POLÍTICA “LIGHT” NEOLIBERAL O POLÍTICA DE RESISTENCIA

Aurelio Suárez Montoya, La Tarde, Pereira, julio 31 de 2007

Con motivo de las próximas elecciones locales se empieza a escuchar aquello que en el común de la opinión se llaman “las propuestas” de los candidatos. En ese campo se marcan fuertes divergencias en torno a las concepciones sobre el modelo regional, urbano y rural, que encarnan y puede asegurarse -como nunca antes- que se han dividido entre aquellas que se aferran a arraigar todavía más el neoliberalismo dominante y las que, al contrario, intentan resistirlo y moderar los catastróficos efectos que en más de una década y media ha ocasionado a la mayoría de los colombianos.

Los neoliberales insisten en la desmembración de las empresas públicas y en privatizarlas; en proyectos de desarrollo urbano donde se privilegian los intereses de fuertes grupos económicos y donde se amenaza hasta con la expropiación a sencillos habitantes en beneficio de poderosos terceros; en sistemas de transporte masivo, como Transmilenio en Bogotá o Megabús en Pereira, donde las inversiones en infraestructura corren por cuenta del Estado en tanto el grueso de los ingresos causados van a las arcas de los empresarios particulares del transporte. Como alucinados, llegan a proponer auténticas entelequias alejadas de la cruda realidad que sufren millones de ciudadanos. Se escucha a quienes, sin sonrojarse, formulan como solución para el desempleo conectar Internet de banda ancha a todos los teléfonos celulares para que puedan “aprovecharse las oportunidades del TLC”. Otros quienes plantean “desaparecer” a los vendedores ambulantes y reemplazarlos por kioscos al estilo Florencia (Italia) o Toronto y hay aquellos que persisten en proponer la bici como medio de transporte al cual validan como ambientalmente amable. Su conducta política y su particular sentido de la ética los induce también a validar como proyectos de interés general los negocios en los cuales en muchos casos están involucrados directamente o mediante testaferros.

Las carencias en educación, salud, empleo, seguridad social, vivienda e ingreso y las condiciones de pobreza, indigencia y desigualdad son la prioridad en los programas de las candidaturas que representan la resistencia al modelo neoliberal. Sin desconocer que, en últimas, son los planes oficiales del gobierno nacional los que imponen un marco general de política pública a los que están subordinadas las iniciativas locales, se incluyen eventuales respuestas, así sean limitadas, que tienden a moderar los padecimientos de las clases sociales medias y pobres.

En la controversia entablada, surge la inseguridad urbana como un problema crucial que se está constituyendo en mentís de los promocionados “logros” de la Seguridad Democrática. Los neoliberales, fieles a los retrógrados criterios que tienen sobre la condición humana, no encuentran otro método de combatirla que incrementar el pie de fuerza pública. Desconocen, como lo ha sostenido de manera reiterada el economista Premio Nobel, Joseph Stiglitz, que hay “una interacción” entre violencia y economía. “Si ésta tiene un mal desempeño se propicia la primera que, a su vez, impacta negativamente el crecimiento económico”. Y cuando se habla de malos desempeños deben destacarse los altos niveles de iniquidad social, todas las mediciones efectuadas muestran que cada vez los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. De ahí que para acabar la violencia, cualquiera que sea su manifestación, o al menos para reducir sus huellas, es menester acudir al cambio de los paradigmas económicos que la han generado. Hay que hacer algo más que el cabal cumplimiento de los deberes estatales en el amparo de la vida y bienes de los asociados.

Los ciudadanos el próximo 28 de octubre van a tener que tomar decisiones frente a las opciones expuestas alrededor de estos temas. Los votos depositados por una u otra posición en cada municipio, por apartado que sea, mostrarán si en Colombia se incrementa paulatinamente la corriente que pide reversar el neoliberalismo. De darse esto, el primer deber de los elegidos será encabezar la batalla nacional contra su vigencia, solamente así será posible paliar las secuelas que engendrarán tanto el TLC como el recorte de las transferencias presupuestales del gobierno central a las regiones para atender la salud y la educación de sus pobladores. Estas son dos perversidades del uribismo con la que los nuevos gobernantes tendrán que lidiar y que alientan las propuestas light de los neoliberales de todas las comarcas.