Carta de renuncia del Fiscal Ramiro Marín al Fiscal General de la Nación

El jefe de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Ramiro Marín, tomó la decisión ante su desacuerdo con el vicefiscal Guillermo Mendoza Diago, quien ordenó la libertad de Mario Uribe, por qué, según él, el caso carecía de pruebas sólidas.

Fecha: 08/31/2008 -

Señor
MARIO IGUARÁN
Fiscal General de la Nación

Señor Fiscal:

Llegó la hora de renunciar con dignidad, En el radicado 11.499 – 8 (caso del exsenador Mario Uribe Escobar) usted me hizo una asignación especial, figura que, de acuerdo con la Constitución y la ley, procura un mayor eficacia en la investigación sin perjuicio de las garantías fundamentales de las partes. Pues bien, en cumplimiento de ese encargo especial, en el mencionado caso se allegaron testimonios, se practicaron inspecciones y se acopiaron documentos, todo con lealtad al principio de imparcialidad del funcionario en la búsqueda de la prueba y de la verdad1, lo cual se traduce físicamente, incluida la inicial actuación de la Corte Suprema de Justicia, en un expediente de diez (10) cuadernos originales, ocho (8) discos compactos que incluyen veintiséis (26) horas y treinta y cinco (35) minutos de grabación del dicho de varios testigos y veinticinco (25) cuadernos anexos. Como fiscal delegado proferí cuatro (4) decisiones interlocutorias, entre las que se incluye la medida de aseguramiento de detención preventiva contra el imputado, fechada el 21 de abril de 2008, recientemente revocada por el señor Vicefiscal, en ejercicio de la facultad de segunda instancia igualmente asignada por usted de manera especial.

Debo destacar que, conforme con la Constitución, la ley y mi concepción dialéctica y democrática del proceso penal, siempre facilité la presencia de la defensa y el Ministerio Público y le cumplí honradamente a la justicia y al pueblo colombiano en el cometido de decidir conforme con la legalidad y la racionalidad, sin embargo de lo cual lo único que resulta lastimado en este proceso es la independencia judicial y con ello mi honor personal, familiar y profesional.

En efecto, varios medios de comunicación, basados en “fuentes de la Fiscalía”, difundieron la especie de que la revocatoria de la medida de aseguramiento ( obra del señor Vicefiscal y no mía) se había facilitado adrede por la fragilidad de la investigación y de la providencia de primera instancia. Ocurre que la segunda instancia está habilitada para revocar la decisión de primer grado, dentro de los límites de la racionalidad, pero en manera alguna para desprestigiar con calificativos injustificados (abiertos o soterrados) la resolución revisada, pues ello sí vulneraría la autonomía ética y funcional del fiscal de primer grado, tan necesaria, señor fiscal, como la independencia del funcionario de segunda instancia, sobre todo cuando enfrentamos con decisión y serenidad asuntos de tanta complejidad probatoria y sensibilidad social como los denominados de la “parapolítica”.

Obviamente, no pretendo un plebiscito para que se comparta o repudie el sentido de una u otra decisión, la corrección de lo decidido no depende del consenso activo de los medios o de los ciudadanos sino de la prueba y la verdad procesal, aunque sano que las providencias judiciales, sin sacrificio innecesario de la reserva sumarial, se critiquen respetuosamente por los medios de comunicación y la comunidad en general. En mi caso sí aspiro a que en el futuro se llame la atención sobre los peligros que entraña la manipulación del contenido de las decisiones con fines poco ortodoxos, lo cual no constituye crítica, en cambio sí llena de oprobio la autonomía ética y funcional de los fiscales.

Señor Fiscal: por medio de un artilugio y una audacia de marca mayor, se quiere hacer ver, con el apoyo irreflexivo de varios medios de comunicación, que la investigación y la resolución de primera instancia eran frágiles, pero, lo más abominable, que el fiscal del caso deliberadamente había dejado las cosas en esa precaria situación para propiciar la revocatoria, cuando sólo fortaleza y respeto inmaculado podrá advertirse en una revisión actual y desprevenida del expediente o, de pronto, en el dictamen tardío de la historia con el que debemos contentarnos quienes somos víctimas de semejantes infamias promovidas por las verdades de poder, ajenas a la verdad procesal.

Es decir, a través de especioso discurso se ha convertido lo blanco en negro y lo negro en blanco, entretanto yo me siento en similar situación a la de una víctima a la que se le dispara a muy corta distancia para que los homicidas puedan pretextar un suicidio, y el señor Fiscal General de la Nación, por motivos o situaciones que de pronto desconozco, guarda discreto silencio frente al agravio funcional y profesional.

Mientras al interior de la Fiscalía existan “altas fuentes” que manipulan de esa manera la información de procesos tan delicados como el que he tenido a mi cargo, no percibo las garantías para continuar con la mencionada investigación ni tampoco en el cargo, razón por la cual llegó la hora de renunciar con dignidad y así se lo formalizo por medio de este escrito, desde luego sin ocultarle mi reconocimiento por su conjurado trabajo en muchos frentes de la complejísima tarea, así como por la confianza, la amistad y el exquisito trato dispensados antes de este único y doloroso episodio de mi vida profesional de 31 años al servicios de la Rama Judicial.

Con sentimientos de consideración y de respeto, mil gracias,


RAMIRO ALONSO MARIN VÁSQUEZ
Fiscal Delegado Corte Suprema de Justicia

'Cuando está en riesgo la Justicia, está en riesgo la democracia', dice presidente de Corte Suprema

Foto: Claudia Rubio-EL TIEMPO

El presidente de la Corte, Francisco Javier Ricaurte, reitera que la reforma a la Justicia es inconveniente.

"Nos preocupa el ánimo permanente del Gobierno de tratar de desacreditar a los magistrados, de deslegitimar sus decisiones y de poner en entredicho las investigaciones que viene adelantando la Corte".

"(Esto lo hace) mediante ataques verbales, injuriosos y difamaciones, con lo cual está conduciendo a la desinstitucionalización de la Justicia. Y cuando eso ocurre, indudablemente se agrieta la democracia", agrega Francisco Javier Ricaurte.

Así lo manifestó la Corte Suprema de Justicia al Fiscal General de la Corte Penal Internacional, quien visitó la semana pasada a Colombia.

Yamid Amat: ¿Y está en riesgo la independencia de la administración de justicia?

Francisco Javier Ricaurte: La independencia judicial está siendo amenazada en este momento...

¿Cuál es la opinión de la Corte sobre el proyecto de reforma a la Justicia?

Vamos a convocar una sala plena extraordinaria para analizar el proyecto y fijar una posición.

¿Usted tiene observaciones?

Yo acabo de regresar de un curso en Buenos Aires sobre las reformas que requiere la administración de justicia en Latinoamérica y la gran conclusión es esta: las reformas deben buscar el acceso de los ciudadanos a la administración de justicia; deben simplificarse los procedimientos, evitar la congestión y procurar que los ciudadanos tengan un conocimiento más exacto de qué es lo que hacen sus jueces. El proyecto que ha presentado el Gobierno no recoge los verdaderos problemas de la Justicia, que son los señalados por la conferencia de Buenos Aires.

¿Qué proyecta entonces hacer la Corte Suprema?

Próximamente, vamos a reunirnos los presidentes de las Altas Cortes para ver si formalizamos la idea de elaborar un proyecto de una verdadera reforma que permita el acceso a la administración de justicia, que simplifique procedimientos y permita la cercanía de los ciudadanos con sus jueces. Necesitamos conocer primero un diagnóstico exacto de cuáles son los problemas que padece la administración de justicia y cuáles son las necesidades prioritarias de los colombianos en materia de justicia para proponer soluciones. Queremos una justicia donde los colombianos no requieran la tutela como único mecanismo para lograr una justicia pronta y ágil, sino que cumpla con su verdadera función, que es un recurso que tienen los ciudadanos de carácter extraordinario para eventos extraordinarios.

La tutela distanció a las cortes por su eventual uso contra sentencias judiciales. ¿Las diferencias entre el Gobierno y la Corte Suprema las está uniendo?

En estos momentos existe una gran unidad entre los presidentes de las Altas Cortes. La Rama Judicial, por intermedio de todos sus presidentes, está defendiendo la independencia judicial y está exigiendo respeto a las decisiones judiciales. El difícil momento por el que atraviesa la Justicia nos ha convocado a esa unidad.

Sectores políticos dicen que no se deben cambiar las reglas mientras la Corte esté adelantando la llamada 'parapolítica'. ¿Está usted de acuerdo?

La Corte ya dejó en claro que considera que en estos momentos una reforma a la Justicia es inconveniente e inoportuna en atención a que la Corte adelanta procesos contra algunos congresistas. No es este el momento más propicio para discutir en el Congreso una reforma encaminada a cambiar las competencias de la Corte Suprema. Es decir, no se le debe quitar a la Corte la facultad de investigar a los parlamentarios. No hay razón alguna que justifique, como propone la reforma, un cambio de competencias porque la Corte, como lo reconoce el país, está cumpliendo cabalmente con sus funciones constitucionales y legales.

Pero es la Corte Constitucional la que ha ordenado que no sea la sala penal de la Corte la que investigue, juzgue y falle...

El texto de ese fallo aún no se conoce, pero lo que esa decisión hará es acomodar los procesos que se adelantan en la Corte al espíritu del sistema acusatorio que se ha introducido recientemente en nuestra legislación, es decir, que unos jueces investiguen y juzguen, que otros jueces fallen. Es un tema que, de acuerdo con la directriz de la Corte Constitucional, tendrá que ser abordado por el legislador. La decisión de la Corte Constitucional en ningún momento afecta los procesos que ha adelantado hasta ahora la Corte Suprema de Justicia y no hay ninguna razón que justifique sacar de la competencia de la Corte Suprema los procesos de la 'parapolítica'. Mientras el legislador no decida, la Corte estudiará la posibilidad de darle cumplimiento a esa decisión modificando su reglamento...

¿Acaso la Corte podría modificar la actual estructura de juzgamiento?

Eso es lo que se va a estudiar.

¿Qué beneficio trae para la Justicia la iniciativa del proyecto de trasladar la investigación sobre actuaciones de los parlamentarios a la Fiscalía?

No veo ninguno, pero es un tema que vamos a estudiar cuando abordemos el estudio del texto de la reforma.

¿Qué le parece la propuesta del proyecto de eliminar la sala administrativa del Consejo de la Judicatura y sustituirla por un consejo de gobierno de los presidentes de las altas cortes?

La sala administrativa del Consejo Superior de Judicatura representa la autonomía de la Rama Judicial. Eliminarla o reformarla no tiene justificación alguna. Bastarían unos ajustes para que pueda cumplir mejor sus funciones, pero la supresión de la sala sería un gran golpe contra la autonomía judicial.

¿Le gusta el sistema de cooptación que también propone la reforma?

Ese sistema sí es un verdadero 'roscograma', afortunadamente superado por la Constitución de 1991. La cooptación no resolverá problemas en la administración de justicia; contra el sistema actual, que es pluralista y democrático, no hay queja. ¿Para qué cambiarlo y volver a un sistema que ya demostró que no es el mejor?

¿Qué está buscando el Gobierno con la reforma?

No lo entiendo. Es una reforma apresurada, que no recoge el pensamiento de los jueces, de los magistrados, de los abogados litigantes, ni de la academia y que sólo busca una modificación a la estructura de poder de la Justicia quitándole, sin que haya razones, competencias a la Corte Suprema.

Y su opinión sobre la modificación que se propone para elegir al Procurador...

Actualmente, el Senado elige al Procurador de terna que envían la Corte Suprema, el Consejo de Estado y el Presidente. Ese sistema es la manifestación de la colaboración armónica de los poderes y no ha generado críticas ni inconvenientes. No hay razón que justifiquen su modificación.

¿Usted cree que el Ministro del Interior está impedido para defender la reforma, ante el enjuiciamiento que existe contra su hermano?

Yo le he expresado al Ministro mi solidaridad por la situación familiar por la que atraviesa. Es claro que uno no puede responder por las actuaciones que cometan sus familiares, sin embargo, el Ministro de Justicia tiene que reflexionar sobre esta situación y definir si eso le dificulta su labor.

¿Esa circunstancia le dificulta cumplir sus funciones?

Eso lo debe evaluar el Ministro y tomar la decisión que mejor le convenga al país.

¿Teme que la reforma pueda afectar de alguna manera a la Corte y al Procurador?

Lo único que le puedo asegurar es que a la Corte no la callarán nunca.

¿Cómo debe interpretarse esa afirmación?

La Corte continuará cumpliendo con sus funciones, por cuyo ejercicio todos los magistrados prestamos un juramento, aún a pesar de los reiterados ataques para desacreditarla, deslegitimarla y crear un manto de duda sobre sus actuaciones. A pesar de todo eso, la Corte seguirá adelantando las investigaciones que le corresponden, hasta sus últimas consecuencias.

¿Esta posición la transmitió al Fiscal General de la Corte Penal internacional?

La Corte le expresó su decisión de seguir adelantando las investigaciones que están en curso hasta que se devele toda la verdad sobre la 'parapolítica'. Yo lo puse en conocimiento de todas estas dificultades a las que se ha enfrentado la Corte por esta sistemática estrategia de desacreditación de sus decisiones.

¿Cuál fue la reacción?

Que debemos continuar ejerciendo nuestras funciones sin temores.

¿Por qué los juicios contra los parlamentarios casi siempre terminan en condenas en la Corte y en absolución en la Fiscalía?

Eso no es así, pero ciertamente existe esa idea. Mire: si revisamos las estadísticas que adelanta la Corte contra los congresistas encontramos lo siguiente: se han expedido 58 autos inhibitorios, es decir no se ha hallado mérito para investigarlos. Se han proferido 8 preclusiones, es decir absoluciones, y sólo se han dictado 3 sentencias condenatorias en el proceso de la 'parapolitica' y 16 sentencias condenatorias por otro tipo de acusaciones. De un total de 105 investigaciones, sólo se han dictado 3 condenas por 'parapolítica'.

¿Qué opina de la presencia en la Casa de Nariño de alias 'Job'?

Me parece gravísimo que en la Presidencia de la República se reciba a reconocidos delincuentes para tratar de recoger pruebas contra la Corte, las cuales no existen y jamás existirán.

¿Pero a los testigos no hay que escucharlos?

Sí, pero quienes deben hacerlo son los funcionarios competentes, es decir, jueces o fiscales, no el Secretario Jurídico ni el Jefe de Prensa, quienes no tienen funciones de policía judicial. Mire: A mí, alias 'Rojas', el delincuente que le cortó la mano a alias 'Iván Ríos' me envió una carta pidiéndome una audiencia para enterarme de unos hechos que, según él, constituían delitos y crímenes no conocidos. Me ofrecía revelar los delitos y los nombres de los autores. Yo rechacé de plano la petición de audiencia y di traslado de su comunicación a la Fiscalía General.

El vicepresidente, Francisco Santos, le pidió al presidente Uribe sacar bandera blanca. ¿Por qué no la izan ustedes?

Creo que el llamado del señor Vicepresidente de la República estaba dirigido a que cesaran los ataques contra la Justicia. Me parece que para lograr los altos fines del Estado debe existir una colaboración armónica de los poderes, y para lograr ese gran propósito tienen que cesar los ataques verbales, los ataques injuriosos, los ataques que buscan desacreditar a los magistrados de la Corte. Es que tildar a la Corte Suprema de Justicia de golpista, decir que sus decisiones están impregnadas de un sesgo ideológico, afirmar que sus determinaciones son el coletazo agónico del terrorismo y que la Corte ejerce una especie de 'pesca milagrosa' son acusaciones encaminadas sólo a deslegitimar las decisiones de la Corte y a debilitarla.

¿Usted sacaría pañuelo blanco?

El pañuelo blanco siempre ha ondeado en la Corte.

YAMID AMAT
ESPECIAL PARA EL TIEMPO

Resulta curioso

Por VLADIMIR FLÓREZ



RESULTA curioso que a Fabio Valencia Cossio se le hubiera olvidado que él promovió hace 20 años un debate contra el entonces ministro de Justicia, José Manuel Arias Carrizosa, quien a la postre renunció por haber vendido el cupo de un carro diplomático, que después fue a parar a manos de un mafioso. Según aquel Valencia Cossio, quien presidiera esa cartera no podía despertar la menor sospecha o duda sobre su conducta, sino que debía ser alguien intachable.
Resulta curioso que el presidente Álvaro Uribe salga a desempolvar supuestas faltas éticas de sus antiguos compañeros de filas en la política, junto a los cuales no tuvo reparo en trabajar para respaldar, por ejemplo, la campaña electoral de Horacio Serpa, en 1998.

Resulta curioso que el Álvaro Uribe presidente se contradiga con el Álvaro Uribe senador, que a finales de 1992 promovía reuniones con la familia de Pablo Escobar, dizque para “buscar un mecanismo que le ofreciera la seguridad requerida para someterse a las autoridades”. En esa época no sólo lo tenía sin cuidado que estuviera prohibida la extradición, sino que, además, apadrinaba estos encuentros “por iniciativa propia, sin previa consulta con el gobierno nacional”, tal como lo reconocía el propio Uribe en un comunicado.

Resulta curioso que el Mandatario la emprenda contra Daniel Coronell por respetar un pacto de confidencialidad con una fuente periodística, pero que él mismo no sea capaz de denunciar a personajes involucrados en supuestos complots en su contra, como en el caso de Rafael Pardo. Si, como dice Uribe, “el periodista no tiene licencia para ser cómplice del delincuente ni para ocultar el delito”, ¿un presidente sí?

Resulta curioso que la primera autoridad del país se atreva a hablar de manipulación y “tráfico de testigos”, luego del caso ‘Tasmania’, en el cual fue el gobierno el que usó un falso testimonio para tratar de quitarle credibilidad y deslegitimar al magistrado auxiliar Iván Velásquez.
Resulta curioso que un Presidente de la República no sólo les abra las puertas a emisarios de la mafia que quieran enlodar a la Corte Suprema de Justicia sino que, además, lo justifique aduciendo la preservación del orden público. Después no pregunten por qué The New York Times dice que Uribe “ha mostrado muy poco respeto por las instituciones de la democracia colombiana”.

Resulta curioso, finalmente, que en medio de tanto escándalo y con el inquilino de la ‘Casa de Nari’ contra las cuerdas, los furibistas de a pie se busquen pretextos ridículos para evadir cualquier discusión acerca de los líos del ‘Presi’. “Yo no sé de qué me habla” o “no he tenido tiempo de leer la prensa” son algunas de las frases que en estos días se les oye decir con tal de no encarar la realidad. Es entendible que deben sentir, si no rabia, algo de vergüenza por hacer parte de ese 84% que prefiere mirar para otro lado en las vergonzosas circunstancias que atraviesa el país. La verdad es que a mí también me daría pena.

EL NUEVO SIGLO

UN CHISTE DE MUY MAL GUSTO

UN CHISTE DE MUY MAL GUSTO

"Esta universidad ha tenido una transformación impresionante; hoy tenemos una de las mejores bibliotecas de universidad pública en la costa Caribe colombiana..."

JOSÉ GUILLERMO BOTERO, Rector UPC

FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES UPECISTAS FEUP

"Los paramilitares no intervinieron en mi elección": José Guillermo Botero Cotes

Sin Tapujos

Los años han transcurrido de manera vertiginosa y muy pronto asomará el 20 de febrero de 2009, día en que José Guillermo Botero Cotes se apee de un potro tan arisco y difícil de dominar.

Desde el mismo instante de su designación como Rector de la Universidad Popular del Cesar, el aluvión de diatribas, críticas y murmuraciones se vino encima suyo. Muchos, pero muchos, son los que hoy todavía no le perdonan su nominación después de haber obtenido la segunda votación en la preferencia electoral.

A partir de ahí, se remendó de todo en esa colcha, completada con retazos de politiquería y paramilitarismo. ¿Qué tan cierto resulta esto?, era la pregunta inicial de un cuestionario elaborado con aportes de todos en el periódico cuando decidí entrevistarlo. "¡Muchas cosas tendrá que decir!", me dije.

A despejar mis dudas y las de un montón de gente salí a su encuentro. Allí, en su amplia oficina, casi sin introducciones y sin comentarios previos, salvo el cordial saludo, fuimos al grano.

SERGIO LÓPEZ GÓMEZ: Comienzo mencionándole un nombre que se le va a sonar: Federman Cotes. Él lo denunció a usted porque grupos paramilitares metieron sus manos en su elección como Rector de la Universidad Popular del Cesar. ¿Si fue así?

José Guillermo Botero Cotes: Mire, la familia Botero Cotes jamás ha estado involucrada en ningún caso de escándalo por asociación con fuerzas oscuras o al margen de la ley; igual las personas con las que nos hemos relacionado han sido gente de bien, de letras, que le ha prestado en muchas ocasiones grandes servicios a la sociedad y a la comunidad, como los Morón Cuello, Socarrás, Piedrahita, Meza… gente con la que hemos propendido por hacer las cosas bien porque así nos criaron, pero también porque somos temerosos de Dios y de la ley.

Desgraciadamente, Dios quiso que se propiciara una situación de malestar, pero le corrijo algo, de ninguna manera él me denunció a mí, jamás lo ha hecho, simplemente expresó algo en un momento de ira en un consejo superior de esta Universidad por allá en el mes de febrero del año pasado. Después de hacerle el reclamo correspondiente esperé que presentara excusas por su infamia y su calumnia, pero como no lo hizo procedí a denunciarlo. Cuando lo llamaron a declarar, obviamente dolido por mi denuncia, le agregó más a la calumnia.

SLG: ¿Qué fue lo que dijo en aquel consejo superior?

JGB: Eso mismo que usted me pregunta, que de alguna manera lo obligaron a que votara por mi y todo el Cesar y Valledupar saben que quizá aspiré a la Rectoría porque tuve el apoyo del. De pronto pensó malintencionadamente frente a cuál debería ser la actuación de José Guillermo Botero Cotes en cuanto al manejo de la cosa pública y yo no acepté imposiciones de la misma índole, así se lo expliqué yo a la Fiscalía General de la Nación ante un fiscal especializado quien termina profiriendo un fallo inhibitorio a mi favor.

Estos cargos traen satisfacciones, pero también te dejan sinsabores porque se conocen muchas personas que te promueven con el ánimo de recibir un beneficio, muchas veces contrario a la ley y como no me presté para ello, entonces calumniemos, infamemos, inventemos y difamemos para manchar su vida profesional y honorable.

SLG: Dígame si lo estoy interpretando, usted llegó a la Rectoría con el apoyo de Federmán Cotes, quien esperó una 'retribución' contraria a la ley, como usted no se prestó para ello, provino la infamia.

JGB: Así es, usted entendió perfectamente.

SLG: ¿Qué pedía entonces el señor Federman Cotes?

JGB: Mire, de manera específica yo presenté en marzo de 2007, un mes después de que Federman Cotes expresó aquella infamia en mi contra, una denuncia que no dudé jamás en presentarla. De haber tenido yo rabo de paja, algún tipo de relación con cualquier fuerza oscura o al margen de la ley, pues yo no lo hubiera denunciado, lo hice porque soy limpio, así es mi familia y así son los amigos con los que anduve y ando.

Esa denuncia da cuenta de una serie de actos y acciones que ejecutó el señor Federman Cotes en el interior del Consejo Superior de nuestra universidad, para tratar de entorpecer la gestión. Se quería montar una especie de coadministración en la universidad, de hecho el Acuerdo 065 del 27 de diciembre de 2005, que duró vigente todo el año 2006 hasta que se pudo derogar, establecía que, por ejemplo, para que el Rector contratara una obra o un suministro o para que el Rector nombrara o declarara insubsistente a un funcionario de la Universidad, tenía que dar previo aviso al Consejo Superior. Ese Acuerdo está aportado en la denuncia y demuestra la coacción que se ejercía sobre José Guillermo Botero Cotes y el autor de todos esos arreglos era el señor Federman Cotes Torres.

SLG: ¿Quería manipular la contratación?

JGB: Entiendo que la potestad de declarar insubsistente a un funcionario de libre nombramiento y remoción es del Rector y ella no puede ser limitada por un Consejo Superior porque es la ley la que se la otorga. Entonces, ¿cómo van a cercenar esa facultad legal mediante Acuerdo?

Para contratar tenemos un estatuto contractual propio, autónomo que no dice en ninguna parte que el Rector tenga que dar previo aviso al Consejo si se va o no a contratar. Partiendo de ahí, del establecimiento de un Acuerdo que obligaba a darle aviso al Consejo, eso es querer coadministrar, eso es querer manipular la contratación en la universidad y para eso no me presté.

SLG: Hace un rato citó los apellidos de varias familias con las que usted se ha relacionado y me llama la atención porque el mismo señor Cotes habría asegurado que usted con Álvaro Morón Cuello, Fredy Socarrás y Johny Meza fueron a hablar con alias '39', para 'arreglar' su elección a la Rectoría de la UPC. ¿Eso hace parte de la infamia o tiene algo de cierto?

JGB: Si, es parte de la infamia, pero le corrijo algo, jamás las personas que usted mencionó ni quien le habla fuimos a hablar con nadie. El único que asegura que fue allá es él para una fecha en la que yo ni siquiera era candidato, porque resulta que en julio de 2004, si mal no estoy, cuando dijo que fue obligado a asistir a una reunión con las AUC, todavía no había inscrito mi candidatura, cosa que hice legalmente en agosto del mismo año.

SLG: Salió usted bien librado de una primera parte, pero parece que ahora una Fiscalía de Derechos Humanos asumió el proceso. ¿Cuáles son sus temores frente a este nuevo episodio?

JGB: No tengo temor alguno, pero es falso que se haya reabierto el proceso. Producido el inhibitorio por parte de la Fiscalía Especializada en Valledupar, de alguna manera se concede una apelación extemporánea y además de eso se concede a quien no es parte del proceso, luego sube a un Fiscal de segunda instancia y de allí es solicitado por la Unidad de Apoyo para la Investigación de la Parapolítica de la Fiscalía General de la Nación, más no de ninguna Fiscalía de Derechos Humanos.

Ese organismo tiene el proceso, que es un inhibitorio que a mí a juicio y el de los abogados que me asesoran, simplemente se quiso conocer un poco más porque hubo unas denuncias en contra de los fiscales que han estado manejando en Valledupar el caso, denuncias temerarias que ha impuesto el señor Federman Cotes Torres.

SLG: ¿Es entonces Federman Cotes el responsable de esta borrasca que se originó alrededor de su elección como Rector de la UPC?

JGB: El único y voy a demostrarlo a través del proceso que por injuria y calumnia y falso testimonio le sigue la Fiscalía General de la Nación. Creo en la justicia y ella me dará la razón, para castigar a quien ha obrado de mala fe frente a mí y a terceras personas, porque todos sus planteamientos han sido producto de la ira, de la rabia y de mi comportamiento como ciudadano ejemplar de esta sociedad, cumplidor de la ley, que tiene una universidad catapultada y ubicada en el puesto 13 entre las 33 universidades públicas colombianas, que tiene hoy opinión limpia de la Contraloría General de la República, lo cual implica que hemos manejado eficiente y eficazmente el presupuesto de nuestra institución. Hoy también, nuestros estados financieros son razonables para la Contraloría General de la República; a la UPC llegó la paz con José Guillermo Botero Cotes y hoy no hay profesores exiliados como en pretéritos tiempos.

Aquí hay liberalidad, una universidad democrática, de progreso con muy buenos resultados en investigación, con muy buena proyección a nivel nacional, su rector es presidente del SUE Caribe desde hace tres años y medio. Esta universidad ha tenido una transformación impresionante; hoy tenemos una de las mejores bibliotecas de universidad pública en la costa Caribe colombiana, hoy tenemos una conectividad y una herramienta que sistematizó todos los procesos de la universidad, denominada Academusoft, que es ejemplo en Colombia para todas las universidades que tienen este programa.

En estos cuatro años hemos construido los edificios de la moral, de la transparencia y de la democracia, hoy desde cualquier ángulo se ven las buenas costumbres en una universidad de progreso y que está dando que hacer a nivel regional y nacional.

SLG: Se me anticipó con el balance de gestión y resultados, a los cuales se le hacen cuestionamientos partiendo desde el mismo momento de elección. Le cito esto porque aun hay comentarios sobre la puja política que se presentó en la universidad que para nada favoreció la imagen institucional de la UPC.¿Cómo evitar que vuelva a presentarse esa situación en este nuevo proceso de elección?

JGB: Eso lo hemos aceptado sin responsabilizarnos de ello, para mi elección si hubo una puja política, definitivamente vivimos en un país político y aquí en esta región había para la época seis parlamentarios que obviamente tenían algunos intereses.

Si, hubo una puja de alto nivel político en la que nunca estuvimos presentes, yo participé en una consulta en la que quedé en el segundo lugar, pero cualquiera de los que la conformábamos podía ser designado Rector y gracias a Dios con la mayoría de los votos de los asistentes al Consejo Superior del 15 de febrero de 2005 la designación recayó en mi.

SLG: Usted admitió que su votación fue la segunda, porque quien obtuvo el mayor respaldo fue Carlos Oñate. En el Consejo Superior usted fue designado Rector y como contraprestación a ese 'favor' le entregó la Universidad al grupo político que lo respaldó, es más, dicen que ese movimiento mandaba aquí y nombraba funcionarios.

JGB: No, de ninguna manera, en la parte académica fueron designados 18 jefes de departamentos y si usted va y pregunta quienes son, muchos de los cuales permanecen en sus cargos después de tres años y medio que yo tengo de ser Rector, todos son profesores que venían vinculados y que para su designación no atendió sugerencias políticas de ninguna índole porque dejamos claro que la Universidad en su parte académica debería ser autónoma.

La UPC es muy exigente, estamos en un proceso de cualificación y de acreditación, aquí hay 400 personas que estamos estudiando maestrías y doctorados, eso implica que la universidad haya aumentado su nivel y que los cambios que se dieron en su momento eran necesarios y fueron muy pocos comparados con todos los profesores que hay y que habían.

SLG: Ahora que toca el tema, se dice que la planta de profesores calificados se redujo en su periodo y este es un requisito obligatorio para obtener la acreditación.

JGB: ¡Ojalá! Y digo ojalá porque nuestra planta de profesores es proporcional al número de estudiantes. Si hace tres años y medio en esta universidad había 8 mil 500 estudiantes y hoy hay 13 mil 500 estudiantes, pues la planta de profesores tenía que aumentar.

SLG: Entonces en ese aumento fueron incluidos profesores de muy bajo perfil a los cuales se les paga con el salario de un docente de planta.

JGB: Cuando llegué, aquí había 39 magister y dos doctores, hoy tenemos alrededor de 140 magister y seis doctores, además, conmigo hay 36 personas estudiando doctorados y alrededor de 330 estudiando maestrías en Venezuela y en la misma UPC. Eso desmiente que nuestros profesores tengan un nivel más bajo que el que yo encontré hace tres años.

Lo que si le voy a decir es que cuando hay un debate o elección, hay profesionales especializados en despotricar de la universidad y no falta quien malintencionadamente hable de cifras que no corresponden a nuestra institución.

SLG: Ya vienen las elecciones de Rector, ¿Cómo garantizar transparencia y que se respete la decisión de los electores, para que no pase lo mismo cuando fue usted designado con la segunda votación?

JGB: 'Dura lex, sed lex', dura es la ley pero es la ley y aquí la ley son nuestros acuerdos y estatutos, que establecen una consulta de la cual se escogerán las cinco primeras votaciones y de ellas el Consejo Superior designará el Rector.

La garantía que ofrezco es la transparencia con que se dio la elección de los cuerpos consultivos de la UPC. Decirle que el Consejo va a escoger a quien obtenga la mayor votación no puedo, porque sería una elección directa.

Ahora, en esta universidad a quien se le ha criticado porque fue escogido Rector sin obtener la mayor votación es a José Guillermo Botero Cotes, pero hagamos historia y se dará cuenta que nunca en las tres consultas que se han hecho en la UPC, se ha escogido al de mayor votación.

SLG: ¿Es Raúl Maya su candidato a la Rectoría?

JGB: No, el Rector no tiene candidatos.

SLG: ¿Por qué tantas críticas?

JGB: La principal crítica que he recibido es por no difundir mi gestión, en la cual 'moralizamos' la contratación pública. Bajamos los promedios de consumo de combustible, nos deshicimos de los celulares institucionales por los cuales se pagaban facturas exageradas y acabamos con los gastos suntuarios. Eso me lo han criticado, el no haber divulgado la gestión.

SLG: ¿Conoce a los enemigos que están detrás de los señalamientos y las críticas?

JGB: Yo no reconozco enemigos, soy un hombre de muchos amigos.

http://elpilon.com.co/noticias/not00017471.htm

Argumentos por la Constituyente Upecista

07/08/2008

Uno: Es necesario construir una nueva cultura universitaria que rompa con los esquemas de centrar su misión en satisfacer los apetitos autocráticos y personalistas del administrador o los corporativistas y economicistas del profesor, dejando al verdadero protagonista, el sujeto que aprende, al margen de la esencia de la misma universidad.

Se ha dicho hasta la saciedad que el estudiante es el principal actor del aprendizaje. Se ha practicado hasta la saciedad todo lo contrario. Es hora de pasar de los planteamientos demagógicos a los planteamientos pedagógicos.

Dos: En un sistema autoritario impuesto o auto-impuesto, es más fácil adoptar decisiones, especialmente en un medio como el universitario en el que cada miembro cree tener su propia verdad. Ese mismo hecho hace que la decisión se adopte pero nunca llega a ejecutarse a plenitud. Por eso, cualquier reforma educativa está condenada al fracaso si la mayoría de sus actores no son los protagonistas de esas reformas y no están convencidos de ellas.

Tres: El ejercicio de la autoridad en la universidad requiere un diálogo dialéctico que fluya en un plano tridimensional como la vida misma, de abajo arriba, de arriba abajo y de un lado al otro.

Es, por tanto, una relación esférica y no circular. Es un sistema de múltiples entradas y salidas que sólo puede medirse con instrumentos capaces de detectar el volumen, y no simplemente la longitud. Mientras la mayoría de las empresas no educativas se mueve en procesos lineales, newtonianos y de predicción, la "empresa" educativa está asociada a esquemas einstenianos, relativos, de incertidumbre y, por tanto, se mueve en procesos complejos.

Cuatro: La autoridad de gobernar se gana gracias a la existencia de grados de participación y cooperación en la adopción de las decisiones, pero también exige de sus miembros alto grado de competencia en el ejercicio de sus funciones y compartir una educación para la participación.

De este modo, no tiene sentido disertar en la universidad acerca de los comportamientos democráticos si no se ejerce en su seno una cultura democrática, ni estudiar tratados éticos si se gobierna con un sentido eminentemente utilitario y personal, ni hacer demostraciones sobre las exigencias de la empresa moderna para trabajar participativamente y en equipo si en la propia universidad se practica el individualismo y las decisiones autoritarias. Estas discrepancias son el primer eslabón para producir disonancias cognoscitivas en los estudiantes, al inducir unas enseñanzas teóricas que en nada se relacionan con la práctica de la propia institución.

Cinco: Reformar, no es un acto coyuntural ni una actividad intermitente; es un proceso continuo, sin final. Para estar siempre en el mismo lugar no se puede parar el movimiento, por cuanto uno se quedaría atrás. Esta función dinámica de la vida requiere de organizaciones sociales que no se queden rezagadas. La universidad debe estar en vanguardia y desarrollar la capacidad de anticipación para corresponder a la confianza y a los privilegios que le ha otorgado la sociedad, como vigía y brújula de su progreso y bienestar. Una universidad requiere contar con visión de largo alcance, ser incubadora de innovaciones e instigadora de la creatividad.

Seis: El Estatuto General de la Universidad Popular del Cesar es una colcha de retazos, un rompecabezas o conjunto de piezas dispersas que por más que se haga un esfuerzo monumental para darles sucesión de continuidad ya no es posible armar con ellas una figura coherente.

Si esas son las condiciones de la norma de normas en la UPC, un caso similar ocurre con su reglamentación (estudiantil, profesoral, bienestar universitario, etc.) La expedición de un nuevo Estatuto General, blindado contra cualquier pretensión acomodaticia es una tarea inaplazable que sólo la puede avocar con éxito una Constituyente Universitaria.

raubermar@yahoo.com

Raúl Bermúdez Márquez

www.elpilon.com.co

Suspenden actividades “Secretario de Educación incumplió los compromisos acordados”: alumnos de ‘Bello Horizonte’

Así sacian la sed

Ante la precaria situación que se vive, la comunidad estudiantil suspendió las clases luego de que el Secretario de Educación Municipal les incumplió la ejecución de algunas obras. Foto/ Emilio Castrillón

Ante el incumplimiento de varios compromisos por parte del secretario de Educación Municipal, Antonio Villamizar, los estudiantes del centro educativo ‘Bello Horizonte’ decidieron paralizar, por segunda vez, la jornada escolar.

Según lo manifestado por la representante estudiantil Nucida Rosado Castillo, el funcionario de la sectorial educativa, acordó el pasado 16 de abril, cuando por primera vez se suspendieron las clases ante la precaria situación que vive la comunidad estudiantil, la ejecución de varias obras, sin embargo hasta la fecha nada de lo prometido se ha cumplido.

Los estudiantes relataron que en la primera ocasión Antonio Villamizar firmó un acta donde se comprometía a dotar con 600 pupitres al colegio, además de la construcción de ocho aulas y tres baterías sanitarias.

“Se suponía que las obras empezarían en junio y terminarían en octubre, pero vinieron instalaron una valla cvon el anuncio y no regresaron más”, dijo Nucida Rosado Castillo, representante estudiantil.

Rosado Castilla dijo con relación a los pupitres, que el rector compró varios, sin embargo, lo acordado era que una semana después del 16 de abril, se entregaría la dotación por parte de la Secretaría de Educación Municipal.

“Conocimos que el secretario le firmó una letra al rector para la compra de los pupitres, pero eso no era lo se había acordado” manifestó la estudiante.

Con respecto a la falta de energía y agua, dijo Villamizar Jiménez que era competencia del rector del centro ‘Bello Horizonte’, máxime cuando el colegio recibe recursos para este concepto.

Desde tempranas horas de la mañana de ayer, los estudiantes de ‘Bello Horizonte’ determinaron suspender la jornada, y con ello llamar nuevamente la atención de la Administración Municipal, toda vez que la institución no cuenta con la condiciones necesarias para que los alumnos continúen asistiendo a clases.

Suministro de agua, luz, pupitres, batearías sanitarias y hacinamiento son los problemas que hoy aquejan a este centro educativo.

Así mismo, la falta de aulas escolares obliga a que simultáneamente, en un solo salón reciban sus clases dos cursos, así mismo, algunos optan por salir afuera de las aulas, teniendo en cuenta la falta de fluido eléctrico y de ventiladores. De otro lado, hace más de una semana que la llave del baño de los varones se partió y los alumnos no han vuelto hacer a utilizarlo.

Por su parte, el secretario de Educación Municipal, Antonio Villamizar, visitó el centro educativo ayer y les manifestó, según la presidenta estudiantil, que las aulas y las baterías sanitarias estarían listas a finales de año.

País libre _ Vladdo

País libre

Fiscalía investiga hermano del ministro del Interior y Justicia

Por: Asdrubal Guerra

08/06/2008 - La Fiscalía General de la Nación informó que investiga a Guillermo León Valencia Cossio, hermano del ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia por sus presuntos nexos con la organización del narcotraficante más buscado por las autoridades colombianas Daniel Rendón Herrera, más conocido como Don Mario, hermano del ex jefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán.

Entre tanto, el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, afirmó, en un comunicado, que cree en la justicia colombiana y espera que su hermano entregue las explicaciones satisfactorias que dejen incólume su conducta. A su turno, Guillermo León Valencia aseguró que está dispuesto a renunciar.

Un fiscal Antimafia trasladó copias a un fiscal delegado ante la Corte suprema de justicia para que asuma las investigaciones respectivas de acuerdo con su competencia.

La vinculación de Valencia Cossio, actual director de fiscalías de Medellín se dio en el marco de las averiguaciones que se adelantan contra la temible organización delincuencial de Don Mario y en el que también están señalados el General Marco Antonio Pedreros, comandante de la policía en el Valle de Aburrá, y a la Directora seccional de fiscalías en Montería, Perla Emperatriz Dávila

En desarrollo de estas pesquisas, un fiscal de la Unidad Antinarcóticos ordenó varias capturas, relacionadas con la organización delincuencial.

El pasado lunes, en Cartagena, fue detenido John Freddy Manco Torres, alias El Indio o Alberto, quien sería el segundo hombre de esa organización. También fueron capturados Camilo Torres Martínez, alias Fritanga o Mentira, y Juan Felipe Sierra Fernández, gerente de la empresa de seguridad Control Total, localizada en Envigado. Ayer fue aprehendido a su vez en Valledupar Germán García Cabarcas, agente activo del Gaula de la Policía.

Todos ellos, al parecer, funcionaron como enlaces del narcotráfico en zonas de influencia de Don Mario y se les indaga por su participación en el envío de droga a Panamá, E.U., Bélgica, México y Honduras.

W Radio

'Banana Republic' y el TLC con la Unión Europea

RECALCA, Bogotá, julio 31 de 2008

La reunión mini-ministerial de la OMC (35 países), pretendía –entre otras cosas– ponerle fin a 16 años de disputa de la denominada "guerra del banano". La Unión Europea se niega sistemáticamente a disminuir sus aranceles, para favorecer las exportaciones bananeras de sus antiguas colonias del bloque de África, Caribe y el Pacifico, ACP, que entran con cero arancel, a pesar de que estas representan el 20% de las compras europeas totales de banano, mientras las provenientes de Ecuador, Colombia y Costa Rica son el 60%.

Entre tanto, el banano colombiano que se dirige a la UE (61% del total producido), debe pagar un arancel de 176 euros por tonelada, y se mantiene por fuera de las preferencias otorgadas por la UE a Colombia bajo el Sistema General de Preferencias (SGP plus).

Durante la cita, la UE ofreció una disminución arancelaria de 28 euros por tonelada para el año 2009, con rebajas progresivas hasta llegar a 114 euros para el año 2016. Esta propuesta fue cuestionada por productores ecuatorianos y por los gobiernos costarricenses y guatemaltecos por considerarla insuficiente. Pero en lugar de librar una enérgica lucha por mejores condiciones para el país, el gobierno colombiano celebró con 'bombos y platillos' la propuesta de la UE, incluso en momentos en que la oferta inicial fue más insignificante.

Ante el fracaso de la reunión, que evidenció las contradicciones del modelo de 'libre comercio', la oferta europea quedó congelada. Hasta tanto no se avance en la ronda de Doha, es poco probable que este litigio se resuelva por la vía de los Acuerdos de Asociación.

Lo peor de todo es que aún disminuyendo los aranceles, los beneficios no serían para los colombianos. Según el propio Ministerio de Agricultura, el 75% del comercio mundial de banano es un oligopolio controlado por 5 multinacionales. En el caso colombiano, más de la mitad (52,6%) de las exportaciones de banano son hechas por empresas extranjeras, específicamente de origen estadounidense y europeo, como Dole Food, Del Monte, Banafruit, Banacol y Sunisa. El resultado de esto es que los productores en América Latina tan solo reciben el 12% del precio final del banano, y peor aún, los trabajadores solo reciben el 2% de su valor final. Así, un posible aumento de las exportaciones hacia la UE o mayores beneficios arancelarios, otorgará más ventajas al capital trasnacional.

La pregonada liberalización que promete la UE en los TLC no existe. Lo que promueven sus políticas es la denominada "competencia entre pobres", en donde el país que aspire a poner unas cuantas toneladas de banano en el mercado europeo, debe pagar cada vez más barata su mano de obra y arruinar más a sus agricultores.

¿Será que el 'equipo negociador' colombiano logrará en el TLC CAN – UE lo que ni siquiera Estados Unidos ha logrado en la disputa del banano? Amanecerá y veremos.

Atlántico: Estudiantes universitarios hacen llamado mundial para respaldar sus luchas

por H. DURANGO Monday, Jul. 28, 2008 at 12:21 PM
duranhernan@hotmail.com

Dirigentes estudiantiles de la Universidad del Atlántico lanzaron un llamado a la comunidad nacional e internacional para que se mantenga viva la llama de la esperanza en la defensa del principal centro de formación superior de la región del caribe colombiano, como lo es la Universidad del Atlántico, ubicada en la ciudad de Barranquilla y en la cual se forman cerca de catorce mil jóvenes de escasos recursos económicos.

uniatlantico_2.jpg, image/jpeg, 400x300 Estudiantes universitarios de Colombia lanzan llamado mundial para respaldar sus luchas en defensa de la Universidad pública


Hernán Durango

Barranquilla. Dirigentes estudiantiles de la Universidad del Atlántico lanzaron un llamado a la comunidad nacional e internacional para que se mantenga viva la llama de la esperanza en la defensa del principal centro de formación superior de la región del caribe colombiano, como lo es la Universidad del Atlántico, ubicada en la ciudad de Barranquilla y en la cual se forman cerca de catorce mil jóvenes de escasos recursos económicos.

Según declaraciones de los integrantes de la Coordinadora Estudiantil Universitaria en la que se agrupan las mas importantes agremiaciones de estudiantes, el clamor es para que las organizaciones de defensores de los derechos humanos del país y el mundo se apersonen y realicen una auditoría y seguimiento a las luchas de los estamentos de la Uniatlántico dada la alta persecución y represión contra los líderes, 23 de ellos han sido asesinados desde el año 1997 hasta los actuales momentos y centenares están desplazados o exiliados encontrándose algunos encarcelados acusados por las autoridades del supuesto delito de rebelión.

El portavoz de la Coordinadora Estudiantil Universitaria, Gary Martínez Gordon, aseguró que mantendrán los espacios de concentración y movilización de los estamentos profesorales, trabajadores y estudiantado de la universidad del Atlántico para impedir que el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, en su afán neoliberal la privatice y le niegue el derecho a la educación superior a miles de hijos de la región costeña cuyos niveles de pobreza le impiden estudiar en las universidades privadas.

Le apostamos a un proceso de reforma democrática de la universidad, con la presencia y participación activa de los sectores que hacen vida en el centro universitario, estiman los dirigentes de la Coordinadora Estudiantil.

Acusan a las directivas de la Universidad del Atlántico de ser responsables de campañas de señalamientos e infamias contra los líderes del movimiento por la defensa del carácter público de la universidad lo que ha conllevado a asesinatos y atropellos policiales contra sus movilizaciones.

El gobierno nacional no solo ataca a la universidad negándole el presupuesto y condenándola a la asfixia económica para cerrarla y privatizarla, sino que sus autoridades la han convertido en un nido de politiquería y clientelismo a la orden de los jefes y gamonales de partidos uribistas en la región. Las organizaciones de estudiantes sostienen que además por los medios de comunicación adelantan campañas con señalamientos de bandidos, vándalos y subversivos contra los principales líderes del movimiento universitario.

Según Gary Martínez, la universidad debe mantener su carácter de institución oficial al servicio de la formación de la juventud de la región caribe colombiana y para el servicio de la búsqueda de soluciones a la problemáticas regionales.

CONTINÚA LUCHA CONTRA PRIVATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN

Gran Coalición Democrática, Atlántico, Barranquilla, julio 31 de 2008

---

El jueves 31 de julio el Concejo Distrital de Barranquilla aprobó por mayoría, el proyecto de acuerdo que dispone la entrega por concesión al sector privado de cuatro establecimientos educativos que van a ser construidos con recursos de la Nación y que el distrito deberá seguir pagando a los concesionarios aproximadamente un millón de pesos por alumno al año. Los concejales del Polo Democrático Alternativo, Rafael Sánchez Anillo y Karim Donado Saayed, se retiraron del recinto por falta de garantías para el debate y por no haber permitido la mesa directiva del cabildo, la intervención de los dirigentes nacionales de Fecode, Luis Grubert Ibarra y Medardo Hernández Baldiris.

En esta polémica que se desató en los últimos días, los dirigentes de la Asociación de Educadores del Atlántico (ADEA), la Asociación de Educadores de Barranquilla (ADEBA), FECODE, la Central Unitaria de Trabajadores seccional Atlántico, el Polo Democrático Alternativo, la Gran Coalición Democrática y otras organizaciones populares rechazaron tajantemente este proyecto que privatiza los nuevos colegios a construir con dineros públicos provenientes de los impuestos de la ciudadanía.

Según cifras contenidas en la exposición de motivos del acuerdo firmado por el alcalde Alex Char Caljub, el desangre de los recursos de las transferencias del distrito, que irían a parar al concesionario privado entre el año 2009 al 2021, serían mayores a los 73 mil millones de pesos.

Las organizaciones sindicales y políticas que nos oponemos a este esperpento neoliberal exigimos que se construyan todos los colegios que se requieran para cubrir la educación de la población estudiantil, pero que sean administrados por el distrito y no entregados en concesión a entes privados. No entendemos como el alcalde distrital viene desmontando algunas concesiones, lo que es positivo, pero por otro lado pretende entregar la educación pública en concesión.

La Gran Coalición Democrática y el Polo Democrático Alternativo se declaran en estado de alerta y convocamos a todas los sectores progresistas a movilizarnos civilizadamente para impedir que se consume este atentado contra la educación pública

Gran Coalición Democrática, Polo Democrático Alternativo, Centrales Obreras, CUT, UTRAL-CGT, CTC, ADEA, ADEBA, UNEB, Coordinadora Estudiantil Uniatlántico, Asociaciones de Pensionados, Casa Anfictiónica, ASOCOMUNALES

INVERSION EXTRANJERA EN COLOMBIA

La Inversión Extranjera en Colombia ha exhibido una tendencia creciente gracias a la estabilidad macroeconómica, a una política exitosa de seguridad democrática y a un régimen favorable a la Inversión Extranjera.

Fuente: Banco de la República (Balanza de Pagos)

Los flujos de Inversión extranjera directa hacia Colombia (IED) han crecido de manera sustancial en los últimos años pasando de US$2.139 millones en 2002 a US$9.028 millones en 2007. Entre 2006 y 2007, el crecimiento de los flujos de inversión que ingresaron al país fue del 39%. Al mes de mayo del año 2008, la IED ascendió a US$3.315 millones, con un crecimiento anual de 26,4%, dando cuenta de la confianza que han depositado los inversionistas extranjeros en Colombia.

Según BusinessWeek, el gran atractivo de Colombia para la inversión extranjera tiene su origen en la fortaleza de la economía y su dinámica, en una inflación baja y estable y en una política económica históricamente responsable, en virtud de la cual el país nunca ha declarado una moratoria de deuda o ha experimentado hiperinflación. Por razones similares, las calificadoras de riesgo Moody´s, Fitch y S&P´s, han mejorado su perspectiva sobre el comportamiento futuro de la economía colombiana que pasó de estable a positivo en los últimos meses.

De igual manera, según el periódico inglés The Guardian, Colombia exhibe niveles record de crecimiento económico, un mejoramiento importante en los indicadores de seguridad y un ambiente propicio para los negocios.

Este ambiente propicio está definido también por una serie de prerrogativas otorgadas al inversionista tales como que se permite remitir el capital y las utilidades al exterior sin limitación alguna y se otorga al inversionista extranjero el mismo trato que al inversionista nacional. Igualmente, se permite capitales extranjeros en todos los sectores de la economía, excepto aquellas actividades relacionadas con defensa y seguridad nacional y procesamiento y disposición de desechos tóxicos o radioactivos que no se produzcan en el país. Por otra parte, los sectores de hidrocarburos, minería y financiero y asegurador requieren una autorización previa por parte del Estado.

Adicionalmente, Colombia cuenta con incentivos atractivos, creados para promover la inversión extranjera y nacional en el país, tales como beneficios tributarios, regímenes especiales de comercio exterior e incentivos para la exportación.

Así mismo la inversión extranjera está protegida por tratados comerciales con varios países, acuerdos bilaterales de inversión y acuerdos internacionales como los sucritos con la Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero – OPIC (por sus siglas en inglés), la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones – MIGA (por sus siglas en inglés) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a la Inversiones – ICSID (por sus siglas en inglés).

De esta manera, es que la invesión extrajnera directa a recuperado los de mediados de los noventa como porcentaje del PIB con tendencia creciente.

Inversión como porcentaje del PIB

Fuente: DANE

La Primera Crisis De La Globalización

eltiempo.com / archivo

El mundo no vivía una turbulencia económica como la actual desde hace 15 años.

Los problemas se hicieron evidentes exactamente un año atrás, cuando explotó la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Pero la crisis venía incubándose desde antes.

El relajamiento de las condiciones para acceder a los créditos, dirigido a impulsar la economía estadounidense tras los atentados del 11 de septiembre del 2001, se sumó a un aumento de la demanda que no ha podido ser atendido por la oferta, a la ausencia de controles para complicados instrumentos que favorecen la especulación y hasta a los extraordinarios costos de la guerra en Irak (50.000 millones de dólares trimestrales).

El resultado es una especie de coctel molotov que se traduce en inflación, menor crecimiento, caída del consumo y mayor desempleo.

Todo esto, a escala planetaria y en medio de una disparada del precio internacional del petróleo, que en el último año se duplicó.

La devaluación del dólar y la consecuente supremacía del euro en el comercio internacional marcan una agenda dentro de la cual las economías emergentes, encabezadas por China e India, parecen ser las que mejor aguantan la coyuntura.

Frente a tantos frentes de batalla que se han abierto, los economistas coinciden en que la inflación es el más delicado. Incluso más que la desaceleración, dado que afecta con mayor intensidad a las economías más pobres y es difícil de solucionar.

Así se lo dijo a EL TIEMPO José Juan Ruiz, economista jefe y director de estrategia y análisis para América del grupo español Santander. De 150 países sobre los que su organización hace seguimiento, ya hay 85 con inflaciones de dos dígitos durante los 12 últimos meses. Por ética y por seguridad de las democracias, sostiene el analista, no se puede permitir que avance esta racha de precios altos.

Al respecto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) señala que la inflación mundial cerrará el 2008 sobre 4,7 por ciento, cifra que no se veía desde hace 8 años, mientras el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) estará sobre 2,5 por ciento, 1,2 puntos porcentuales por debajo de lo registrado el año pasado.

Lo que más ha subido son los alimentos. En los últimos dos años, varios de los cereales de la canasta familiar (arroz, maíz, trigo y soya) han presentado alzas de más del 110 por ciento.

Países desarrollados, como España y Alemania, tienen serias preocupaciones porque la inflación ha llegado a niveles récord (respecto del último lustro), con 3 y 4,7 por ciento anuales, respectivamente.

En Estados Unidos es peor. A junio, también en términos anuales, el índice de precios había subido 5 por ciento, una cifra no registrada en 17 años. Y las economías emergentes no están blindadas: China arrastra una escalada de precios que está por encima del 8 por ciento.

Para los analistas, es necesario tomar medidas efectivas y urgentes con el fin de corregir los desequilibrios, pues de lo contrario la rápida desaceleración actual se convertirá en menos de dos años en una recesión, es decir una caída neta del crecimiento.

Sin embargo, hay que tener cuidado con el remedio que se utilizará contra los altos precios, pues la fórmula más recurrente, subir las tasas de interés, puede empeorar la situación si se equivoca la dosis, pues constriñe el crédito y el consumo.

Por eso, el subdirector del FMI, John Lipsky, dijo hace pocos días que los gobiernos y los organismos reguladores necesitan impulsar medidas "decisivas" e "innovadoras" si quieren mantener la estabilidad.

La idea del famoso economista Jeffrey Sachs, consejero del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, es, por lo menos, polémica: una reducción "significativa" de los programas de biocombustibles de la Unión Europea y, sobre todo, de Estados Unidos, donde el 30 por ciento del maíz cultivado se usa para ese fin.

Esa, dice el director del Instituto de la Tierra de la Universidad de Columbia (Estados Unidos), sería una buena manera de luchar contra la escasez actual y de hacer que los precios bajen.

Pero mientras llegan las medidas novedosas que reclama el Fondo Monetario Internacional seguirá aumentando el desempleo en el mundo desarrollado, así como la aversión al riesgo, las pérdidas financieras y la temida inflación.

Así lo cree Juan Pablo Fuentes, economista de la firma calificadora Moody's en Nueva York.

Ante esa perspectiva, la esperanza es que el debilitamiento de la demanda mundial haga caer los precios de los productos básicos. Sin embargo, eso afectaría el crecimiento de regiones en desarrollo como Latinoamérica, proveedoras de estas mercancías.

Algunos incluso plantean la necesidad de recuperar teorías que hace décadas se creían exageradas, relacionadas con limitar el desarrollo.

Las más conocidas son las del informe Los límites del crecimiento, realizado por el Instituto Tecnológico de Massachussets en 1972, poco antes de la primera crisis de suministro de petróleo.

Su eje es que el planeta no permite un crecimiento económico continuo, por limitaciones de dos tipos: ambientales y de recursos naturales. En respuesta, los autores propusieron el "crecimiento cero" o "estado estacionario": detener el crecimiento exponencial de la economía y de la población.

Una posición menos dramática y más cercana a lo que cualquier persona puede hacer es la que consigna Amartya Sen, premio Nobel de Economía, en su reciente obra Primero la gente.

Según él, reflexionar sobre las tendencias del consumo y cambiar el estilo de vida, sobre todo en los países más desarrollados, podría bastar.

La economía colombiana no es inmune.

Las noticias que llegan cada día de E.U. evidencian que la situación es más crítica y será más larga de lo que se esperaba, lo que incide en la desaceleración mundial.

El aumento de precios es generalizado. Una muestra más de la interconexión económica, dice el ex ministro Juan Camilo Restrepo, que golpea al país por el flanco de la importación de alimentos.

Los datos del primer trimestre ya mostraban la desaceleración de la economía colombiana: creció menos de la mitad que en el mismo periodo del 2007. Y el presidente Uribe reconoció en su discurso del 20 de julio que hay dificultades con la revaluación, la inflación, el entorno mundial y las exportaciones.

"En el primer trimestre, según el Dane, lo que más crece son las exportaciones (15 por ciento), junto con la inversión (10,3) y la demanda.

Si el consumo en E.U. se afecta, nos pega por el lado de las exportaciones", explica Mauricio Reina, investigador de Fedesarrollo. Cabe anotar que aunque las ventas a esa nación crecieron 52,8 por ciento en valor entre enero y mayo, las toneladas despachadas cayeron en 2 por ciento.

El impacto de E.U. sobe el PIB El Banco de la República calcula que el impacto directo de una recesión de la economía estadounidense sería nulo, pero sí incidiría en el país en la medida que Venezuela y Ecuador se vean afectados.

En el supuesto de que E.U. no crezca, la devaluación del dólar sea de 8 por ciento real y las importaciones de ese país bajen 7 por ciento, el crecimiento de la economía colombiana se vería impactado en 0,4 puntos porcentuales, proyecta el Emisor.

Pero si la situación de la nación norteamericana afecta la demanda en Venezuela y la zona euro, por ejemplo, las exportaciones colombianas a esas regiones disminuirían. Así las cosas, dice el estudio, el impacto total sobre el Producto Interno Bruto (PIB) colombiano estaría entre 0,42 y 0,7 puntos porcentuales.

En ese sentido, el ex ministro Restrepo y Reina coinciden en que este año el crecimiento de la economía nacional va a estar más cerca del 4 que del 5 por ciento.

El panorama está tan nublado que el viernes el Banco de la República volvió a reducir su proyección de crecimiento del PIB, de un rango de entre 4 y 6 por ciento –con un punto medio del 5 por ciento– a uno entre 3,3 y 5,3 por ciento, con un punto medio del 4,3 por ciento.

MÁS PRESIONES INFLACIONARIAS.

Las presiones inflacionarias serán ahora más grandes, tanto en alimentos como en combustibles, y los analistas advierten que Colombia no será la excepción.

Muy pocos creen que la meta de inflación del 4 por ciento se cumplirá.

La mayoría espera que esté mucho más arriba, y el Dane señala que la inflación anual ya va en 7,18 por ciento.

En este materia, el Gobierno es más optimista y pone sus esperanzas en que el inicio del período de cosechas haga ceder los precios de los alimentos y –en consecuencia– los niveles de inflación en este segundo semestre.

Un crimen cultural

La política agraria del ministro Arias consiste en que Colombia no produzca alimentos, sino que los importe.

Por Antonio Caballero

Fecha: 07/26/2008 -1369

El ministro Andrés Felipe Arias parece empeñado en destruir el sector a su cargo, que es el agro colombiano. Lo de Carimagua fue un ejemplo elocuente: se empeñó en no entregar las tierras a los desplazados del campo, como lo disponía la ley, dándoselas en cambio a unos agroempresarios amigos con respaldo financiero. Cuando se alzó el escándalo, se las pasó a la semiprivatizada Ecopetrol para que, con mano de obra de desplazados, produzca agrocombustibles. Los cuales, según Arias, se exportarán, y generarán las divisas necesarias para importar los alimentos que ya no se producen aquí.

Para el ministro, en el campo colombiano sobra gente, y falta gran capital para la agroindustria. Así lo acaba de reiterar con un par de decretos de índole, según él, sanitaria, que prohíben la venta de leche cruda, los mataderos municipales y los trapiches paneleros. Varios cientos de miles de pequeños productores de panela, de matarifes y carniceros en los pueblos, de ganaderos dueños de hatos lecheros no tecnificados, de fabricantes y vendedores de pandeyucas y de quesillos en las carreteras, se quedarán de un tajo sin medios de subsistencia. Con ello se dará paso a las grandes pasteurizadoras, a los mataderos industriales y a los ingenios azucareros monopólicos. Y, sobre todo, a la importación. ¿Qué pasará con esas nuevas legiones de desempleados? Problema suyo. Irán a los semáforos. O a aumentar el pie de fuerza del Ejército y la Policía, que en tales circunstancias irán siendo más y más necesarios. Tal incremento del pie de fuerza se pagará con las divisas generadas por... etcétera.

Ya el senador Jorge Enrique Robledo hizo trizas al ministro Arias en un debate en el Senado, señalando las consecuencias catastróficas de su política con tal contundencia que hasta las mayorías uribistas de la Comisión Quinta (la de asuntos agropecuarios) pidieron el retiro de los decretos, falazmente justificados en motivos de salubridad pública. En un país en el que el 90 por ciento de las poblaciones carece de agua potable no se pueden cumplir las normas sanitarias que fijan los decretos del ministro, que, como observa Robledo, no se ciñen a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sino a las exigencias de la organización Mundial del Comercio, que inspiran los compromisos con el TLC firmado con los Estados unidos.

No voy a repetir aquí los argumentos sociales y económicos de Robledo. Me voy a referir al aspecto de crimen cultural de la política del ministro. Porque la cultura, para empezar, son las cosas de comer. El hombre es lo que come.

No sé qué coma el ministro. A juzgar por su aspecto rosadito de bebé para anuncios de pañales higiénicos se diría alimentado exclusivamente con yogur merengado al perfume de frambuesa. Pero a lo mejor come también, digamos, platos típicos de su tierra antioqueña: esos mismos que acaba de condenar a muerte con sus decretazos contra los mataderos de pueblo, los trapiches paneleros y los pequeños lecheros de crudo. Ni los chorizos y las morcillas, ni el chicharrón, ni la pezuña se pueden importar debidamente pasteurizados, homogenizados, refrigerados, esterilizados, bien empacados en plástico o envasados en lata, por muchas divisas procedentes de la exportación de biocombustibles que se tengan (y aun suponiendo que tales divisas no se inviertan más bien en condominios en Miami, como ha solido suceder con otras agroindustrias de exportación). Y tampoco se pueden importar el suero costeño ni las empanadas caucanas de pipián, ni el friche guajiro, ni las melcochas y los alfandoques boyacenses, ni los quesos campesinos de medio país, ni las brevas con arequipe de Bogotá, ni los champús de lulo del Valle. Ni las hormigas culonas santandereanas: no serán producidas en un trapiche de bueyes ni ordeñadas de una vaca blanca orejinegra, pero se crían nada menos que en el cementerio de Bucaramanga: así que hábleme usted de normas sanitarias y de higiene impuestas por la OMC. Es toda la comida tradicional colombiana la que Arias acaba de prohibir.

Todo eso será sustituido por alimentos de importación. Que a su vez ya no serán distribuidos en las tradicionales plazas de mercado, donde las cosas se venden crudas y sin fecha de vencimiento, sino en supermercados de grandes superficies (cada cual con su sitio de Internet destinado a llenar la plantilla única de salud del ministerio de Protección social) de cadenas multinacionales.

En eso consiste la política agraria del ministro Arias: en que Colombia no produzca alimentos, sino que los importe. Lo único que quedará en el campo colombiano, además de la palma africana para biocombustibles de los amigos del ministro, serán los cultivos de coca; los únicos que han aumentado en productividad y en extensión bajo este gobierno, y también los únicos que a pesar de que son tratados únicamente con glifosfato, no encuentran barreras fitosanitarias para la exportación.