La capacidad del gobierno de Estados Unidos de negociar acuerdos comerciales sufrió un duro golpe el pasado fin de semana cuando la autoridad presidencial para negociar tratados por la “vía rápida” (fast track) venció sin esperanza alguna de renovación
Martin Khor, Red del Tercer Mundo, 11-07-2007
Este acontecimiento pone en duda que los socios de Estados Unidos puedan negociar acuerdos bilaterales con confianza en que la superpotencia vaya a cumplir con lo acordado.
En primer lugar, la autoridad del presidente para negociar tratados por la vía rápida venció el domingo. Esto significa que George W. Bush ya no tiene el poder de negociar acuerdos comerciales con una probabilidad razonable de que el Congreso los apruebe.
En segundo lugar, los líderes del Partido Demócrata, que controlan el Senado y el pleno del Congreso, acabaron con toda esperanza de la administración Bush de obtener nuevamente la vía rápida a corto plazo.
En tercer lugar, los demócratas también anunciaron que no aprobarían dos de los tratados de libre comercio (TLC) bilaterales que Estados Unidos ya concluyó con Corea del Sur y Colombia.
Estos tres golpes a la autoridad del presidente en materia de política comercial significan que las negociaciones que Estados Unidos está realizando o espera realizar perderán impulso, incluso con Malasia, Indonesia, Vietnam y Tailandia. También habrá un efecto negativo sobre las negociaciones de la Ronda de Doha de la Organización Mundial de Comercio (OMC), porque otros miembros tendrán dudas ahora sobre si cualquier posición planteada o acordada por Estados Unidos podrá sostenerse una vez que el acuerdo llegue a consideración del Congreso.
La llamada “autoridad de vía rápida” se otorga al presidente de Estados Unidos en virtud de la Ley de Autoridad de Promoción Comercial (TPA, por sus siglas en inglés), y permite al gobierno negociar y concluir acuerdos comerciales que el Congreso puede aprobar o rechazar tal como están, sin hacerles ningún cambio.
Esto es importante para que los socios comerciales de Estados Unidos puedan confiar en que lo acordado será cumplido por ese país, dado que de otra manera, el Congreso podría hacerle cambios significativos al acuerdo.
Durante semanas antes del vencimiento de la vía rápida, Bush y la Representante Comercial, Susan Schwab, hicieron campaña en el Congreso para obtener la renovación de esa autoridad.
Esto hubiera requerido la aprobación de una nueva TPA por el Congreso. Dado que los demócratas obtuvieron una victoria arrasadora en ambas cámaras el año pasado con la promesa de revisar la política comercial -muchos estadounidenses culpan al comercio exterior por la pérdida de empleos y la inseguridad laboral- era improbable que le renovaran a Bush la autoridad de vía rápida.
En todo caso, los demócratas querrían incorporar nuevas y numerosas condiciones a cualquier nueva TPA, y eso llevaría bastante tiempo. Además, los demócratas no están de humor para darle más poder a Bush, un presidente del que discrepan radicalmente en muchos asuntos.
La última vez que venció la autoridad de vía rápida fue en 1994, durante la presidencia de Bill Clinton. El establecimiento de una nueva TPA llevó ocho años.
El viernes pasado, la presidenta de la Cámara de Representantes y otros líderes demócratas del Congreso emitieron una declaración que decía: “Nuestras prioridades legislativas no incluyen la renovación de la vía rápida. Antes de que ese debate siquiera comience, debemos ampliar los beneficios de la globalización para todos los estadounidenses, incluso tomando las medidas ya mencionadas”.
Las medidas ya mencionadas incluían combatir la inseguridad económica de las familias estadounidenses derivada del comercio, así como nuevos proyectos de ley que los demócratas están elaborando para “corregir el creciente desequilibrio comercial con China, fortalecer la ejecución de los acuerdos y las leyes comerciales de Estados Unidos en general, y apoyar a los trabajadores y a las empresas de este país para que sigan siendo los más competitivos del mundo”.
Obviamente, llevaría algún tiempo el debate de esa nueva legislación dentro del propio círculo demócrata, sumado a su introducción y debate en el Congreso, por lo que cualquier nueva ley de Autoridad de Promoción Comercial tendría que esperar meses o años.
Los líderes demócratas también anunciaron que aprobarían los TLC que Estados Unidos firmó con Perú y Panamá, pero rechazarían los firmados con Colombia y Corea del Sur.
Los acuerdos con Perú y Panamá se firmaron hace meses. Los demócratas negociaron entonces con el gobierno para que incluyera nuevas disposiciones en varias áreas de los TLC con esos dos países. Esas áreas comprendían normas laborales, ambiente y calentamiento global, patentes y acceso a los medicamentos, compras estatales, seguridad portuaria e inversiones.
Para que el Congreso apruebe los acuerdos, ambos países deben aceptar la inclusión de las nuevas cláusulas, aun si ya firmaron los TLC. Esto demuestra que, incluso si un TLC está finalizado, puede ser reabierto a la discusión para hacer lugar a las demandas de Estados Unidos.
Corea del Sur también firmó un TLC modificado con Estados Unidos el sábado pasado. Sin embargo, sus probabilidades de aprobación por el Congreso son escasas, dado que los demócratas afirmaron que no podían respaldar el pacto en sus términos actuales.
La razón que dieron es que el TLC no se ocupa de las barreras no arancelarias que bloquean el acceso de productos estadounidenses manufacturados al mercado surcoreano. Los demócratas mencionaron como ejemplo el sector automotor. El año pasado, Corea del Sur exportó más de 700.000 vehículos a Estados Unidos, mientras que Estados Unidos le vendió menos de 5.000.
La oposición demócrata también rechazó el TLC con Colombia debido a la violencia contra los sindicalistas, “la impunidad, la falta de investigación y de justicia, y el rol de los paramilitares”.
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