Ronis Socarras Soto, Presidente Consejo Superior Estudiantil UPC, 26 de octubre de 2010
Nuevamente el gobierno de Juan Manuel Santos trata de llevar a la educación pública por el camino del abismo. “No se puede construir un país netamente neoliberal cuando todavía hay asomos de lo público”, es el argumento que utilizan los adalides de dicha política, y en este caso, las universidades que aún conservan ese carácter gracias a la vehemente lucha emprendida por el movimiento estudiantil se mantienen en alerta frente a las nuevas pretensiones del Ejecutivo.
Hoy cursa un proyecto de ley que persigue modificar los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992 con miras a definir un nuevo esquema de financiación de la educación superior y, bajo el discurso de girar unos recursos adicionales a las universidades, plantea una serie de condiciones. El Gobierno pretende de esta manera mostrar una nueva imagen, haciéndoles creer a las universidades que sí le interesan unos claustros universitarios de la mejor calidad posible.
Podemos recordar la leyenda del caballo de Troya para entender cómo se está fraguando tan nociva medida por parte del gobierno de la “unidad burocrática”. Recordemos que después de casi una década de guerra entre griegos y atenienses, Odiseo se ingenia una táctica para engañar a los troyanos y poder destruirla. Es exactamente lo mismo que han tratado de hacer los gobiernos apátridas, incluyendo al actual, desde hace más de una década. Por eso vemos esa lucha constante entre el movimiento estudiantil y los gobiernos, unos para no permitir la privatización y el detrimento de la universidad pública, los otros por tratar de adecuar el sistema educativo al modelo económico imperante, el neoliberalismo.
El caballo de Troya, para esta ocasión, es la reforma que pretenden convertir en ley, pero, ¿será que nos vencerán en el debate? Para eso debemos estar preparados todos los estudiantes colombianos. Nuestra universidad hay que defenderla y no dejarnos engañar con el discurso.
Se calcula que para el año 2011 el presupuesto que el gobierno gira a las universidades públicas será reducido en más de medio billón de pesos, a lo que debemos sumar el déficit presupuestal en que están sumergidos dichos claustros, que oscila entre los 469.000 millones de pesos, por concepto de gastos adicionales para su funcionamiento, según estudio hecho por los vicerrectores del SUE. Intenta cañar este gobierno a las universidades diciendo que “adicionará más de 2 billones de pesos, presupuesto que va incrementando cada año y se hace un cálculo que aproximadamente para el año 2019 se llegue a la suma anteriormente mencionada”. ¿Y las condiciones qué? ¿Cuánto se gastarían las universidades en cumplir los requerimientos del gobierno para recibir ese dinero? ¿Renunciamos a la autonomía?
Si realmente al gobierno del presidente Santos le interesa mucho la educación superior en Colombia, debería dejar de aplicar ese método del subsidio a la demanda a través del tan tormentoso Icetex, que se ha vuelto un dolor de cabeza para todos los estudiantes que acuden a esa entidad por necesidad. Lo contrario, y que sería lo correcto, es girar dicho recursos directamente al presupuesto general de cada claustro, para poder alivianar de manera sustancial todos los desmanes que aquejan a la universidad pública. La ampliación de cobertura sin presupuesto atenta contra la calidad de la educación. El incremento de carreras técnicas y tecnológicas de manera irresponsable hace perder el carácter profesional de los pregrados en nuestras universidades y demuestra una vez más sus intenciones de fondo: generar una educación pobre, para pobres, provocando una mano de obra barata y así congraciarse con las multinacionales, lógicamente haciendo de esta manera un homenaje al “huevito de la confianza inversionista”.
Nota: La Universidad Popular del Cesar es doblemente golpeada por este gobierno, siendo ésta una de las universidades peor financiada por el Estado. a través de este proyecto de reforma a la ley 30 de 1992, Santos intenta desfinanciarla y como si fuera poco, el proyecto de regalías que hoy cursa en el Congreso, de llegar ser aprobado, les quitará el derecho a muchos jóvenes de la región poder educarse, ya que recibimos subsidios de esas regalías para poder pagar las costosas matrículas que hoy cobra la universidad.
Hoy cursa un proyecto de ley que persigue modificar los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992 con miras a definir un nuevo esquema de financiación de la educación superior y, bajo el discurso de girar unos recursos adicionales a las universidades, plantea una serie de condiciones. El Gobierno pretende de esta manera mostrar una nueva imagen, haciéndoles creer a las universidades que sí le interesan unos claustros universitarios de la mejor calidad posible.
Podemos recordar la leyenda del caballo de Troya para entender cómo se está fraguando tan nociva medida por parte del gobierno de la “unidad burocrática”. Recordemos que después de casi una década de guerra entre griegos y atenienses, Odiseo se ingenia una táctica para engañar a los troyanos y poder destruirla. Es exactamente lo mismo que han tratado de hacer los gobiernos apátridas, incluyendo al actual, desde hace más de una década. Por eso vemos esa lucha constante entre el movimiento estudiantil y los gobiernos, unos para no permitir la privatización y el detrimento de la universidad pública, los otros por tratar de adecuar el sistema educativo al modelo económico imperante, el neoliberalismo.
El caballo de Troya, para esta ocasión, es la reforma que pretenden convertir en ley, pero, ¿será que nos vencerán en el debate? Para eso debemos estar preparados todos los estudiantes colombianos. Nuestra universidad hay que defenderla y no dejarnos engañar con el discurso.
Se calcula que para el año 2011 el presupuesto que el gobierno gira a las universidades públicas será reducido en más de medio billón de pesos, a lo que debemos sumar el déficit presupuestal en que están sumergidos dichos claustros, que oscila entre los 469.000 millones de pesos, por concepto de gastos adicionales para su funcionamiento, según estudio hecho por los vicerrectores del SUE. Intenta cañar este gobierno a las universidades diciendo que “adicionará más de 2 billones de pesos, presupuesto que va incrementando cada año y se hace un cálculo que aproximadamente para el año 2019 se llegue a la suma anteriormente mencionada”. ¿Y las condiciones qué? ¿Cuánto se gastarían las universidades en cumplir los requerimientos del gobierno para recibir ese dinero? ¿Renunciamos a la autonomía?
Si realmente al gobierno del presidente Santos le interesa mucho la educación superior en Colombia, debería dejar de aplicar ese método del subsidio a la demanda a través del tan tormentoso Icetex, que se ha vuelto un dolor de cabeza para todos los estudiantes que acuden a esa entidad por necesidad. Lo contrario, y que sería lo correcto, es girar dicho recursos directamente al presupuesto general de cada claustro, para poder alivianar de manera sustancial todos los desmanes que aquejan a la universidad pública. La ampliación de cobertura sin presupuesto atenta contra la calidad de la educación. El incremento de carreras técnicas y tecnológicas de manera irresponsable hace perder el carácter profesional de los pregrados en nuestras universidades y demuestra una vez más sus intenciones de fondo: generar una educación pobre, para pobres, provocando una mano de obra barata y así congraciarse con las multinacionales, lógicamente haciendo de esta manera un homenaje al “huevito de la confianza inversionista”.
Nota: La Universidad Popular del Cesar es doblemente golpeada por este gobierno, siendo ésta una de las universidades peor financiada por el Estado. a través de este proyecto de reforma a la ley 30 de 1992, Santos intenta desfinanciarla y como si fuera poco, el proyecto de regalías que hoy cursa en el Congreso, de llegar ser aprobado, les quitará el derecho a muchos jóvenes de la región poder educarse, ya que recibimos subsidios de esas regalías para poder pagar las costosas matrículas que hoy cobra la universidad.
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