Foto: Claudia Rubio-EL TIEMPO
El presidente de la Corte, Francisco Javier Ricaurte, reitera que la reforma a la Justicia es inconveniente.
"Nos preocupa el ánimo permanente del Gobierno de tratar de desacreditar a los magistrados, de deslegitimar sus decisiones y de poner en entredicho las investigaciones que viene adelantando la Corte".
"(Esto lo hace) mediante ataques verbales, injuriosos y difamaciones, con lo cual está conduciendo a la desinstitucionalización de la Justicia. Y cuando eso ocurre, indudablemente se agrieta la democracia", agrega Francisco Javier Ricaurte.
Así lo manifestó la Corte Suprema de Justicia al Fiscal General de la Corte Penal Internacional, quien visitó la semana pasada a Colombia.
Yamid Amat: ¿Y está en riesgo la independencia de la administración de justicia?
Francisco Javier Ricaurte: La independencia judicial está siendo amenazada en este momento...
¿Cuál es la opinión de la Corte sobre el proyecto de reforma a la Justicia?
Vamos a convocar una sala plena extraordinaria para analizar el proyecto y fijar una posición.
¿Usted tiene observaciones?
Yo acabo de regresar de un curso en Buenos Aires sobre las reformas que requiere la administración de justicia en Latinoamérica y la gran conclusión es esta: las reformas deben buscar el acceso de los ciudadanos a la administración de justicia; deben simplificarse los procedimientos, evitar la congestión y procurar que los ciudadanos tengan un conocimiento más exacto de qué es lo que hacen sus jueces. El proyecto que ha presentado el Gobierno no recoge los verdaderos problemas de la Justicia, que son los señalados por la conferencia de Buenos Aires.
¿Qué proyecta entonces hacer la Corte Suprema?
Próximamente, vamos a reunirnos los presidentes de las Altas Cortes para ver si formalizamos la idea de elaborar un proyecto de una verdadera reforma que permita el acceso a la administración de justicia, que simplifique procedimientos y permita la cercanía de los ciudadanos con sus jueces. Necesitamos conocer primero un diagnóstico exacto de cuáles son los problemas que padece la administración de justicia y cuáles son las necesidades prioritarias de los colombianos en materia de justicia para proponer soluciones. Queremos una justicia donde los colombianos no requieran la tutela como único mecanismo para lograr una justicia pronta y ágil, sino que cumpla con su verdadera función, que es un recurso que tienen los ciudadanos de carácter extraordinario para eventos extraordinarios.
La tutela distanció a las cortes por su eventual uso contra sentencias judiciales. ¿Las diferencias entre el Gobierno y la Corte Suprema las está uniendo?
En estos momentos existe una gran unidad entre los presidentes de las Altas Cortes. La Rama Judicial, por intermedio de todos sus presidentes, está defendiendo la independencia judicial y está exigiendo respeto a las decisiones judiciales. El difícil momento por el que atraviesa la Justicia nos ha convocado a esa unidad.
Sectores políticos dicen que no se deben cambiar las reglas mientras la Corte esté adelantando la llamada 'parapolítica'. ¿Está usted de acuerdo?
La Corte ya dejó en claro que considera que en estos momentos una reforma a la Justicia es inconveniente e inoportuna en atención a que la Corte adelanta procesos contra algunos congresistas. No es este el momento más propicio para discutir en el Congreso una reforma encaminada a cambiar las competencias de la Corte Suprema. Es decir, no se le debe quitar a la Corte la facultad de investigar a los parlamentarios. No hay razón alguna que justifique, como propone la reforma, un cambio de competencias porque la Corte, como lo reconoce el país, está cumpliendo cabalmente con sus funciones constitucionales y legales.
Pero es la Corte Constitucional la que ha ordenado que no sea la sala penal de la Corte la que investigue, juzgue y falle...
El texto de ese fallo aún no se conoce, pero lo que esa decisión hará es acomodar los procesos que se adelantan en la Corte al espíritu del sistema acusatorio que se ha introducido recientemente en nuestra legislación, es decir, que unos jueces investiguen y juzguen, que otros jueces fallen. Es un tema que, de acuerdo con la directriz de la Corte Constitucional, tendrá que ser abordado por el legislador. La decisión de la Corte Constitucional en ningún momento afecta los procesos que ha adelantado hasta ahora la Corte Suprema de Justicia y no hay ninguna razón que justifique sacar de la competencia de la Corte Suprema los procesos de la 'parapolítica'. Mientras el legislador no decida, la Corte estudiará la posibilidad de darle cumplimiento a esa decisión modificando su reglamento...
¿Acaso la Corte podría modificar la actual estructura de juzgamiento?
Eso es lo que se va a estudiar.
¿Qué beneficio trae para la Justicia la iniciativa del proyecto de trasladar la investigación sobre actuaciones de los parlamentarios a la Fiscalía?
No veo ninguno, pero es un tema que vamos a estudiar cuando abordemos el estudio del texto de la reforma.
¿Qué le parece la propuesta del proyecto de eliminar la sala administrativa del Consejo de la Judicatura y sustituirla por un consejo de gobierno de los presidentes de las altas cortes?
La sala administrativa del Consejo Superior de Judicatura representa la autonomía de la Rama Judicial. Eliminarla o reformarla no tiene justificación alguna. Bastarían unos ajustes para que pueda cumplir mejor sus funciones, pero la supresión de la sala sería un gran golpe contra la autonomía judicial.
¿Le gusta el sistema de cooptación que también propone la reforma?
Ese sistema sí es un verdadero 'roscograma', afortunadamente superado por la Constitución de 1991. La cooptación no resolverá problemas en la administración de justicia; contra el sistema actual, que es pluralista y democrático, no hay queja. ¿Para qué cambiarlo y volver a un sistema que ya demostró que no es el mejor?
¿Qué está buscando el Gobierno con la reforma?
No lo entiendo. Es una reforma apresurada, que no recoge el pensamiento de los jueces, de los magistrados, de los abogados litigantes, ni de la academia y que sólo busca una modificación a la estructura de poder de la Justicia quitándole, sin que haya razones, competencias a la Corte Suprema.
Y su opinión sobre la modificación que se propone para elegir al Procurador...
Actualmente, el Senado elige al Procurador de terna que envían la Corte Suprema, el Consejo de Estado y el Presidente. Ese sistema es la manifestación de la colaboración armónica de los poderes y no ha generado críticas ni inconvenientes. No hay razón que justifiquen su modificación.
¿Usted cree que el Ministro del Interior está impedido para defender la reforma, ante el enjuiciamiento que existe contra su hermano?
Yo le he expresado al Ministro mi solidaridad por la situación familiar por la que atraviesa. Es claro que uno no puede responder por las actuaciones que cometan sus familiares, sin embargo, el Ministro de Justicia tiene que reflexionar sobre esta situación y definir si eso le dificulta su labor.
¿Esa circunstancia le dificulta cumplir sus funciones?
Eso lo debe evaluar el Ministro y tomar la decisión que mejor le convenga al país.
¿Teme que la reforma pueda afectar de alguna manera a la Corte y al Procurador?
Lo único que le puedo asegurar es que a la Corte no la callarán nunca.
¿Cómo debe interpretarse esa afirmación?
La Corte continuará cumpliendo con sus funciones, por cuyo ejercicio todos los magistrados prestamos un juramento, aún a pesar de los reiterados ataques para desacreditarla, deslegitimarla y crear un manto de duda sobre sus actuaciones. A pesar de todo eso, la Corte seguirá adelantando las investigaciones que le corresponden, hasta sus últimas consecuencias.
¿Esta posición la transmitió al Fiscal General de la Corte Penal internacional?
La Corte le expresó su decisión de seguir adelantando las investigaciones que están en curso hasta que se devele toda la verdad sobre la 'parapolítica'. Yo lo puse en conocimiento de todas estas dificultades a las que se ha enfrentado la Corte por esta sistemática estrategia de desacreditación de sus decisiones.
¿Cuál fue la reacción?
Que debemos continuar ejerciendo nuestras funciones sin temores.
¿Por qué los juicios contra los parlamentarios casi siempre terminan en condenas en la Corte y en absolución en la Fiscalía?
Eso no es así, pero ciertamente existe esa idea. Mire: si revisamos las estadísticas que adelanta la Corte contra los congresistas encontramos lo siguiente: se han expedido 58 autos inhibitorios, es decir no se ha hallado mérito para investigarlos. Se han proferido 8 preclusiones, es decir absoluciones, y sólo se han dictado 3 sentencias condenatorias en el proceso de la 'parapolitica' y 16 sentencias condenatorias por otro tipo de acusaciones. De un total de 105 investigaciones, sólo se han dictado 3 condenas por 'parapolítica'.
¿Qué opina de la presencia en la Casa de Nariño de alias 'Job'?
Me parece gravísimo que en la Presidencia de la República se reciba a reconocidos delincuentes para tratar de recoger pruebas contra la Corte, las cuales no existen y jamás existirán.
¿Pero a los testigos no hay que escucharlos?
Sí, pero quienes deben hacerlo son los funcionarios competentes, es decir, jueces o fiscales, no el Secretario Jurídico ni el Jefe de Prensa, quienes no tienen funciones de policía judicial. Mire: A mí, alias 'Rojas', el delincuente que le cortó la mano a alias 'Iván Ríos' me envió una carta pidiéndome una audiencia para enterarme de unos hechos que, según él, constituían delitos y crímenes no conocidos. Me ofrecía revelar los delitos y los nombres de los autores. Yo rechacé de plano la petición de audiencia y di traslado de su comunicación a la Fiscalía General.
El vicepresidente, Francisco Santos, le pidió al presidente Uribe sacar bandera blanca. ¿Por qué no la izan ustedes?
Creo que el llamado del señor Vicepresidente de la República estaba dirigido a que cesaran los ataques contra la Justicia. Me parece que para lograr los altos fines del Estado debe existir una colaboración armónica de los poderes, y para lograr ese gran propósito tienen que cesar los ataques verbales, los ataques injuriosos, los ataques que buscan desacreditar a los magistrados de la Corte. Es que tildar a la Corte Suprema de Justicia de golpista, decir que sus decisiones están impregnadas de un sesgo ideológico, afirmar que sus determinaciones son el coletazo agónico del terrorismo y que la Corte ejerce una especie de 'pesca milagrosa' son acusaciones encaminadas sólo a deslegitimar las decisiones de la Corte y a debilitarla.
¿Usted sacaría pañuelo blanco?
El pañuelo blanco siempre ha ondeado en la Corte.
YAMID AMAT
ESPECIAL PARA EL TIEMPO
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