 No hay peor ciego... Jorge Mejía Martinez  |
Lo que está ahuyentando a los viejos amigos de Alvaro Uribe es la fetidez de la corrupción. Una vez más se confirma que la prolongación de un gobierno más de lo debido, aunada a la ausencia de control social a las acciones del Ejecutivo, posibilita la desviación de los recursos oficiales para engordar y satisfacer intereses particulares. Los recursos públicos, sí que dejan de ser sagrados.
Mientras la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación se dedicaban a incrementar su nómina, a tapar y absolver, los medios de comunicación, particularmente la Revista Cambio, destaparon lo que llenó la olla: la entrega o regalo de cuantiosas cifras de dinero a particulares, supuestamente vinculados con el campo, a través del Programa Agro Ingreso Seguro. Se dice que por esa vía, un solo grupo familiar cercano al gobierno se embolsilló cerca de 25.000 millones de pesos. Hasta narcotraficantes y familiares de narcotraficantes, recibieron su tajada. El Presidente de la república, el ex ministro Arias y el actual Ministro de apellido Fernández –antes del escándalo muy pocos sabían cómo se llamaba-, hasta hace escasos días rejuraban que todo lo dicho eran simples habladurías de los medios y la oposición. Pero la realidad y la veracidad de las denuncias, se impusieron. El Presidente intentó bajarle temperatura al problema, asumiendo una de sus acostumbradas salidas mediáticas – ¡ordenó la recuperación de los dineros! - pero atornilló a las sillas oficiales a los responsables de la debacle y fue indulgente con Andrés Felipe Arias, el precoz ex ministro que horas antes había ofrecido retirarse de la vida pública, si se comprobaba alguna de las irregularidades denunciadas. De la locuacidad, pasó al mutismo total.
Un amigo experto en los temas del agro, me hizo llegar algunas preguntas que contribuyen a empelotar más el problema: ¿Por qué entregan la ejecución de un Programa tan importante a una ONG internacional? ¿Será para evadir la Ley 80 y los organismos de control? ¿Para poder tener nóminas paralelas? ¿Cuál fue el proceso (trasparente, claro, legal, etc.) por medio del cual se escogió al IICA? ¿O esta decisión fue a dedo y por voluntad del Ministro? ¿Cuánto cobra el IICA por ejecutar o administrar estos recursos? Por medio de esta entidad fueron contratados los asesores del Presidente, como José Obdulio Gaviria y Félix Alfazar González, entre otros. Los términos de referencia o requisitos para las convocatorias los elaboró el Ministerio. Estos fueron direccionados, para que no los pudieran cumplir sino los “empresarios”. Las convocatorias no salen a la luz pública por determinación del IICA, sino del Ministerio. Hoy se ha destapado un escándalo en dos de los cuatro frentes del programa AIS: en el ICR - Incentivo a la Capitalización Rural y en el tema del Riego y Drenaje. ¿Cuándo se sabrá qué ha pasado con los Créditos (principal operador Banco Agrario) para pequeños, medianos y grandes productores? Lo mismo que con el último de los temas de AIS, el incentivo de la Asistencia Técnica (IAT).
¿Quiénes han sido sus beneficiarios? Acá también puede haber grandes sorpresas. Hasta ahí el amigo con sus reflexiones.
Falta la discusión sobre la pertinencia y la legalidad de los auxilios o regalos a particulares de recursos públicos. Invito a los lectores para que lean el documentado artículo aparecido en la Revista Digital Razón Pública con la firma del Profesor Iván Jaramillo Pérez http://www.razonpublica.org.co/?p=3969 para que no haya ninguna duda de que si en Colombia hay alguna justicia para mostrar, los dadivosos con la plata de los colombianos deberán terminar en la cárcel.
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