Lanzamiento Nacional del Referendo

El 16 de agosto arrancó en firme la segunda fase del Referendo Constitucional para garantizar la educación, la salud, el agua potable y el saneamiento básico. El lanzamiento formal de la campaña por la recolección de tres millones de firmas se efectuó en Bogotá, en el auditorio central de Corferias, con la presencia de más de setecientos dirigentes políticos, sindicales y comunales, convocados por el Comité de Promotores bajo el lema: “Inversión social, decisión de todos”.

REFORMA UNIVERSITARIA DE 1918

La Juventud Argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica

Manifiesto de Córdoba

21 de junio de 1918Tomado de Federación Universitaria de Buenos Aires

Hombres de una República libre, acabamos de romper la última cadena que, en pleno siglo XX, nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten: estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana.

La rebeldía estalla ahora en Córdoba y es violenta porque aquí los tiranos se habían ensoberbecido y era necesario borrar para siempre el recuerdo de los contrarrevolucionarios de Mayo. Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y --lo que es peor aún-- el lugar donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara. Las universidades han llegado a ser así fiel reflejo de estas sociedades decadentes que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad senil. Por eso es que la ciencia frente a estas casas mudas y cerradas, pasa silenciosa o entra mutilada y grotesca al servicio burocrático. Cuando en un rapto fugaz abre sus puertas a los altos espíritus es para arrepentirse luego y hacerles imposible la vida en su recinto. Por eso es que, dentro de semejante régimen, las fuerzas naturales llevan a mediocrizar la enseñanza, y el ensanchamiento vital de organismos universitarios no es el fruto del desarrollo orgánico, sino el aliento de la periodicidad revolucionaria.

Nuestro régimen universitario --aún el más reciente-- es anacrónico. Está fundado sobre una especie de derecho divino; el derecho divino del profesorado universitario. Se crea a sí mismo. En él nace y en él muere. Mantiene un alejamiento olímpico. La federación universitaria de Córdoba se alza para luchar contra este régimen y entiende que en ello le va la vida. Reclama un gobierno estrictamente democrático y sostiene que el demos universitario, la soberanía, el derecho a darse el gobierno propio radica principalmente en los estudiantes. El concepto de autoridad que corresponde y acompaña a un director o a un maestro en un hogar de estudiantes universitarios no puede apoyarse en la fuerza de disciplinas extrañas a la sustancia misma de los estudios. La autoridad, en un hogar de estudiantes, no se ejercita mandando, sino sugiriendo y amando: enseñando.

Si no existe una vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende, toda enseñanza es hostil y por consiguiente infecunda. Toda la educación es una larga obra de amor a los que aprenden. Fundar la garantía de una paz fecunda en el artículo conminatorio de un reglamento o de un estatuto es, en todo caso, amparar un régimen cuartelario, pero no una labor de ciencia. Mantener la actual relación de gobernantes a gobernados es agitar el fermento de futuros trastornos. Las almas de los jóvenes deben ser movidas por fuerzas espirituales. Los gastados resortes de la autoridad que emana de la fuerza no se avienen con lo que reclaman el sentimiento y el concepto moderno de las universidades. El chasquido del látigo sólo puede rubricar el silencio de los inconscientes o de los cobardes. La única actitud silenciosa, que cabe en un instituto de ciencia es la del que escucha una verdad o la del que experimenta para crearla o comprobarla.

Por eso queremos arrancar de raíz en el organismo universitario el arcaico y bárbaro concepto de autoridad que en estas casas de estudio es un baluarte de absurda tiranía y sólo sirve para proteger criminalmente la falsa dignidad y la falsa competencia. Ahora advertimos que la reciente reforma, sinceramente liberal, aportada a la Universidad de Córdoba por el doctor José Nicolás Matienzo no ha inaugurado una democracia universitaria; ha sancionado el predominio de una casta de profesores. Los intereses creados en torno de los mediocres han encontrado en ella un inesperado apoyo. Se nos acusa ahora de insurrectos en nombre de un orden que no discutimos, pero que nada tiene que hacer con nosotros. Si ello es así, si en nombre del orden se nos quiere seguir burlando y embruteciendo, proclamamos bien alto el derecho a la insurrección. Entonces la única puerta que nos queda abierta a la esperanza es el destino heroico de la juventud. El sacrificio es nuestro mejor estímulo; la redención espiritual de las juventudes americanas nuestra única recompensa, pues sabemos que nuestras verdades lo son --y dolorosas-- de todo el continente. ¿Que en nuestro país una ley --se dice--, la ley de Avellaneda, se opone a nuestros anhelos? Pues a reformar la ley, que nuestra salud moral lo está exigiendo.

La juventud vive siempre en trance de heroísmo. Es desinteresada, es pura. No ha tenido tiempo aún de contaminarse. No se equivoca nunca en la elección de sus propios maestros. Ante los jóvenes no se hace mérito adulando o comprando. Hay que dejar que ellos mismos elijan sus maestros y directores, seguros de que el acierto ha de coronar sus determinaciones. En adelante, sólo podrán ser maestros en la república universitaria los verdaderos constructores de almas, los creadores de verdad, de belleza y de bien.

Los sucesos acaecidos recientemente en la Universidad de Córdoba, con motivo de la elección rectoral, aclaran singularmente nuestra razón en la manera de apreciar el conflicto universitario. La federación universitaria de Córdoba cree que debe hacer conocer al país y a América las circunstancias de orden moral y jurídico que invalidan el acto electoral verificado el 15 de junio. Al confesar los ideales y principios que mueven a la juventud en esta hora única de su vida, quiere referir los aspectos locales del conflicto y levantar bien alta la llama que está quemando el viejo reducto de la opresión clerical. En la Universidad Nacional de Córdoba y en esta ciudad no se han presenciado desórdenes; se ha contemplado y se contempla el nacimiento de una verdadera revolución que ha de agrupar bien pronto bajo su bandera a todos los hombres libres del continente. Referiremos los sucesos para que se vea cuánta razón nos asistía y cuánta vergüenza nos sacó a la cara la cobardía y la perfidia de los reaccionarios. Los actos de violencia, de los cuales nos responsabilizamos íntegramente, se cumplían como en el ejercicio de puras ideas. Volteamos lo que representaba un alzamiento anacrónico y lo hicimos para poder levantar siquiera el corazón sobre esas ruinas. Aquellos representan también la medida de nuestra indignación en presencia de la miseria moral, de la simulación y del engaño artero que pretendía filtrarse con las apariencias de la legalidad. El sentido moral estaba obscurecido en las clases dirigentes por un fariseísmo tradicional y por una pavorosa indigencia de ideales.

El espectáculo que ofrecía la asamblea universitaria era repugnante. Grupos de amorales deseosos de captarse la buena voluntad del futuro rector exploraban los contornos en el primer escrutinio, para inclinarse luego al bando que parecía asegurar el triunfo, sin recordar la adhesión públicamente empeñada, el compromiso de honor contraído por los intereses de la universidad. Otros --los más-- en nombre del sentimiento religioso y bajo la advocación de la Compañía de Jesús, exhortaban a la traición y al pronunciamiento subalterno. (¡Curiosa religión que enseña a menospreciar el honor y deprimir la personalidad! ¡Religión para vencidos o para esclavos!). Se había obtenido una reforma liberal mediante el sacrificio heroico de una juventud. Se creía haber conquistado una garantía y de la garantía se apoderaban los únicos enemigos de la reforma. En la sombra los jesuitas habían preparado el triunfo de una profunda inmoralidad. Consentirla habría comportado otra traición. A la burla respondimos con la revolución. La mayoría representaba la suma de la represión, de la ignorancia y del vicio. Entonces dimos la única lección que cumplía y, espantamos para siempre la amenaza del dominio clerical.

La sanción moral es nuestra. El derecho también. Aquellos pudieron obtener la sanción jurídica, empotrarse en la ley. No se lo permitimos. Antes de que la iniquidad fuera un acto jurídico, irrevocable y completo, nos apoderamos del salón de actos y arrojamos a la canalla, sólo entonces amedrentada, a la vera de los claustros. Que esto es cierto, lo patentiza el hecho de haber, a continuación, sesionado en el propio salón de actos la federación universitaria y de haber firmado mil estudiantes sobre el mismo pupitre rectoral, la declaración de huelga indefinida.

En efecto, los estatutos reformados disponen que la elección de rector terminará en una sola sesión, proclamándose inmediatamente el resultado, previa lectura de cada una de las boletas y aprobación del acta respectiva. Afirmamos, sin temor de ser rectificados, que las boletas no fueron leídas, que el acta no fue aprobada, que el rector no fue proclamado, y que, por consiguiente, para la ley, aún no existe rector de esta universidad.

La juventud universitaria de Córdoba afirma que jamás hizo cuestión de nombres ni de empleos. Se levantó contra un régimen administrativo, contra un método docente, contra un concepto de autoridad. Las funciones públicas se ejercitaban en beneficio de determinadas camarillas. No se reformaban ni planes ni reglamentos por temor de que alguien en los cambios pudiera perder su empleo. La consigna de < >, corría de boca en boca y asumía la preeminencia de estatuto universitario. Los métodos docentes estaban viciados de un estrecho dogmatismo, contribuyendo a mantener a la universidad apartada de la ciencia y de las disciplinas modernas. Las elecciones, encerradas en la repetición interminable de viejos textos, amparaban el espíritu de rutina y de sumisión. Los cuerpos universitarios, celosos guardianes de los dogmas, trataban de mantener en clausura a la juventud, creyendo que la conspiración del silencio puede ser ejercitada en contra de la ciencia. Fue entonces cuando la oscura universidad mediterránea cerró sus puertas a Ferri, a Ferrero, a Palacios y a otros, ante el temor de que fuera perturbada su plácida ignorancia. Hicimos entonces una santa revolución y el régimen cayó a nuestros golpes.

Creímos honradamente que nuestro esfuerzo había creado algo nuevo, que por lo menos la elevación de nuestros ideales merecía algún respeto. Asombrados, contemplamos entonces cómo se coaligaban para arrebatar nuestra conquista los más crudos reaccionarios.

No podemos dejar librada nuestra suerte a la tiranía de una secta religiosa, ni al juego de intereses egoístas. A ellos se nos quiere sacrificar. El que se titula rector de la Universidad de San Carlos ha dicho su primera palabra: < >. Palabras llenas de piedad y de amor, de respeto reverencioso a la disciplina; palabras dignas del jefe de una casa de altos estudios. No invoca ideales ni propósitos de acción cultural. Se siente custodiado por la fuerza y se alza soberbio y amenazador. ¡Armoniosa lección que acaba de dar a la juventud el primer ciudadano de una democracia universitaria! Recojamos la lección, compañeros de toda América; acaso tenga el sentido de un presagio glorioso, la virtud de un llamamiento a la lucha suprema por la libertad; ella nos muestra el verdadero carácter de la autoridad universitaria, tiránica y obcecada, que ve en cada petición un agravio y en cada pensamiento una semilla de rebelión.

La juventud ya no pide. Exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una revolución en las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa.

La juventud universitaria de Córdoba, por intermedio de su federación, saluda a los compañeros de América toda y les incita a colaborar en la obra de libertad que inicia.

Enrique F. Barros, Horacio Valdés, Ismael C. Bordabehere, presidentes -- Gumersindo Sayago -- Alfredo Castellanos -- Luis M. Méndez -- Jorge L. Bazante -- Ceferino Garzón Maceda -- Julio Molina -- Carlos Suárez Pinto -- Emilio R. Biagosh -- Angel J. Nigro -- Natalio J. Saibene -- Antonio Medina Allende -- Ernesto Garzón.

Comunicado Sobre el proceso de movilización de los estudiantes de la Universidad del Cauca

Comunicado del Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente Colombiano a la Opinión Publica:
Sobre el proceso de movilización de los estudiantes de la Universidad del Cauca – Popayan – Cauca - Colombia

COMUNICADO A LA OPINIÓN PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

SOBRE EL PROCESO DE MOVILIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA – POPAYAN – CAUCA - COLOMBIA

La Rama Ejecutiva del poder político, representada, en los diversos órdenes, por Álvaro Uribe Vélez, Juan José Chaux Mosquera y Danilo Reinaldo Vivas y sus “Juntas de Gobierno”, pretenden imponer en el principal centro de Educación Superior del Departamento su política fascista de negación de las condiciones materiales, de negación a los actores sociales de resistencia al régimen y de combinación de los tipos de represión; con miras al fortalecimiento político e ideológico del Estado, a debilitar la cohesión estudiantil y a avanzar en la correlación de fuerzas al interior del escenario de negociación planteado por los estudiantes; argucias sustentadas en una estrategia mediática sin precedentes y una táctica de dilación , desgaste y represión a estudiantes universitarios y procesos organizativos que han mantenido una consecuencia política a lo largo de la historia y del proceso de movilización en particular.

Casos aberrantes de violación a la Autonomía Universitaria, a derechos fundamentales y a tratados internacionales, merecen el rechazo del pueblo y sus organizaciones, más cuando se acrecentaron con el ingreso ilegal al claustro de Santo Domingo de una fuerza de represión del ESMAD, el pasado 31 de Mayo de 2007, en donde retuvieron a 16 estudiantes Universitarios y afectaron gravemente el Patrimonio Histórico del centro Educativo; y continuaron con el silencio cómplice de la dirección Universitaria frente a la responsabilidad del Estado en los hechos y la intención de sancionar disciplinariamente a los estudiantes Universitarios que, en uso del derecho legitimo a la protesta, estaban ocupando pacíficamente el Claustro de Santo Domingo.

En reivindicación a los derechos a pensar, hablar y actuar, y en contra de la sanción disciplinaria de 16 estudiantes Universitarios, del silencio, la represión y la escasa solidaridad entre estudiantes, 14 universitarios decidieron adelantar una acción política pacifica de Huelga de Hambre, desde el pasado 14 de agosto de 2007 y la fecha mantienen su férrea disposición de continuar pese a los graves quebrantos de salud que padecen. El Estado Colombiano y la dirección universitaria por su parte, en una evidente muestra de deshumanización del conflicto, viene dilatando el proceso, cerrando posibilidades de acercamiento e incumpliendo compromisos preestablecidos en un espacio de acercamiento entre Voceros Estudiantiles y la dirección universitaria; a la vez agencian y avalan, por acción y omisión, la represión policiva en contra de los huelguistas y estudiantes que por el simple hecho de transitar portando propaganda de la acción política por los espacios universitarios y las calles de la ciudad o participar en los actos simbólicos estudiantiles, son abordados por integrantes del ESMAD y la policía nacional, de los cuales reciben malos tratos verbales, agresiones físicas, señalamientos, retenciones e indagaciones ilegales; por su parte algunos “medios” tradicionales de “información” de la ciudad, niegan y cierran espacios para que los estudiantes denuncien lo que realmente esta sucediendo en la Universidad.

La situación del principal centro de Educación Superior del Departamento del Cauca, es critico, afronta la combinación de las Políticas educativas y de seguridad del Gobierno, que se reflejan en lo financiero, lo académico, lo administrativo y la represión y guerra contra el pueblo, orquestado por los intereses del capital mundial y nacional y desarrollado bajo la política de Seguridad Democrática.

Las organizaciones agrarias, sindicales, juveniles, estudiantiles y populares, que conforman el proceso de Unidad Popular del Sur occidente Colombiano en los departamentos de Valle, Cauca y Nariño, reivindican el pliego de exigencias planteado por el proceso asambleario y se solidarizan con las acciones de movilización adelantadas por los Estudiantes de la Universidad del Cauca, en especial con la acción política pacifica de Huelga de Hambre adelantada por 14 estudiantes Universitarios. Rechazan la agresión a la autonomía universitaria, la represión policial, la criminalización y judicialización de la protesta social a la que están siendo sometidos los estudiantes y sus organizaciones y las tácticas de dilación, negación e invisibilizacion de la problemática universitaria. Exigimos al Estado Colombiano y a la dirección universitaria que suspenda la estrategia de terror físico y psicológico a que esta sometiendo a los estudiantes y que demuestre una real y sincera voluntad política dirigida a transformar las condiciones en que esta sumida nuestra la Universidad del Cauca y convocan al pueblo Caucano a unirse en defensa del principal centro de Educación Superior del departamento y a participar en las acciones de movilización convocadas por los estudiantes universitarios.

PROCESO DE UNIDAD POPULAR DEL SUR OCCIDENTE COLOMBIANO Popayán, 25 de agosto de 2007

Uribe es el jefe del ocultamiento

Jorge Enrique Robledo, Polo Democrático Alternativo, Bogotá, agosto 27 de 2007

No hay colombiano que en público no exprese estar a favor de que cesen todas las violencias que desangran a Colombia. Y parece haber coincidencia en torno a que la justicia transicional debe ser un pilar de cualquier proceso de paz que se adelante, que la reparación de las víctimas debe ser otra de las condiciones y que los comprometidos con los actos violentos deben contar toda la verdad sobre lo ocurrido, como requisitos para hacerse beneficiarios de la generosidad de la sociedad para con ellos.

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EL PROTOCOLO MODIFICATORIO DEL TLC: LA MESA AÚN MÁS DESNIVELADA

Aurelio Suárez Montoya, La Tarde, Pereira, agosto 28 de 2007

Se discute actualmente en las comisiones segundas de Senado y Cámara en el Congreso de la República el Protocolo Modificatorio del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos. Se trata de los cambios producidos al texto surgidos de la negociación entre la administración Bush y el Partido Demócrata, que tiene la voz mandante en el Legislativo de dicho país -desde las elecciones de noviembre de 2006- y que anunció una nueva plantilla para el comercio. Colombia no fue siquiera “convidado de piedra” en ese trámite, solamente participó cuando el ministro de Comercio, Luis Guillermo Plata, recibió la orden de comprar un tiquete para ir a Washington a firmar. Un acto más de subordinación del gobierno de Uribe en la indignante ruta seguida en aras de la “consecución” de este TLC.

Las modificaciones se dieron en el texto y no en cartas adjuntas. Quedó desmentido el uribismo (una vez más) que aseguró, cuando se discutía en el primer semestre de 2007, que el TLC conservaría la versión original. Tuvo razón el senador Robledo cuando afirmó que el texto aprobado no era el definitivo. Hay 21 páginas de nuevas cláusulas sobre 9 de los 24 capítulos: laboral, inversiones, ambiental, propiedad intelectual y solución de controversias, entre los relevantes.

El Partido Demócrata tenía una doble finalidad: por un lado, “dar contentillo” a sus bases sindicales, ambientalistas y de organizaciones de derechos humanos, a las que debe el repunte político, y, por el otro, no contrariar a las empresas multinacionales, decisivas en las decisiones políticas y sin las cuales en el Imperio “no hay poder posible”. De ese malabarismo resultó este Protocolo que no resarce a Colombia en nada de las lesiones estipuladas sobre la soberanía territorial, económica, jurídica y alimentaria ni menos en la cesión pactada de derechos fundamentales.

El nuevo texto es el concurso de más normas proteccionistas a favor de Estados Unidos. Se excluyó la posibilidad de aceptar en Norteamérica inversiones extranjeras en las operaciones portuarias a raíz de la alarma que se suscitó cuando por motivos del TLC con Omán existió la posibilidad de admitir dineros árabes en esta área. En materia laboral, sobre la que se hizo mucha bulla, se consignó que “las partes ratifican sus obligaciones como miembros de la OIT”; un truco para abroquelar más a Estados Unidos. Según RECALCA, los países no han contraído iguales compromisos: mientras Colombia ha ratificado 29 convenios, ellos apenas dos. Al confirmarse cinco derechos fundamentales de los trabajadores, el de asociación, el de negociación colectiva y el de la eliminación tanto del trabajo forzoso como del infantil y de cualquier tipo de discriminación en el empleo, su cumplimiento cabal sólo quedó supeditado a la legislación en cada país. De ese modo, no se dan reformas legales al laxo régimen laboral norteamericano pero se acredita el colombiano que es más estricto al respecto; siendo un ardid para que de esa “letra menuda” pueda pensarse que las eventuales exportaciones colombianas hacia el Norte no estarán subsidiadas por el envilecimiento del trabajo y pretender disipar así los temores de desplazamiento laboral que por tal razón preocupan mucho a las uniones gringas de trabajadores.

El nuevo capítulo ambiental introduce el respeto de los dos países a algunos acuerdos internacionales como el de la prevención de la Contaminación por Buques o el de la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos, totalmente insustanciales en este caso, pero sí excluyendo a los más importantes como el de Kioto, el Protocolo de Biodiversidad de Río, el de Bioseguridad de Cartagena y el de Basilea, que reglamenta el transporte y la disposición de residuos tóxicos especiales. Las controversias sobre degradaciones ambientales sólo operarán con relación a “los acuerdos cubiertos”. El Capítulo de Propiedad Intelectual vuelve discrecionales de los gobiernos y opcionales la aplicación de algunas de las dañinas disposiciones que prorrogan las patentes de los medicamentos, que impiden el acceso a los genéricos y que someten la salud pública al lucro de las farmacéuticas internacionales. Se deja en manos de gobiernos dóciles y sumisos el derecho a la vida de los ciudadanos al no suprimirse las normas que en el TLC hacen de la salud un negocio. La lectura minuciosa del Protocolo permite aseverar que las ilusiones tenidas sobre las mejoras al TLC fueron quimeras y que Colombia de rodillas acepta lo que venga de la Estrella Polar del Norte como en tiempos infaustos de Marco Fidel Suárez.

Sobre la Asamblea permanente estudiantil

Viernes, 24 Agosto, 2007

Las continuas y repetidas incursiones de las fuerzas de policía a los claustros e instalaciones de la Universidad del Cauca en el presente año, como medidas de represión contra las manifestaciones políticas y sociales de la Asamblea Permanente Estudiantil, son una demostración plena del quebrantamiento del principio constitucional de la AUTONOMÍA UNIVERSITARIA y una negación de la democracia. Estos procedimientos de la policía sin mediar ningún proceso, investigación u orden legal de juez o autoridad competente, confirman que estamos viviendo una época oscura en las universidades colombianas donde se desconocen las garantías consagradas en el ordenamiento del Estado de Derecho. Dichas acciones de la policía, arbitrariamente ordenadas por el presidente de la república, según las autoridades universitarias, con el esquizofrénico argumento de que en las universidades se refugian los terroristas, solo pueden equipararse a los torvos designios y las brutales medidas de represión ejecutadas en el pasado por los regimenes dictatoriales instaurados en el cono sur, tras los golpes militares de Augusto Pinochet en Chile y Rafael Videla en Argentina.

La Federación Nacional de Profesores Universitarios denuncia estas acciones que atentan contra los legítimos derechos de los universitarios y demanda de las autoridades universitarias, adelantar las medidas legales para restablecer las garantías que permitan el ejercicio de la libertad de reunión y expresión, como debe ser natural en un sistema donde se respeta el Estado de Derecho. No pueden admitirse con resignación hechos tan contrarios a la libertad ciudadana como el allanamiento por las fuerzas de policía al Claustro Universitario de Santo Domingo para acabar con la protesta de la Asamblea de Estudiantes de la Universidad del Cauca, ni el continuo y amenazante despliegue de los integrantes del ESMAD al frente de las instalaciones universitarias para intimidar y acosar a los universitarios que se reúnen pacíficamente a deliberar y discutir temas políticos, sociales y educativos. Peor aún y mayor rechazo merece la invasión de los agentes de la policía al Claustro del Carmen de la misma universidad para desbaratar y reprimir una manifestación de huelga de hambre por parte de algunos estudiantes, extremo de represión e irrespeto a la protesta que supera todo antecedente histórico: ni los ingleses en el colmo de la violencia impidieron las huelgas de hambre de Mahatma Gandhi durante la lucha por la independencia de la India, ni en años más recientes se atrevieron a bloquear la protesta de los activistas irlandeses que incluso llegaron al máximo sacrificio por este medio.

Muy grave es la situación de la Universidad del Cauca, cuando se reprime de manera tan violenta el derecho a la expresión y a la protesta, y peor aún cuando son las propias autoridades académicas de la Universidad, en cabeza de los decanos, quienes desconocen el papel de conciencia social que deben tener las universidades para examinar la sociedad de la que hacen parte y protestar por causas nobles y justas como ha sido la acción de los estudiantes declarados en Asamblea Permanente al exigir del gobierno nacional mayor apoyo presupuestal para las universidades públicas y compromiso para responder por el pasivo pensional, y su empeño por exigir democracia y buen manejo administrativo en las universidades.

La Federación Nacional de Profesores Universitarios a través de su Consejo Nacional, tras conocer los hechos aquí referidos en reunión del 17 de agosto de 2007, manifiesta honda preocupación y rechaza y condena los métodos represivos que se adelantan contra los estudiantes de la Universidad del Cauca por parte de las fuerzas de policía. También rechaza las acciones disciplinarias adelantadas por los decanos de esa universidad contra los estudiantes que han participado en la Asamblea Permanente porque constituyen un atentado contra el derecho a la protesta y un aplastante acto de poder para inhibir las manifestaciones de descontento social o político.

La Federación Nacional de Profesores Universitarios reclama de las autoridades de la Universidad del Cauca, particularmente de las académicas, instaurar las acciones legales contra las fuerzas de policía por el atropello a la Autonomía Universitaria y solicita que cesen las acciones disciplinarias y represivas contra los estudiantes declarados en Asamblea Permanente.

Consejo Nacional de la FEDERACIÓN NACIONAL DE PROFESORES UNIVERSITARIOS

Gonzalo Arango Jiménez.
Presidente

Bogotá, agosto 17 de 2007

Comunicado Nº2 Estudiantes Unicauca en Huelga de Hambre

Popayán, Ciudad de Lucha Universitaria, 21 de agosto de 2007.

COMUNICADO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y A LA OPINIÓN PUBLICA.

"... la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder". Manifiesto Zapatista de Nahutl.

Los estudiantes universitarios, que a partir de las 8:00 de la noche del pasado martes 14 de agosto de 2007, decidimos realizar una acción política pacífica de Huelga de Hambre, en la Universidad del Cauca, declaramos:

Que a la fecha han transcurrido OCHO días del inicio de la acción pacifica y solidaria, en que 14 estudiantes universitarios hemos empeñado nuestras ideas y cuerpos, reivindicando los derechos a pensar y actuar, en rechazo a la represión en contra de estudiantes universitarios y a las medidas FASCISTAS impuestas por los regímenes guerreristas de Álvaro Uribe Velez y Juan José Chaux Mosquera, desarrolladas en nuestra universidad por la Junta Represiva representada en el Consejo Superior y el régimen de Danilo Reinaldo Vivas Ramos.

A pesar, que algunos voceros de la asamblea General Permanente Estudiantil vienen realizando acercamientos con la dirección Universitaria desde el pasado 1 de Agosto, donde se suponía que las partes a través del reconocimiento y la argumentación racional iban a avanzar en la construcción de acuerdos dirigidos a la solución de la problemática universitaria; a la fecha, vemos con preocupación como la dirección universitaria continuando con su accionar histórico de prepotencia (en el marco de un Régimen universitarioTotalitario), niega todo tipo de argumentación racional respaldada por el aparato represivo estatal (sistema jurídico y fuerzas militares y de policía) en su pretensión de avasallar la acción política practica estudiantil.

Nuestra universidad y fundamentalmente los estudiantes a diario afrontamos la política militarista de "La Seguridad democrática" , somos libres nos dicen, pero hay sobre la universidad una orden de ACALLAR A LA FUERZA cualquier tipo de acción política desarrollada por estudiantes, las fuerzas de policía reprimen estudiantes que salen de sus casas, los estudiantes que desarrollamos la Huelga de Hambre, fuimos amenazados por la policía por el hecho de permanecer en Nuestra Universidad y la Orden de Uribe es reprimir y acallar. ¿De que libertad nos hablan? Acaso, de la de creer y obedecer o de la de escoger entre entregarnos , vendernos o morirnos.
Es una universidad democrática y participativa nos dicen, pero a través de la "represión jurídica y militar", algunos estudiantes que controvertimos el orden establecido a través del pensamiento y la acción hemos sido perseguidos y reprimidos; hay la voluntad política nos dicen, pero llevamos 8 días sin comer. durmiendo en precarias condiciones y arriesgando nuestra seguridad individual y colectiva, mientras el Rector y los Decanos descansan en sus casas e incumplen compromisos como el de reunirse, discutir y actuar con celeridad sobre el tema. ¿A caso no es un derecho, un en un régimen "democrático", la acción de toda persona de levantarse contra la injusticia o en defensa de sus derechos?.

El Proceso disciplinario y la pretensión de la dirección universitaria por reprimir internamente lo que externamente las fuerzas de represión no pueden, es político, de represión a la protesta social, en el marco de una política de guerra contra el pueblo, puesto que, con la torpe acción del aparato represivo que además de destrozar el Claustro de Santo Domingo y retener ilegalmente estudiantes Universitarios, el Aparato Estatal quedo sin elementos para activar el sistema represivo externo.

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, EN HUELGA DE HAMBRE.

Enjambre de pobres

por Helda Martínez Saturday, Aug. 18, 2007 at 7:35 PM

Anuncio de pequeñas ayudas atrajo miles de personas pobres

BOGOTÁ, 15 ago (IPS) - Pasar la noche a la fría intemperie de Bogotá no es recomendable, pero sí necesario para miles de personas pobres que aspiran a recibir una magra ayuda del programa gubernamental Familias en Acción, entre ellas muchas desplazadas por la guerra civil.

Hasta 100.000 familias de Bogotá recibirán los subsidios de salud y educación, el equivalente de 15 dólares por escolar y de 30 dólares por estudiante de secundaria, y un bono de alimentación por 50 dólares, que se entrega cada dos meses. Esta semana muchos han pasado una noche haciendo cola para conseguirlos.

Unas 20.000 de esas familias son desplazadas: huyeron de sus comarcas y hogares por el conflicto interno de casi medio siglo.

Para acceder a ese beneficio, las autoridades tienen en cuenta la inscripción de las familias en el Sistema de Identificación de Beneficiarios, que desde 2000 determina los grupos más vulnerables, según el nivel de ingresos. Los desplazados deben figurar en las bases de datos de la Agencia Presidencial de Acción Social.

La asistencia en salud y educación para menores de hasta 18 años de edad supone la obligación de sus padres o tutores de enviarlos a la escuela y a controles sanitarios especialmente para los que tienen hasta siete años.

En este país de 42 millones de habitantes, el costo de la canasta familiar es de 450 dólares, mientras el salario mínimo llega a 28l dólares, según el Departamento Nacional de Estadísticas. El gobierno asegura que 45 por ciento de los colombianos son pobres.

Del total de familias que aspiran los subsidios en Bogotá "20 por ciento serían familias en situación de desplazamiento", dijo a IPS la coordinadora nacional del programa, Rita Combariza.

La ayuda para alimentos se entrega en bonos que los beneficiarios cambian por artículos de su elección en supermercados de la zona donde habitan.

En Bogotá, el convenio se realizó con la empresa Colsubsidio, lo que en opinión de María Maldonado, desplazada y madre de dos niños, "no es muy conveniente porque nos toca pagar transporte hasta el supermercado, y además los precios son costosos. Preferiríamos que fuera en el mercado del barrio, porque es más barato", dijo a IPS.

Pero la oficina de prensa de Familias en Acción respondió que mediante un convenio con Colsubsidio, se "otorga descuentos, y garantizándonos productos de calidad. Entendemos que las personas están acostumbradas a comprar a diario en la tienda de la esquina, pero la práctica los convencerá de que es mejor el supermercado".

Familias en Acción se inició durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y continuó bajo el mandato de Álvaro Uribe, "ampliando la cobertura a población en situación de desplazamiento en 2005", dijo Combariza.

"En principio se hicieron entregas de donaciones piloto en regiones apartadas del país, ampliando la cobertura de manera paulatina en 2006. Este año superaremos el millón y medio de personas en todo el país", agregó.

Para Marco Romero, presidente de la no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), "la inclusión de las familias desplazadas es resultado de la insistencia de la Corte Constitucional para que se cumpla la legislación a favor de quienes han sido expulsados de sus lugares de origen".

"Familias en Acción no tiene capacidad suficiente para atender una situación que trasciende la vulnerabilidad económica, aun siendo cierto que el apoyo en dinero les sirve", dijo Romero a IPS. "No todos los desplazados son pobres, pero todos son víctimas", enfatizó.

La capital colombiana recibe a diario cerca de cien personas desplazadas, cincuenta y uno por ciento de ellas menores de edad, según el informe "Gota a Gota: Desplazamiento forzado en Bogotá y Soacha", elaborado por Codhes y la Fundación de Atención al Migrante de la Arquidiócesis de la Iglesia Católica.

"En Bogotá tenemos nueve mil familias inscritas hasta el momento, y esperamos que en septiembre, al terminar el proceso, tengamos 20 mil familias afiliadas", aseguró Combariza.

"Es nuestra meta, en desarrollo de acciones que para nosotros superan la tarea y se convierten en compromiso. Es un interés grande, aun a sabiendas de que sólo es un grano de arena dentro de la complejidad del desplazamiento en Colombia", anotó.

La gravedad de la situación se hace evidente en los sitios destinados a brindar información e inscribir a nuevos aspirantes en la capital colombiana.

Entre el 9 de agosto y el martes fue el turno a la zona de mayor recepción de desplazados. Cerca de cinco mil personas se agolparon desde la noche del domingo a la entrada del parque El Tunal, en el suroccidente de la ciudad, protegidos con plásticos y la tradicional ruana (poncho de lana) que visten los campesinos. La enorme afluencia obligó a ampliar inscripciones hasta este viernes.

En la larga fila, IPS encontró a Miguel, de 16 años, que huyó de la población de Gachalá, en el central departamento de Cundinamarca, pues la guerrilla quería que se uniera a sus filas. José Antonio llegó hace cuatro meses del sudoccidental Putumayo, escapando de los paramilitares. Y María de Jesús, del oriental Arauca, asegura que "¡por allá no vuelvo!" para no encontrarse con esas milicias.

Miguel vive en Bogotá con un tío en un barrio marginal, y volverá a la escuela que debió abandonar en Gachalá. José Antonio busca la ayuda para completar ingresos casuales cuando encuentra trabajo de albañil.

María de Jesús, con su niña de 18 meses en brazos, asegura que estira al máximo el subsidio que complementa el salario mínimo de su marido como empleado en un taller de mecánica automotriz.

Mientras, los desplazados siguen inquietos en Bogotá por amenazas proferidas contra sus líderes por grupos paramilitares, pese a la polémica desmovilización que estas milicias de ultraderecha pactaron con el gobierno de Uribe.

Según Jorge Rojas, director ejecutivo de Codhes, entre 2000 y 2007 han sido asesinados 19 líderes de desplazados, mientras otros reciben mensajes de "advertencia", firmados por las Águilas Negras, un nuevo agrupamiento de paramilitares.

La Coordinación Nacional de Desplazados (CND) publicó esta semana las amenazas dirigidas al dirigente social y defensor de derechos humanos Rigoberto Jiménez, en un texto plagado de errores ortográficos e insultos.

"Señor hijo de puta Rigoberto Jimenez y todos tus conpinchi abladores de mierda del gobierno parese que no entendieron el mensaje ustedes siguen con la idea del tribunal internacional para jusgar al gobierno por el desplazamiento" (sic), afirma el texto amenazante enviado por correo electrónico.

Y finaliza: "…tenemos orden del patron de darles en la primera oportunidad que nos de el gran ijueputa esta crellendo que estamos charlando y esta pensando que no savemos que sale de bogota es ablar mal del gobierno. Atentamente, las aguilas negras de Bogota, por una Bogota linpia de guerrillero cobardes" (sic).

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Camas de Cemento
por El Tiempo Saturday, Aug. 18, 2007 at 7:50 PM

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A las 6:30 am madres y padres pobres se levantan de sus "camas de cemento" donde pasaron la noche a la espera del turno para inscribirse para algún subsidio. Son Familias en Acción.

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EL AGUA EN LOS TIEMPOS DEL DOLOR

Aurelio Suárez Montoya

Parodiar el título de la bella novela de García Márquez, “El amor en los tiempos del cólera”, puede servir para hacer la conjunción entre dos grandes aventuras que algunos colombianos han emprendido en los últimos tiempos. La primera, la más renombrada, la del profesor Gustavo Moncayo que ha manifestado, a través de una caminata de más de 1.000 kilómetros, el sentido dolor de un padre que ha tenido a su hijo secuestrado por 9 años y, la segunda, la navegación que por el Río Magdalena emprenderán desde el 8 de agosto, entre Barranquilla y Girardot, un grupo de ciudadanos, ambientalistas, biólogos y activistas sociales, quienes realizarán así una cruzada nacional para motivar entre los colombianos el apoyo a un referendo para que el líquido vital sea considerado en nuestra Constitución como un bien público y un derecho fundamental de los ciudadanos.

Moncayo ha unificado en un sentimiento común a millones de colombianos agobiados por miles de dolamas causadas tanto por el conflicto interno como por los padecimientos ocasionados por la concurrencia de éste y de otras terribles tragedias, entre ellas la económica que ha arrojado a la ruina y al desplazamiento interno o a la emigración a tantas víctimas como las que la violencia ha generado.

Es el mismo dolor nacional que ha querido ser aprovechado por quienes fungen de Mesías redentores y ven vulnerado dicho rol cuando el país mediante el acto casi desesperado de un sencillo profesor pone en evidencia que la obligación gubernamental de agotar, con sinceridad y arrojo, todas las vías posibles para lograr la liberación de los secuestrados no ha sido cumplida. ¿Si la sensatez no proviene de quienes juraron defender los bienes y la vida de todos los ciudadanos, entonces de qué lado vendrá? Lo demás son argucias y malabares para encubrir una visión oficial que tiene como única solución echar bala y que inclusive confunde los acuerdos políticos necesarios para las acciones humanitarias, válidas en medio del conflicto, con su concepción sobre cómo llegar al desenlace final y para lo cual, si lo cree necesario, no repara en llevarse por delante derechos democráticos de los asociados.

Los navegantes del Río Magdalena también interpretan otro agudo reclamo de millones de colombianos: el de carecer de agua suficiente y apta para el consumo humano. Se sabe que de los 1.100 municipios de Colombia casi 900 no entregan agua apta para el consumo humano y que en las zonas rurales del país se cuentan con los dedos de la mano los pobladores rurales que consumen agua potable. Algunos cálculos estiman que para el año 2015 la mayoría de nuestros compatriotas carecerán de agua. Las respuestas institucionales a un problema de esa magnitud ha sido la de privatizar, privatizar y privatizar. El resultado es el incremento exponencial de las ganancias de las empresas particulares y también un aumento paulatino de hogares que ven en cada periodo suspendido el servicio por falta de pago. En Bogotá, verbigracia, uno de cada ocho usuarios, en promedio al año, ve cortado el suministro. Es urgente un cambio en nuestra legislación que impida esa arbitrariedad, que reverse las privatizaciones y que no permita que se avance hasta el extremo, como lo prescribe el TLC, de entregar a firmas particulares el manejo de cuencas y de fuentes. Debe añadirse en nuestra Carta que el agua ha de ser un bien público con todas las características que ello implica, que sea inalienable, inembargable e imprescriptible.

El profesor Moncayo y los navegantes por el Río Magdalena, en la campaña del agua, están representando formas de Resistencia Civil tanto contra el autoritarismo como contra el neoliberalismo, precisamente dos de las características esenciales del régimen que nos gobierna. También las comunidades indígenas del Cauca hicieron una travesía desde sus resguardos hasta la Capital invocando al país a la Dignidad Nacional. Vendrán nuevas expresiones como éstas que serán rodeadas por los colombianos. Y cada vez que tales ejemplos se repitan, sin que se resuelvan las sentidas demandas de la sociedad colombiana, se irá gravando en la piedra de la historia un triste nombre para este periodo en el cual se entronizaron los más reaccionarios modos de gobierno: el de los tiempos del dolor.

OJO A LA ECONOMÍA

Jorge Enrique Robledo, Bogotá, agosto 22 de 2007

Un serio golpe acaba de sufrir la economía nacional. El 16 de agosto pasado, las acciones registradas en la Bolsa de Valores de Colombia padecieron la mayor pérdida entre las bolsas de América Latina, con una reducción de su valor de nueve billones de pesos. El peso fue la moneda que más se devaluó frente al dólar en el mundo, devaluación que es la segunda mayor en la historia del país, tendieron al alza las tasas de interés y perdieron grandes sumas los tenedores de TES, entre ellos los fondos de pensiones y cesantías, es decir, los colombianos rasos, porque los propietarios de dichos fondos no ganan por tener éxito en su administración, sino por el simple hecho de administrarlos.

Hasta los analistas del establecimiento, como Rudolf Hommes, coinciden en alertar sobre el futuro de la economía nacional, al decir que “lo más probable” es que los capitales golondrina que venían a Colombia regresen al extranjero (y ya lo están haciendo) o dejen de venir, y que ello hará más difícil y costoso el endeudamiento externo. El Índice Embi, que mide la diferencia entre el costo de la deuda de los países y la tasa de los Bonos del Tesoro de Estados Unidos, pasó de 95 a 201 puntos desde junio. Carlos Caballero Argáez explicó que el país de América Latina que más depende del crédito y la inversión extranjera para pagar sus importaciones y su deuda externa es Colombia, con un déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos que equivale al 3,2 por ciento del PIB, lo que agrava las consecuencias de los mayores costos del endeudamiento y de la corrida de los inversionistas. Para completar, por cada peso que sube el dólar la deuda externa del gobierno crece 28 mil millones de pesos, y este ha subido 200 pesos en el último mes. La burbuja especulativa seguramente llegará a su fin.

Ante semejante situación, quienes le creen a Álvaro Uribe todos sus cuentos se estarán preguntando: “¿Será que el Presidente decidió desmontar la ‘seguridad democrática’? ¿Por qué lo haría si a ella se debía el buen desempeño económico?”. Ironías aparte, la cara positiva de lo que ocurre es que los hechos, otra vez los hechos, confirmaron que así como los actuales problemas del país vienen del exterior, la causa principal del crecimiento durante este gobierno no obedeció a la “seguridad democrática”, sino a los efectos del auge de la economía mundial, y no solo por los mayores precios del café y de las otras materias primas que exporta Colombia. El propio Oscar Iván Zuluaga puede dar fe de las constancias que se le dejaron al respecto, las cuales incluyeron la crítica a la negligencia del gobierno frente al probable tsunami económico que se estaba gestando por fuera de las fronteras nacionales desde hacía rato.

En junio de 2006, por otra caída de las bolsas, en esta columna se alertó sobre el reflejo en el país de los problemas que ya vivía la economía mundial. Además, la actual crisis empezó con la del mercado de la vivienda en Estados Unidos el año anterior, e incluso se enquistó desde antes, cuando la Reserva Federal norteamericana redujo, en los inicios del siglo XXI, la tasa de interés a casi nada, para superar la crisis de la burbuja especulativa del Internet. Y aunque nadie tiene la certeza de lo que pasará, sí hay consenso en que, por lo menos, se reducirá el crecimiento de la economía mundial, al tiempo en que aumentan los que pronostican una recesión en Estados Unidos y en el mundo. Si así fuere, lo que se discutirá en Colombia no será el tercer período de Uribe, sino si terminará el segundo.

La crisis hipotecaria de Estados Unidos contagió al resto del sector financiero de ese país y al de Europa y Japón, pues estos también especularon con las llamadas hipotecas subprimes, las cuales no fueron catalogadas como estafas a largo plazo porque contaron con la bien paga alcahuetería de las supuestamente pulquérrimas firmas calificadoras de riesgo. Afirmó un especulador: “Los préstamos de alto riesgo (subprimes) eran lo que llamamos préstamos de neutrones: matan la gente y dejan intactas las casas”. Pero el problema es más profundo, en razón de que nace de la esencia misma del “libre comercio”, que convirtió toda la economía mundial en el paraíso de los especuladores de todos los tipos, y porque el Imperio norteamericano padece por dos cifras que están en la base de los problemas globales: importa más de lo que exporta por 818 mil millones de dólares al año y sus gastos estatales superan los ingresos corrientes en 430 mil millones de dólares anuales.

DE TRANSMILENIO, MEGABÚS Y OTROS DEMONIOS

Aurelio Suárez Montoya, La tarde, Pereira, agosto 21 de 2007

Todavía no he olvidado la expresión del alcalde Peñalosa en diciembre de 2000 cuando se inauguró Transmilenio y se le indagó sobre la suerte futura de los pequeños transportadores, “Será la misma de quienes sólo tenían una azadón cuando llegó el tractor”. Tal aserto, de por sí bastante desconsiderado, no recibió el reproche general de los ciudadanos quienes entonces estaban obnubilados con la aparición de lo que se llamó el Sistema Integrado de Transporte Masivo.

Esa alegría no perduró. En todos los sondeos de opinión de los últimos dos años Transmilenio recibe calificaciones más bajas que el modo tradicional de buses y busetas. La frecuencia inadecuada de las distintas rutas, los largos tiempos de espera en las estaciones y el excesivo número de pasajeros, (que ha hecho que de manera coloquial se le llame como “Trasnmuylleno”) asociado con la inseguridad sufrida por los ciudadanos dentro de los buses, y el altísimo precio de la tarifa se señalan como causas del desengaño. Recientes notas periodísticas de Eduardo Sarmiento y Armando Silva coinciden en anotar que la privatización del transporte, que se concretó entre el Distrito y el puñado de empresarios privados tuvo como prioridad las tasas de rentabilidad de la inversión antes que la eficiente prestación del servicio.

La concesión de la operación del Sistema se concretó en un contrato que es una lesión enorme al patrimonio público, de las más aberrantes en la historia nacional. En él se plasman iniquidades como que la tarifa pagada por 1,3 millones de usuarios al día debe asegurar el cubrimiento de los costos, la recuperación del capital invertido y el retorno de la inversión. Para cumplir con ello, pese a que entre el Distrito y la Nación gastaron casi $3,5 billones en la construcción de los carriles exclusivos y de sus embarazosas reparaciones, los agentes privados, que en el montaje de los vehículos no gastaron sino una séptima parte de esa suma, se quedan con el 96% de lo recaudado. Esa ventaja se garantiza con artilugios como el establecimiento de una tarifa paralela que contabiliza mensualmente los costos y los cubre con fondos especiales si con lo pagado por los consumidores no es suficiente o con cláusulas que le reconocen a las empresas un número fijo de pasajeros por kilómetro, aunque no utilicen el Sistema. Según Sarmiento, las tarifas de Transmilenio le significan a los hogares pobres el 17% de sus ingresos mientras las empresas obtienen rentabilidades del 40%. Esta estructura acelera la fase de agotamiento de este sistema, lo descalifica como solución única a la “movilidad” de los bogotanos y dificulta una respuesta racional a las sentidas demandas ciudadanas al respecto.

El modelo Transmilenio ha empezado a replicarse por Colombia. En Pereira, donde está cumpliendo un año de funcionamiento el Megabús, se han cometido anomalías similares a las de Bogotá. La adjudicación de su principal troncal tuvo evidentes irregularidades, el diseño de la ruta se modificó, introduciéndola por el centro de la ciudad en busca de un cierre financiero a favor de los empresarios, entre los que se encuentra uno de los operadores de la capital del país, golpeando a los pequeños comerciantes y produciendo un trancón sin salida; y, pese a todo, el cálculo de 140.000 pasajeros diarios como punto de equilibrio está lejos de cumplirse. Las obras complementarias están paralizadas y las calles pereiranas se invaden de motocicletas, lo mismo que en Bogotá; como alternativa económica viable para muchas familias en comparación con los costos de transporte derivados de los contratos leoninos. ¿Quién paga “los platos rotos”?

El último Plan Nacional de Desarrollo aprobó como mega-proyecto la difusión del sistema Transmilenio para ciudades como Cali, mancillado ya por sobrecostos y desaguisados, Bucaramanga, Medellín y Cartagena, entre otras, y expandir el de Bogotá incluyendo absurdos como la ruta por la carrera séptima. Después de lo visto no se sabe bien si el propósito uribista es más bien difundir los fementidos contratos por doquier. Por lo visto ya en Pereira, tal parece que fuera la verdadera intención. Así las ciudades colombianas se van alejando de verdaderas soluciones sociales en transporte y se van amarrando a una que, por sus características contractuales, propende hacer de este servicio esencial un negocio particular de claro corte neoliberal. El típico caso que privatiza las ganancias y socializa las pérdidas, el de los empresarios subsidiados por los usuarios y el Estado a fondo perdido; se ha reforzado, con mecanismos más sutiles, la estructura corrupta que ha regido el transporte urbano en Colombia y es, según Silva, “la peor privatización, que usufructúa 10 millones de pasajes diarios para enriquecer a cinco propietarios”.

BALANCE Y PERSPECTIVAS DEL MOVIMIENTO

El auge que tomó la movilización universitaria, a partir de los primeros días de mayo, no es súbito, ni espontáneo. Corresponde a un proceso que, desplegado en el tiempo, tiene coyunturas, fases y momentos de muy variada intensidad, que es preciso evaluar, para proyectar su continuidad.

La Asamblea Nacional Multiestamentaria, realizada el 3 de mayo en la Universidad Nacional, identificó como objetivo certero el cuestionamiento a los Artículos más lesivos del Plan de Desarrollo 2006-2010, contra la educación superior pública y propuso acciones inmediatas que tuvieron alcance nacional y no pudieron ser amordazadas por los medios de comunicación.

La marcha multitudinaria del 10 de mayo, en Bogotá, logró que el Presidente de la República y la Ministra de Educación admitieran la inconveniencia del Artículo 38° del Plan, referido a los acuerdos de concurrencia para las universidades del orden nacional, específicamente para la Universidad Nacional.

En el contexto de las jornadas de agitación y del Paro Nacional convocado por FECODE para el 23 de mayo, contra el recorte de las transferencias, el movimiento universitario y de secundaria tomó un apogeo extraordinario y se generalizó a la mayoría de las universidades, en las cuales, en la medida de sus posibilidades se mantuvo la asamblea permanente o escalonada , se organizaron campamentos, ocupaciones , marchas callejeras, actividades lúdicas y "abrazos" al campus universitario, que tuvieron gran acogida en la opinión pública.

Las denuncias, los foros y los debates realizados durante las jornadas de protesta, contienen un elemento común determinante: rechazo total y fundamentado a los artículos del Plan de Desarrollo que propician el marchitamiento financiero de la educación superior pública y el deterioro de su calidad académica.

Los pronunciamientos de la comunidad académica, con diverso grado de compromiso, hicieron visible la legitimidad de la protesta y, la participación masiva de los estamentos en las movilizaciones, da cuenta de la apropiación colectiva del problema.

La apropiación colectiva del problema constituye uno de los logros más significativos del movimiento, como importante resultado de la movilización y la crítica argumentada. Desde luego, la toma de conciencia no es el todo, pero tampoco la nada y, por lo tanto, la evaluación del éxito o el fracaso del movimiento no puede tener como referentes únicos la redefinición del Acuerdo de Concurrencia o la objeción presidencial a la ley del Plan de Desarrollo.

Las reivindicaciones en defensa de la educación superior pública son legítimas, están totalmente vigentes y señalan la perspectiva inmediata de la lucha, entendiendo siempre que se trata de un proceso con objetivos generales y específicos que trascienden la coyuntura, en el cual se han venido acumulando valiosas experiencias y logros significativos.

El debate sobre los medios de la protesta social fue enriquecido con el desarrollo exitoso de las marchas pacíficas y multitudinarias, acompañadas de expresiones lúdicas y artísticas; métodos que abren alternativas de participación masiva e incluyente, con amplia acogida interna y simpatía en la opinión pública. Fueron creados nuevos consejos estudiantiles y se fortalecieron los existentes, lo cual constituye otro de los beneficios más significativos, del movimiento. Tarea esta que sin duda deberá ocupar la mayor trascendencia para el movimiento estudiantil, buscando que sea un estamento más compacto, cohesionado que tenga una mejor capacidad organizativa para procurar una defensa más eficaz de las intereses de la universidad y del país.

La continuidad de las movilizaciones, fue interrumpida por la terminación del semestre en la mayoría de las universidades o la declaración de vacaciones colectivas, en algunas de ellas. La idea de salvar el semestre, tomando decisiones flexibles y acudiendo a formas imaginativas como la denominada currículo alternativo que combina diversas actividades permitiendo el desarrollo de la docencia, la construcción de espacios democráticos y participativos, el debate, el foro y la movilización, constituye otro logro importante que es preciso valorar y proyectar hacia el futuro.

El saneamiento del pasivo pensional de las universidades estatales del orden Nacional, con base en acuerdos de concurrencia, que figura en el Artículo 38, es el más conocido por la vigorosa movilización en su contra, en la Universidad Nacional, con acompañamiento de la mayoría de las universidades del orden nacional y territorial. Pero no debemos perder de vista que se trata de una política pública que envuelve todo un modelo educativo diseñado para menguar la calidad académica de la educación superior pública y finalmente liquidarla adecuándola a las necesidades del libre comercio y de la globalización neoliberal.

El Plan de Desarrollo implica la continuidad de las políticas del Plan 2002-2006 y tiene como antecedentes inmediatos dos documentos directamente relacionados con las políticas educativas: " Visión Colombia II Centenario: 2019" y Agenda interna para la productividad y la competitividad. El Plan Decenal de Educación 2006-2015, no se menciona explícitamente, pero está completamente integrado al documento " Visión 2019".

Dando continuidad a las políticas de la "Revolución Educativa", las metas para el 2019 son: a) aumentar la cobertura hasta llegar al 50% b) mejorar la calidad y la pertinencia de los programas c) consolidar 20 centros de investigación de excelencia d) alcanzar un 0.1% de la población dedicada a investigación e) lograr que el 30% de los profesores universitarios de tiempo completo tengan el título de doctorado (8.000 docentes) f) alcanzar una inversión en ciencia y desarrollo tecnológico que represente el 1% del PIB con 50% de inversión privada y g) lograr el reconocimiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad a nivel internacional.

Las metas de cobertura parten del 29.10% en 2006 y avanzan progresivamente al 34.7% en 2010; 40% en 2015 y 50% en 2019, ligadas al cambio en la composición de la matrícula, de un 75% en formación universitaria profesional y de posgrado, y un 25%, en formación Técnica y Tecnológica, en 2006, a un 40% y 60%, respectivamente, en 2019; paralelamente se buscará una disminución de la deserción del 48% al 25%, durante el mismo período. Las metas de formación por competencias básicas ciudadanas y laborales serán evaluadas a través de los Ecaes y las de calidad estarán articuladas a los procesos de Registro Calificado de los programas de pregrado y posgrado, la Acreditación Institucional, la promoción de la formación doctoral de los profesores, de los centros de investigación y serán monitoreadas con base en el manejo de indicadores a través del SNIES.

La relación de dichas política con el Plan de Desarrollo aparece en varios apartes, entre ellos, el dedicado al capital humano, en el cual se anuncia que los esfuerzos en materia de educación estarán orientados al fortalecimiento y la articulación de todos los niveles, con base en el enfoque de competencias, especialmente en formación para el trabajo que será evaluada a través de los Ecaes; el mejoramiento de la pertinencia y la calidad estará basado en información sobre el comportamiento y requerimientos del mercado laboral.

Como se trata de lograr dichas metas, con los mismos o menores recursos financieros, cabe formular, entre otras objeciones, las siguientes:

1. El Aumento de cobertura en formación Técnica y Tecnológica, con iguales o menores recursos, implica el deterioro de la investigación y la formación profesional, de Maestría y Doctorado.

2. La autonomía de las universidades, para decidir sobre sus prioridades académicas y formativas, queda severamente mancillada.

3. La formación por competencias operativas y ciudadanas, restringida exclusivamente al mercado laboral y al pensamiento oficial, omite las necesidades estratégicas de la sociedad y contradice el espíritu crítico y pluralista de la universidad recortando de contera la libertad de cátedra.

4. Las presiones y manipulaciones, con los indicadores de gestión, obligan a las universidades a ceñirse pasivamente a las presiones estatistas, para ser viables financieramente.

Según el Artículo 34: "Las instituciones de educación superior contarán con un período de dos años de transición para que puedan efectuar los respectivos ajustes institucionales en sus estructuras financieras y de costos" .

De un enunciado tan general, pueden derivarse distintas opciones: a) La reedición del inconstitucional Decreto 3545, violatorio de la autonomía universitaria b) la contratación de una costosa e ineficiente asesoría tipo SER, o la aplicación de la plataforma de la Universidad del Atlántico c) La evaluación de los programas en términos de costo por estudiante manejando promedios simplistas y haciendo abstracción de las especificidades de las ciencias, las artes y las disciplinas, lo cual pondría en grave riesgo áreas del saber que generan externalidades sociales muy valiosas en la sociedad y el mundo simbólico de la cultura.

Otros artículos del Proyecto de Plan de Desarrollo, hacen referencia a la contribución de los egresados de las universidades públicas (impuesto a los egresados) apuntando a la deserción de los estudiantes de estrato cuatro hacia arriba y a la adopción de medidas de ajuste a los servicios de salud, que pueden poner en entredicho su subsistencia, afectando negativamente un componente esencial del bienestar universitario.

En consecuencia, es necesario declarar un estado de alerta que implica, de inmediato:

1. Convocar la Asamblea Nacional Multiestamentaria para el 19 de agosto, precedida de Asambleas estamentarias el 17 y 18 de agosto.
2. Profundizar el análisis de las políticas publicas mencionadas y enriquecer el acervo de documentos. En asambleas, claustros, conferencias y foros, ampliar el debate para clarificar al máximo la toma de conciencia colectiva del problema.
3. Actualizar la Plataforma y el Pliego de la Multiestamentaria Nacional y programar actividades y tareas de movilización. Constituir un Frente común en defensa de la universidad pública que vincule diversos sectores de la población y acordar acciones conjuntas. Definir la fecha y el lugar del la Cumbre Universitaria y la hora cero del Paro Nacional Universitario. Acoger la convocatoria de la Gran Coalición Democrática para la Jornada Nacional de Protesta del 10 al 12 de octubre.
4. Organizar el Encuentro o Congreso Universitario que formule la propuesta de Universidad que requiere el país.
5. Mantener en alto la guardia, frente a la crisis humanitaria expresando de manera sistemática la denuncia y el repudio a la persecución, las amenazas y los atentados contra estudiantes, profesores, trabajadores y empleados de las universidades.

Universitarios en Costa Rica protestan contra TSE por ’’intromisión’’ en autonomía universitaria

Miles de universitarios protestaron este martes contra el Tribunal Electoral de Costa Rica, al acusarlo de atentar contra la autonomía universitaria mediante una resolución que intentaba limitar las discusiones sobre el TLC con Estados Unidos

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21/8/07

Universitarios en Costa Rica protestan contra TSE por ’’intromisión’’ en autonomía universitaria

Miles de universitarios protestaron este martes contra el Tribunal Electoral de Costa Rica, al acusarlo de atentar contra la autonomía universitaria mediante una resolución que intentaba limitar las discusiones sobre el TLC con Estados Unidos.

Miles de estudiantes universitarios marcharon este martes en Costa Rica, para expresar su rechazo a una reciente resolución del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que prohibía a las universidades utilizar sus recursos para promover discusiones sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, lo que fue catalogado como una "intromisión" en la autonomía de esas casas de estudio.

Para los alumnos, el dictamen del TSE atenta contra la autonomía universitaria y contra uno de los principales objetivos de los centros de estudios, que es, crear espacios que promuevan el debate de temas importantes para el país.

Bajo la consigna "No a la dictadura del TSE y de los Arias", los estudiantes, a quienes también se le unieron los planteles de profesores, rechazaron la posición asumida por el TSE, el presidente Oscar Arias y su hermano Rodrigo Arias, ministro de la Presidencia.

Hace dos semanas, el TSE emitió una resolución en la que afirma que las universidades no pueden utilizar sus recursos en actividades "proselitistas" en torno al TLC, lo que fue interpretado como una intromisión en los asuntos académicos.

A la marcha de profesores y estudiantes, se unieron sectores que rechazan el TLC con Estados Unidos, por lo que las consignas en contra del referido acuerdo comercial, marcaron la jornada.

La numerosa manifestación recorrió varios kilómetros desde la Universidad de Costa Rica, (ubicada al este de la ciudad de San José), hasta el edificio del TSE (centro de la capital), donde coincidió con grupos de la Universidad Nacional y el Instituto Tecnológico.

Monserrat Sagot, del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, dijo que esa instancia "ya ha sido muy clara (...) desde 2006 nosotros enviamos un criterio negativo, diciendo que ese TLC era nefasto y el Consejo defiende su derecho a expresarlo en este proceso de referendo".

El pronunciamiento del TSE ocurre en momentos en que los costarricenses se preparan para participar en una consulta popular, el próximo 7 de octubre, sobre el TLC, para ratificarlo o no.

Ante las protestas de las autoridades y comunidades universitarias, el TSE hizo una aclaración en la que reconoce que las universidades tienen autonomía total y que una de sus funciones es promover el análisis y discusión de los asuntos de interés público.

Las autoridades universitarias que participaron en la jornada, aseguraron que los centros de estudio superior, han sido celosos de cuidar la autonomía dada por la Constitución Política y las leyes de Costa Rica.

Los numerosos grupos en Costa Rica que se oponen al TLC con Estados Unidos, afirman que el acuerdo comercial será negativo para la economía del país, así como para los distintos sectores productivos, en especial, el campesinado.

Recuperar recursos para las regiones, una prioridad en la lucha democrática

Una férrea defensa a las bondades de la Constitución de 1991 y serios cuestionamientos a quienes intentan desde el Gobierno desmontar dichas bondades, hizo el presidente del Polo Democrático Alternativo en el lanzamiento del Referendo Constitucional de Transferencias.

Carlos Gaviria habló este jueves en la noche en Corferias en el acto donde se definieron los propósitos y las tareas para la recolección de tres millones de firmas con las cuales FECODE, la CUT, la CTC, el Polo Democrático Alternativo y el Partido Liberal; darán la pelea para recuperar y garantizar de esta manera recursos para la salud, la educación, el agua potable y el saneamiento básico de los colombianos.

Viernes 17 de agosto de 2007

Una férrea defensa a las bondades de la Constitución de 1991 y serios cuestionamientos a quienes intentan desde el Gobierno desmontar dichas bondades, hizo el presidente del Polo Democrático Alternativo en el lanzamiento del Referendo Constitucional de Transferencias.

Carlos Gaviria habló este jueves en la noche en Corferias en el acto donde se definieron los propósitos y las tareas para la recolección de tres millones de firmas con las cuales FECODE, la CUT, la CTC, el Polo Democrático Alternativo y el Partido Liberal; darán la pelea para recuperar y garantizar de esta manera recursos para la salud, la educación, el agua potable y el saneamiento básico de los colombianos.

En el evento estuvieron presentes el director del Partido Liberal, el ex presidente César Gaviria, congresistas de las dos colectividades, líderes sociales, comunitarios y ciudadanos en general.

El Presidente del Polo aprovechó el escenario para defender la Constitución del 91 a la que calificó como una “carta de paz”. Destacó, entre otras cosas, que desde su artículo primero, la nueva Carta establece la autonomía de las entidades territoriales.

No obstante, advirtió que después de su proclamación, a varios de los gobernantes venideros, “a éste menos que a ningún otro, dijo, no les gustó especialmente por los ingredientes fuertemente democráticos que esa Constitución tiene”.

Gaviria, quien presidió la Corte Constitucional, explicó que la Constitución, especialmente los artículos “ateniente a los derechos”, debe leerse como “una etapa en el camino hacia la paz”.

Hizo un llamado a los colombianos para que defendamos “lo que queda” de la nueva Constitución. Pidió que el Estado Social de Derecho, consagrado por primera vez en ella, “no sea una burla” y tenga “contenido”.

En ese sentido manifestó su complacencia por el Referendo propuesto porque una de las prioridades de hoy en el país en la lucha democrática, es “la recuperación de los recursos de las entidades territoriales para la salud, para la educación, para el saneamiento básico”.

Gaviria Díaz dijo que el Referendo propuesto es “contrastante” con el “esperpento” que le presentó el presidente Uribe hace tres años a los colombianos, porque esta vez sí será el Constituyente primario quien defina “quién quiere que determine las prioridades en educación, en salud, en saneamiento básico; si una vez más el Gobierno central (alejado de las regiones), o los propios gobernantes de las regiones elegidos por sus propios electores”.

Al final dijo que los tres millones de firmas, servirán para demostrarle al Presidente Uribe que “no estamos de acuerdo con su propuesta desmanteladota de la Constitución del 91”, pero también para enseñarle al Gobierno “cómo y para qué se convoca al Constituyente Primario”.

La transcripción de su intervención en Corferias es la siguiente:

Voy a hablarles muy brevemente de dos cosas. Lo que nos proponemos y el instrumento al que hemos apelado para lograr nuestros propósitos.

La Constitución de 1991 es una carta de paz. No se expidió esa Constitución de manera caprichosa, de manera arbitraria o de manera gratuita, por expedir otra Constitución colombiana, sino que los colombianos que estamos tan fatigados de esta violencia terrible que padecemos desde hace tiempo, resolvimos que una constituyente elegida directamente por el pueblo nos señalara una nueva carta de ruta.

Esa carta de ruta a mi juicio fue sumamente acertada porque señaló las falencias del anterior sistema y mostró cuál es la ruta que debemos recorrer para recuperar nuestro camino y nuestro destino.

Desde el artículo primero, la Constitución establece la autonomía de las entidades territoriales, y es necesario hacer una reflexión: la democracia es autonomista, la democracia es descentralizadora, la democracia cree en las comunidades locales y cree que los gobernantes elegidos directamente por esas comunidades locales han de ser quienes determinen los gastos en materias tan importantes como salud, la educación, el agua potable, el saneamiento básico y, desde luego, para eso necesitan recursos.

En contravía de esa dirección, la vocación autoritaria es centralizadora, absorbente. Uno de los grandes males que ha padecido el Estado colombiano desde hace mucho tiempo es el centralismo absorbente, la hipertrofia central en desmedro de las regiones, de manera que el constituyente, al señalar la autonomía de la regiones, estaba diseñando una carta sobre unas bases muy distintas a las de la carta de 1886. Y recordemos esto: esa carta se dictó como una ruta hacia la paz. Cada uno de sus artículos, especialmente en la parte ateniente a los derechos, debe leerse como una etapa en el camino hacia la paz. Garantizar los derechos económicos, sociales y culturales que eran desconocidos dentro de nuestro constitucionalismo. Consagrar como derechos el derecho a la salud, el derecho a la educación, como auténticos derechos, era un avance significativo, porque naturalmente el constituyente del 91 sabía que la situación lamentable en la que vivíamos y seguimos viviendo tiene causas, y que dentro de las causas está la insatisfacción de las necesidades básicas de inmensos sectores de la sociedad colombiana. Y desde luego, son especialmente los gobernantes locales los que mejor conocen la situación de sus regiones, de su territorio.

Cuando se elige una forma de Estado, centralista ó autonomista, se está tomando una decisión trascendental. Son esos gobernantes los que conocen la realidad que constituye su entorno y por eso son ellos los que deben tener la iniciativa en esta materia. A eso se le llama autonomía y para eso naturalmente necesitan recursos. Pero es un hecho que a los gobiernos que subsiguieron a la expedición de la Constitución no les gustó la Constitución del 91; y no les gustó especialmente por los ingredientes fuertemente democráticos que esa Constitución tiene. A este menos que a ningún otro. Esa constitución se ha ido desmontando poco a poco hasta hacerla completamente irreconocible. Ya no es esa la carta de navegación que el constituyente del 91 había trazado.

Nosotros debemos defender lo que queda de esa Constitución. Que el Estado Social de Derecho no sea una burla, que el Estado Social de Derecho tenga contenido. En ese sentido justamente debemos movernos, de modo que la recuperación de los recursos de las entidades territoriales para la salud, para la educación, para el saneamiento básico es una prioridad en la lucha democrática.

En segundo lugar me parece magnífico el método elegido. ¿Por qué? Porque también esa constitución de 1991 incorporó mecanismos, instituciones de democracia directa, que es lo que se llama democracia participativa para que el pueblo pudiera tomar decisiones él mismo. Pero se pregunta uno: ¿tomarlas en qué materias? En materias acerca de las cuales está capacitado para decidir.

Nuestro Referendo va a ser contrastante con el del Presidente Uribe. Recuerden que hace tres años o cuatro estábamos justamente combatiendo el referendo del Presidente Uribe que era una burla a la democracia participativa. Un esperpento que no estaba al alcance de los electores, que no estaba al alcance del Constituyente Primario. Naturalmente para que le dieran una firma y entonces legitimar una propuesta completamente perversa para la democracia colombiana. Y el Constituyente Primario por fortuna no le dio ese aval.

Nosotros hemos elegido ese camino para mostrar cómo se hace un referendo, cuáles son las preguntas que hay que formular. Formularle a la gente las preguntas de quién quiere que determine las prioridades en educación, en salud, en saneamiento básico, si una vez más el gobierno central, alejado de las regiones, o los propios gobernantes de las regiones elegidos por sus propios electores. Fíjense que son contrastantes una y otra propuesta. Esta propuesta va justamente en el sentido de la democracia. Y de lo que se trata es de esto: de que demostremos al Presidente Uribe que no estamos de acuerdo con su propuesta desmanteladora de la Constitución del 91. Y que el Constituyente Primario que él convocó de una manera frustránea, nos va a acompañar en esta empresa. Que en esta empresa van a estar comprometidos todos los demócratas del país, los indígenas, los trabajadores, los maestros, los estudiantes, la juventud.

Necesitamos tres millones de firmas, pero tenemos la certeza de que esos tres millones de firmas los vamos a obtener rápidamente y le vamos a enseñar al gobierno cómo y para qué se convoca al Constituyente Primario.

Muchas gracias

* El formato para la recolección de firmas lo pueden bajar en internet de la página www.referendotransferencias.com