Educación
FRANCISCO TAFUR, UNIMEDIOS
Ante la falta de apoyo del Ministerio de Educación Nacional, la Universidad Popular del Cesar (UPC) se vio obligada a buscar convenios con universidades extranjeras para elevar los estándares de calidad de sus docentes. La mayoría cursa programas de posgrado en La Universidad del Zulia (Venezuela) y paga con fondos de su propio bolsillo.
Asdrúbal Rocha Lengua, de 42 años, es docente de tiempo completo en la Universidad Popular del Cesar desde hace doce años. Además, ejerce la jefatura de la Oficina de Planeación y Desarrollo Universitario y la dirección de la cátedra de Formulación de Proyectos.
A pesar del notable ascenso en su carrera, Rocha se sentía inconforme. “Terminé mi Especialización en Proyectos en la Universidad del Norte (Barranquilla) en el 2000 y no había estudiado más. Con el paso del tiempo me sentía rezagado, en una rutina en la que dictaba siempre las mismas clases, no investigaba ni renovaba mis conocimientos”, afirma el profesor, oriundo de Valledupar.
El maestro decidió estudiar un nuevo posgrado. Sin embargo, los altos costos de las maestrías en otras universidades cercanas como la de Cartagena y la del Norte, sumado a la falta de alternativas de programas en la propia UPC, obligaron a Rocha a voltear su mirada hacia Maracaibo (Venezuela).
Desde hace dos años, la UPC firmó un convenio de cooperación con La Universidad del Zulia (LUZ) a nivel de posgrados, con el objetivo de ofrecer a su planta docente una mejor preparación personal y para elevar los estándares de calidad educativa de la institución.
“Tuve dudas por lo que se dice en los pasillos acerca de la calidad de la educación en Venezuela, pero una vez llegué allá investigué y descubrí todo lo contrario. La educación superior en este país tiene categoría. De manera que sopesé la ventaja de la parte económica y me decidí por hacer la maestría en La Universidad del Zulia. Cuando empecé valía entre 80.000 y 90.000 pesos un semestre, mientras que acá en el país costaba entre 10 y 11 millones de pesos”, dijo Rocha.
Con respecto a las demás universidades del Caribe, el rector de la UPC, Aldo Barrera, señaló que uno de los atractivos del país vecino es que sus instituciones educativas ofrecen una amplia gama de programas de posgrado. “En la UPC, por ejemplo, se llega apenas hasta especialización”, manifestó.
Así mismo, el transporte resulta más accesible porque el pasaje de Valledupar a Barranquilla o Cartagena cuesta en promedio 100.000 pesos y el trayecto se demora cinco horas, mientras que a Maracaibo se gasta el mismo tiempo y el valor es de 60.000 pesos.
Límites a la calidad
Según el Rector, la baja oferta de programas de posgrado en las universidades colombianas de la zona se debe, en primer lugar, a la restricción presupuestal que sufren para garantizar las condiciones mínimas de calidad en la educación.
“Anteriormente a través del Icfes, y hoy en día por parte del Ministerio de Educación Nacional, se ha generado una gran cantidad de limitantes para conseguir los registros calificados”, dijo Barrera.
La UPC cuenta con siete especializaciones propias y ocho en convenio. Las más destacadas son en las áreas de salud y finanzas. De hecho, con la Universidad Nacional de Colombia existen cuatro programas en Derecho: Instituciones Jurídico Políticas, Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Derecho Penal.
“Adquirir un registro calificado le implicaba fácilmente a la UPC un lapso de dos años, mientras se hacía el estudio de factibilidad y se presentaba la solicitud ante el Ministerio. Actualmente eso se ha acortado y, a través del SUES (Sistema Universitario Estatal), se han hecho alianzas entre las siete universidades del Caribe para presentar de manera conjunta propuestas de maestrías y doctorados. Gracias a ello, tenemos tres maestrías: en Ambiental, Educación y Física. Además, nos acaban de aprobar el Doctorado en Medicina Tropical”, dijo el Rector. A pesar de este logro, el desarrollo de los programas de posgrado debe enfrentar la falta de laboratorios, personal calificado e infraestructura, lo cual limita también la ampliación de la oferta.
“El Ministerio de Educación tiene una posición contradictoria porque, por un lado, le exige a las universidades condiciones mínimas de calidad, pero, por el otro, limita los presupuestos para cada una de ellas. En el año 2003, cuando la UPC tenía 3.000 estudiantes, le dieron un presupuesto base para incrementarlo, de ahí en adelante, de acuerdo con el índice de inflación y no con base en el incremento del número de estudiantes y de programas”, explicó Barrera.
“Así, la universidad antes dividía lo que le daba la Nación para 3.000 estudiantes y ahora lo tiene que hacer para 14.000. Nosotros recibimos en promedio cerca de $1.300.000 por alumno, mientras que otras, como la Universidad Nacional, por ejemplo, reciben cerca de $18.000.000. La política del Gobierno actual de hacer más con lo mismo no le permite a la UPC aumentar sus estándares de calidad, nombrar docentes de planta e invertir en infraestructura y laboratorios”, agregó el directivo.
A espaldas de la clase política
Una de las principales falencias que destacan las directivas de la UPC es el bajo porcentaje de profesores de planta, que alcanza apenas el 25 por ciento. “Tenemos un gran número de docentes ocasionales y catedráticos que no alcanzan el nivel de cualificación requerido para una buena calidad en los programas”, destacó Barrera.
“El Ministerio le exige a las universidades ampliar su cobertura, pero si se abren programas sin poner docentes calificados y sin laboratorios especializados, se está sacrificando la calidad”, enfatizó el Rector de la UPC.
Por su parte, Asdrúbal Rocha, jefe de la Oficina de Planeación y Desarrollo Universitario de la UPC, afirmó que, más allá de los indicadores, que son la base para la entrega de los recursos, los motivos para que las transferencias a la UPC sean tan escasas obedecen a la falta de gestión política de los representantes del departamento del Cesar en el Congreso Nacional.
“En el concierto nacional, la UPC es la que recibe menos transferencias por estudiante, a pesar de que tiene 14.000. La Universidad de Córdoba, que tiene 8.000 alumnos, recibe tres veces más. La de La Guajira obtiene el doble. Esto no solo tiene que ver con indicadores, obedece también a que no se cuenta con una clase política en el Senado de la República que vele por los intereses de la universidad”, dijo Rocha.
“La UPC ha estado por muchos años a espaldas de la clase política. Ello ha ido trascendiendo y se refleja en el soporte económico que recibimos de la Nación. Se ha creado un desequilibrio para la universidad. Por ejemplo, nosotros le destinamos al área de la investigación apenas 500 millones de pesos anuales, mientras que otras universidades le apuestan al menos 2.000 millones al mismo rubro. Tenemos un rezago de 3 ó 4 años de construcción de salones y atiborrada a la gente en las aulas”, enfatizó el docente.
Gracias a que la UPC es una universidad de frontera, ha podido suplir las carencias ocasionadas por la falta de apoyo del Ministerio de Educación. El convenio con La Universidad del Zulia les da la oportunidad a los profesores de cualificarse con costos más económicos, y hasta el momento se encuentran vinculados cuatro doctores y se han mejorado los indicadores de gestión. Así, se espera que las transferencias para el próximo año sumen al menos 700 millones de pesos.
Las ventajas de La U. del Zulia
La Universidad Popular del Cesar se creó en 1976 y comenzó a funcionar en el segundo periodo de 1977, con cuatro programas: Administración, Contaduría, Enfermería Superior y Licenciatura en Matemáticas y Física. Actualmente, la institución posee 24 programas distribuidos en seis facultades: Administrativa Contable y Económica, Educación, Ciencias de la Salud, Ingeniería, Derecho y Bellas Artes.
Desde que se firmó el convenio con La Universidad del Zulia en 2006 y se puso en marcha en 2007, alrededor de 250 profesores y egresados han participado en los programas de maestría, doctorado y posdoctorado de la institución vecina.
“Establecimos un acuerdo marco y varios convenios específicos que comprenden la formación de cuarto y quinto nivel en las diferentes áreas del conocimiento, investigación e intercambio cultural. LUZ es una universidad centenaria de alto nivel académico. En Venezuela es la segunda más prestigiosa del país”, afirmó Leonor Castrillo, coordinadora del convenio LUZ–UPC a nivel de posgrado.
Las clases se dictan únicamente los fines de semana, con el propósito de que los docentes colombianos puedan ejercer sus labores de lunes a viernes y viajar tranquilamente.
“Por ser universidad de frontera facilita el trámite de la visa para los estudiantes. Así mismo, la Gobernación del Zulia los exonera del pago del impuesto de entrada al país”, agregó Castrillo.
El convenio también les permite a los estudiantes de la UPC acceder a otros programas que LUZ tenga con otras universidades extranjeras. Por ejemplo, dentro de un mes empieza el Doctorado en Administración de Empresas con la Universidad Complutense de Madrid. Hay cuatro cupos para miembros de la UPC.
Finalmente, los estudiantes de la UPC reciben los mismos beneficios de cualquier otro estudiante como servicio de biblioteca, carné de la propia universidad venezolana y facilidades en cualquier servicio que requieran.
“El chavismo se está llevando cerebros”
Pero todos estos favores tienen su propia lectura desde otro punto de vista. Según el analista internacional Enrique Serrano, la Venezuela de hoy hace un uso geopolítico deliberado de sus ventajas frente a Colombia: “Brinda educación superior subsidiada y dotada de beneficios evidentes para estudiantes colombianos de áreas fronterizas, traspasando aliados del lado colombiano a una región en donde su desempeño político ha sido tradicionalmente deficiente”.
De este modo, argumenta Serrano, “el chavismo logra llevarse cerebros importantes del Cesar a su país y, al tiempo, convertirlos en aliados ideológicos naturales para sus propósitos binacionales, y para arrastrar familias y nuevos migrantes y desnacionalizarlos como colombianos para venezolanizarlos”.
Según el analista, el Gobierno venezolano logra tres propósitos al mismo tiempo: “Se lleva profesionales clave que tienen una deuda moral y material con el gobierno que les da tales beneficios, crea vínculos fuertes con muchas familias de la frontera para la exportación de su causa bolivariana en Colombia y, además, consigue aliados extra en Venezuela para mantener a raya a la fuerte oposición del estado de Zulia”.
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