¡No a las bases militares norteamericanas en Colombia!
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Raúl Arroyave Arango, Director Dpto. Relaciones Internacionales CUT, Bogotá, noviembre 25 de 2009
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“El pacto viola la soberanía nacional y convierte al país en un peón de la estrategia estadounidense para controlar la región y el mundo". (Jorge Robledo, Senador del PDA-Moir)
I
El pasado 30 de octubre, en lánguida y clandestina ceremonia que duró tres minutos, el régimen uribista cometió el peor de todos los atentados contra la soberanía nacional. Esa mañana se firmó en la cancillería colombiana el tratado con Estados Unidos en virtud del cual se le ceden al ejército de este país en nuestro territorio dos bases navales, Bahía Málaga en el Pacífico y Cartagena en el Atlántico; tres aéreas, Apiay en el Meta, Larandia en Caquetá y Palanquero en Cundinamarca; y dos terrestres, Malambo en Atlántico y Tolemaida en Cundinamarca.
A espaldas del país y en el más absoluto secreto, el nuevo tratado se venía cocinando desde finales de la administración Bush. Desde entonces, el presidente Rafael Correa anunció que Ecuador no prorrogaría el acuerdo para la base de Manta. Sin embargo, las primeras noticias sólo vinieron a saberse a principios del mes de Julio, cuando la Revista Cambio, en su edición 835 dio cuenta de lo avanzado que iban las negociaciones. A todas luces es un acuerdo de mutua conveniencia: el uribismo feriando la soberanía para comprar el TLC y la segunda reelección y el imperialismo norteamericano apuntalando con fuerza la reconquista del patio trasero.
II
La cesión de las bases colombianas a los Estados Unidos se camufla bajo el inofensivo nombre de “Acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los Gobiernos de la República de Colombia y de los Estados Unidos de América del 3 de noviembre de 2009”. Este documento a lo largo de un preámbulo y 25 artículos define la que con razón ha dado en calificarse como la peor entrega de la soberanía nacional en la historia de republicana de Colombia.
Allí se parte de reconocer la necesidad de “…enfrentar las amenazas comunes a la paz, la estabilidad, la libertad y la democracia”, para concluir que se debe fortalecer “…la interoperabilidad de las Fuerzas Militares de Colombia a través del incremento de su capacidad de cooperar bilateral o multilateralmente con otras fuerzas militares”.
La cadena de iniquidades contra la soberanía nacional es interminable. La presencia de colombianos en las operaciones aéreas se dará sólo si son “invitados” por los Estados Unidos. En las bases estarán no solamente los soldados y contratistas, sino también las “Personas a cargo”, todos figuran allí por autorización del Departamento de Defensa Norteamericano y se les otorgan los privilegios, exenciones e inmunidades del personal diplomático. Ellos tendrán inmunidad por la comisión de delitos en territorio colombiano y en tal caso, serán entregadas a las autoridades de Estados Unidos en el menor tiempo posible y estarán exonerados de obtener permisos laborales y de residencia, pudiendo ingresar o salir del país hasta por 90 días, con trámites migratorios expeditos y eximidos del impuesto de ingreso, salvo que utilicen aeropuertos comerciales, lo que supone vuelos directos desde las bases a Estados Unidos.
Se los exonera de todas las tarifas, aranceles, impuestos y demás tributos que de otra forma se gravarían en Colombia, por la importación, adquisición y utilización de bienes y sobre los fondos que se utilicen, los cuales podrán sacarse del país en cualquier momento.
Todos los edificios, las estructuras inamovibles y los montajes construidos por los Estados Unidos serán para su uso. Lo que se acuerda no es solamente la cesión de las siete bases sino que tendrá que permitirse, sin cobro de alquiler y costos parecidos, el acceso y uso de todo lo demás que necesiten los gringos para su construcción. Al final, Colombia sólo tendrá la propiedad de los bienes anclados en tierra y los Estados Unidos no contraerán ningún gasto por concepto de entrega pero si podrán cobrar compensaciones por mejoras u obras construidas.
Las gabelas no paran aquí. Las aeronaves de Estados Unidos no estarán sujetas al pago de derechos, incluidos los de navegación aérea, sobrevuelo, aterrizaje y parqueo en rampa; los buques de guerra, no estarán sujetos a tasas de señalización marítima y fondeo y, tanto aeronaves como buques no se someterán a abordaje e inspección alguna. Además, se exime del pago de peajes en las vías nacionales y Colombia deberá asumir esos costos por el uso que hagan de vías en concesión.
Los bienes importados o exportados por los Estados Unidos en relación con las bases no serán objeto de inspección alguna y los bienes de uso personal están exentos de derechos de importación y exportación, aranceles, impuestos, matriculación y autorización de vehículos y demás tributos, que de otra forma se causarían en nuestro país.
Los vehículos tácticos estarán exentos de inspecciones técnicas, de licencias y matriculación por las autoridades de Colombia y los ingresos que perciba el personal de los Estados Unidos vinculado con las bases no estarán sometidos a los gravámenes de Colombia.
Se concede a los Estados Unidos la facultad de recolectar, transportar y distribuir documentos y correspondencia, fuera de la red postal colombiana, sin trámite o concesión de licencias y sin costo alguno, libres de inspección y detención y sujetos de inviolabilidad diplomática. Asimismo, podrán establecer estaciones receptoras por satélite para la difusión de radio y televisión, sin trámite o concesión de licencias y sin costo alguno, lo que los coloca en posesión de nuestro espectro electromagnético.
Las eventuales controversias serán resueltas por medio de consulta entre las Partes, incluso, si fuera necesario, a través de la vía diplomática, en todo caso, nunca se remitirán para su solución a ninguna corte o tribunal nacional o internacional u organismo similar, ni a terceros.
El acuerdo tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su firma, prorrogable por períodos adicionales de diez años y su terminación debe avisarse con un año de anticipación a la expiración del plazo convenido.
Los alcances del nuevo tratado van mucho más allá de lo que públicamente se reconoce. Abarcan prácticamente todo. Allí se habla de que Estados Unidos y Colombia ”… acuerdan profundizar su cooperación en áreas tales como interoperabilidad, procedimientos conjuntos, logística y equipo, entrenamiento e instrucción, intercambio de inteligencia, capacidades de vigilancia y reconocimiento, ejercicios combinados, y otras actividades acordadas mutuamente, y para enfrentar amenazas comunes a la paz, la estabilidad, la libertad y la democracia”, de tal manera que el ejército colombiano queda convertido en un apéndice del de Estados Unidos para todas sus agresiones e intervenciones, pues el acuerdo define su objetivo como la profundización de la cooperación para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, “Entre otros”, esto último, una especie de cheque en blanco que puede justificar cualquier tropelía imperialista.
III
El tratado Mallarino-Bidlack, llamado de Paz y Amistad para la defensa de la ley y el orden, fue firmado con Estados Unidos en 1846. Allí se concedían exenciones tributarias a los Estados Unidos, se ratificaba la soberanía de la Nueva Granada sobre el Istmo Panameño, se autorizaba el tránsito de norteamericanos por el istmo y el desembarco de fuerzas militares si era solicitado por las autoridades locales y se establecía el compromiso para construir de un Canal Interoceánico. Este tratado, con todas sus cláusulas se reafirmó en 1870, sólo que entonces se autorizó el acuartelamiento en Panamá de 500 soldados norteamericanos. A partir de entonces la injerencia de Estados Unidos en nuestros asuntos internos fue creciente. La presencia de estas tropas fue fundamental para la derrota de la insurrección liberal de 1885 contra el régimen de Núñez, el pacto que puso fin a la guerra de los Mil Días fue firmado en un buque norteamericano anclado en costas panameñas y en noviembre de 1903, el robo de Panamá fue el epílogo fatal de tales concesiones.
Sólo dos décadas después de este desgraciado episodio se vinieron a normalizar las relaciones. En 1928 Estados Unidos estableció en Panamá una base militar, la Howard, asentada en un territorio que se suponía cedido a perpetuidad a los gringos. Sin embargo, la lucha del pueblo panameño forzó el tratado Torrijos-Carter de 1976, mediante el cual se revertiría la zona del Canal a Panamá en 1.999. Entonces trasladaron Howard para Manta en Ecuador, donde se mantuvo por diez años. Hoy, al cabo de los tiempos, volvemos a repetir la mala experiencia vivida y a cerrar el círculo, sólo que ahora no se otorga una base sino siete.
La base Howard fue pieza fundamental para el intervencionismo norteamericano en América Latina a lo largo del siglo XX. Países soberanos como Haití, Nicaragua, Guatemala, Cuba, República Dominicana, Granada y la propia Panamá, padecieron invasiones desde allí y otros sufrieron desestabilizaciones y patrocinios a dictaduras y Golpes de Estado, como Honduras, Chile, Brasil, Bolivia y Guyana.
IV
Todos los gobernantes de la región, en mayor o menor tono, se opusieron a la instalación de estas bases a la vez que pidieron garantías públicas a Colombia y Estados Unidos de que no serían utilizadas para atacar a ningún país suramericano.
Las profundas sospechas sobre las verdaderas intenciones de las bases gringas en Colombia tienen su sustento en el largo historial de agresiones contra los pueblos del mundo por parte de los Estados Unidos. No en vano es el país que, aún en medio de la actual crisis, se gasta 650.000 millones de dólares/año en presupuesto de defensa, cifra superior a la sumatoria de los demás presupuestos militares del resto del mundo y posee alrededor del planeta más de 800 bases, desde las cuales mantiene su omnipresencia de fuerza para apuntalar su dominio económico y geopolítico.
Aún sin firmar el acuerdo, en los documentos oficiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se daban desde el mes de mayo explicaciones justificativas para que se aprobara una inversión inicial de 46 millones de dólares en la adecuación y expansión de la base de Palanquero. Palanquero, es de por sí una gran base con una pista de aterrizaje de 3.500 metros, puede albergar 100 aviones en sus hangares, alojar a más de 2.000 soldados y posee un potente sistema de radar. Sin embargo, el primer paso hacia su repotencialización es la ampliación de la pista de tal forma que puedan despegar al tiempo tres aeronaves.
Las proyecciones en infraestructura y la clase de equipos que serán instalados aquí indican que el asunto de combatir el narcotráfico o a una u otra columna guerrillera es absolutamente secundario. Para esos fines no se necesitan los aviones C17 que pueden transportar hasta 70 toneladas en tropas o armas con autonomía de vuelo para toda Suramérica, los Supergalaxy, aviones cargueros que pueden descargar sus armas y ejércitos desde el aire sin necesidad de aterrizaje, los aviones Orión, especializados en el espionaje electrónico y en la guía de misiles y los aviones Awac fortalezas voladoras de telecomunicaciones y espionaje. Las siete bases colombianas están concebidas como estructuras de nuevo tipo en la estrategia militar de Estados Unidos consistente en la organización de las llamadas "Bases expedicionarias", desde las cuales es fácil y expedito iniciar acciones punitivas. Son las llamadas bases Loto o Nenúfares.
Y no son inventos producto de la paranoia. En el documento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se afirma que la base militar de Palanquero, en Colombia “Garantiza la oportunidad para conducir operaciones de espectro completo por toda América del Sur”. En Palanquero se piensa establecer una “Localidad de Cooperación en Seguridad (CSL)” cuyo desarrollo “…Nos da una oportunidad única para las operaciones de espectro completo en una sub-región crítica en nuestro hemisferio, donde la seguridad y estabilidad están bajo amenaza constante de las insurgencias terroristas financiadas por el narcotráfico, los gobiernos anti-estadounidenses, la pobreza endémica y los frecuentes desastres naturales…”
Además, se afirma que el desarrollo de la base de Palanquero “…profundizará la relación estratégica entre EEUU y Colombia… Incrementará nuestra capacidad para conducir operaciones de Inteligencia, Espionaje y Reconocimiento (ISR), mejorará el alcance global, apoyará los requisitos de logística, mejorará las relaciones con socios, mejorará la cooperación de teatros de seguridad y aumentará nuestras capacidades de realizar una guerra expedita”, es decir, que las bases cumplirán el objetivo estratégico de asegurar no sólo a Suramérica, el tradicional patio trasero amenazado por vientos de libertad y soberanía, sino también el nuevo teatro de disputa de la superpotencias, el continente africano, a través de la isla de Ascensión, cercana a la ciudad de Recife en Brasil.
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