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El rector de la Universidad Popular del Cesar, José Guillermo Botero Cotes, anunció que el Consejo Académico de la institución resolvió abrir investigación disciplinaria a 75 estudiantes que están involucrados en la alteración de calificaciones, hecho que se presentó a finales del segundo semestre del año 2007.
De acuerdo con lo expresado por el Rector, dentro de la investigación que adelanta la Fiscalía se pudo detectar este número de casos, que equivalen al 0.7 % de la población estudiantil de la Universidad Popular del Cesar, que es de 12 mil alumnos.
Botero Cotes aseguró que por decisión del Consejo Académico, órgano competente para adelantar las investigaciones, el pasado lunes se abrió el proceso contra los 75 estudiantes, produciendo de inmediato los actos administrativos que relacionan a esos estudiantes, quienes ayer fueron notificados de la decisión de la institución.
José Guillermo Botero fue enfático en afirmar que las investigaciones para dar con el ‘hacker’ que participó en este delito electrónico, avanzan por buen camino y espera que en pocos días se entregue un resultado definitivo para establecer quiénes fueron los responsables.
“Se adelantan dos investigaciones; una penal que lleva a cabo la Fiscalía y la Sijín, y otra disciplinaria que se adelanta en el interior de la Universidad. Los estudiantes vinculados serán escuchados en descargos y de precisarse que son directamente responsables del hecho, se les aplicarán las amonestaciones y sanciones contempladas en el manual de convivencia de la universidad. De lo que sí estamos completamente seguros es que ningún empleado, ni docente, ni de la parte administrativa, ni de Registro y Control de la Universidad, está vinculado con este fraude”, dijo José Guillermo Botero.
Las directivas de la institución aseguran que los 75 estudiantes vinculados a este proceso de fraude de calificaciones están matriculados en todos los programas y semestres, con excepción de la facultad de Bellas Artes.
Botero Cotes dijo que el Consejo Académico adelantará la investigación a los estudiantes, en la que se les respetará el debido proceso, toda vez que cualquier acto de torpeza puede ser causal de nulidad del proceso.
La suerte de los estudiantes la decidirá el Consejo Académico en su momento, cuando se haya agotado el debido proceso, el derecho a la defensa y se tengan las pruebas para exonerar o sancionar a los implicados.
Entre tanto, la investigación penal continúa por parte de la Fiscalía y la Sijín, organismos que tienen todas las herramientas y el acervo probatorio para llegar a conclusiones.
Para evitar este tipo de fraudes en el futuro, la Universidad está fortaleciendo las herramientas que dan la seguridad y fidelidad en la emisión de las calificaciones y del registro académico.
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