Aurelio Suárez Montoya, La Tarde, Pereira, mayo 15 de 2007
Entre 2003 y 2007, el gobierno de Álvaro Uribe dejó de girar $360 mil millones a las instituciones públicas de educación superior. Y ahora, con los artículos 34 y 38 del Plan Nacional de Desarrollo (PND), se instituye la “concurrencia” entre el Estado y las universidades para cubrir el pasivo pensional. Ello implica que entidades como la Universidad Nacional deberán crear mecanismos financieros propios para “concurrir”, en la proporción que las leyes posteriores lo prescriban, para atender los 4 billones de pesos en los cuales está estimado el rubro para la jubilación de profesores, empleados y trabajadores.
Los medios para cumplir con ese propósito tenderán, desde luego, a alzar las matrículas, vender servicios y similares, todos ellos enmarcados dentro de los conceptos de privatización que en este caso se concretan en propender al máximo porque las universidades estatales se comporten como un agente más en el mercado de la educación superior, Así está negociado en el capítulo de Políticas de Competencia en el TLC de Colombia con Estados Unidos cuando relega “prácticas de negocios no competitivas” y promueve la “eficiencia económica”. Al parecer, los competidores estadounidenses en dicho mercado pueden alegar que, el que las universidades públicas en Colombia no asuman los pagos de sus pensionados, constituye una distorsión en los precios de venta de sus servicios que no corresponde exclusivamente a “consideraciones comerciales normales”. De igual modo, los espacios fiscales que el gobierno consigue con la maniobra servirán de colchón para amortiguar los impactos que provendrán de la reducción de aranceles en el TLC y los requerimientos de endeudamiento que exigirá el mayor déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos causado por el déficit comercial previsto.
No solamente el PND se mete con las universidades en ese terreno. Cuando habla del Capital Humano, que se expandirá en el Estado Comunitario, se atreve a inmiscuirse en la autonomía universitaria al ordenar “la articulación de todos los niveles: desde la educación inicial hasta la superior, incluyendo la formación para el trabajo. Para ello se fomentará y apropiará el enfoque de formación por competencias”. Cabe entonces preguntar: ¿Desde cuándo el gobierno o el Estado le indican a la universidad cual es el “enfoque” curricular que debe adoptar? Tamaña atribución recuerda las épocas de la educación confesional superada en todas las sociedades. ¿Dónde queda la libertad de cátedra? El asunto se agrava más cuando además se instauran los exámenes ECAES como mecanismo para verificar que tal enfoque sí se haya adoptado además que el ministerio de Educación se atribuye la facultad de “revisar y actualizar todos los estándares en competencias básicas”. ¿No está muy cerca esa actitud del fascismo, de pensamiento único?
Peor todavía cuando lo anterior tiene como marco: “En lo que al sistema de educación superior se refiere, para mejorar la pertinencia y la calidad se fortalecerán los mecanismos de información sobre el comportamiento y requerimientos del mercado laboral.” Enseñar en exclusiva para lo que pide el mercado laboral no es más que la negación misma del papel de la universidad y sobre todo de la pública; es, en otras palabras, la consagración en la Ley de la infortunada frase del ex-rector, Marco Palacios, “quizás estemos enseñando demasiado”. ¿Cuál es el médico que demanda el mercado: el de la salud pública, como Héctor Abad Gómez, o el que atiende 8 pacientes por hora como lo exigen las EPS? ¿Cuál es el agrónomo: el de los biocombustibles o el de los alimentos? ¿Cuál es el arquitecto: el de la vivienda de interés social o el de los estratos altos? ¿Cuál es el abogado: el constitucionalista o el comercial para los tribunales internacionales de arbitraje? ¿Para qué formar en las facultades de música alumnos que toquen fagot? Es claro que el PND toma partida por una parte del dilema y es ésa su gran equivocación.
En síntesis, el PND atenta contra los dos paradigmas de la relación del Estado con la universidad pública: la garantía de su sostenimiento presupuestal y financiero y la autonomía universitaria. Al llevarse a las dos por delante, se justifica de sobra el paro nacional universitario, ¡Que avance hasta que rescate estos valores preciados para los estamentos estatales de la educación superior¡ ¡Sin ellos no tendría razón de ser!
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