Carimagua

7 Marzo 2008 - 9:23pm www.elespectador.com

Por: Salomón Kalmanovitz

El caso de Carimagua es emblemático no sólo de la política concentradora y cara dura del Gobierno frente a los desplazados por la violencia de los grupos irregulares, sino también del abandono por parte del Estado de su papel pivotal en el desarrollo de una tecnología para el trópico.

El Gobierno tiene una política de tierras que favorece a los grandes inversionistas en las áreas más promisorias de los biocombustibles. Beneficia de esta manera a las empresas agroindustriales que cultivan y procesan aceite de palma africana y caña de azúcar, en una coyuntura en la que el alcohol y el biodiesel pueden sustituir y complementar los combustibles fósiles. Eso a mí no me parece mal y hay que hacerlo. Pero el predio de Carimagua de 17.000 hectáreas no era la mejor opción para que fuera alquilado por nada a ciertos amigos del Gobierno por razones que plantearé al final.

Lo que me parece inadmisible es que el Gobierno no mueva una hectárea a favor de 800.000 familias que fueron desplazadas por paramilitares y guerrilla, cuando hay tanta tierra mal habida en manos de narcotraficantes y traquetos. Las condiciones para entrar a los programas de Incoder, otro instituto signado por la corrupción y la incompetencia, son tan exigentes que ningún campesino raso es capaz de elaborar un proyecto productivo que, de ser aprobado, le otorga derecho a algunas hectáreas y unos créditos. Según Mauricio Cabrera, el número de predios aprobados no pasa de 6.500, donde los “campesinos” han tenido que calcular la tasa de retorno interna de los proyectos.

Los campesinos asociados podrían participar en los cultivos que nos son propicios y que tienen buenas perspectivas en los mercados internacionales. Una cooperativa bien asesorada podría organizar el cultivo de palma y el proceso industrial de extracción del aceite. En vez de eso, lo que se ha producido es el desplazamiento forzoso a gran escala, seguido por la ocupación de territorio por empresarios con respaldo armado que han emprendido miles de hectáreas de palma africana sin ningún cuidado en cuanto a sostenibilidad y diversificación de cultivos, bosques y aguas requeridos para que el medio ambiente se reproduzca de manera adecuada.

Carimagua en su momento fue un proyecto del ICA y del Centro Interamericano de Agricultura Tropical que en sus 17.000 hectáreas tenían cultivos de frutales, pastos no invasivos, estanques para piscicultura, reproducción adecuada de la fauna de los llanos, como el chigüiro y muchas especies más, bosques que se adaptaran al medio ambiente sin descomponerlo. Después, en una de las tantas reorganizaciones que reflejan el desmantelamiento del Estado colombiano, se pasó al Corpoica, que era semiprivado y que terminó en otro fracaso. La guerrilla de las Farc atacó la base cercana a la finca experimental y la despojó en los noventa. Con ello Carimagua recibió también un golpe mortal por parte de una insurgencia bárbara.

Un proyecto privado financiado por organizaciones internacionales, como es Gaviotas, ha probado su enorme utilidad para el cultivo de especies nativas y para el desarrollo de fuentes alternativas de energía que aprovechan la intensa luz solar, que es la mayor riqueza del trópico. Pero el trópico en sí es un obstáculo para el desarrollo agropecuario: las malezas invaden las raíces de los cultivos, las plagas se precipitan sobre ellas, los insectos y parásitos enferman las reses, el hábitat no resiste especies importados de otras latitudes.

El proyecto público de investigación tropical fue abandonado lastimosamente. Este Gobierno pretendió liquidar Carimagua a favor primero de campesinos desplazados y después de empresarios avisados. La denuncia que hizo la Procuraduría paralizó la acción del ministro Arias, quien le encomendó la misión de qué hacer con el predio a una comisión de técnicos. Éstos deberían insistir en revivir la investigación pública en agricultura tropical.