 |
| |
A los muchachos que recogen las firmas el partido de la U les paga 200 pesos por cada una. ¿Estará penada con multa la petición en el espacio público?
Por Antonio Caballero
El Congreso sí trabaja, señores. Para muestra un botín: la asombrosa ley que, con el pretexto de reformar el Código de Tránsito, acaba de prohibir que los pobres reciban limosna en las esquinas, o que los ricos se la den, so pena de multa por valor de un salario mínimo mensual. Cito el texto:
"No se podrá participar en actividades comerciales o benéficas en 200 metros a la redonda de los semáforos, señales de tránsito, pasos a nivel, pasos peatonales, separadores, bermas, ciclovías, ciclorrutas, estacionamientos, todo tipo de puentes, y en las zonas dedicadas a la circulación de todo tipo de vehículos".
Hubiera sido más fácil decir simplemente: "en todo el territorio nacional". La vastedad del campo vedado a la limosna no deja libre ni siquiera ese punto inencontrable de la geografía de la patria que el presidente Uribe autoriza como único posible para la entrega "humanitaria" de secuestrados: un punto en el que no haya presencia ni de la fuerza pública, ni de la guerrilla, ni de la población civil. En eso se nota que los ponentes de la nueva ley son uribistas: en el Senado, el senador conservador Jorge Hernando Pedraza, y en la Cámara, la representante Gloria Stella Díaz, del Mira: Movimiento Independiente de Renovación Absoluta que inspira la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional.
También se nota que son uribistas en que están en contra de los pobres. Porque ¿quién pide limosna en los semáforos? El creciente ejército de los desempleados de la prosperidad uribista, los huidos y los desplazados que la "seguridad democrática" sigue produciendo por cientos de millares y a quienes el gobierno sigue empeñado en impedir que recuperen sus tierras. El Ministerio de Agricultura explica que, como las de Carimagua, no son para ellos sino para grandes empresarios capaces de invertir en proyectos de agroindustria. El jefe de Estupefacientes, un funcionario que ni siquiera sabe cuántas propiedades incautadas a los narcos administra, afirma que en todo caso ellas no pueden servir para dar reparación a las víctimas. (Y acabará entregándoselas a la agencia antidrogas de los Estados Unidos, para que esta pueda con esos recursos premiar a los extraditados que deja en libertad).
Son esos desplazados, esos desempleados, los que dan mala imagen al país y al gobierno agolpándose como lo hacen en el espacio público para pedir limosna o vender frutas y chitos, o muñequitos de sombrero aguadeño que representan al presidente Uribe. Los hay también del presidente venezolano Chávez, que vienen acompañados de alfileres para hacerle maleficios de vudú. ¿Por qué los de Uribe los venden sin alfileres? ¿Nadie los quiere así? ¿Están prohibidos? Hace unos días, en una esquina, me pidieron que firmara a favor de la reelección de Uribe. Pregunté que si también se podía firmar en contra. Me dijeron que no se podía. Luego leí que a los muchachos que hacen ese trabajo el partido uribista de La U les paga 200 pesos por firma recolectada. Y ahora me pregunto: con esta nueva ley ¿estará penada con multa la petición de firmas en los espacios públicos? ¿Es una actividad comercial? ¿Benéfica? ¿Delictiva?
Dice la representante Gloria Stella Díaz, ponente en la Cámara de la ley de marras:
"Las cosas hay que verlas por el lado positivo".
REVISTA SEMANA
"No se podrá participar en actividades comerciales o benéficas en 200 metros a la redonda de los semáforos, señales de tránsito, pasos a nivel, pasos peatonales, separadores, bermas, ciclovías, ciclorrutas, estacionamientos, todo tipo de puentes, y en las zonas dedicadas a la circulación de todo tipo de vehículos".
Hubiera sido más fácil decir simplemente: "en todo el territorio nacional". La vastedad del campo vedado a la limosna no deja libre ni siquiera ese punto inencontrable de la geografía de la patria que el presidente Uribe autoriza como único posible para la entrega "humanitaria" de secuestrados: un punto en el que no haya presencia ni de la fuerza pública, ni de la guerrilla, ni de la población civil. En eso se nota que los ponentes de la nueva ley son uribistas: en el Senado, el senador conservador Jorge Hernando Pedraza, y en la Cámara, la representante Gloria Stella Díaz, del Mira: Movimiento Independiente de Renovación Absoluta que inspira la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional.
También se nota que son uribistas en que están en contra de los pobres. Porque ¿quién pide limosna en los semáforos? El creciente ejército de los desempleados de la prosperidad uribista, los huidos y los desplazados que la "seguridad democrática" sigue produciendo por cientos de millares y a quienes el gobierno sigue empeñado en impedir que recuperen sus tierras. El Ministerio de Agricultura explica que, como las de Carimagua, no son para ellos sino para grandes empresarios capaces de invertir en proyectos de agroindustria. El jefe de Estupefacientes, un funcionario que ni siquiera sabe cuántas propiedades incautadas a los narcos administra, afirma que en todo caso ellas no pueden servir para dar reparación a las víctimas. (Y acabará entregándoselas a la agencia antidrogas de los Estados Unidos, para que esta pueda con esos recursos premiar a los extraditados que deja en libertad).
Son esos desplazados, esos desempleados, los que dan mala imagen al país y al gobierno agolpándose como lo hacen en el espacio público para pedir limosna o vender frutas y chitos, o muñequitos de sombrero aguadeño que representan al presidente Uribe. Los hay también del presidente venezolano Chávez, que vienen acompañados de alfileres para hacerle maleficios de vudú. ¿Por qué los de Uribe los venden sin alfileres? ¿Nadie los quiere así? ¿Están prohibidos? Hace unos días, en una esquina, me pidieron que firmara a favor de la reelección de Uribe. Pregunté que si también se podía firmar en contra. Me dijeron que no se podía. Luego leí que a los muchachos que hacen ese trabajo el partido uribista de La U les paga 200 pesos por firma recolectada. Y ahora me pregunto: con esta nueva ley ¿estará penada con multa la petición de firmas en los espacios públicos? ¿Es una actividad comercial? ¿Benéfica? ¿Delictiva?
Dice la representante Gloria Stella Díaz, ponente en la Cámara de la ley de marras:
"Las cosas hay que verlas por el lado positivo".
REVISTA SEMANA
0 comentarios:
Publicar un comentario