PND: Más allá del problema pensional

por RUBÉN DARÍO ARROYO

Un problema de las universidades públicas

A pesar de que los medios de comunicación y los voceros del Gobierno Nacional, desde el Presidente de la República pasando por los Ministerios de Hacienda y Educación, los funcionarios de Planeación e incluso los rectores de universidades públicas del orden nacional, sólo han dado a conocer la versión según la cual, con la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, PND, en particular su artículo 38 y su parágrafo, de lo que se trata es de alcanzar un grupo racional de equidad al obligar a que las universidades del orden nacional concurran junto con el Estado al pago del pasivo pensional, puesto que las universidades de orden regional, municipal y distrital lo vienen haciendo a partir de la expedición de la ley 100 de 1994, y para ellos todas las universidades públicas son iguales.

La realidad es más compleja y requiere explicar otras consecuencias más allá del problema pensional.

Este asunto es falso jurídicamente tal como lo demuestra la reciente declaración expedida por los representantes profesorales y estudiantiles de los consejos superiores, académicos y de sedes, y las organizaciones sindicales de pr ofesores y trabajadores de la Universidad Nacional de Colombia; en tanto la responsabilidad del pago del pasivo pensional de los servidores públicos de estas universidades es del Gobierno Nacional, según lo dispuesto en (Art. 31, ley 100) y otr as disposiciones de la misma materia.

Sólo un ejemplo

Como no se mira en el PND en su conjunto, ni como la herramienta utilizada por el Gobierno para marchitar las universidades públicas a través del desfinanciamiento, privatización y elitización paulatinos, también se omite o se da poca importancia a otros artículos del mismo Plan, como el 34 que impone “un período de dos años de transición para que las instituciones de educación superior públicas puedan efectuar los ajustes institucionales en sus estructuras financieras y de costos”. Es decir, planes de reestructuración con Convenios de Concurrencia leoninos, tal como ocurrió en la Universidad del Atlántico, hoy al borde del colapso definitivo expresado en la eliminación total de la planta de empleados administrativos; muerte súbita de Sintraunicol Atlántico; despido de los docentes del Instituto Pestalozzi; desaparición de Asproinpes; inminente pensión de más de 250 docentes de planta; eliminación del pago de primas extr alegales a docentes y trabajadores amparados en convenciones colectivas y la amenaza de rebajar los salarios a los docentes acogidos al decreto 1279, léase debilitamiento de Aspu Atlántico; incremento de matrículas en más del 100 por ciento, que conlleva a una deserción de estudiantes de los estratos uno, dos y tres; cierre de cursos, programas y hasta facultades que no sean autofinanciables; por tanto, nuevo despido de docentes de planta y catedráticos.

Sumado a esto la obligación de los egresados de las universidades públicas a pagar al Estado un impuesto, la obligatoriedad de los ECAES cuyos resultados serían tomados como parámetros de la evaluación de los programas desde las variables pertinencia y calidad, basada en la información del comportamiento del mercado de trabajo, a través del observatorio laboral.

Es decir, parámetros de los análisis de costo-beneficio de la economía neoliberal que necesariamente conduce a la privatización, adelgazamiento de las nóminas, despido de docentes y trabajadores por la vía del cierre de programas que no alcancen los indicadores establecidos por los tecnócratas que “piensan” la educación pública en el país al margen de un verdadero seguimiento de la aplicación de políticas de reestructuración, que han conducido a la negación de uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Aunque las cifras muestran un aparente aumento de cobertura con los mismos o menores presupuestos provenientes del Estado y un creciente aporte de recursos propios para funcionamiento e inversión, no señalan la deserción creciente ni la desmejora de las condiciones de vida de los servidores públicos.

La experiencia reciente ha sido funesta. De esto dan testimonio los casos de maestros de FECODE, trabajadores despedidos de Telecom, Caja Agraria, Seguro Social, ECOPETROL y Banco Cafetero, entre otros. Esto es pues, lo que le espera a los docentes y empleados de las universidades públicas del país, nacionales y del orden territorial, distrital y municipal, si el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, sus ministros de Educación, Hacienda, los funcionarios de Planeación y la mayoría del Congreso de la República, se mantienen en su posición de imponer el Plan lesionando a las instituciones de educación superior. Además, lo hacen con el aplauso, beneplácito y defensa a ultranza de tales medidas por parte de los rectores cipayos que saldrán con jugosas pensiones a costa del sacrificio de los empleados y docentes universitarios y los hijos de los trabajadores que puedan pagar los elevadísimos costos de matrículas y otros derechos educativos.