WILLIAM DE ÁVILA R. 4 De Febrero de 2009.
Un nuevo cobro, esta vez de manera pública, le hizo el rector encargado de la Universidad Popular del Cesar, el ingeniero industrial, Abdo Barrera Mejía, al Gobierno Departamental para que le de cumplimiento a una ordenanza del año 1992, mediante la cual la Asamblea ordenó que el 2,5 por ciento del presupuesto del departamental fuese destinado a la Universidad Popular del Cesar.
Hasta la fecha esa ordenanza no se ha cumplido, lo que suma una deuda de 65 mil millones de pesos. “Administraciones anteriores han requerido esos recursos mediante derecho de petición y solicitudes formales a la Administración Departamental, pero ha sido negativa en atender lo preceptuado en la ordenanza”, expresó el Rector encargado.
Con esos recursos se podría rebajar en un gran porcentaje el costo de la matrícula que hoy pagan los estudiantes, que también es considerado alto por Barrera Mejía y, además, motivo de deserción al no poder cubrirse los costos por algunos estudiantes.
Buscando dinero
Ante la Ministra de Educación, María Cecilia Vélez White se expondrá la necesidad de aligerar la búsqueda de recursos para la Universidad Popular del Cesar de una manera diferente a la propuesta de modificación de la Ley 30 de 1992, que planteó la misma Ministra hace más de dos meses.
“Esa reforma trata de eliminar el desequilibrio que se dio en el año 1992 cuando se creó la ley, ya que no se previó el crecimiento de las universidades y por eso la inequidad en los recursos de transferencias, pero los beneficios se verán en el año 2010”, explicó el Rector encargado.
En el año 1992, la Universidad Popular del Cesar contaba con tres mil estudiantes y hoy aparecen registrados 13 mil 800 alumnos.
Afirmó que “los recursos de transferencia han crecido en base a los índices de inflación, la UPC ha crecido es de acuerdo al apoyo económico que da el departamento con la creación de nuevos programas. La modificación de la Ley 30 permitiría distribuir los recursos de una manera más equitativa”.
Hasta la fecha esa ordenanza no se ha cumplido, lo que suma una deuda de 65 mil millones de pesos. “Administraciones anteriores han requerido esos recursos mediante derecho de petición y solicitudes formales a la Administración Departamental, pero ha sido negativa en atender lo preceptuado en la ordenanza”, expresó el Rector encargado.
Con esos recursos se podría rebajar en un gran porcentaje el costo de la matrícula que hoy pagan los estudiantes, que también es considerado alto por Barrera Mejía y, además, motivo de deserción al no poder cubrirse los costos por algunos estudiantes.
Buscando dinero
Ante la Ministra de Educación, María Cecilia Vélez White se expondrá la necesidad de aligerar la búsqueda de recursos para la Universidad Popular del Cesar de una manera diferente a la propuesta de modificación de la Ley 30 de 1992, que planteó la misma Ministra hace más de dos meses.
“Esa reforma trata de eliminar el desequilibrio que se dio en el año 1992 cuando se creó la ley, ya que no se previó el crecimiento de las universidades y por eso la inequidad en los recursos de transferencias, pero los beneficios se verán en el año 2010”, explicó el Rector encargado.
En el año 1992, la Universidad Popular del Cesar contaba con tres mil estudiantes y hoy aparecen registrados 13 mil 800 alumnos.
Afirmó que “los recursos de transferencia han crecido en base a los índices de inflación, la UPC ha crecido es de acuerdo al apoyo económico que da el departamento con la creación de nuevos programas. La modificación de la Ley 30 permitiría distribuir los recursos de una manera más equitativa”.
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