¡EN COLOMBIA SI HAY PERSECUCIÓN SINDICAL!

SINDICALISTA ES CONDENADO A MUERTE CÍVICO - SOCIAL POR HACER UNA SOLICITUD RESPETUOSA

El artículo 23 de la Constitución Política Colombiana consagra como un derecho fundamental, el poder hacer solicitudes respetuosas a las autoridades.
A pesar de eso, la Universidad de Pamplona está destituyendo al presidente del sindicato de profesores universitarios ASPU, por haberle solicitado al rector de la institución, permiso, pasajes y viáticos para desplazarse al sexto plenario de la organización a nivel nacional, siendo presidente encargado, adecuadamente elegido, ratificado y reconocido por la asamblea local y la Junta directiva nacional de ASPU.

Que los directivos de ASPU pidieran a la universidad y tuvieran permiso, pasajes y viáticos para representar la organización a nivel nacional, había sido algo totalmente normal. Incluso entre 1994 y 2002, periodo en que ninguna de las juntas directivas de la organización local fue registrada ante el Ministerio del Trabajo. Según los registros históricos de ASPU, en el 2002, un presidente encargado pidió y obtuvo, bajo la actual administración, apoyo económico para realizar gestiones de carácter sindical.

Sin embargo, al doctor ALBERTO BOCANEGRA DIAZ, actual presidente de ASPU Pamplona, le fue negado todo lo solicitado, pues bajo su dirección el sindicato había recuperado el liderazgo y denunciaba los atropellos cometidos por el capitán en retiro del ejercito colombiano, designado RECTOR A TERMINO INDEFINIDO en contravía de las normas legales existentes.

En consecuencia, el Dr. Bocanegra no asistió a la invitación ni reclamó por la negativa.

Aun así, en febrero de 2007 la oficina de control interno disciplinario abrió proceso disciplinario contra el doctor BOCANEGRA y en un proceso muy parecido a un CONSEJO VERBAL DE GUERRA, contra el tiempo, contra las evidencias y contra la ley, le declaró culpable de FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO pues, según la abogada directora (encargada) de la citada oficina, firmar como presidente encargado fue una falsedad.

Por haber hecho una solicitud y firmar como presidente encargado, le están destituyendo como docente y suspendiéndole a nivel nacional para el ejercicio de funciones públicas por los próximos diez (10) años.

Es una condena a muerte cívico-social.

ES DE SUPONER QUE DE AHORA EN ADELANTE, PARA PODER DIRIGIRSE AL RECTOR O HACERLE UNA SOLICITUD, LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DEBERÁ PONERSE DE RODILLAS, CON LA CABEZA EN EL PISO Y NO PODRÁ ALZAR LA VISTA.

¿Qué ocurrirá cuando esto mismo se imponga en todas las otras universidades del país? ¿y si después lo imponen en los colegios y escuelas?