GRUPOS ESTUDIANTILES CONFEDERADOS, GEC
A través del Plan Nacional de Desarrollo, PND, el gobierno de Uribe Vélez se empeña en debilitar la educación pública del país y en concretar su proyecto neoliberal, en perjuicio de los derechos de los colombianos.
El artículo 32 del PND dispone la "concurrencia" en el pago del pasivo pensional entre el gobierno y las instituciones oficiales de educación superior, cifra que para el caso de la Universidad Nacional asciende a 4 billones de pesos, lo cual obliga a la universidad a destinar parte fundamental de su presupuesto para asumir una obligación que es responsabilidad del Estado. Esta política trae consecuencias nefastas para los estudiantes, profesores y trabajadores de las universidades públicas, abocadas a crisis financieras y muy seguramente a tener que aplicar la ley 550 de 1999 o Ley de Quiebras. Tal es el caso de la Universidad del Atlántico, con parte de sus instalaciones cerradas, cientos de profesores y trabajadores despedidos y unas matrículas en alza, que cada día se vuelven impagables.
El artículo 27 del PND faculta al gobierno nacional para "reglamentar los ajustes a los criterios de asignación de recursos a las universidades públicas", lo cual le da vía libre al ejecutivo para desmontar la financiación estatal a la universidad pública, imponiendo en las instituciones oficiales el autofinanciamiento como fuente principal para la obtención de recursos. Lo evidencia el parágrafo del artículo 27, según el cual, "las instituciones de educación superior contarán con un periodo de transición para que puedan efectuar los respectivos ajustes institucionales en sus estructuras financieras y de costos". Necesariamente, las universidades se verán forzadas a aumentar los mecanismos de autofinanciación y a transitar por el camino de la privatización de sus servicios.
En concordancia con las políticas neoliberales, el gobierno de Uribe, entre los años 2003 y 2007, ha dejado de enviar 360 mil millones de pesos a las universidades públicas, a pesar de las obligaciones que le impone la Ley 30 de 1992 o Estatuto Orgánico de las Universidades, norma que estipula que "las universidades se financiarán con aportes de los entes territoriales, recursos y rentas propias y aportes del presupuesto nacional". Estos últimos –dice la ley– "deben significar siempre un aumento en pesos constantes". Si aun existiendo un mandato legal, el Gobierno se ha empeñado en agravar la situación financiera de las universidades, es de esperarse que con el PND se profundice la crisis de la educación pública.
El PND es coherente con los mandatos del neoliberalismo, modelo que ha hundido a Colombia en el atraso y el subdesarrollo y que constituye el principal escollo para el avance de la educación en nuestro país. Situación que se agravará con la entrada en vigencia del TLC, tratado leonino mediante el cual Colombia queda impedida para desarrollar un aparato educativo de alta calidad y que responda al interés nacional.
Los estudiantes, tanto de instituciones públicas como privadas, tenemos el deber de defender la educación frente a las medidas antidemocráticas impulsadas por el actual gobierno. Los Grupos Estudiantiles Confederados, GEC, y la Organización Colombiana de Estudiantes, OCE, se suman al multitudinario rechazo del PND que abandera la comunidad estudiantil e invitan a la población a trabajar por la defensa de una educación pública, científica y al servicio de las masas populares.
El artículo 32 del PND dispone la "concurrencia" en el pago del pasivo pensional entre el gobierno y las instituciones oficiales de educación superior, cifra que para el caso de la Universidad Nacional asciende a 4 billones de pesos, lo cual obliga a la universidad a destinar parte fundamental de su presupuesto para asumir una obligación que es responsabilidad del Estado. Esta política trae consecuencias nefastas para los estudiantes, profesores y trabajadores de las universidades públicas, abocadas a crisis financieras y muy seguramente a tener que aplicar la ley 550 de 1999 o Ley de Quiebras. Tal es el caso de la Universidad del Atlántico, con parte de sus instalaciones cerradas, cientos de profesores y trabajadores despedidos y unas matrículas en alza, que cada día se vuelven impagables.
El artículo 27 del PND faculta al gobierno nacional para "reglamentar los ajustes a los criterios de asignación de recursos a las universidades públicas", lo cual le da vía libre al ejecutivo para desmontar la financiación estatal a la universidad pública, imponiendo en las instituciones oficiales el autofinanciamiento como fuente principal para la obtención de recursos. Lo evidencia el parágrafo del artículo 27, según el cual, "las instituciones de educación superior contarán con un periodo de transición para que puedan efectuar los respectivos ajustes institucionales en sus estructuras financieras y de costos". Necesariamente, las universidades se verán forzadas a aumentar los mecanismos de autofinanciación y a transitar por el camino de la privatización de sus servicios.
En concordancia con las políticas neoliberales, el gobierno de Uribe, entre los años 2003 y 2007, ha dejado de enviar 360 mil millones de pesos a las universidades públicas, a pesar de las obligaciones que le impone la Ley 30 de 1992 o Estatuto Orgánico de las Universidades, norma que estipula que "las universidades se financiarán con aportes de los entes territoriales, recursos y rentas propias y aportes del presupuesto nacional". Estos últimos –dice la ley– "deben significar siempre un aumento en pesos constantes". Si aun existiendo un mandato legal, el Gobierno se ha empeñado en agravar la situación financiera de las universidades, es de esperarse que con el PND se profundice la crisis de la educación pública.
El PND es coherente con los mandatos del neoliberalismo, modelo que ha hundido a Colombia en el atraso y el subdesarrollo y que constituye el principal escollo para el avance de la educación en nuestro país. Situación que se agravará con la entrada en vigencia del TLC, tratado leonino mediante el cual Colombia queda impedida para desarrollar un aparato educativo de alta calidad y que responda al interés nacional.
Los estudiantes, tanto de instituciones públicas como privadas, tenemos el deber de defender la educación frente a las medidas antidemocráticas impulsadas por el actual gobierno. Los Grupos Estudiantiles Confederados, GEC, y la Organización Colombiana de Estudiantes, OCE, se suman al multitudinario rechazo del PND que abandera la comunidad estudiantil e invitan a la población a trabajar por la defensa de una educación pública, científica y al servicio de las masas populares.
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