El rector de la UPC, César Torres Moreno, discutirá con los profesores los alcances del proyecto de reglamento para el ejercicio de catedráticos y docentes ocasionales.
El Consejo Académico de la Universidad Popular del Cesar convocó a los docentes catedráticos y ocasionales de la institución, a que participen del análisis del proyecto de reglamento de su actividad que preparó dicho organismo y que recomendará para que sea aprobado por el Consejo Superior.
El análisis y discusión del proyecto se cumplirá hoy a partir de las 2:30 de la tarde en el auditorio ‘Miguel Vicente Arroyo’ de la sede Hurtado.
El rector del Alma Máter, César Torres Moreno, explicó que el proyecto se motiva en que la UPC tiene como objetivos fundamentales consolidar el desarrollo y fortalecimiento institucional en lo que concierne al proceso de inscripción, selección, evaluación y vinculación de los profesores catedráticos u ocasionales a través del reglamento que contempla el funcionamiento académico-administrativo de la institución.
Igualmente el Consejo Académico reconoce que los profesores son parte fundamental de la universidad para mantener la calidad y el desarrollo propio de su Misión y Visión.
El reglamento señala como objetivo general, ser un instrumento para que los protagonistas del quehacer educativo estén siempre dispuestos a enriquecerlo con su desarrollo e investigaciones y a transformar las aulas de la UPC con sus prácticas pedagógicas, que pretendan un mejor sistema educativo, con más eficiencia, eficacia, equidad, calidad y despertar nuevos aprendizajes e intereses que apunten a mejorar y avanzar hacia la calidad del conocimiento, el desarrollo de la conciencia, la libertad, la ética y la autonomía de los estudiantes, razón última de la educación.
ECOS DE LA IMPUNIDAD: COLOMBIA, IRAQ Y LOS CONTRATISTAS NORTEAMERICANOS
Enero 2 de 2010
Sergio Muñoz – Presidente OCE-Unicesar.
Rememorando una tragedia.
El 16 de Septiembre de 2007, en la Plaza al-Nisoor de Bagdad (Iraq), mercenarios de la firma Blackwater Worlwide se encontraban escoltando a personal norteamericano, luego, de manera indiscriminada y sanguinaria, abrieron fuego con armas automáticas, rifles de asalto y de francotirador, e incluso lanzagranadas, contra civiles iraquíes, asesinando, según las fuerzas de seguridad iraquíes a 17 civiles e hiriendo a 27. Dicho informe señala, además, que el 80 por ciento de 195 incidentes con armas de fuego desde 2005, fue protagonizado por un guardia de Blackwater, quien abrió fuego primero.
El FBI inició una investigación que concluyó que cinco efectivos de Blackwater (Paul Slough de Keller, Texas; Nicholas Slatten de Sparta, Tenn.; Evan Liberty de Rochester, N.H.; Dustin Heard de Maryville, Tenn.; y Donald Ball de West Valley City, Utah)[i] abrieron fuego asesinando a 14 e hiriendo a 20 iraquíes desarmados. El FBI consideró que tres de las muertes eran justificables como respuesta a una “amenaza inminente”.
Inmediatamente el gobierno le retiró la licencia de explotación a esta firma, mientras sólo uno de los mercenarios (Jeremy P. Ridgeway) se declaró culpable, aún cuando el Departamento De Estado, principal contratante de sus servicios, les prometió “inmunidad limitada”.
Debido a esto, Erik Prince (fundador y propietario de la compañía) le cambió el nombre a su firma por Xe Services LLC[ii] y, posteriormente, fue acusado en cortes norteamericanas por culpa en la muerte de más de 20 ciudadanos iraquíes entre 2005 y 2007. [iii]
El jueves 31 de Diciembre de 2009, el juez federal Ricardo Urbina desestimó los 14 cargos de homicidio y 20 cargos de intento de homicidio que pesaban sobre los mercenarios aduciendo que el Gobierno estadounidense había violado los derechos constitucionales de los imputados, ya que utilizó inapropiadamente sus declaraciones para avanzar más rápido en las investigaciones, cuando estos tenían inmunidad y se les había prometido no utilizar los testimonios en su contra. "En su afán de presentar cargos contra los acusados... El gobierno utilizó las declaraciones obligatorias para guiar sus decisiones sobre los cargos... Y, en definitiva, para obtener la acusación en este caso"[iv] , escribió Urbina en su fallo de 90 folios.
Colombia, contratistas e inmunidad.
Es imposible abstraer este hecho del reciente “ACUERDO COMPLEMENTARIO PARA LA COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN DEFENSA Y SEGURIDAD ENTRE LOS GOBIERNOS DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA”, al acuerdo que le permite instalar siete bases militares a los Estados Unidos en suelo colombiano.
Dicho Acuerdo, en su artículo VIII (Estatus del personal), numeral 1 dice taxativamente “1. De conformidad con los artículos 5 y 11 del Acuerdo de Misiones Militares de 1974, Colombia otorgará al personal de los Estados Unidos y a las personas a cargo los privilegios, exenciones e inmunidades otorgadas al personal administrativo y técnico de una misión diplomática, bajo la Convención de Viena.”
¿Y qué dice la Convención de Viena?
El artículo 31 de laConvención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de 18 de abril de 1961, que entró en vigor el 24 de abril de 1964 reza:
“1. El agente diplomático gozará de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado receptor. Gozará también de inmunidad de su jurisdicción civil y administrativa, excepto si se trata:
a. de una acción real sobre bienes inmuebles particulares radicados en el territorio del Estado receptor, a menos que el agente diplomático los posea por cuenta del Estado acreditante para los fines de la misión; b. de una acción sucesoria en la que el agente diplomático figure, a título privado y no en nombre del Estado acreditante, como ejecutor testamentario, administrador, heredero o legatario; c. de una acción referente a cualquier actividad profesional o comercial ejercida por el agente diplomático en el Estado receptor, fuera de sus funciones oficiales.
2. El agente diplomático no está obligado a testificar.
3. El agente diplomático no podrá ser objeto de ninguna medida de ejecución, salvo en los casos previstos en los incisos a, b y c del párrafo 1 de este artículo y con tal de que no sufra menoscabo la inviolabilidad de su persona o de su residencia.
4. La inmunidad de jurisdicción de un agente diplomático en el Estado receptor no le exime de la jurisdicción del Estado acreditante. “[v]
Colombia, contratistas e inmunidad II.
Sigamos con el abyecto Acuerdo signado por fuera de los cauces legales, ya que no pasó, como es obligatorio, por el Congreso de la República para que sea éste quien lo apruebe o no.
El artículo XII, sobre “Contratación y contratistas” establece que “los Estados Unidos podrán adjudicar contratos para la adquisición de artículos o servicios en Colombia, incluidas las obras de construcción.” Es evidente que aquí entran los servicios de seguridad, o sea, los que prestan firmas como Blackwater. Y, además, sobresale la contratación en obras de construcción, ya que es difícil olvidar que la invasión imperialista a Iraq significó la destrucción de gran parte de la infraestructura de ese país, para luego otorgarle contratos (la mayoría sin licitación) para reconstruir Iraq a la firma Halliburton, de la cual el vicepresidente en el gobierno de George W. Bush, Dick Cheney fuera consejero delegado, y que le significó a enero de 2006 la suma de $16,000 Millones de Dólares.
Para colmo, el artículo XIX, que habla sobre “Reclamaciones” subraya que “cada parte se compromete a asumir los costos par daños, pérdida o destrucción de su respectiva propiedad o por la muerte o lesión del personal militar de sus respectivas fuerzas u otro personal de sus Gobiernos que ocurran en el cumplimiento de tareas oficiales relacionadas con actividades que se desarrollen en el marco del presente Acuerdo, de conformidad con su normatividad respectiva”, agregándole a esto que para ser objeto de indemnización, la querella se tramitará ante las autoridades norteamericanas “de conformidad con las leyes y los reglamentos de los Estados Unidos.”
Es evidente que este Acuerdo está elaborado a la medida de los intereses norteamericanos, para favorecer su papel dominante en el globo, el cual, en épocas de crisis, debe profundizarse y tomar marcados rasgos bélicos, en detrimento de los derechos de los colombianos, empezando por el principal de todo Estado, su soberanía.
El Estado colombiano será incapaz de proteger a sus nacionales de las tropelías guerreristas e intervencionistas de los Estados Unidos sobre el país y la región, es más, su papel se dirige a proteger la vida, honra y bienes de los funcionarios, contratistas y demás personal de origen norteamericano, en contravía del artículo 2 de la Constitución Política, nada raro en medio de un gobierno tan sumiso a los intereses extranjeros y tan dado a las actuaciones ilegales.
El Acuerdo nada señala sobre el número de gringos en Colombia, sobre lo cual, el canciller Bermúdez y el embajador Brownfield dicen que el número de 800 militares y 600 contratistas establecido como tope en el Plan Colombia se mantendrá, afirmación que carece de veracidad si se lee detenidamente el artículo IV que enuncia claramente que ”las Partes Operativas establecerán un mecanismo de coordinación para autorizar el número y categoría de las personas (personal de los Estados Unidos, contratistas de los Estados Unidos, empleados de los contratistas de los Estados Unidos y observadores aéreos) y el tipo y la cantidad de equipos que no excederá la capacidad de las instalaciones y ubicaciones convenidas.” O sea, que, como es costumbre, Estados Unidos podrá aumentar el número de asesinos “modelo Blackwater” en nuestro país a su antojo.
Conclusiones sombrías
El Acuerdo de instalación de siete bases gringas en territorio patrio es la mayor afrenta contra la dignidad nacional en su historia, además de constituir una grave amenaza contra su población. Convierte a Colombia, ya de manera abierta y descarada, como peón del Imperio en sus andanzas de subyugación cuyo espectro no sólo llega a Suramérica, sino que se extenderá hasta África. Responde especialmente a las necesidades norteamericanas de garantizar la mayor tasa de ganancia de sus empresas y de asegurar sus inversiones y su estabilidad económica en turbulentas y difíciles épocas de crisis, más aún cuando el Senado norteamericano aprobó un presupuesto de Defensa para la vigencia 2010 por valor de $ 626 mil millones de dólares.[vi]
Nada raro será que en nuestro país se replique el aberrante y triste de caso de Blackwater, con su consabida impunidad. La indignación recorre las venas de los iraquíes. Firas Fadhil Abbas, cuyo hermano, Osama fue asesinado en la plaza al-Nisoor, dijo que "si alguien mata a un perro en Estados Unidos, no escapará al castigo. No entiendo este juicio".[vii] El abogado Hassan Jabar, herido durante el ataque expresó que "esto niega la sangre y las vidas iraquíes, si los iraquíes lo hubiesen hecho con los estadounidenses, sin duda los resultados serían diferentes."[viii]
"Los americanos tienen el poder de hacer lo que quieran" dijo categóricamente Adnan, quien trabaja en las inmediaciones de alta seguridad de la Zona Verde, hogar del gobierno de Iraq.[ix]
Y tiene razón. Inclusive pisotear la soberanía y la dignidad de Colombia y de los colombianos. Esa es la tan cacareada confianza inversionista.
Drummond, el verdadero significado de la Confianza Inversionista.
Enero 17 de 2010
Sergio Muñoz – Presidente OCE-Unicesar.
En la época actual de crisis económica, la Inversión Extranjera Directa (IED) en minería en el país representó $1716 millones de dólares en el año 2009. En el año 2000 fue de 507 millones de dólares. Entre tanto, el valor proyectado por exportaciones en este renglón es de $ 4567 millones de dólares.[1]En el año 2009 casi 99 de cada 100 pesos de inversión extranjera neta fueron para negocios petroleros o mineros.[2]
La Drummond Company Inc. es el principal referente del saqueo de nuestro carbón. Llegó al país en la década de 1980 y ha pasado de exportar 1 millón de toneladas en 1995 a 22, 9 millones en 2007[3] y, aproximadamente, 30 millones de toneladas en el 2008 en el departamento del Cesar, para un total de aproximadamente 70 millones de toneladas en el Cesar y La Guajira. Controla reservas totales que se cuantifican en 2 mil millones de toneladas de carbón, sin mencionar el resto de riquezas que posea el subsuelo del territorio que controlan.[4]
En el año 2008 efectúo ventas por valor de $ 3.131.399 millones de dólares con una variación a favor del 34.3%, una variación de las utilidades operacionales del 440.2%, y un aumento del 828,6% en utilidades netas[5]ubicándose en el puesto 17 entre las empresas más grandes del país.[6] Ganancias que, obviamente, se trasladan a los Estados Unidos, y que, de ninguna manera redundan en desarrollo para el país.
Pero la Drummond, el baluarte del pillaje imperialista, encabezaría el ranking empresarial en persecución a los obreros e inobservancia de las normas (laxas de por sí) de seguridad industrial, que se ha traducido en un total de 16 trabajadores muertos en las instalaciones de la empresa hasta este año y más de 300 trabajadores lisiados, hombres que no son mayores de 40 años de edad, pero que cuentan con diversas patologías como hernias discales, cervicales, discopatía de columna, insuficiencia renal, problemas de pulmón, alergias, hipoacusia sensorial, etc., producto de la explotación minera en este enclave. En contraprestación, la Drummond, en contradicción con los principios básicos de la dignidad humana, y en contravía de las Convenciones Colectivas, sanciona o despide a estos trabajadores.
El 23 de marzo, ante la muerte del obrero Dagoberto Clavijo se realizó espontáneamente una jornada de protesta por el Derecho a la Vida de los Trabajadores, protesta como derecho que se encuentra consagrado en la Constitución y que difiere claramente de una huelga. A raíz de esto, y en franca actitud antiobrera y con el objetivo de desvertebrar a Sintramienergética, sindicato que se ha opuesto valerosamente a la intransigencia de la empresa, demandó la ilegalidad de la supuesta huelga, concediéndole la razón a la Drummond, en última instancia, la Sentencia 42272 de la Corte Suprema de Justicia.
Con base en esa sentencia se ha iniciado una nueva masacre laboral al interior de la transnacional minera, que se ha traducido, hasta la fecha, en el despido de siete directivos sindicales y cuatro trabajadores de base, además que anunció procesos contra 35 afiliados a Sintramienergética, de los cuales van seis despedidos.
Esta aberrante e indigna situación involucra a todos los sectores sociales que, más que gozar, han sufrido con la explotación del carbón. Hoy la miseria de las zonas carboníferas es sólo equiparable a los atroces índices del continente africano. Las exuberantes ganancias de la Drummond se traducen en mayor iniquidad para el Cesar y para el país. Por lo tanto, es necesario aglutinar a todas aquellas capas de la población que consideran que este estado actual de postración no es eterno y que, más temprano que tarde, de la mano de más del 90% de los colombianos y a través de una lucha civilista y democrática, se erguirá el Estado Colombiano, digno, libre de toda atadura y con la autonomía para recorrer la senda del bienestar para toda su población.
La sitación implica un nuevo récord para esa rama de las Fuerzas Armadas.
"No hay ninguna duda de que el 2009 fue un año cruel para el Ejército de Tierra en término de suicidios", declaró el coronel Christopher Philbrick, que forma parte de un grupo que intenta prevenir y evitar que los militares se quiten la vida.
Responsables del Ejército de Tierra ya habían advertido que el número de suicidios podía superar a la cifra de 140 registrada el año pasado, pero las causas de este fenómeno permanecen oscuras.
De los 160 suicidios registrados en el año, diez fueron en diciembre, informó el Pentágono en un comunicado.
Los soldados muchas veces deben enfrentar duras pruebas en zonas de conflicto como Irak o Afganistán. Los militares se refieren al estrés que les generan los combates y las frecuentes rotaciones en el terreno para explicar el alza de depresiones y problemas conyugales que padecen.
Pero los suicidios tampoco pueden explicarse por la experiencia traumática de los combates: cerca de un tercio de los soldados que se suicidaron jamás participaron en misiones en Irak o Afganistán, según un estudio.
El Ejército ha intentado solucionar el problema reclutando centenares de especialistas en salud mental.
LAS POSICIONES POLÍTICAS TIENEN sus maneras típicas de interpretar la Constitución.
Así como la derecha tiene una preferencia por los argumentos jurídicos basados en las formas, en los procedimientos y en las competencias, la izquierda insiste sobre todo en la democracia directa, en la participación popular y en la voluntad del pueblo. Pero leyendo el concepto del Procurador sobre la ley del referendo veo que los roles se han invertido: la derecha de hoy se volvió populista y dejó de ser procedimental y legalista, lo cual ha obligado a todos los demás grupos políticos a defender los procedimientos y las formas establecidas en la Constitución. ¿Cómo es esto posible?
Lo que creo es que este cambio en la manera de interpretar la Constitución por parte de la derecha no obedece a ninguna concepción jurídica seria, sino a una estrategia política, amañada y circunstancial.
Para demostrar lo que digo voy referirme al concepto del Procurador, utilizando el viejo método de la reducción al absurdo, que consiste en suponer una hipótesis a través de la cual se obtiene un resultado que no tiene sentido, lo cual permite concluir que dicha hipótesis de partida es falsa.
La hipótesis que propongo consiste en suponer que los argumentos del Procurador se mantienen incluso cuando cambia el color político de quienes resultan favorecidos con su decisión. ¿Qué pasa si no son los uribistas sino, por ejemplo, los del Polo, los favorecidos? Habría que preguntarle al Procurador si, dado ese cambio hipotético, estaría dispuesto a mantener su argumentación. Solo si la respuesta es afirmativa —suponiendo, claro, que esta sea sincera— el Procurador saldría bien librado. Hagamos pues la prueba.
Supongamos que el presidente no es Uribe sino Petro y que este último, como Uribe, goza de gran prestigio, lleva casi ocho años en el poder y quiere cambiar la Constitución para gobernar en un tercer período. La pregunta para el Procurador —que seguiría siendo el mismo— sería esta: ¿tomaría usted la misma decisión? ¿Pondría usted, como lo hace ahora, la voluntad del pueblo por encima de los procedimientos constitucionales? ¿Diría usted de nuevo que cambiar la Constitución mediante referendo es lo mismo que cambiarla mediante Asamblea Constituyente? ¿Se mantendría usted firme en decir que la violación de los topes de financiación durante la recolección de firmas no desvirtuó la voluntad popular? ¿Pasaría usted por alto, como lo hace ahora, todos los vicios de trámite que tuvo el proceso de elaboración de la ley?
Dudo mucho de que usted, o la gran mayoría de los uribistas que lo acompañan, pudiera responder afirmativamente a una sola de estas preguntas. Y lo dudo porque todo indica que para usted la norma superior no es la Constitución sino los valores conservadores que defiende el presidente Uribe. Así lo demostró en sus recientes arremetidas contra la legalización del aborto, contra las parejas homosexuales y lo ratifica hoy en su concepto sobre la ley del referendo. Allí, en esos valores conservadores, no en la Constitución y en sus procedimientos, está, cree usted, el proyecto de sociedad que debe guiar a Colombia.
Una constitución es como una regla básica de juego; una regla que establece límites al ejercicio del poder político, con independencia de quién sea el gobernante. Así lo consagraron los constituyentes de 1991. Para el Procurador, en cambio, parece como si los procedimientos y los límites que establece la Constitución sólo se aplicaran en el evento de que el uribismo no estuviera en el poder.
* Profesor de la Universidad Nacional e investigador de DeJuSticia
La petrolera estadounidense Chevron, gracias a su influencia política y diplomática en Washington, generó fuertes gestiones para que Ecuador no fuera beneficiado con la extensión de preferencias arancelarias para exportar a Estados Unidos, reveló el miércoles el ex canciller Fander Falconí.
También anunció que el 20 de enero, fecha en que ya no ejercerá el cargo al que dimitió el martes, el presidente venezolano Hugo Chávez y una comitiva llegarán a Ecuador para realizar una reunión de trabajo con el gobernante anfitrión Rafael Correa y sus ministros.
``La empresa Chevron ha hecho una de las gestiones más fuertes y feroces que ha enfrentado la política exterior ecuatoriana, porque [Chevron] tiene influencia en el Senado, en el Congreso, en la propia administración del gobierno norteamericano'', dijo Falconí en una rueda de prensa.
Estados Unidos otorga unilateralmente preferencias arancelarias a miles de productos de Ecuador, Colombia y Perú en reconocimiento a la lucha de esos tres países contra el narcotráfico. Bolivia, otro país que era favorecido por la iniciativa, quedó excluido desde el año pasado.
Chevron enfrenta un juicio en los tribunales ecuatorianos en donde es acusada por pobladores de la amazonia de causar graves daños ambientes por la explotación de petróleo entre 1972 y 1990, por los cuales exigen una compensación de unos $27,000 millones. La petrolera lucha por librarse de una condena.
El vocero de Chevron para la región, James Craig, en aparente alusión al proceso judicial que enfrenta la petrolera, dijo que ``hay un gigantesco fraude en camino y creemos que el gobierno está interviniendo en el caso en contra de nosotros, estamos siendo afectados en Ecuador en ese sentido''.
Indicó que Chevron informó ``a nuestros legisladores de la situación en Ecuador y hemos expresado nuestra preocupación por violaciones al tratado de preferencias arancelarias''.
``Lo que hemos hecho no es nada fuera de la común, no sólo es nuestro derecho, es nuestra obligación como empresa norteamericana informar a nuestro gobierno cuando hay violaciones a acuerdos comerciales'', añadió.
Falconí renunció el martes a su cargo por las críticas que el presidente Rafael Correa hizo al manejo de un proyecto ambiental con el que Ecuador espera recaudar $3,000 millones a cambio de no extraer 846 millones de barriles de petróleo detectados en el subsuelo de la selva amazónica de Yasuní, para conservar esa área en su estado natural.
El presidente Rafael Correa dijo respetar la decisión de Falconí, de renunciar a su cargo tras unas críticas relacionadas con el proyecto ambientalista Yasuní-ITT, informó ayer la Presidencia, según reportó EFE.
Falconí, que ha sido uno de los mayores impulsores del proyecto, dimitió ayer, un día después de que lo hiciera uno de los integrantes de la Comisión gubernamental creada para negociar la iniciativa, Roque Sevilla, que tampoco aceptó las críticas de Correa.
Advierte que no es lógico considerar exequible una iniciativa con inconstitucionales.
La postura del Procurador General de la Nación frente al referente reeleccionista carece de coherencia en muchos puntos, señaló el ex presidente de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán Sierra.
El ex magistrado señaló que no es posible avalar la constitucionalidad de un acto sobre el cual se reconocen irregularidades y faltas graves a los principios de la Carta Magna, que se han producido de manera latente.
"A mi juicio, resulta incoherente y peca contra la necesaria solidez que debería tener, porque se encuentran vicios de carácter formal en el trámite de una Ley tan delicada, como la que pretende convocar un referendo, lo lógico es que entonces se declare la inexequibilidad de la Ley para asegurar el cumplimiento de la primacía de la Constitución Política", advirtió Beltrán, en diálogo con ElEspectador.com
Señaló, así mismo, que aunque el concepto propugne porque el presidente Uribe se acoja a la Ley de Garantías, la excepcionalidad frente a los plazos para inscribir su candidatura, lo que en realidad busca es que el primer mandatario esté exento de cumplir con tales disposiciones.
El experimentado penalista manifestó que la Corte Constitucional debe apartarse totalmente del concepto del Ministerio Público, tal y como lo hizo en el momento en que aprobó la reelección presidencial, hasta ahora vigente, en el 2004.
Recordó que, en esa oportunidad, el Alto Tribunal rechazó la posición de la Procuraduría, aprobando la iniciativa y que en esta oportunidad debería proceder de la misma manera, declarando la inexequibilidad de la Ley por la cual se busca convocar al pueblo para que se pronuncie en torno a la posibilidad de que un candidato que haya sido elegido para dos períodos pueda volver a participar en una nueva contienda electoral.
TRAS LA ENTREGA A LA CORTE CONStitucional del concepto sobre el referendo reeleccionista redactado por el procurador Alejandro Ordóñez, en el que pide que se declare exequible, hoy más que nunca parece imponerse en Colombia el Estado de opinión por sobre el de Derecho. Todo vale mientras “no se afecte la expresión del pueblo”, parece habernos sentenciado el Procurador.
El concepto, como cualquier otro, ha generado opiniones en contra y a favor. Quienes avalan una segunda reelección del presidente Uribe estiman que estamos ante un fallo rigurosamente argumentado desde el derecho. Opositores, abstencionistas y críticos, por el contrario, plantean que es la política, no el derecho, la que da sustento al polémico texto.
Infortunadamente para el Estado de Derecho que desde estas páginas hemos defendido, una revisión cuidadosa de la argumentación del Procurador les da la razón a los segundos. El concepto final es bastante claro, casi obvio en su intención de apoyar una segunda reelección del presidente Uribe, pero incurre en contradicciones que no dejan de ser sorprendentes.
Frente al certificado del Registrador que suponíamos necesario para garantizar la legitimidad del proceso de recolección y financiación de las firmas, se concluye que esto ya se hizo en el momento en el que la Registraduría avaló las firmas y recibió los balances de los promotores de la iniciativa. La certificación de legalidad de la financiación de las firmas no es entonces requerida, pese a que el propio Registrador determinó que la plena validez del certificado dependía de los topes y posibles fraudes.
En ese mismo sentido, se acepta que la posible violación en los topes es grave, pero no tanto como para afectar la validez del referendo. La incidencia de tan indecorosa situación sería apenas de orden personal o administrativo. El transfuguismo que permitió la votación en el Congreso tampoco constituiría un vicio de trámite y, a lo sumo, daría para una sanción disciplinaria. Y se acepta que la convocatoria a extras en el Congreso fue irregular pero, de nuevo, sin consecuencias.
Sobre si el referendo podría dar lugar a una sustitución de la Constitución, toda vez que existe la posibilidad de que para cada nueva reelección el Presidente acuda a la voluntad popular, el Procurador nos recuerda que en su sentencia sobre la primera reelección la Corte Constitucional dejó claro que al pueblo le estaba permitido modificar el contenido del pacto político. En lo que no reparó fue en lo taxativa que fue la Corte en dicha sentencia al aclarar que la reelección sólo estaba permitida por una única vez. Por lo mismo, el concepto tampoco nos aclara cuál es el futuro del equilibrio de poderes y el democrático sistema de pesos y contrapesos. Preocupación esta que, en últimas, representa lo central de todo cuanto se ha discutido en los últimos 14 meses.
Para terminar, se acepta que la Ley de Garantías que rigió para la primera reelección sigue vigente y aplica, pues, para el caso en que el Presidente desee postularse como candidato, una vez que se conozca el resultado del referendo. Y se le aconseja, desde el plano ético ya que jurídicamente nada lo obliga, que se acoja a la ley. Una postura que ha debido adoptar hace seis meses y que, como ya no lo hizo, garantiza que en caso de que el Presidente sea candidato no habrá igualdad de condiciones en la contienda electoral.
¿Cómo llegamos a este punto de no retorno en el que, no obstante las serias irregularidades y anomalías de orden formal y sustantivo que encierra el referendo reeleccionista, el jefe del Ministerio Público le pide a la Corte Constitucional que declare su exequibilidad? La respuesta, por lo pronto, parece estar del lado del Estado de opinión. Lo que antes no pasaba de ser una hipótesis gubernamental de corte más bien teórico, luce ya como una realidad tangible que comienza a cobrar vida jurídica con el concepto del Procurador. Lamentable y preocupante.
Aunque señaló varios errores en la ley, advirtió que éstos "no vician la voluntad del pueblo", y por eso le pidió a la Corte que declare exequible la iniciativa popular.
Tambien le pide al Presidente que se acoja a la ley de garantia electorales.
El largo etcétera de "peros" jurídicos que durante 14 meses han venido esgrimiendo los críticos del referendo reeleccionista fue removido de un plumazo por cuenta del concepto que dio a conocer el procurador general, Alejandro Ordóñez, alegando en esencia que la ley que convoca a un referendo para que el jefe de Estado, Álvaro Uribe, pueda presentarse nuevamente como candidato presidencial debe ser declarada exequible por la Corte Constitucional. Aunque reconoció que se cometieron irregularidades, en su opinión éstas "no afectan la expresión del pueblo" y por eso le pidió a Uribe que de inmediato se acoja "a las restricciones y prohibiciones de la Ley de Garantías".
El jefe del Ministerio Público consideró que ante la inminencia de una candidatura del presidente Álvaro Uribe, y ad portas de la decisión sobre el referendo por parte de la Corte Constitucional, "se deben superar las interpretaciones formalistas" y dar paso a una campaña electoral equilibrada y transparente. Según Ordóñez, no se puede obviar la creciente expectativa que genera una segunda reelección, así como tampoco se puede pasar por alto el corto tiempo que hay entre el posible aval constitucional y la fecha de las elecciones que haga posible la aplicación de la Ley de Garantías, que prohíbe que el candidato-presidente utilice los recursos del Estado para promover su nombre y sus propuestas.
Durante una concurrida rueda de prensa, el representante del Ministerio Público señaló con vehemencia que tanto el pueblo como el Congreso pueden reformar la Constitución. El primero mediante referendos y el segundo a través de actos legislativos. Ordóñez aseveró que la Carta Política no es un instrumento pétreo, sino susceptible de modificaciones. Por ello, luego de enumerar los aspectos que abordó su estudio respecto de la exequibilidad del referendo, uno a uno fue desestimando los supuestos vicios de trámite de la norma que han puesto en evidencia connotados juristas, como el ex procurador Edgardo Maya, el ex magistrado de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán o congresistas de la oposición.
El concepto citó una posición de la Corte Constitucional que, al estudiar el referendo convocado en el año 2003 por el presidente Uribe, resaltó: "No le corresponde a la Corte examinar si los contenidos de una ley que convoca a un referendo son o no constitucionales, ni mucho menos políticamente oportunos, sino que debe estudiar si el procedimiento de formación de esa ley se ajusta o no a las exigencias constitucionales". Así fue como Ordóñez capoteó las conveniencias políticas de una iniciativa de este talante, y simplemente se limitó a considerar que ni siquiera algunos vicios evidentes en el trámite del referendo afectaban su legitimidad, pues la soberanía de las mayorías debe primar.
Tras analizar los escenarios por los cuales navegó la iniciativa popular, como el proceso de recolección de firmas y de inscripción del referendo ante los organismos electorales, así como su tránsito en la Cámara de Representantes y el Senado, el Procurador reiteró que las eventuales violaciones a la financiación del referendo podrían constituir responsabilidades de carácter individual, incluso sanciones disciplinarias, pero de ninguna manera viciarían la voluntad de los más de cuatro millones de firmas de colombianos que soportan la iniciativa. Es decir, las investigaciones conexas que adelanta la Fiscalía y el propio Consejo Nacional Electoral por las eventuales violaciones a los topes electorales, en criterio de Ordóñez, no afectan la expresión de los colombianos.
Al abordar si el Congreso podía alterar el contenido de la iniciativa, que en principio facultaba a Uribe a aspirar a un tercer mandato en el año 2014, el jefe del Ministerio Público indicó que sí podía hacerlo en virtud de la "democracia representativa", y que en este caso el Legislativo, al cambiar la pregunta del referendo, solamente precisó la voluntad del pueblo que firmó la iniciativa popular, pues de manera notoria lo que se buscaba era avalar que en las próximas elecciones figure el nombre de Álvaro Uribe Vélez en el tarjetón expedido por la Registraduría como candidato.
El concepto de 53 páginas, entregado por Ordóñez a la Corte Constitucional, también estudió dos de las más protuberantes anomalías en el trámite del referendo denunciadas por distintos sectores: la aparentemente irregular convocatoria a sesiones extras en diciembre de 2008, cuando éste agonizaba en la Cámara de Representantes y el transfuguismo de varios parlamentarios, cuya única intención fue la de votar favorablemente la iniciativa que sus colectividades consideraban un error para la democracia. Sobre el primer punto, el Procurador resaltó que en la convocatoria a sesiones extras sí se presentó una irregularidad, que fue la publicación del acto administrativo en el diario oficial con posterioridad al inicio de las sesiones y de votación.
No obstante, consideró que ello no constituye un vicio insubsanable que afecte la formación de la ley, y se apoyó en recientes sentencias del Consejo de Estado, una de ellas de la magistrada Marta Sáenz, que advierte que los errores en la publicación de estos decretos no afectan la validez de los actos legislativos. Sobre el segundo asunto, es decir, la insólita voltereta política de varios congresistas que buscaban sí o sí votar el referendo, Ordóñez recalcó nuevamente que si cometieron falta alguna, ésta deberá ser analizada desde la órbita individual y, por tanto, tampoco esta anomalía constituye un problema en el trámite de la iniciativa popular.
Quizás el pronunciamiento del jefe del Ministerio Público que causó más polémica es que le pidió a la Corte Constitucional que al evaluar la exequibilidad del referendo solamente circunscriba su estudio a los eventuales errores en el trámite de la iniciativa -yerros que consideró menores Ordóñez-. En cambio, sostuvo que en relación con la discusión de si un tercer período presidencial consecutivo afecta todo el sistema de pesos y contrapesos de la Constitución de 1991, Ordóñez manifestó que el referendo no sustituye la Carta Magna, pues en ésta la figura de la reelección ya había sido admitida. Lo curioso es que se fundamentó en la sentencia de la Corte que declaró exequible la primera reelección en 2005, en la cual, sin embargo, se hizo la salvedad de que la Carta Política no se sustituía siempre y cuando la reelección se permitiera por una única vez.
Por último, el Procurador General de la Nación le pidió a la Corte que se declare la inexequibilidad de la expresión "voto en blanco" contenida en la ley que convoca al referendo, y que faculta a la ciudadanía a votar en blanco si así lo desea. En su criterio, sólo puede haber dos formas de votación de esta iniciativa en las urnas: sí o no. En ese sentido, además, Ordóñez le solicitó a la Corte que fije la fecha de convocatoria del referendo, lo que en palabras castizas se traduce en que el alto tribunal sí podría modular su fallo y convocar al pueblo en tiempos en que el presidente Uribe pueda formalizar su candidatura. Aunque el propio presidente de la Corte Constitucional, magistrado Nilson Pinilla, señaló el martes que en principio él no encontraba viable que la Corte ajustara el cronograma electoral a esta iniciativa.
De esta manera, pues, comenzó la cuenta regresiva para conocer la suerte del referendo reeleccionista. El primer examen jurídico ya lo pasó: el del Procurador. Los nueve magistrados de la Corte Constitucional tendrán la responsabilidad de avalar o no esta controvertida iniciativa. Tras la solicitud del jefe del Ministerio Público de que el presidente Uribe se acoja a las prohibiciones de la Ley de Garantías, algún entendido le comentó a este diario: "¿Aún le quedan dudas de que Uribe quiere la reelección?".
Many of the nation's top public universities are giving millions of dollars in financial aid to students from relatively wealthy families instead of to those who urgently need it, resulting in campuses that are often less diverse than those at elite private schools, a new report says.
From 2003 to 2007, public research universities increased the amount of aid to students whose parents make at least $115,000 a year by 28 percent, to $361.4 million, said the Education Trust, a nonprofit advocacy group.
Those schools routinely award as much in financial aid to students whose parents make more than $80,000 a year as to those whose parents make less than $54,000 a year, according to the report, "Opportunity Adrift."
The report suggests that the universities have neglected their mission to educate their states' diverse populations in favor of recruiting high-achieving students from relatively wealthy families who can help the schools climb in national rankings.
"It's almost as if some of America's best public colleges have forgotten that they are, in fact, public," Kati Haycock, president of the Education Trust, said in a statement.
Thirty years ago, a federal Pell Grant covered most of the cost of attending a four-year college; today it covers about a third, making it more difficult for low-income students to attend their states' flagship schools. The typical low-income student is stuck with a bill totaling about 70 percent of the family's annual income, the report says.
"These institutions continue today to enroll students who are far richer and far whiter" than would be expected when considering overall demographics, Haycock said.
An evaluation of top public universities in the 2007-08 school year found that the University of Virginia had one of the best graduation rates for minority students. But the school ranked near the bottom when it came to enrolling low-income students in numbers that reflect the state's demographics, and it ranked in the middle for enrollment of minority students.
The University of Maryland at College Park ranked in the middle for all three categories, but it was commended for participating in the Access to Success Initiative, which aims to narrow the attendance and graduation gaps between minority and low-income students and their peers.
Peter McPherson, president of the Association of Public and Land-grant Universities, speaking in the state schools' defense, said that they had "massively shifted" their financial priorities toward low-income students but that a significant number of scholarships and other forms of financial aid have restrictions on how they are awarded.
McPherson said that although many states have pumped additional funding into community colleges to help low-income and minority students, many have not done the same for four-year institutions. Still, minority enrollment increased from 24.5 percent in 2000 to 28.5 percent in 2007, he said.
Haycock said public universities have great control over how they distribute most of their financial aid and can choose to favor the neediest students over those who would be able to attend college without it.
El ex concejal Gabriel Galvis Molina, era testigo de la acusación al inicio del proceso pero ahora hace parte de la defensa.
Un ex concejal de Barrancabermeja dice que él no aporto dinero para la liberación del entonces secretario de Hacienda de esa misma ciudad.
Según un informe de Noticias Uno, El hombre le entregó una grabación a la Fiscalía con la que trata de demostrar que fue presionado para decir mentiras sobre el suuesto plagio.
El ex secretario de Hacienda Ricardo Sequeda acusó a Medina de haber ornedao su asesinato en diciembre de 2001.
El denunciante, el exconcejal Gabriel Galvis Molina, era testigo de la acusación al inicio del proceso pero ahora hace parte de la defensa.
Por más de 20 años, los obreros mineros y los pobladores de este corredor, han padecido las secuelas de las formas más agresivas de explotación de carbón contra el medio ambiente y los derechos de los trabajadores.
Nunca antes la pobreza había golpeado tanto a sus moradores y la esperanza idílica de un mejor vivir por el boon del carbón no pasa de ser recuerdo transformado en pesadilla. la actividad agropecuaria otrora prospera hoy se encuentra en vías de extinción, es duro que en medio de tanta riqueza que genera este recurso natural haya que soportar, unos pésimos servicios públicos, una atmosfera irrespirable, calles que son carreteables del siglo pasado, un servicio de salud enfermo y un gobierno obstinado a entregarle a las dos de las más grandes multinacionales mineras del mundo: Drummond y Glencore, lo más jugoso del negocio haciendo girón nuestra soberanía económica y facilitándoles las más burdas violaciones de los derechos laborales.
Son de tal magnitud las tropelías que cometen estas multinacionales, que ni con el bunker en que han convertido las zonas de operaciones, ni las medidas intimidatorias de régimen de disciplina esclavista que imponen a sus trabajadores, pueden ocultar las falencias del criminal sistema, de seguridad industrial y salud ocupacional de Drummond que ha dejado más de UNA DOCENA DE TRABAJADORES MUERTOS EN ACCIDENTES DE TRABAJO; alrededor de 300 enfermos lisiados por enfermedades profesionales, laborando aún porque les niegan esta calificación; decenas de reclamaciones por violación de la convención colectiva de trabajo y la negación permanente a reconocer las justas peticiones de los trabajadores. Cada una de estas graves actuaciones de la Drummond ha conducido a querellas, tutelas y demandas, que en muy pocas y aisladas ocasiones ha generado respuesta sancionatoria para la empresa; la mayoría de las veces los organismos de gobierno y justicia se han hecho los de la “vista gorda y oídos sordos” ante los válidos argumentos de los trabajadores, evidenciándose con ello el claro contubernio gobierno-empresa.
Obligados por la muerte del compañero DAGOBERTO CLAVIJO en plena actividad laboral, se pone en marcha una jornada de duelo solicitando garantías para que se establezcan unas condiciones de trabajo sin los riesgos que hoy imperan, pero ¡increíble!, contrario a lo que debió darse por parte del Estado; una sanción rigurosa y la exigencia a Drummond de que garanticen todos los mecanismos de seguridad industrial para evitar que se sigan presentando, estos funestos hechos, lo que se da es la decisión de castigar a los obreros mediante fallo judicial por el gran delito de reclamarle a la empresa por su compañero muerto.
Este pronunciamiento judicial ratificado por la Corte en tiempo record es un cheque en blanco, para que la Multinacional Drummond con toda libertad destruya la Organización Sindical de hecho ya inició la masacre laboral despidiendo a dirigentes sindicales y activistas, a los cuales les ha notificado de llamado a descargos (en esta época de navidad y año nuevo), e inmediatamente después , les entregan la carta de despido, violentando una vez más lo pactado en la Convención Colectiva de Trabajo.
El respaldo que la Drummond recibe de todos los órganos del estado, nos muestra el camino que debemos tomar quienes somos las víctimas de la irracional actitud de la Multinacional Gringa y en consecuencia, unirnos para rodear a nuestros hermanos de clase: los obreros mineros, para que cesen la persecución sindical, las muertes, los accidentes y los lisiados, además de los estragos medio ambientales y sociales en la zona minera del Cesar.
La Cut Cesar rechaza de manera rotunda el fallo contra los obreros mineros, la clara complicidad del gobierno de Uribe con la Multinacional y la actitud prepotente, perseguidora y violatoria de todo derecho de la Drummond, al tiempo que llama a los trabajadores y comunidad en general a mantener la más férrea unidad y respaldar cada una de las acciones programadas por Sintramienergética.
A septiembre del año pasado, las obligaciones del Gobierno y de los privados superaron los US$50.000 millones
Enero 5 de 2010 -
El saldo total de la deuda externa colombiana subió a 51.204 millones de dólares, el monto más alto en la historia.
Pero si se mira como proporción del PIB, representa un 22,1 por ciento, que si bien no es el máximo histórico, es el mayor en tres años, pues en este tiempo había logrado reducirse a 18 por ciento.
A diferencia de lo que ocurría en meses anteriores, en septiembre no sólo se vio un crecimiento en las deudas del Gobierno, sino que también los privados aumentaron las obligaciones contratadas en el exterior.
De esta forma, al sector público pertenece el 68 por ciento del monto total, es decir 35.004 millones de dólares, lo cual representa un alza de 22,5 por ciento frente al mismo mes del 2008.
Cerca de la mitad de los recursos corresponden a bonos (solo el año pasado, el Gobierno emitió 2.500 millones de dólares en los mercados internacionales) y 14.290 millones son deudas con organismos internacionales, principalmente con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Birf) del Banco Mundial.
El resto corresponde a agencias y gobiernos extranjeros, así como a bancos e instituciones financieras.
Según el informe del Banco de la República, el 59 por ciento de la deuda pública, equivalente a 20.608 millones de dólares, tuvo como destino apoyar al presupuesto nacional.
Otras áreas que recibieron recursos que se consiguieron prestados en el exterior fueron el sector de electricidad, gas y agua, con 3.578 millones de dólares, así como los programas generales de desarrollo, a los cuales se destinaron 3.050 millones de dólares, y servicios sociales, con 2.151 millones de dólares, entre otros.
Por otra parte, el 78 por ciento de la deuda pública, equivalente a 26.927 millones de dólares, corresponde al Gobierno.
De lejos siguen las entidades descentralizadas nacionales, con 3.419 millones de dólares; los municipios y entidades descentralizadas municipales, con 3.002 millones de dólares, y el Banco de la República con 1.026 millones de dólares.
Al tiempo, los privados adeudan 16.200 millones de dólares, cifra que aunque es inferior a la de septiembre del 2008, repuntó frente a los valores alcanzados en otros meses del 2009. El 90 por ciento son obligaciones del sector no financiero.
La mayor parte de las nuevas deudas corresponde a empresas del sector manufacturero, así como a hoteles y firmas que desarrollan actividades relacionadas con el comercio, transporte y comunicaciones.
Préstamos a mayor plazo
Mientras que las deudas a largo plazo aumentan, se reducen las obligaciones con menor plazo. Según cifras del Banco de la República, los préstamos de largo plazo crecieron 4,6 por ciento al cierre del tercer trimestre del 2009, hasta los 47.545 millones de dólares.
Por su parte, las de corto plazo pasaron de 5.549 millones de dólares a 3.659 millones de dólares. De estas últimas, el 88 por ciento pertenece al sector privado.
