Manuel Guzman Hennessey
Me aparto del coro que aplaude la nueva ley de ciencia, aprobada esta semana por el presidente Uribe. Un enorme paso para hacer de la ciencia un instrumento del desarrollo, dijo el director de Colciencias, con algo más de euforia que de moderación. No es con un fondo sin fondos, como aseguró el director del Sena, como se podrá hacer ciencia en este país. El asunto es con plata. Pero la nueva ley no tiene dientes presupuestales, y el esperado 1 por ciento del PIB, que de todas maneras es mucho menos que lo que países de la vecindad aportan al quehacer científico, habrá de reducirse al mínimo 0,5, que hoy tenemos. Escamoteado además por la voraz burocracia. Se iba a crear un Ministerio, como sucede en países más avanzados, y aunque ello no era garantía de mucho, algunos piensan que, por lo menos, habría sido un mejor comienzo.
La transformación de Colciencias en Departamento Administrativo no representa, como aseguran los apologistas, un cambio sustancial. ¿Que ello otorga a esta entidad el carácter de rectora de nuestra política de ciencia? Ya lo tenía. ¿Que tendremos voz y voto en el Conpes y que serán invitados los científicos cuando el Consejo de Ministros aboque algún tema de su incumbencia?, son asuntos formales que no modificarán, en lo esencial, la raíz del problema.
Y es el carácter de colero que Colombia tiene, en Latinoamérica, en materia de aporte del PIB a la ciencia; países como Venezuela cuentan con el 2 por ciento, Brasil con el 1,3 y Chile con el 1.
La Corporación Rand publicó sus proyecciones para el 2020, con base en el análisis de los factores clave que definirán el progreso y la competitividad de las naciones. La metodología valora las barreras y las fuerzas impulsoras relacionadas con la ciencia. No le fue bien a Colombia, a quien se identifica como uno de los países con mayor porcentaje de barreras (70 por ciento), mientras que países científicamente avanzados registran el 30, en promedio. Las barreras se definen con base en los indicadores del ejercicio científico (porcentaje del PIB destinado a la investigación, número de publicaciones, número de doctores e investigadores por habitante y número de registros de patentes, entre otros).
Escrito lo anterior, no diré que la nueva ley es ciento por ciento mala. Diré pequeña, que es palabra que define casi todo lo que últimamente se emprende en el país, con medroso aliento de futuro, salvo, claro está, la plata que se asigna al Ministerio de Defensa, esa sí, calculada con grandeza histórica.
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