Así quedó el acuerdo de las bases: tan elástico que cabe todo

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Anoche, el canciller Jaime Bermúdez reveló el acuerdo entre Estados Unidos y Colombia que le permitirá al Ejército estadounidense utilizar siete bases militares.

El acuerdo tiene tres características, ninguna favorable para Colombia: no parte de un supuesto de reciprocidad, no está limitado al narcotráfico y es tan abierto que en el futuro se le podrá colgar lo que las partes, o realmente, lo que Estados Unidos desee.

“El acuerdo quedó muy abierto y no es claro cuál es la intención de los militares de Estados Unidos con este acuerdo a diez años”, dijo George Withers, experto en acuerdos militares de la ONG WOLA a la Silla Vacía. “El Departamento de Estado y el de Defensa han dicho que está restringido a las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Pero otros documentos, como la solicitud presupuestal de la Fuerza Aérea al Congreso, dicen otra cosa.”

En la solicitud presupuestal, la Fuerza Area pidió y consiguió que el Congreso le aprobara 46 millones de dólares para la adecuación de la Base de Palanquero en Colombia para utilizarla como punto de partida para realizar operaciones en el resto del continente (ver historia).

“Si no van a utilizar esa base para eso, entonces los congresistas terminaron aprobando dinero para algo diferente a lo que pensaban”, agregó Withers.

La preocupación expresada por Withers es la misma de varios analistas consultados. Aunque el acuerdo dice que cumplirán sus obligaciones de manera que respete los principios de “la integridad territorial de los Estados y de la no intervención en los asuntos internos de otros Estados”, el acuerdo no es explícito en que las operaciones se limitarán a Colombia, como ha insistido el Canciller. A diferencia del Acuerdo de Manta que específicaba exactamente por dónde podían volar los aviones y que no podían salir sino hacia el Pacífico, este acuerdo no dice nada al respecto.

Tampoco dice el Acuerdo nada sobre los topes de los militares estadounidenses con presencia en Colombia. Aunque Jaime Bermúdez y Brownfield han dicho que el tope de los 800 militares y 600 contratistas establecido en el Plan Colombia se mantiene eso no solo no quedó explícito en el Acuerdo sino que en la página cinco dicen que "las partes operativas establecerán un mecanismo de coordinación para autorizar el número y categoría de las personas...".

Frente a la inmunidad, los gringos lograron su cometido, que era proteger a todo su personal –civil y militar- frente a cualquier falla disciplinaria o crimen cometido en Colombia, sin importar que estos no hayan sido cometidos como parte del servicio. Los únicos que podrán ser juzgados por la justicia colombiana son los contratistas militares.

En manera tributaria, quedaron excentos incluso los cónyuges. Y también en materia de visas, incluidos los civiles. Hasta, de hacer cola en los aeropuertos, que además podrán ser utilizados en el futuro según acuerden las partes.

Uno de los argumentos del Gobierno a favor de este acuerdo es que los estadounidenses sufragarán la construcción y dotación de infraestructura en las bases militares. Sin embargo, en la página seis, se incluyó un párrafo que abre la posibilidad de que Colombia compense a Estados Unidos por "las mejoras u obras de construcción".

A cambio de todo esto, el Acuerdo es explícito en que compartirán información de inteligencia con Colombia. Este acuerdo, según se vea, podrá ser disuasorio frente a Chávez y garantizará que por más que Barack Obama no quería seguir en la lógica de Bush de ver a Colombia como un muro de contención frente a la revolución chavista, con su presencia en las bases el énfasis seguirá estando en lo militar y no en lo diplomático. O podrá servir de munición para el clima de 'guerra fría' que ya se vive con el país vecino y para revivir el discurso anti-yanqui de la izquierda radical. Incluso moderados de izquierda como Gustavo Petro, ya comenzaron a hablar de este tratado como un "acuerdo de ocupación".

A partir de entrevistas con George Withers, con el senador Juan Manuel Galán, miembro de la Comisión Segunda del Senado, experta en asuntos internacionales, y la analista Laura Gil, explicamos en detalle los puntos más importantes del Acuerdo.

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