Beethoven Herrera Valencia - Profesor de las U. Nacional y Externado
Finlandia ha sido calificada por segunda ocasión como el país con educación universitaria de mejor calidad, y allí toda la educación es pública, universal, obligatoria y gratuita. El Gobierno colombiano pretende que las universidades públicas asuman parte del pasivo pensional, estableciendo en el plan de desarrollo que "la nación y las universidades estatales del orden nacional concurrirán al saneamiento del pasivo pensional", lo cual terminará haciéndolas inviables. El texto original agregaba "en todo caso la responsabilidad de los pasivos pensionales corresponde a la respectiva universidad en su condición de empleadora". Si no se indican las fuentes de dichos recursos, se está ordenado a las universidades estatales cometer peculado, al trasladar recursos de algunas de sus finalidades misionales al cubrimiento del pasivo pensional.
Los únicos países que se han desarrollado sostenidamente tras la guerra y que han reducido sustancialmente la pobreza, han sido los asiáticos; y en todos ellos la educación universal, gratuita y de calidad ha sido una prioridad del Estado, en tanto que el Gobierno colombiano se ha concentrado en ampliar la cobertura. Las universidades públicas están recibiendo, en valores constantes, los mismos recursos que recibían en 1994, y han sido forzadas a más que duplicar su cobertura. Los recursos estatales para ciencia e investigación se han reducido drásticamente y se ha obligado al Sena a transferir a Colciencias una parte sustantiva de los recursos de formación profesional.
Las universidades públicas han obtenido los mejores resultados en 25 de las 46 carreras evaluadas en el Ecaes, y en 15 de esas carreras la Universidad Nacional ha obtenido los primeros lugares; esta universidad ofrece la mitad de los doctorados del país y tiene el mayor número de grupos de investigación acreditados por Conciencias. Pero si se le exige que asuma parte del pasivo pensional, se hará inviable, pues para asumir el 2 por ciento de dicho pasivo, debería destinar el 15 por ciento de su presupuesto de un billón de pesos anuales. Esto le impediría cumplir sus objetivos misionales de docencia, investigación y extensión. Adicionalmente, esta decisión es inconstitucional pues la Ley 30 prohibe usar los recursos de funcionamiento que se recibe de la Nación para fines diferentes de los misionales, y ello mismo establece el Estatuto de la Universidad.
Si se pretende que las universidades cubran el pasivo pensional con el aumento de matrículas, hay que advertir que en el caso de la Universidad Nacional, el recaudo por matrículas asciende a 40.000 millones de pesos, en tanto que pagos anuales por pensiones ascienden a 160.000 millones de pesos. De modo que ni duplicando las matrículas se podría atender ese pasivo, y se cerraría el acceso a la educación a los estratos de menores recursos, para los cuales fue creada: en la actualidad el 75 por ciento de los 31.000 alumnos de la Nacional pertenecen a los estratos I II y III.
En el acuerdo de concurrencia al que llegaron el Gobierno Nacional y la Universidad Industrial de Santander, la nación asumió el 84 por ciento, el departamento asumió el 6,7 por ciento y la propia Universidad el 9,2 por ciento; en tanto que en la caso de la Universidad del Valle la nación asumió el 70 por ciento, el departamento carga con el 10 por ciento y a Universidad con el 20 por ciento. ¿Qué pasará en el caso de la Nacional que no tiene aportes del departamento ni del distrito?
En suma, la norma aprobada en el plan de desarrollo es ilegal y conducirá al marchitamiento de las universidades públicas. Por ello, los profesores y estudiantes han solicitado al Presidente de la República abstenerse de sancionarlo.
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