La justicia dejó en libertad a un poderoso narcotraficante y a 22 integrantes de su red que eran claves en procesos contra el senador Ciro Ramírez. Fecha: 06/21/2008 -1364
Una decisión de una juez de Bogotá dejó sorprendidas a las autoridades antinarcóticos de Estados Unidos, Holanda, México, Ecuador y Colombia. No es para menos. Hace dos semanas la funcionaria dejó en libertad a un grupo de 23 narcotraficantes que fueron capturados en diferentes ciudades del país en noviembre de 2005 como parte de una operación internacional simultánea, en la que fueron arrestadas otras 61 personas en cuatro países.
Todos los capturados hacían parte de una gigantesca red transnacional de tráfico de drogas operada por narcotraficantes y paramilitares colombianos. La investigación y las capturas tuvieron un gran impacto en los cinco países. Pero lo que fue un duro golpe a la mafia terminó convertido en un hecho bochornoso para la justicia colombiana.
Mientras en las otras naciones los capturados en el mismo operativo siguen tras las rejas -y están condenados-, en Colombia el jefe de esa red de narcotraficantes y sus colaboradores acaban de salir a la calle. Lo más absurdo del caso es que recobraron la libertad no porque fueran inocentes, sino porque la justicia colombiana dejó vencer los términos para juzgarlos.
Como si esto fuera poco, la cuestionada decisión judicial no sólo favoreció al grupo de narcos, sino que de paso puede terminar torpedeando varias investigaciones que se adelantan contra el ex senador Ciro Ramírez, quien fue arrestado en febrero pasado por orden de la Corte Suprema y está siendo investigado por sus vínculos con grupos paramilitares y lavado de activos.
El jefe de la banda de narcotraficantes que quedó libre se llama Fernando Montenegro Freire y era el hombre clave en el caso contra el ex senador. Este hombre, considerado el capo del cartel de Nariño, formaba parte también de una red de traficantes que trabajaba con Henry de Jesús López, alias 'Mi sangre', un importante paramilitar que se desmovilizó en 2005 con una de las estructuras de Diego Murillo, alias 'Don Berna'. Como parte de la investigación antinarcóticos internacional, las autoridades descubrieron no sólo que Freire y López eran socios en envíos de droga sino que el senador Ciro Ramírez estaba vinculado con ellos. En marzo de 2006, SEMANA reveló una serie de grabaciones que dejaban en evidencia esas polémicas relaciones entre el político, los narcos y los paras, las cuales son pieza fundamental de la investigación contra Ramírez (ver Semana.com).
El año pasado la Fiscalía envió esas pruebas, entre otras, a la Corte Suprema para que esa corporación investigara a Ramírez. Paralelamente, el caso contra Montenegro y los otros 22 narcotraficantes llegó a los jueces especializados y allí comenzaron las irregularidades. El juez que comenzó con el caso tuvo una serie de tropiezos para adelantar el juicio debido, entre otras razones, a una serie de trámites ordenados por el Consejo Superior de la Judicatura.
La Fiscalía designó a lo largo de un año cinco fiscales, lo que, obviamente, volvió a dilatar el caso. Cuando finalmente fue designado un fiscal, el juez se declaró impedido y, además, se fue de vacaciones, lo que causó otra demora adicional. Cuando fue reemplazado por una juez ya era demasiado tarde y los términos que estipula la ley para llevar a una persona a juicio se habían vencido. Fueron más de 18 meses en los que fiscales, jueces y el Consejo de la Judicatura se botaron la pelota unos a otros.
Todos los que tuvieron que ver con la investigación sabían que de los adelantos en el caso de Montenegro dependía no sólo la suerte de ese grupo de narcos, sino el desenlace del proceso contra el senador Ciro Ramírez.
Por lo pronto, el gran beneficiado será el político conservador, pues ya no hay testigos que lo puedan comprometer. Lo peor de esta historia, que huele mal, es que ninguna autoridad judicial responde o da explicación alguna sobre ese ping-pong judicial que sólo benefició a unos delincuentes y a un político bajo la lupa de la justicia. n
Todos los capturados hacían parte de una gigantesca red transnacional de tráfico de drogas operada por narcotraficantes y paramilitares colombianos. La investigación y las capturas tuvieron un gran impacto en los cinco países. Pero lo que fue un duro golpe a la mafia terminó convertido en un hecho bochornoso para la justicia colombiana.
Mientras en las otras naciones los capturados en el mismo operativo siguen tras las rejas -y están condenados-, en Colombia el jefe de esa red de narcotraficantes y sus colaboradores acaban de salir a la calle. Lo más absurdo del caso es que recobraron la libertad no porque fueran inocentes, sino porque la justicia colombiana dejó vencer los términos para juzgarlos.
Como si esto fuera poco, la cuestionada decisión judicial no sólo favoreció al grupo de narcos, sino que de paso puede terminar torpedeando varias investigaciones que se adelantan contra el ex senador Ciro Ramírez, quien fue arrestado en febrero pasado por orden de la Corte Suprema y está siendo investigado por sus vínculos con grupos paramilitares y lavado de activos.
El jefe de la banda de narcotraficantes que quedó libre se llama Fernando Montenegro Freire y era el hombre clave en el caso contra el ex senador. Este hombre, considerado el capo del cartel de Nariño, formaba parte también de una red de traficantes que trabajaba con Henry de Jesús López, alias 'Mi sangre', un importante paramilitar que se desmovilizó en 2005 con una de las estructuras de Diego Murillo, alias 'Don Berna'. Como parte de la investigación antinarcóticos internacional, las autoridades descubrieron no sólo que Freire y López eran socios en envíos de droga sino que el senador Ciro Ramírez estaba vinculado con ellos. En marzo de 2006, SEMANA reveló una serie de grabaciones que dejaban en evidencia esas polémicas relaciones entre el político, los narcos y los paras, las cuales son pieza fundamental de la investigación contra Ramírez (ver Semana.com).
El año pasado la Fiscalía envió esas pruebas, entre otras, a la Corte Suprema para que esa corporación investigara a Ramírez. Paralelamente, el caso contra Montenegro y los otros 22 narcotraficantes llegó a los jueces especializados y allí comenzaron las irregularidades. El juez que comenzó con el caso tuvo una serie de tropiezos para adelantar el juicio debido, entre otras razones, a una serie de trámites ordenados por el Consejo Superior de la Judicatura.
La Fiscalía designó a lo largo de un año cinco fiscales, lo que, obviamente, volvió a dilatar el caso. Cuando finalmente fue designado un fiscal, el juez se declaró impedido y, además, se fue de vacaciones, lo que causó otra demora adicional. Cuando fue reemplazado por una juez ya era demasiado tarde y los términos que estipula la ley para llevar a una persona a juicio se habían vencido. Fueron más de 18 meses en los que fiscales, jueces y el Consejo de la Judicatura se botaron la pelota unos a otros.
Todos los que tuvieron que ver con la investigación sabían que de los adelantos en el caso de Montenegro dependía no sólo la suerte de ese grupo de narcos, sino el desenlace del proceso contra el senador Ciro Ramírez.
Por lo pronto, el gran beneficiado será el político conservador, pues ya no hay testigos que lo puedan comprometer. Lo peor de esta historia, que huele mal, es que ninguna autoridad judicial responde o da explicación alguna sobre ese ping-pong judicial que sólo benefició a unos delincuentes y a un político bajo la lupa de la justicia. n
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