Un crimen cultural

La política agraria del ministro Arias consiste en que Colombia no produzca alimentos, sino que los importe.

Por Antonio Caballero

Fecha: 07/26/2008 -1369

El ministro Andrés Felipe Arias parece empeñado en destruir el sector a su cargo, que es el agro colombiano. Lo de Carimagua fue un ejemplo elocuente: se empeñó en no entregar las tierras a los desplazados del campo, como lo disponía la ley, dándoselas en cambio a unos agroempresarios amigos con respaldo financiero. Cuando se alzó el escándalo, se las pasó a la semiprivatizada Ecopetrol para que, con mano de obra de desplazados, produzca agrocombustibles. Los cuales, según Arias, se exportarán, y generarán las divisas necesarias para importar los alimentos que ya no se producen aquí.

Para el ministro, en el campo colombiano sobra gente, y falta gran capital para la agroindustria. Así lo acaba de reiterar con un par de decretos de índole, según él, sanitaria, que prohíben la venta de leche cruda, los mataderos municipales y los trapiches paneleros. Varios cientos de miles de pequeños productores de panela, de matarifes y carniceros en los pueblos, de ganaderos dueños de hatos lecheros no tecnificados, de fabricantes y vendedores de pandeyucas y de quesillos en las carreteras, se quedarán de un tajo sin medios de subsistencia. Con ello se dará paso a las grandes pasteurizadoras, a los mataderos industriales y a los ingenios azucareros monopólicos. Y, sobre todo, a la importación. ¿Qué pasará con esas nuevas legiones de desempleados? Problema suyo. Irán a los semáforos. O a aumentar el pie de fuerza del Ejército y la Policía, que en tales circunstancias irán siendo más y más necesarios. Tal incremento del pie de fuerza se pagará con las divisas generadas por... etcétera.

Ya el senador Jorge Enrique Robledo hizo trizas al ministro Arias en un debate en el Senado, señalando las consecuencias catastróficas de su política con tal contundencia que hasta las mayorías uribistas de la Comisión Quinta (la de asuntos agropecuarios) pidieron el retiro de los decretos, falazmente justificados en motivos de salubridad pública. En un país en el que el 90 por ciento de las poblaciones carece de agua potable no se pueden cumplir las normas sanitarias que fijan los decretos del ministro, que, como observa Robledo, no se ciñen a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sino a las exigencias de la organización Mundial del Comercio, que inspiran los compromisos con el TLC firmado con los Estados unidos.

No voy a repetir aquí los argumentos sociales y económicos de Robledo. Me voy a referir al aspecto de crimen cultural de la política del ministro. Porque la cultura, para empezar, son las cosas de comer. El hombre es lo que come.

No sé qué coma el ministro. A juzgar por su aspecto rosadito de bebé para anuncios de pañales higiénicos se diría alimentado exclusivamente con yogur merengado al perfume de frambuesa. Pero a lo mejor come también, digamos, platos típicos de su tierra antioqueña: esos mismos que acaba de condenar a muerte con sus decretazos contra los mataderos de pueblo, los trapiches paneleros y los pequeños lecheros de crudo. Ni los chorizos y las morcillas, ni el chicharrón, ni la pezuña se pueden importar debidamente pasteurizados, homogenizados, refrigerados, esterilizados, bien empacados en plástico o envasados en lata, por muchas divisas procedentes de la exportación de biocombustibles que se tengan (y aun suponiendo que tales divisas no se inviertan más bien en condominios en Miami, como ha solido suceder con otras agroindustrias de exportación). Y tampoco se pueden importar el suero costeño ni las empanadas caucanas de pipián, ni el friche guajiro, ni las melcochas y los alfandoques boyacenses, ni los quesos campesinos de medio país, ni las brevas con arequipe de Bogotá, ni los champús de lulo del Valle. Ni las hormigas culonas santandereanas: no serán producidas en un trapiche de bueyes ni ordeñadas de una vaca blanca orejinegra, pero se crían nada menos que en el cementerio de Bucaramanga: así que hábleme usted de normas sanitarias y de higiene impuestas por la OMC. Es toda la comida tradicional colombiana la que Arias acaba de prohibir.

Todo eso será sustituido por alimentos de importación. Que a su vez ya no serán distribuidos en las tradicionales plazas de mercado, donde las cosas se venden crudas y sin fecha de vencimiento, sino en supermercados de grandes superficies (cada cual con su sitio de Internet destinado a llenar la plantilla única de salud del ministerio de Protección social) de cadenas multinacionales.

En eso consiste la política agraria del ministro Arias: en que Colombia no produzca alimentos, sino que los importe. Lo único que quedará en el campo colombiano, además de la palma africana para biocombustibles de los amigos del ministro, serán los cultivos de coca; los únicos que han aumentado en productividad y en extensión bajo este gobierno, y también los únicos que a pesar de que son tratados únicamente con glifosfato, no encuentran barreras fitosanitarias para la exportación.