A MEDIADOS DE MAYO, funcionarios de la Rama Judicial y algunos dirigentes empresariales y sociales del Huila les informaron a la Corte Suprema de Justicia sobre la presencia en Neiva de una comisión del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) que cumplía allí una misión curiosa e inusual. Los detectives no hacían pesquisas para conocer el entramado de alguna organización criminal, sino que revisaban registros hoteleros, facturas de establecimientos públicos y archivos sobre itinerarios de vuelo para saber quiénes habían asistido a un homenaje tributado allí en junio de 2006 al magistrado Yesid Ramírez y quién o quiénes habían cubierto los gastos. La presencia de los emisarios del DAS allí coincidía con la proliferación de anónimos que llegaron a varios medios de comunicación en el sentido de que este y otros homenajes similares a dignatarios e integrantes del máximo tribunal de la justicia ordinaria habían sido promovido, organizados y costeados por personajes de la talla de Giorgio Sale, un empresario que fue a la cárcel por probados nexos con Salvatore Mancuso y una red de lavado de activos, y Ascencio Reyes un hombre que, según publicaciones de prensa, es dueño de una fortuna de dudoso origen.
Pero el asunto iba más allá. Magistrados de la Corporación habían sido enterados por funcionarios de inteligencia y del sistema carcelario de que los anónimos tenían origen en la Penitenciaría Nacional de La Picota, donde están confinados congresistas y ex congresistas vinculados al proceso de la parapolítica y estaban conectados a un "libreto de desprestigio de la Corte" preparado en las más altas esferas del poder.
Informaciones de fuentes distintas llegadas al Palacio de Justicia coincidían al señalar que el "libreto" habría sido preparado por el asesor presidencial José Obdulio Gaviria. "Fui el primer sorprendido al oír su nombre, pero cuando miré con cuidado documentos que soportaban las denuncias ya no me cupo duda de que solo alguien como él sería capaz de preparar una versión criolla de El príncipe de Maquiavelo", le dijo a CAMBIO un funcionario que pidió expresamente mantener en reserva su nombre.
Aunque ya son bien conocidos conatos de enfrentamiento entre la Corte y el Gobierno a raíz de episodios como la vinculación del entonces senador Mario Uribe, primo del Presidente, al proceso de la parapolítica, ¿por qué querría el Gobierno casar nuevas peleas con la Justicia apelando a ese tipo de métodos? Según fuentes cercanas a la Corte, los nuevos ataques tendrían un claro propósito: deslegitimar, por anticipado, decisiones como la ya pactada condena a la ex representante Yidis Medina, una de las dos puntas de la cadena de un cohecho que habría estado detrás de la reforma constitucional que hizo posible la reelección del Presidente de la República en 2006.
Empeñados en mantener la unidad monolítica que acordaron al iniciar el proceso de la parapolítica, varios de los magistrados acordaron en privado que no era prudente replicar ataques y que la mejor manera de desvirtuarlos sería mantener una línea de conducta "basada en la razón y el derecho". De acuerdo con las reglas acordadas en conjunto, solo el presidente de la Corporación, Francisco Ricaurte, haría pronunciamientos públicos sobre asuntos estrictamente relacionados con la misión institucional. En eso estuvieron de acuerdo todos, pero el magistrado Yesid Ramírez pidió respaldo a su decisión de hacer pronunciamiento personal y público, pues sentía que no podía guardar silencio porque su nombre había sido publicado en letras de moldes en los periódicos como benefactor de homenajes que, tal y como fueron descritos por algunos columnistas, tenían un trasfondo antiético e ilegal. Por eso el lunes 16 de junio produjo un comunicado de prensa en que les pidió a quienes tuvieran pruebas en su contra de la comisión de algún delito que las entregaran cuanto antes a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, su juez natural.
Esta historia, inédita hasta hoy, ha estado matizada por algunos incidentes que le confirman al ciudadano del común que las fricciones entre la Corte y el Gobierno no van a desaparecer muy pronto. De manera invariable algún funcionario del Gobierno ha salido a la palestra para cuestionar o arrojar mantos de duda sobre pronunciamientos o actuaciones del alto tribunal. "Ahora me tengo que preparar para responderle a la Sala Penal de la Corte por qué extradité catorce arcángeles", dijo el 13 de junio el presidente Álvaro Uribe, pocas horas después de que el tribunal le pidió al Jefe del Estado exponer las razones que le llevaron a enviar a Estados Unidos a algunos de los jefes paramilitares.
En varias declaraciones públicas el presidente de la Corte respondió que la solicitud no tenía intención distinta a establecer, a la luz del proceso de Justicia y Paz, en qué condiciones quedarían las víctimas de Mancuso, 'Don Berna', 'Jorge 40' y otros personajes extraditados, pues la Ley garantiza los derechos prevalentes a la verdad y a la reparación.
El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, no pudo ocultar la inconformidad que le generó el anuncio de la Corte en el sentido de que pediría un segundo concepto técnico -posiblemente de la policía londinense Scotland Yard- sobre el contenido del computador del abatido jefe guerrillero 'Raúl Reyes', examinado ya por la Interpol. Santos consideró injusto que la Corte pusiera en duda la calidad del pronunciamiento de la Interpol que consideró que el contenido no fue manipulado.
El presidente de la Corte respondió que el organismo no pone en duda la probidad de la Interpol, sino que busca que aquellos apartes de la información del computador que eventualmente van a ser usados como pruebas en procesos penales sean sometidos a exploración más específica para prevenir la posibilidad de que los abogados de los procesados busquen su nulidad. "La mención de Scotlan Yard es un simple enunciado. La colaboración que buscamos nos las pueden brindar los mismos técnicos de Interpol que produjeron el primer informe", le dijo Ricaurte a CAMBIO.
Integrantes del equipo especial de investigación conformado por la Corte para trabajar en la instrucción de los procesos de la parapolítica y la 'farcpolítica' dijeron, a su vez, que será importante que los expertos ayuden a dilucidar algunos de los pocos puntos del informe que generan dudas entre quienes no son expertos en el tema de la informática. Se refirieron en concreto a dos apartes del informe sobre modificaciones, supresiones o cambios de fechas en los archivos del computador.
"Utilizando sus herramientas forenses, los especialistas hallaron un total de 48.055 archivos cuyas marcas de tiempo indicaban que habían sido creados, abiertos, modificados o suprimidos como consecuencia del acceso directo a las ocho pruebas instrumentales por parte de las autoridades colombianas entre el momento del decomiso de estas, el primero de marzo de 2008, a las 11:45 horas", dice uno de los apartes del informe que suscita algunas dudas dentro del órgano jursidiccional.
El Ministro de Defensa también criticó a la Corte por poner en duda el informe de Interpol y en cambio sí haber acogido sin reservas el computador de 'Jorge 40' a la hora de decidir la situación jurídica de varios dirigentes políticos. Estadísticas en mano, magistrados e investigadores dijeron que, sin desconocer la importancia de la evidencia aportada por el PC de '40', su impacto procesal ha sido apenas ligeramente superior al uno por ciento dentro del universo de las pruebas en las que están soportados los expedientes.
"ESO NO LO DICE UN ESTADISTA"
El asesor presidencial José Obdulio Gaviria le dijo a CAMBIO que las versiones sobre su supuesta injerencia en un plan para desprestigiar a la Corte Suprema "son obra de correveidiles y no de estadistas". Según él, a quienes hacen esa afirmación les falta nivel porque si fueran estadistas le darían al asunto un tratamiento distinto al de un simple chisme.
"En razón de mi trabajo he mantenido un contacto diario con el DAS, con las Fuerzas Militares y con otros organismos, pero jamás he hecho uso de sus recursos para causas personales o innobles", agregó.
Según Gaviria, el Gobierno no ha sido informado sobre supuestos seguimientos, hostigamientos o averiguaciones clandestinas contra magistrados de la Corte Suprema o sobre cualquier tipo de ataques a esa corporación, pues de lo contrario ya habría tomado medidas para corregir la situación.
¿DE QUÉ LADO ESTÁ?
Quizá sin proponérselo, el fiscal general, Mario Iguarán, ha quedado entre "dos fuegos" en medio de la controversia entre el Gobierno y la Corte. Después del difícil trance que vivió con el Gobierno cuando uno de sus funcionarios ordenó la detención del ex senador Mario Uribe, Iguarán afronta ahora los cuestionamientos de la Corte por cuenta de los errores procedimentales que le permitieron la excarcelación de Jorge Noguera, ex director del DAS. CAMBIO estableció que hay malestar en las Cortes por algunas actitudes asumidas recientemente por el Fiscal, quien incluso se abstuvo de firmar una reciente declaración en que los principales órganos del poder judicial rechazaron la idea del Gobierno de promover la creación de una "Supercorte".
Magistrados de la Corte Constitucional, la Suprema y del Consejo de la Judicatura confirmaron que Iguarán fue invitado a la reunión de la que surgió el pronunciamiento y consultado telefónicamente sobre el contenido del proyecto de declaración. "Por teléfono dijo que respaldaría sin reservas lo acordado y tanto él como su jefe de seguridad llamaron para anunciar que llegaría en cualquier momento para firmar la declaración, pero nunca se presentó", dijo una de las fuentes.
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