confianza suprema” para “pronosticar” correctamente el futuro, incierto y desconocido”, buscando “alcanzar un nuevo estado futuro” mediante su propia intervención, para lo cual debe estar siempre alerta “frente a las oportunidades que hasta el momento no han sido percibidas en el mercado.”
El emprendimiento ha sido utilizado para definir una nueva dimensión en el sistema económico actual, un nuevo sujeto que “supere” las relaciones problemáticas capital-trabajo. Es sobre la base de la teoría del emprendimiento como se ha fomentado la tercerización de las relaciones laborales, dándole un nuevo “estatus” al emprendedor, quien a pesar de no poseer capital u otros medios de producción, tampoco se siente trabajador. Miremos la caracterización que hace el profesor antes mencionado:
“Mientras que los emprendedores son aquellos que “asumen los riesgos, combinan los factores de producción y exploran las posibilidades de innovación”, los Capitalistas proporcionarían los medios de producción como propietarios del capital. Aquí el emprendedor no es estrictamente un trabajador porque sus expectativas de ingreso no dependen en rigor de la venta de su fuerza de trabajo y no se desenvuelven estrictamente en este mercado. En su papel de “empresarios” son –por decirlo de alguna manera– “mediadores” (así los llamaba Cantillon), middlemen, que innovan y propician “nuevas combinaciones” entre el Trabajo y el Capital –como también lo advertía Schumpeter el proceso de innovación innato al capitalismo. Los emprendedores son entonces un “tercer factor” –por supuesto, no tradicional aunque sí ineludible– para la dinámica del sistema: el insumo emprendedor.”[9]
El emprendimiento ha sido enfocado a matizar los efectos negativos de las reformas laborales exigidas por el neoliberalismo, “mediante la revalorización del “autoempleo” (es decir, la autovaloración subjetiva) y la retórica de la “iniciativa empresarial” (exitosa)”[10] fomentando el trabajo informal e “independiente”, los trabajadores “por cuenta propia”, las asociaciones de economía solidaria y las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA). Como lo señala Fernando Urrea, el crecimiento de las Cooperativas de Trabajo Asociado “no puede entenderse únicamente como una estrategia de reducción de los costos laborales. Ciertamente su expansión también se sustenta en mecanismos de control y disciplinamiento de la fuerza de trabajo, bajo el supuesto de que los trabajadores son ahora responsables de su propia empresa (la cooperativa).[11]
El emprendimiento no es más que una sofisticación del neoliberalismo para ocultar las relaciones precarias de trabajo derivadas de las llamadas flexibilizaciones laborales. Bajo la retórica de promover el aumento de empresarios y de impulsar una cultura de la innovación se concretan rebajas salariales, aumentos en las jornadas de trabajo, el no pago de prestaciones sociales y se fomenta la informalidad. “Como plantea Mises, el emprendimiento es esencialmente un “fenómeno espiritual en sí mismo”, es decir, “un acto mental” dado que los emprendedores “crean nuevos valores en la mente”.[12]
En términos duros, el emprendimiento termina siendo un engaño al que someten a la juventud incauta, fomentando el criterio subjetivo de que la creación de una empresa o negocio no depende más que de las ganas y la voluntad individual, como si otros factores importantísimos no contaran. En esta lógica enfrentan a los jóvenes y a sus iniciativas a un futuro plagado de incertidumbres y, en la mayoría de los casos, a fracasos rotundos. Esta teoría, según Santos es la que debe enseñarse y fomentarse en las instituciones de educación superior, discurso que encaja perfectamente en el modelo de formación en competencias, que renuncia de manera subrepticia a reivindicar lo más elevado del conocimiento e instituye un modelo que prepara al país en las habilidades y destrezas necesarias que suplan la mano de obra barata requerida por las maquilas o talleres de subcontratación laboral de propiedad de los grupos multinacionales o sus socios nacionales.
Es preciso recordar que dentro de la reforma laboral que impulsó el gobierno de Uribe y materializada a través de la Ley 789 de 2002, mientras se convertía el día en noche para evitar el pago de recargos nocturnos a los trabajadores de Colombia y se aprobaban otras tropelías, se hacía demagogia mediante la creación del Fondo Emprender, administrado por el SENA y regulado en el artículo 40 cuyo objeto exclusivo era “financiar iniciativas empresariales que provengan y sean desarrolladas por aprendices o asociaciones entre aprendices, practicantes universitarios o profesionales que su formación se esté desarrollando o se haya desarrollado en instituciones que para los efectos legales, sean reconocidas por el Estado de conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994”[13].
Como se observa en este campo, el gobierno de Santos no ofrece nada nuevo a su antecesor, y por el contrario, continúa institucionalizando un discurso demagógico para la juventud colombiana y precarizando el trabajo con la llamada ley del primer empleo.
LA ARTICULACIÓN DEL SENA Y LAS UNIVERSIDADES CON LA EDUCACIÓN MEDIA PARA OFRECER EN LOS GRADOS 10 Y 11 EDUCACIÓN TÉCNICA
“Los dos últimos años de educación secundaria podrán ser de educación técnica, a escogencia del estudiante.”[14]
Como parte de la demagogia oficial, el gobierno de Santos ha propuesto continuar con una política promovida por el Ministerio de Educación Nacional desde hace algunos años. Se trata de que los estudiantes de los grados 10 y 11 cursen su formación técnica en sus colegios y que después estos sean validados por el SENA o por las universidades colombianas. Bajo el criterio de que a un país pobre le corresponde una educación pobre es que se impulsa este tipo de formación alfabetizante, que busca surtir las necesidades de mano de obra barata, con algún nivel de calificación, derivada de la firma de los tratados de libre comercio y del modelo de confianza inversionista.
En esta iniciativa tampoco es nueva la propuesta de Santos, pues de hecho muchas universidades vienen abriendo este tipo de formación, modificando incluso sus reglamentos estudiantiles, creando una nueva categoría de estudiantes conocida como estudiantes en articulación, tal es el caso con algunas tecnologías y programas técnicos que ofrece hoy la Universidad de Caldas, y cuyos primeros 60 créditos académicos los cursan estos estudiantes en sus respectivos colegios. Este tipo de educación termina siendo un engaño para esos estudiantes, pues si es discutida la calidad del pregrado presencial, qué puede decirse de un programa que forma a los estudiantes sin el acceso a laboratorios, sin garantías bibliográficas, sin el personal docente idóneo para tal fin y desprovistos de unos mínimos de excelencia académica.
LOS EJECUTORES DE LA POLÍTICA EDUCATIVA DE SANTOS
Coherente con la concepción que profesa el neoliberalismo de promover la privatización de la educación convirtiéndola en mercancía y a los centros educativos transformándolos en empresas, el nombramiento por parte de Juan Manuel Santos de su ministra de Educación no se hizo esperar, y tal como lo tituló El Espectador (26-07-2010), nombró a la doctora “María Fernanda Campo, una gerente en educación”, quien ha insistido en que la prioridad de este gobierno será la “calidad de la educación”, no obstante los hechos y decisiones indicar una cosa distinta. La trayectoria en el sector financiero, la banca de inversión y en la Cámara de Comercio de Bogotá dan una señal de que la empresarización de la educación y el fomento de la educación privada es lo que le espera al sector en los próximos años.
Para completar el cuadro, en el Viceministerio de Educación Superior el nombramiento fue para Javier Botero, quien se desempeñó entre el año 2002 y 2007 en altos cargos del Ministerio de educación nacional y fue el encargado de liderar proyectos como los Centros Regionales de Educación Superior (Ceres), la creación del Observatorio Laboral para la Educación, el fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica en articulación con los requerimientos de los sectores productivos, impulsor de los Exámenes de la Calidad de la Educación Superior (ECAES) y primer viceministro del ramo después de creado el cargo con la reestructuración del Ministerio. Es dec, un hombre de las entrañas de la revolución educativa de Uribe.
CONCLUSIÓN
No queda duda entonces de que las propuestas y los nombramientos de los ejecutores en materia de educación superior por parte del gobierno de Juan Manuel Santos constituyen la continuidad de una política que apunta a desfinanciar la universidad colombiana y a entronizar la concepción de universidad empresa y de educación como mercancía a través de los onerosos créditos educativos. Es una verdadera falacia anunciar una educación de calidad cuando todos los programas apuntan a desmantelar el aparato científico-tecnológico del país, a adecuar los planes de estudio a los currículos mediocres que nos impone el modelo de subdesarrollo de los tratados de libre comercio, a garantizar las necesidades de mano de obra barata del enclenque sector empresarial y las filiales de las multinacionales, a renunciar a la ciencia y a lo más elevado del conocimiento mediante la imposición del discurso de las competencias y los modelos pedagógicos que desprecian la formación en contenidos.
Al concluir el anuncio de sus propuestas en materia educativa en el discurso de posesión presidencial, el 7 de agosto, el presidente Santos sentenció:
“¡Todo con el fin de que ustedes, niños y jóvenes de Colombia, sean protagonistas activos en la sociedad global del siglo XXI!”[15].
Le faltó complementar al nuevo presidente de los colombianos que el protagonismo activo en la sociedad global y en la Colombia de hoy, con el tipo de educación que nos ofrecen, es el protagonismo de los parias y los excluidos, un protagonismo de siervos en una nación que cada vez cede más su soberanía, un protagonismo en un país entregado a la merced del capital financiero, un protagonismo en un Estado que se niega a reconocer los derechos fundamentales indispensables para la existencia digna de sus ciudadanos y que por el contrario pretende elevar a categoría constitucional y fundamental la “sostenibilidad económica” mediante la cual negarán el conjunto de derechos sociales que puedan reclamarse por vía judicial. La sociedad global y el protagonismo activo ofrecido por el actual gobierno a la juventud colombiano no son más que el de la precarización laboral que pretende acentuarse con la ley del primer empleo.
Notas:
[1] http://www.semana.com/noticias-poli...
[2] Ibidem.
[3] Polo Democrático Alternativo. El nocivo recorte a las transferencias. Bogotá: Versión en PDF, 2007. p. 6. Disponible en http://www.polodemocratico.net/IMG/...
[4] http://www.elespectador.com/opinion...
[5] Ministerio de Educación Nacional, Visión 2019, Educación propuesta para discusión, Op.cit., p. 23.
[6] http://www.semana.com/noticias-poli...
[7] Ibidem.
[8] Puello Socarrás, José Francisco. Nueva gramática del neoliberalismo: itinerarios teóricos, trayectorias intelectuales, claves ideológicas. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, 2008. p. 89.
[9] Ibíd., pág. 92
[10] Ibíd., pág. 93
[11] Urrea, Fernando, “La rápida expansión de las Cooperativas de Trabajo Asociado en Colombia. Principales tendencias y su papel en algunos sectores económicos”, Controversia, No. 188, junio de 2007, pp. 167-168. Citado por Puello Socarrás, José Francisco. Nueva gramática del neoliberalismo: itinerarios teóricos, trayectorias intelectuales, claves ideológicas. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, 2008. p. 94
[12] Ibíd., pág. 96
[13] Artículo 40 de la Ley 789 de 2002
[14] ttp://www.semana.com/noticias-poli...
[15] Discurso del Presidente Juan Manuel Santos Calderón. Bogotá 7 de agosto de 2010. En http://wsp.presidencia.gov.co/Prens...
0 comentarios:
Publicar un comentario